Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 28 de Agosto de 2003
| Ponente | Alberto Cigarruista Cortez |
| Fecha de Resolución | 28 de Agosto de 2003 |
| Emisor | Corte Suprema de Justicia (Panama) |
VISTOS:
Se ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Amparo de Garantías Constitucionales por parte de la firma forense De Vicente & González, en nombre y representación de C.V.R., representante de GRAN TERMINAL NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A., y en contra de la sentencia PJ-6-Nº 20-03 de 2 de junio de 2003, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión Nº 6.
La presente acción constitucional, encuentra su fundamento en los hechos siguientes:
"Primero: Que el día 3 de enero de 2002 la empresa GRAN TERMINAL NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A., dio por terminada la relación laboral con el señor R.M., lo cual se notificó por escrito al empleado FIRMANDO EL MISMO EL ACUSE DE RECIBO CUANDO ESTE ASISTIA (SIC) A LABORAR DE MANERA REGULAR, en la misma fecha, ya que se le entregó la carta de despido durante el turno que cumplía la referida persona el día 3 de enero de 2002.
Que el día 17 de enero de 2002, el señor R.M. obtuvo un certificado de incapacidad con número 391098, en el cual ilegalmente se le incapacita desde el día 1 de enero de 2002 al día 30 de enero del mismo año, con lo cual el supuesto galeno que emitió el documento INCAPACITA RETROACTIVAMENTE POR QUINCE DÍAS, al señor R.M., realizando una conducta abiertamente ilegal.
Al respecto, el sentido común indica que el DOCTOR, no examinó al señor R.M. el día primero de enero, ni durante los quince días siguientes, por ende dicho galeno no podría dar fe de que esta persona se encontraré (sic) incapacitada para esa fecha, lo cual convierte al referido certificado en una declaración falsa, por ende en una prueba ilícita o ilegal, ya que de acuerdo al artículo 270 del Código Penal, es una conducta tipificada como delito.
Que el Tribunal utilizando una PRUEBA ILICITA (SIC) (Certificado de Incapacidad Retroactivo) en vista de una demanda laboral condena a mi representada mediante un claro mandato imperativo constituído en la Sentencia PJ-6-Nº 20-03 de 2 de junio de 2003, atacada al pago de B/.1783.05, causando un transtorno económico, por ende un daño de difícil reparación.
A tal efecto, el Tribunal argumenta que el despido se hizo cuando el señor MORENO se encontraba incapacitado, basándose en el certificado de incapacidad antes mencionado ( Nº391098), por lo cual el despido era NULO, de acuerdo al artículo 60 del Código de Trabajo.
En esa dirección, debemos enfatizar que cuando se despidió al señor...
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