Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Agosto de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

Conoce el resto de la Sala, en grado de apelación de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por M.A.R., actuando en nombre y representación de SGC Holding Corp., para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. SMV-7-19 de 14 de diciembre de 2019(Resolución No. SMV-7-19de 14 de enero de 2019), en virtud de la resolución de 26 de abril de 2019, proferida por el M.S., que NO ADMITE la precitada demanda.

La Resolución de 26 de abril de 2019, NO ADMITE la Demanda Contenciosa Administrativa de plena jurisdicción en cuestión, fundamentada en que la persona SGC HOLDING CORP., no cumplió con la aportación de la certificación del Registro Público con la cual se acredita la existencia y vigencia de la sociedad demandante SGC Holdings Corp., y quiénes ejercerán la representación legal de la misma, ya que al revisar el poder especial otorgado al Licenciado M.A.R., se observa que el poderdante es F.M., no obstante toda vez que no fue aportado el certificado del registro público, no puede verificarse quién certeramente ostenta la representación legal.

Además señala que el accionante debió aportar copia autenticada de la Escritura Pública de la que hace referencia la certificación del Registro Público, a fin de acreditar con meridiana claridad que el poder especial otorgado al apoderado judicial en el presente proceso, fue conferido por quien está debidamente facultado para ello.

ARGUMENTOS DEL APELANTE

La parte actora, presenta su apelación fundamentada en que el Sustanciador obvió el detalle que la sociedad demandante es una sociedad beliceña no panameña y que esto pone en una clara desventaja a las sociedades extranjeras dentro de nuestro sistema de justicia.

Adicionalmente, señalan que en cuanto al poder de representación, que consideran que les asisten los artículos 642 y 735 del Código Judicial, y que con la finalidad de evitar un gran perjuicio, denegación de justicia y la indefensión de sus poderdantes, presentan esta Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, aún y cuando la misma no fue acompañada del documento que correctamente indica el M.S., sin embargo, también consideran que deben tomarse en cuenta estas normas precitadas, ya que hasta se plantea que se pudieron haber presentado sin poder.

Aunado a lo anterior, señalan que en el expediente que llevó la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, fueron apoderados judiciales de SGC HOLDINGS CORP., accionista de la Sociedad Seagate Capital Corp., con la suficiente capacidad para gestionar en nombre y representación de la accionista tal y como pueden verificarlo en ese expediente, por lo que solicitan se revoque la Resolución fechada veintiséis (26) de abril de 2019, por medio de la cual no se admite la demanda contencioso administrativa en cuestión.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

Por su parte la Procuraduría de la Administración, mediante Vista No. 561 de 29 de mayo de 2019, sustenta su oposición al recurso de apelación en que la parte actora omitió aportar junto con el poder especial, la certificación expedida por el Registro Público, correspondiente a la sociedad SGC Holding Corp y que al no aportar la certificación del Registro Público, nos encontramos ante una disyuntiva, ya que el referido documento es necesario para acreditar tanto la existencia como la representación legal de la sociedad demandante, y por lo tanto, no reúnen la formalidad establecida en el artículo 637 del Código Judicial, según el cual, para comprobar ambos aspectos “…hará fe del certificado expedido por el Registro…”

Por lo tanto, queda claro que la falta de cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, en concordancia con el 637 del Código Judicial, trae como consecuencia que el Licenciado M.A.R.B. no puedan demostrar que la sociedad SGC Holdings Corp., lo haya autorizado para interponer la acción que ocupa nuestra atención, motivo por el cual son de la opinión que el mismo carece de legitimidad de personería para actuar en el proceso.

De igual forma, también se ha observado que el acto acusado, manifiesta lo siguiente: “Ordenar la Liquidación Forzosa (Administrativa) de Seagate Capital Corp., sociedad anónima..”, no obstante, al momento de verificar el libelo de demanda, quién interpone la acción a través de apoderado judicial es SCG Holdings Corp., y no la empresa a la que va dirigida la liquidación forzosa que es Seagate Capital Corp., de la cual tampoco consta la certificación del Registro Público que acredite su existencia y que dé la certeza de quién ostenta la representación legal y en efecto estaría debidamente legitimado para acudir a la Sala Tercera y así reclamar su derecho subjetivo presuntamente conculcado.

Finalmente, advierten que la recurrente no ha cumplido a satisfacción con lo establecido en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943 en cuanto a los hechos u omisiones fundamentales de la acción, por lo que solicitan a la Sala Tercera, CONFIRME el auto de 26 de abril de 2019 que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en cuestión.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a resolver el presente recurso, observando que, a través la Resolución fechada 26 de abril de 2019, el M.S. NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción de marras.

La parte actora presenta su apelación indicando que se le debió dar oportunidad de corregir el escrito y que además al ser una sociedad anónima internacional les fue complicado aportar en tiempo los documentos, por lo cual en virtud de los artículos 642 y 735 del Código Judicial, y con la finalidad de evitar un gran perjuicio, denegación de justicia y la indefensión de sus poderdantes, presentan esta Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, aún y cuando la misma no fue acompañada del documento que correctamente indica el M.S., sin embargo, también consideran que deben tomarse en cuenta estas normas precitadas, ya que hasta se plantea que se pudieron haber presentado sin poder.

El Procurador de la Administración se opone a la apelación de la parte actora, señalando que concuerda con los planteamientos del M.S. ya que no consta la certificación del Registro Público que acredite su existencia y que dé la certeza de quién ostenta la representación legal y en efecto estaría debidamente legitimado para acudir a la Sala Tercera y así reclamar su derecho subjetivo presuntamente conculcado.

El resto de la Sala procede al análisis de los aspectos planteados por el apelante, evidenciando que efectivamente, la parte actora no presentó los documentos indispensables para la admisibilidad del recurso, y que por ser la Ley Contencioso Administrativa especial para este tipo de procesos, se aplican las normas especiales, contenidas en esta legislación, en concordancia con el contenido del Código Judicial, específicamente el contemplado en el artículo 22 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, el cual reza así:

Artículo 22. Podrán demandar la revisión las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción popular, cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en cualquier caso en que la Administración haya incurrido en injuria contra derecho.

En concordancia con el artículo 22 antes citado, el artículo 43-B de la misma ley, nos refiere quienes pueden tener la calidad de parte para intervenir en este tipo de acciones contencioso administrativas, y determina lo siguiente:

Artículo 43-B. En las acciones de nulidad de un acto administrativo, cualquier persona puede pedir que se le tenga como parte para coadyuvar o impugnar la demanda.

En las demás clases de acciones el derecho de intervenir como parte sólo se reconoce a quien acredite un interés directo en las resultas del juicio.

Si alguna de las partes se opusiere a la intervención, la oposición se sustanciará como incidente.

En ese mismo orden de ideas, el Tribunal de Apelación evidencia que el que la intervención a que se refiere el artículo 43-B ut supra, debe ser acreditada desde la primera gestión que lleve a cabo, conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, y el artículo 637 del Código Judicial que señalan:

"Artículo 47. Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta en el juicio, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título."

Artículo 637. Para comprobar la existencia y vigencia legal de una sociedad, quién tiene su representación en proceso, o que éste no consta en el Registro, hará fe el certificado expedido por el Registro dentro de un año inmediatamente anterior a su presentación.”

Teniendo en cuenta el escenario jurídico antes expuesto, este Tribunal es del criterio que una persona para acudir ante la vía contenciosa administrativa, a través de una demanda de plena jurisdicción, como las que nos ocupa el caso bajo examen, deberá acreditar el interés directo de las resultas del proceso, por considerarse afectado por el acto que presuntamente vulnera un derecho subjetivo, el cual pretende restablecer y dicha acreditación, debe llevarse a cabo desde la primera gestión que realice, a través del documento auténtico e idóneo correspondiente.

Bajo este marco de ideas, el Tribunal concluye que la parte actora no posee la facultad legal para concurrir ante la instancia jurisdiccional, también llamada legitimación en la causa, a través de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción, que como ya expresamos, se requiere acreditar con la presentación de la demanda en este tipo de acciones.

Conforme lo expone el D.F. y Doctor Cuestas en su Diccionario de Derecho Procesal, debe entenderse la figura de la legitimación en la causa como “la condición o cualidad de carácter procesal que el ordenamiento legal sustantivo reconoce a una determinada categoría de sujetos (acreedores, herederos, accionistas, contratantes, etc.) que faculta a éstos para pretender sobre una concreta relación jurídica en el caso del demandante,…” (F.P., J. y CUESTAS G., C.. Diccionario de Derecho Procesal Civil y Diccionario de Derecho Procesal Penal. Plaza & Janes. Editores Colombia, S.A.A. 2004. Páginas 660-661).

Así mismo el autor C. en su obra Manual de Derecho Administrativo parte general al referirse a la legitimación en relación a las partes en el proceso contencioso administrativo señala: "tienen, por consiguiente, legitimación activa y pueden, por tanto, interponer el recurso contencioso administrativo los titulares de derechos subjetivos e intereses legítimos afectados por el acto o reglamento impugnado, las entidades representativas de intereses colectivos o difusos y, en los supuestos legalmente previstos.” (COSCULLUELA MONTANER, L.. Manual de Derecho Administrativo parte general. Vigesimoprimera edición. Año 2010. Página 501).

De allí entonces es necesario indicar que, en este tipo de demandas, lo que se solicita es la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y que éste haya lesionado un derecho subjetivo determinado o determinable, dicho término es definido en el numeral 33 del artículo 201 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 como “el que corresponde a título personal o individual a una persona natural o jurídica”, en consecuencia, al acudir por medio de esta acción debe demostrarse que posee el actor un derecho subjetivo que estima vulnerado para determinar la admisibilidad de la demanda incoada, ya que no aportó en momento oportuno prueba alguna que acreditara ante este tribunal, su condición de accionista de dicha sociedad y la debida Representación Legal.

En consecuencia, el documento idóneo que debe acompañar la demanda, para acreditar la existencia de la organización y quien ostenta su representación legal, debe ser la correspondiente certificación expedida por el Registro Público.

La acreditación que debe realizar el actor en la vía contenciosa administrativa, como ya lo mencionamos, la exige el artículo 47 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, que señala que debe realizarse en la primera gestión que, ante esta instancia jurisdiccional, pues el documento debe presentarse con la demanda, situación que no ha sido desarrollada por el actor.

Si bien es cierto, manifiesta en el libelo de la demanda que acude ante esta instancia en calidad de apoderado especial de la sociedad SGC Holding Corp y accionista mayoritario de la sociedad Seagate Capital Corp., el señor M.A.R.B. tenía el deber legal de acreditar desde la primera gestión en este proceso, aportando el documento idóneo del Registro Público que acreditara quien ostentaba la Representación Legal de dicha sociedad.

En atención a lo expuesto, se llega a la conclusión que las pruebas que acompañan al libelo de la demanda, no incluyeron ni el registro de acciones de la sociedad ni la acción, propiamente tal, siendo éstos los documentos idóneos que en alguna medida le otorgarían la legitimación o calidad de parte, para acudir ante la instancia jurisdiccional.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 26 de abril de 2019, que NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por M.A.R. en nombre y representación de SGC Holding Corp., para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. SMV-7-19 de 14 de diciembre de 2019 (Resolución No. SMV-7-19 de 14 de enero de 2019).

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (Secretaria)