Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Marzo de 1998

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Marzo de 1998
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

P. publicada en Marzo de 1998

MEDIO SIGLO DE JUSTICIA DEL TRABAJO

Por: Arturo Hoyos

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

El dos de marzo de 1948 se instaló formalmente el Tribunal Superior de Trabajo. Fue integrado inicialmente por los juristas Á.S., quien lo presidió, H. de la Rosa y A.C.. De allí que conmemoremos ahora el cincuentenario de la fundación de la Jurisdicción Especial del Trabajo en Panamá.

La creación de esta Jurisdicción fue prevista en la Constitución de 1946 la que, por primera vez en la historia constitucional panameña, contenía un capítulo especial sobre el trabajo. Posteriormente la Asamblea Nacional adoptó un Código de Trabajo mediante la Ley 67 de 1947 cuyos artículos 339 a 383 que regulan la Jurisdicción Especial de Trabajo aún se encuentran vigentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 1064 del Código de Trabajo de 1971.

Nuestra legislación de trabajo ha evolucionado progresivamente en nuestra época republicana. En esta materia nuestra historia constitucional y legal ha pasado por varias etapas. La primera fue la marcada por la Constitución de 1904 que mantuvo la vigencia de los códigos colombianos por lo que el contrato individual de trabajo se mantuvo regulado por las normas del Código Civil colombiano en el capítulo relativo al mandato y al arrendamiento de servicios, en consonancia con la libertad de contratación reconocida por esa Constitución.

Una segunda etapa se inicia con la expedición de las primeras leyes laborales, la Ley Nº 6 de 1914 y las Leyes 17 y 43 de 1916 que reconocieron pagos especiales por horas extraordinarias, preferencia en el empleo para trabajadores panameños, el descanso dominical, restricción del trabajo de los menores y regularon los accidentes de trabajo. Sin embargo, los Códigos de Comercio, Administrativo, de Minas y Civil adoptaron el sistema tradicional de la regulación del contrato de arrendamiento de servicios.

El Tratado de Versalles, ratificado mediante la Ley Nº 3 de 1920, contenía algunas disposiciones en materia laboral como la jornada máxima de 8 horas diarias y el derecho de asociación sindical. En esta etapa fue creada la Oficina de Trabajo mediante la Ley 16 de 1923 y en los años que siguieron hasta 1940 se tomaron medidas de protección a los trabajadores y a partir de la Ley 8 de 1931 se estableció el derecho a un mes de vacaciones después de dos años de servicios continuos después de iniciada la relación de trabajo y un mes de vacaciones por cada año de trabajo siguiente a los dos primeros.

Una nueva etapa fue iniciada por la Constitución de 1941, el Decreto Ley Nº 38 y la Ley 23 ambos de 1941. El citado Decreto Ley 38 previó una gran cantidad de normas proteccionistas de los trabajadores pero la administración de justicia en materia laboral quedó en manos del Poder Ejecutivo según los artículos 55, 56 y 58 aunque el Órgano Judicial mantuvo competencia para conocer de las controversias sobre accidentes de trabajo. Mediante la Ley 23 se creó la Caja de Seguro Social.

La época iniciada mediante la Constitución de 1946 y el Código de Trabajo de 1947, como se ha dicho, fue la que vio el nacimiento de la Jurisdicción Especial de Trabajo.

Fue, sin embargo, a partir de 1971 cuando nuestra legislación de trabajo experimentó un cambio radical a raíz de la expedición del Código De Trabajo de ese año que entró en vigencia el 2 de abril de 1972. Se inició así una etapa de proteccionismo de los trabajadores marcada sobre todo por un sistema de estabilidad absoluta en el empleo, la obligatoriedad para el empleador de negociar convenciones colectivas y el fomento de la organización sindical de los trabajadores a través de mecanismos legales fuertemente proteccionistas, tales como la extensión del fuero sindical, la facilidad para obtener personería jurídica mediante la mera inscripción, la extensión del pago de cuotas sindicales y la inembargabilidad de los bienes sindicales.

Es en esta etapa en la que se crean las Juntas de Conciliación y Decisión mediante la Ley Nº 7 de 1975 y se atribuye al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social competencia para conocer de algunas reclamaciones laborales según se prevé en la Ley 53 de 1975.

Hay que recordar que el Código de Trabajo de 1947 consagró un sistema de nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo fundado sobre el modelo de tripartismo propiciado por la Organización Internacional del Trabajo y según el cual el Órgano Ejecutivo realizaba dichos nombramientos, en el caso de dos Magistrados según ternas propuestas por las organizaciones de trabajadores y empleadores. Como consecuencia de este sistema, que fue mantenido por el Código de Trabajo de 1971, la Jurisdicción Especial de Trabajo se mantuvo desde el punto de vista administrativo y presupuestario dentro de la estructura del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, cuya Ley Orgánica había sido adoptada por el Decreto de Gabinete Nº 249 de 1970 que, además, preveía que el jefe de esa cartera tenía la potestad de proponer al Tribunal Superior de Trabajo las ternas para nombrar a los Jueces Seccionales de Trabajo.

A mediados de los años ochenta empieza a cobrar fuerza un movimiento dirigido a flexibilizar el Derecho del Trabajo en todos los países con economía de mercado. Es así que en Panamá se inicia en 1986 un nueva etapa en la historia de nuestra legislación de trabajo mediante de la Ley 1 de ese año. Esta es la etapa de la flexibilización de nuestro Derecho de Trabajo que lo ha hecho evolucionar de una protección rígida del trabajador a una protección flexible. En el plano legislativo esta etapa se extiende hasta el presente en virtud de las medidas adoptadas en la Ley Nº 44 de 1995, que se da en un contexto de la globalización económica y de las nuevas ideas que ganan fuerza en el mundo contemporáneo después del colapso de los regímenes socialistas en Europa del Este en 1989 y del Estado Soviético en 1991.

Es la nuestra época en que el ideal de libertad tiene mucho mayor peso sobre la conciencia colectiva y las instituciones jurídicas que hace unas décadas cuando los ideales de justicia social y de igualdad tenían una franca superioridad en el terreno de las ideas y en las formas de Estado existentes en muchas partes del mundo.

El triunfo de la democracia en nuestra década hizo que cobraran mayor fuerza los elementos integrantes de un Estado de Derecho en nuestro país, especialmente el de una justicia independiente y una separación real entre los órganos del Estado, los cuales además deben trabajar en armónica colaboración como lo prevé el artículo 2 de nuestra Constitución.

Este nuevo contexto institucional desemboca, en cuanto a la Jurisdicción Especial de Trabajo se refiere, en la sentencia de 25 de mayo de 1990 expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que se declararon inconstitucionales el artículo 349 de la Ley 67 de 1947 y el artículo 9 acápite (k del Decreto de Gabinete 249 de 1970. Mediante esta sentencia la Jurisdicción Especial de Trabajo adquirió su independencia e ingresó plenamente en el Órgano Judicial, por lo que los nombramientos de Magistrados y Jueces se hacen mediante concursos públicos de méritos y no según el esquema de intereses políticos y corporativos de los gremios poderosos que distorsionó la imparcialidad de los Jueces laborales al colocarlos como representantes de intereses clasistas, sistemas ese que imperó desde 1948 y que concluyó en 1990.

Desde que asumí la Presidencia de la Corte Suprema puse especial interés en la Jurisdicción Especial de Trabajo. Mis esfuerzos para mejorarla han sido continuos y en esta tarea he encontrado el apoyo de mis colegas en la Sala Tercera y en la Corte y del gobierno del P.P.B.. De esta forma a partir de 1995 se dio cumplimiento a la Ley 67 de 1947 que disponía que los Jueces Seccionales de Trabajo tendrían igual remuneración que los Jueces de Circuito, en 1998 dimos un paso significativo para cumplir con la Ley Nº 20 de 1967 que equipara la remuneración de los Viceministros y de los Magistrados de Tribunales Superiores que ahora son ocho en el ramo laboral en razón de la creación del Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial que empezó a funcionar en 1996 y que recogió un viejo anhelo de los trabajadores y empleadores del interior de la República. Además, desde el año pasado ubicamos al Tribunal Superior de Trabajo y Juzgados Seccionales que funcionan en Panamá en un mismo edificio y en condiciones de trabajo sustancialmente superiores a las que tuvo esta Jurisdicción Especial desde su creación hace 50 años.

Felicito a aquellos servidores judiciales a quienes hacemos hoy un justo reconocimiento y los exhorto a que continúen trabajando como lo han hecho hasta ahora por el mejoramiento de la administración de justicia en materia laboral y por el ideal de justicia social que todavía mantiene su vigencia y su consagración en nuestro sistema jurídico.