Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 23 de Abril de 2007
| Ponente | Winston Spadafora Franco |
| Fecha de Resolución | 23 de Abril de 2007 |
| Emisor | Corte Suprema de Justicia (Panama) |
VISTOS:
Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de inconstitucionalidad promovida por A.M.G., Procuradora General de la Nación, contra el artículo 377 del Código Judicial.
Por admitida esta demanda de inconstitucionalidad, se procede a conocer el fondo de la pretensión constitucional formulada.
HECHOS EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA
De acuerdo a la Procuradora General de la Nación por imperio de la ley, le corresponde al Ministerio Público la defensa jurídica de los intereses del Estado, así como del ordenamiento jurídico, según lo tienen establecido los numerales 1 y 2 del artículo 220 de la Constitución Política.
Agrega que para el fiel cumplimiento de esa obligación, se deben promover todas las acciones y excepciones previstas en la legislación para defensa de los intereses del Estado. Es por ello, afirma la Procuradora, que constitucionalmente se le ha otorgado Aa los agentes del Ministerio Público independencia en el manejo de sus funciones, y para tales efectos, sólo están sometidos a la Constitución y a la ley.
No obstante lo anterior, a juicio de la activadora
constitucional, el artículo demandado desconoce el ejercicio de esa atribución
constitucional al pretender someterla a una orden del Órgano Ejecutivo,
violando el principio de independencia judicial. Ello ha provocado, indica la
actora, el ejercicio restrictivo de esa facultad constitucional, incluso, con
la presentación de demandas contra los agentes del Ministerio Público por
infringir supuestamente el principio de estricta legalidad (fs.1-3).
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.
La representante del Ministerio Público manifiesta que el artículo 377 del Código Judicial viola los numerales 1 y 2 del artículo 220 de la Constitución Política, en concepto de violación directa por omisión, porque condiciona el ejercicio de esas atribuciones a las instrucciones que al respecto brinde el Órgano Ejecutivo, desconociendo totalmente la independencia de esa institución en el desempeño de sus funciones.
Agrega la actora que las facultades del Ministerio Público "no están condicionadas a ninguna autorización de otro ente u órgano de la Administración Pública para defender los intereses públicos tutelados por el derecho. Es decir, al Ministerio Público, en cuanto a su actividad funcional, le compete fundamentalmente comparecer ante los organismos jurisdiccionales, en representación y defensa de los intereses del Estado cuando así corresponda".
Otra disposición que se considera infringida es el artículo 210 del Estatuto Fundamental, también en concepto de violación directa por omisión, en concordancia con el artículo 223 constitucional, pues los funcionarios del Ministerio Público "son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la ley".
Básicamente el cargo de infracción constitucional que señala la Procuradora General de la Nación es que se vulnera el principio de independencia judicial que debe regir para "jueces y fiscales en el sentido que pueden cumplir sus funciones sin intromisiones de otros servidores públicos y de otros órganos del Estado. Por lo tanto, es incompatible que para ejercer las atribuciones constitucionales que se le reconocen al Ministerio Público como defensor de los intereses del Estado o del orden jurídico se pretenda someter esta atribución constitucional a una autorización previa, lo que viola el principio de independencia judicial, pues como ya se anotó, éste es independiente en sus relaciones con las ramas del poder público".
En apoyo al criterio expuesto y que sustenta la
inconstitucionalidad solicitada, la Procuradora cita jurisprudencia de la Sala
Tercera de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación de Justicia en la
que se ha mantenido el criterio contenido en esta demanda, en el sentido que no
puede haber una sumisión de los funcionarios del Ministerio Público al Órgano
Ejecutivo, pues vulnera el principio constitucionalmente reconocido de
independencia judicial, razón por la cual aquellos están procesalmente
legitimados para promover todo tipo de acciones, razón por la cual solicita que
se declare inconstitucional el artículo demandado (fs.3-11).
OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
Mediante Vista No.172 de 17 de marzo de 2006, la Procuraduría de la Administración solicitó al Pleno de la Corte que declare que no es inconstitucional el artículo 377 del Código Judicial, demandado por la Procuradora General de la Nación.
Señala el Procurador de la Administración que ya hubo un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 377 -anteriormente artículo 370- del Código Judicial. El Procurador de la Administración indica que al resolverse una Consulta de Inconstitucionalidad respecto a la frase "el Procurador de la Administración", mediante resolución judicial de 24 de abril de 2000, se declaró que la misma no era inconstitucional y, por ende, al realizarse un examen integral del artículo demandado como violatorio de nuestra Carta Magna, se determinó en su conjunto que no infringe artículo alguno de la Constitución.
Continúa afirmando la Procuraduría de la Administración que en aquella oportunidad no solamente se entró a analizar el contenido de la frase impugnada, sino todo el artículo 377 con el resto de la Constitución Política, lo que es indicativo, como expresó anteriormente, que existe un examen de constitucionalidad sobre esa norma legal.
Señala también que existen casos particulares en
los que el Ministerio Público puede intervenir directamente, como los
contenidos en el artículo 347 del Código Judicial y el artículo 738 del Código
de la Familia, en las que actúa como "defensor de las garantías consagradas en
la Constitución, como representante de la sociedad, del Estado y de aquellas
personas que requieren un amparo especial". Sin embargo, agrega el Procurador
de la Administración, que existen otros intereses "como los del Estado o los
Municipios que se asemejan a aquellos intereses individuales que defienden los
apoderados particulares, con la diferencia que en aquellos casos la
legitimación del Ministerio Público para actuar en nombre del Estado o los Municipios
se la otorga la propia Ley -la Constitución Política- y no un Poder Especial o
General" (fs.17-28).
FASE DE ALEGATOS
En cumplimiento de los procedimientos que gobiernan este tipo de acciones constitucionales, el negocio se fijó en lista por el término señalado en la ley, para que cualquier persona interesada hiciera uso de su derecho de argumentación.
En ese sentido, el licenciado S.C. actuando en su propio nombre y representación, presentó escrito en el que apoya la solicitud de la Procuraduría de la Administración que se declare que no es inconstitucional el artículo 377 del Código Judicial.
Opina el letrado fundamentalmente que el contenido
del artículo 377 mencionado, en nada vulnera o restringe al Ministerio Público
en sus actuaciones, así como tampoco existe una transgresión al principio de
independencia judicial. En abono a
ello, explica a manera de ejemplo, que si lo señalado por la Procuradora
General de la Nación es cierto, entonces también existiría una violación
constitucional cuando para la investigación por la comisión de ciertos hechos
punibles se requiere para la instrucción del sumario de querella del ofendido,
pese a que, en principio, siguiendo el...
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