VII. Comentarios a las reformas de la Ley de Contrataciones Públicas

Autor:Donatilo Ballesteros S.
Cargo:Ex Procurador General de la Administración.
Páginas:56-58
 
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Génesis: La multiplicidad de contratos para la ejecución de obras y la prestación de servicios por el Estado, permitió en quienes debían asignar tales realizaciones, la selección preferencial de los ejecutores, otorgando el beneficio a personas naturales y jurídicas, que con la anuencia del funcionario estatal responsable, elevaba el costo de la obra o del servicio, por lo que se fue creando una lista de contratistas inseparables de la acción ejecutora de obra y de la prestación del servicio por el Estado.

A medida que la acción de desarrollo cobró mayor vigencia, fue más perceptible la presencia de los mismos contratistas favorecidos, que apostaban con contribuciones y sin mayores esfuerzos, a los políticos que luego desde el poder, retribuían con creces el soporte entregado con interés empresarial. La inocultable presencia de los eternos suplidores en cada obra o servicio, despertó la sospecha y luego se confirmó que la corrupción echaba raíces en el aparato público.

Fue tal la repetición de actos al margen de los principios de rectitud y honradez por quienes actuaban en nombre del Estado, que la divulgación de tales conductas presionó la necesidad de buscar un freno y de castigar a quienes incurrían en esas prácticas, estableciendo un procedimiento regulatorio de las contrataciones públicas. Fue así como se lograron las Leyes que de una u otra forma dieron inicio al intento de frenar el aprovechamiento de la inversión pública, para adjudicarse las contrataciones correspondientes. (Ver Decreto Ley 7 de 2 de julio de 1997, Ley 56 de 27 de Septiembre de 1995,el Decreto Ejecutivo 18 de 25 de enero de 1996, Decreto Ley 7 de 2 de Julio de 1997, Ley 22 de 2006).

Reformas: La ampliación de las inversiones del sector público y la participación de las entidades no gubernamentales que recibían y administraban recursos estatales, obligó a la expedición de la Ley 56 de 1995, que de manera más científica impuso las bases para conducir y organizar las contrataciones públicas. La aplicación de esta Ley en cuanto a la rescisión de contratos, dejó abierto el camino para reclamaciones por indebida aplicación de la misma, o por insuficiencia de motivos o carencia de evaluaciones sobre ejecuciones, lo que causó erogaciones adicionales en indemnizaciones decretadas por el Órgano Judicial, con alarmante desprecio de la objetividad, ecuanimidad y sentido lógico.

Hubo necesidad de acudir a nuevas reformas, introducidas en la Ley 22 de 2006 y...

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