Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 30 de Diciembre de 2015

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: La parte actora solicita que se declare inconstitucional el Auto No.114 de 27 de marzo de 2013, dictado por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. El mencionado acto impugnado por vía de inconstitucionalidad, en su parte resolutiva, dispuso lo siguiente: En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el Incidente de Controversia promovido por el Licdo. A.B.D., dentro del expediente seguido a R.B. CASTILLO y J.A.P., por la presunta comisión de delito Contra La Fe Pública, según denuncia presentada por el Licdo CARLOS CARRILLO GOMILA; en consecuencia, deja sin efecto la diligencia de imputación de cargos proferida el 7 de noviembre de 2012 por la Fiscalía Segunda de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, en contra de los prenombrados señores BARILLAS CATILLO y J.A.P.. DISPOSICIÓN LEGAL APLICADA: Artículos 1993 del Código Judicial. Según constancias procesales la presente resolución fue recurrida en apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, quien mediante Auto 2da. No.267 de 28 de octubre de 2013, decidió confirmar en todas sus partes la misma. II.- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACION. A juicio de la parte actora, el Auto No.114 de 27 de marzo de 2013, infringe los artículos 17, 32 y 47 de la Constitución Política. Respecto a la primera disposición, el demandante señala que al no aplicar el derecho contenido en la norma, el Tribunal ha quebrantado la misma, pues el hecho de revocar la Providencia en la cual se le formularon cargos los querellados por considerarlo legitimados para la actuación, implica un desconocimiento de la calidad de accionista que tiene XELA ENTERPRISES, LTD., derivada de su titularidad sobre el 100% de las acciones emitidas. En relación al artículo 32 constitucional plantea, entre otros aspectos, que la violación a esta garantía constitucional se produce porque el Juzgado Tercero de Circuito Penal de Panamá, asumió jurisdicción de una controversia estrictamente civil, es decir, emitió un pronunciamiento de un tema ajeno a la jurisdicción penal, violando la jurisdicción civil donde se debe resolver este tipo de controversias. Por último, referente a la violación del artículo 47 de la Constitución Nacional, el accionante es del criterio que, aun cuando la norma se consideró para la emisión del acto impugnado, se le ha hecho producir efectos distintos al que contempla la excerta constitucional. A tal efecto, señala que el ente jurisdiccional demandado, al momento de emitir el fallo, no ostentaba jurisdicción o competencia para determinar quién es el titular o dueño de las acciones de BOUCHERON UNVERSAL CORP., pues dicha atribución está legalmente concedida a la jurisdicción civil, lo cual limita solamente a la actuación dentro de la esfera de su competencia, que era resolver sobre la viabilidad de los cargos que se le habían formulado a los encartados R.B. CASTILLO y J.A.P. ESTRADA. III.- OPINIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN. Una vez admitida la acción de inconstitucionalidad, se corrió traslado al Ministerio Público, correspondiéndole a la Señora P.a General de la Nación opinar, lo que hizo mediante Vista Número 423 de 29 de junio de 2015. En esta oportunidad, la P.a General de la Nación, en su vista consideró y solicitó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare la no viabilidad de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Auto No.114 de 27 de marzo de 2013. En su vista, que corre de fojas 56 a 59, la Representante del Ministerio Público señaló lo siguiente: "Este Despacho estima que la acción de inconstitucionalidad descrita en el margen superior resulta no viable; ya que tiene como propósito que la Corte Suprema de Justicia Frente, en Pleno, se pronuncie con respecto a las actuaciones del Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, cuando emitió el Auto 114 de 27 de marzo de 2013, el cual dio lugar a que se admitiera el Incidente de Controversia promovido por el Licdo. A.B.D., dentro del expediente seguido a R.B.C. y J.A.P., por la presunta comisión de delito Contra la Fe Pública, según denuncia presentada por el Licenciado C.E.C.G.; en consecuencia se dejara sin efecto la diligencia de imputación de cargos proferida el 7 de noviembre de 2012 por la Fiscalía Segunda de Circuito Judicial de Panamá, en contra de los prenombrados R.B.C. y J.A.P. (Cfr. Fojas 14 a 19 del expediente) Nuestro criterio encuentra sustento en el hecho que el concepto de infracción aducido por la actora y que sirve de apoyo a su pretensión, hace énfasis en la existencia de supuestos errores de valoración probatoria por parte del Juzgado (Cfr. Foja 9 del expediente judicial). De lo anterior, se infiere que la accionante ha tratado de utilizar el mecanismo de control constitucional como un recurso adicional, para que la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, revise el procedimiento procesal seguido por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá en el caso objeto de análisis, con lo que pretende convertir al Tribunal Constitucional en una Tercera instancia. ..." IV.- FASE DE ALEGADOS De conformidad con el procedimiento para este tipo de acciones constitucionales, se fijó en lista este negocio con la finalidad que toda persona interesada pudiese hacer uso del derecho de argumentación. En esta etapa procesal se allega a la Corte, argumento de conclusión de la demandante BOUCHERON UNIVERSAL CORP., por medio de su apoderado judicial, quien reitera e insiste en la procedencia de la inconstitucionalidad del Auto No.114 de 27 de marzo de 2013, dictado por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. V.- CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Cumplidos los trámites inherentes a este tipo de acción constitucional, corresponde al Pleno dictar su fallo, no sin antes adelantar las siguientes consideraciones. Tal como expuso en los párrafos precedentes, el accionante busca a través de la presente acción constitucional, que se declare la inconstitucionalidad del Auto No.114 de 27 de marzo de 2013, dictado por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por medio de cual dicho Tribunal dejó sin efecto la diligencia de imputación de cargos proferida el 7 de noviembre de 2012 por la Fiscalía Segunda de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, en virtud de la admisión del Incidente de Controversia promovido por el Licdo. A.B. dentro del expediente seguido a R.B.C. y J.A.P., por la presunta comisión del delito Contra la Fe Pública, según denuncia presentada por el Licdo. C.C.G.. A juicio de la activadora constitucional se produjo una infracción a las garantías fundamentales contenidas en los artículos 17, 32 y 47 de la Constitución Política, por cuanto con la emisión del acto, el juzgador le otorgó la condición de accionista mayoritario a R.B.C., aun cuando se ha probado en el proceso que el mismo solo tiene una acción de la sociedad BOUCHERON UNIVERSAL CORP., representada en el certificado No.1, con ello en forma errada, legitimó la actuación vertida por el querellado y que es constitutiva de delito, pues en la Escritura Pública No.1347 del 3 de febrero de 2010 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá que contiene la Junta de Accionistas realizada el 1 de febrero de 2010, se hizo la manifestación falsa de que se encontraban reunidas la totalidad de las acciones, lo cual es contrario a la realidad, pues materialmente XELA ENTERPRISES, LTD., es la poseedora y titular del 100% de las acciones, por lo que resulta en que se ha desconocido el derecho a la propiedad que ostenta nuestra representada con respecto a los bienes que posee la sociedad BOUCHERON UNIVERSAL CORP. Como cuestión previa, cabe señalar que las infracciones alegadas por la demandante hacen referencia a garantías fundamentales contenidas en el capítulo 1° del Título III de la Constitución Política, las cuales requieren una acción inmediata para el restablecimiento del derecho constitucional violado, cuyo mecanismo de control constitucional es el amparo de garantías según el artículo 2615 del Código Judicial. Por otro lado, tal como lo afirmó la P.a General de la Nación, el concepto de infracción aducido por la actora y que sirve de apoyo a su pretensión, hace énfasis en la existencia de supuestos errores de valoración probatoria por parte del Juzgador, por lo que se infiere que la accionante ha tratado de utilizar el mecanismo de control de constitucionalidad como un recurso adicional, para que la Corte revise el procedimiento procesal seguido por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el caso objeto de análisis, con lo que pretende convertir al Tribunal Constitucional, en una tercera instancia. Sobre el particular, cabe señalar que la jurisprudencia sentada por el Pleno ha establecido que la acción de inconstitucionalidad (al igual que la de amparo de garantías) no puede ser utilizada como una tercera instancia para revisar el proceso en que se dictó la resolución impugnada mediante esta vía, ya que la acción de inconstitucionalidad lo que pretende es revisar si la norma o resolución objeto de impugnación, ha violado de manera objetiva la Carta Magna, lo que riñe con el propósito de esta acción. Las señaladas consideraciones, en consecuencia, ponen de manifiesto que el demandante lo que pretende, en el fondo, es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por vía del proceso extraordinario de inconstitucionalidad instaurado contra el acto judicial acusado, decida sobre materia que corresponde a la esfera de la jurisdicción común ordinaria; en la cual resulta incuestionable que la ley procesal tiene previsto los medios y trámites para la impugnación de las resoluciones judiciales que se dicten durante el desarrollo de las distintas fases del proceso, como ocurrió en el caso sometido al control constitucional del Pleno de la Corte. Al respecto, esta Colegiatura considera oportuno reproducir la porción pertinente de la sentencia de 18 de agosto de 2009 y que es del siguiente tenor: El control abstracto de la constitucionalidad en nuestro país es tan amplio que permite el control de actos, tal como lo indica el numeral 1 del artículo 206 de la Carta Fundamental. La doctrina constitucional comparada ha reconocido este carácter sui géneris de nuestro sistema: "Excepcionalmente, ...como sucede en Panamá, el control no sólo se refiere a las leyes y demás actos de rango legal, sino materialmente a todos los actos estatales, lo que lo hace único en el derecho comparado." (BREWER-CARÍAS, A. R. El Sistema Mixto o Integral de Control de Constitucionalidad en Colombia y Venezuela, s.e., Caracas-Bogotá, 1995, p. 31) Lo anterior no implica, sin embargo, que cualquier sentencia judicial pueda sujetarse a dicho control. Se trata de una situación excepcional, toda vez que: "...la declaratoria de inconstitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales tiene como efecto jurídico la nulidad constitucional de la resolución impugnada. Ello quiere decir, tal como lo ha señalado con antelación este alto tribunal, que la decisión declarada inconstitucional debe ser reemplazada dentro del proceso, si a bien hubiere lugar, por otra resolución acorde con el ordenamiento jurídico y con la sentencia de inconstitucionalidad proferida por la Corte Suprema..." (Sentencia de 5 de junio de 1992) De no ejercerse con cautela este control, se terminaría desnaturalizando los procesos a los cuales dichas sentencias judiciales ponen término, al desconocerse en la práctica la competencia del juez natural, que es uno de los presupuestos de la tutela judicial efectiva. En el presente caso, tomando en cuenta que el demandante ha cuestionado la valoración probatoria hecha en segunda instancia dentro del respectivo proceso penal, este tribunal constitucional, respetuoso de la independencia judicial, no puede menos que rechazar la pretensión del demandante de convertirle en una tercera instancia de dicho proceso ordinario, lo cual es improcedente, tal como advirtió el señor P.. A juicio de esta Superioridad, las razones expuestas son más que suficientes para no someter el acto jurisdiccional acusado al control abstracto de constitucionalidad. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado H.A.C., actuando en su propio nombre, contra el Auto No. 116 P.I. de 26 de noviembre de 2007, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. En ese sentido, el autor panameño, D.R.G.M., en su obra Curso de Derecho Procesal Constitucional, establece que: "... la finalidad del control de la constitucionalidad es, en última instancia, la defensa, tutela o protección del contenido normativo de la Constitución, debe quedar claro por lo mismo, que en el caso específico de la acción de inconstitucionalidad, ésta no es ni constituye su ejercicio una tercera instancia como si de un medio impugnativo más se tratase. El tema a debatir con la instauración de la acción es y no es otro que de naturaleza constitucional, no de aspecto, omisiones o errores que pueden ser remediados con los recursos, ya sea ordinarios o extraordinarios, previstos con ese objetivo" (Páginas 102-103. Editorial Litho Editorial Chen, S.A., Panamá, 2002). Luego de haber expuesto y analizado los argumentos del demandante, en sede constitucional, esta Superioridad considera que pese a que la presente demanda inicialmente fue admitida, la misma debe ser declarada no viable, ya que los cargos que se endilgan contra el Auto impugnado implican más bien contravenciones al orden legal que a la normativa Constitucional. En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Licdo. C.E.C.G., en representación de BOUCHERON UNIVERSAL CORP., contra el Auto No.114 de 27 de marzo de 2013, emitido por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. N.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO - (Salvamento De Voto )- O.O.D. --J.E.A.P.C. --N.C. DE PAREDES YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)