Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 15 de Agosto de 1994

Ponente:ADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución:15 de Agosto de 1994
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

 

P. publicada en Agosto de 1994

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

I.N.G..

El matrimonio entre los cónyuges comprende relaciones personales y relaciones económicas.

Cuando dos personas se unen en matrimonio para formar una familia, surge la ineludible necesidad de servirse de bienes patrimoniales para su subsistencia y el mantenimiento del hogar. Si no tienen bienes materiales, lógicamente tendrán que suplirlos con el ejercicio de cierta actividad o el desempeño de un trabajo, lo que les producirá determinados ingresos que pueden ser incrementados por adquisiciones a título oneroso o gratuito.

Este patrimonio familiar reviste especial importancia no sólo para los consortes y la familia, sino incluso para los terceros. El jurista mexicano L.F.C. (1) explica que: "No es indiferente para el interés de tercero el régimen económico que en cada matrimonio se adopte. Un extraño al contratar con el marido o con la mujer, sobre determinados bienes y aún establecer determinada relaciones jurídicas, necesita saber la responsabilidad y facultades de la persona con quien contrata, los bienes que pueden obligar, hasta dónde llegan aquellas facultades, etc."

Los sistemas jurídicos que determinan la organización del patrimonio familiar se les denominan: régimen patrimonial de la familia (Costa Rica e Italia), régimen patrimonial conyugal, régimen económico familiar, régimen económico matrimonial.

  1. Concepto.

    El régimen económico matrimonial, como lo define el Dr. J.A.G. (2), "es el conjunto de normas que determinan el estatuto jurídico de los bienes de los esposos durante el matrimonio y al tiempo de su disolución, y que rigen las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí o con los terceros con quienes contratan."

  2. Clasificación.

    Según su origen, el régimen económico matrimonial se clasifica en el régimen económico convencional, que es el pactado por los contrayentes mediante C.M., y el régimen económico legal, que es el establecido por la ley, con carácter supletorio o subsidiario.

    "El Código Civil, expone el Dr. J.L.L.B. (3), que reconoce a los novios el derecho a estructurar por sí mismos su régimen matrimonial, previene para ellos, si no lo hacen, un régimen standard.

    Si los esposos no lo redactan por sí, actúa la ley, imponiéndoles el modelo legal."

    Respecto a la libertad de elección de los cónyuges del régimen económico se reconocen varios sistemas:

    El sistema de libertad ilimitada, que permite a los contrayentes completa libertad para escoger el régimen económico que consideren más conveniente a sus intereses, que es el sistema en Francia, España, Argentina, Chile, Perú, Brasil, etc.; y

    El sistema de libertad limitada, que permite a los contrayentes el poder optar dentro de los determinados regímenes económicos regulados en la ley, como sucede en Alemania, México y Suiza.

    No falta autores que aluden a un tercer sistema: el sistema legal obligatorio, en el que no se admite la libertad de elección de los cónyuges, por la ley imponer un determinado régimen económico matrimonial. Este sistema forzoso no existe, por la razón que no hay legislación que imponga a los cónyuges un régimen económico matrimonial único y exclusivo.

  3. Regímenes Económicos Matrimoniales Modernos.

    Los regímenes legales económicos matrimoniales modernos más generalizados son: la Comunidad Universal de Bienes, la Sociedad de Gananciales, la Comunidad de Bienes Muebles y Adquisiciones a T.O., la Separación de Bienes Absoluta, la Separación de Bienes Relativa y la Participación en las Ganancias.

    La comunidad Universal de Bienes consiste en la comunidad plena en la que se ponen en común todos los bienes que aportan los cónyuges al matrimonio, sin reservarse ninguno en propiedad particular, quedando comprendido dentro de la comunidad todos los fruto y rentas de los bienes y todas las adquisiciones futuras, a título gratuito u oneroso, así, como también los beneficios que los esposos obtengan o puedan obtener por su trabajo o actividad. Este es el sistema que tiene Portugal.

    La Sociedad de Gananciales en la que la comunidad de bienes está limitada a las adquisiciones que los cónyuges realicen a título oneroso durante el matrimonio, permaneciendo, en cambio, en propiedad particular de cada uno de los cónyuges los bienes que tuviesen con anterioridad al matrimonio y los adquiridos con posterioridad a título gratuito. También pertenecen a la comunidad las rentas o productos de los bienes comunes y los bienes propios de los esposos, al igual que los beneficios que éstos obtengan por su trabajo o actividad. Este sistema es el vigente en España y en numerosos países hispanoamericanos.

    La Comunidad de Bienes Muebles y Adquisiciones a Título Oneroso es un régimen económico similar al anterior respecto de los bienes inmuebles y se diferencia de él en que forman parte de la comunidad de bienes todos los bienes muebles de ambos cónyuges, presentes o futuros, aunque hayan sido adquiridos a título gratuito. Este sistema es el de Francia y Bélgica.

    La Separación de Bienes Absoluta consiste que cada uno de los cónyuges conserva la propiedad, el usufructo y la administración de sus bienes, y de los bienes que vaya adquiriendo a título gratuito u oneroso durante el matrimonio, si que se consideren comunes los bienes existentes en poder de los cónyuges al disolverse el matrimonio. Este sistema lo reconocen Italia, Inglaterra, Estados Unidos, y en el Código Civil de Panamá.

    La Separación de Bienes Relativa en la que cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de lo bienes que tenía al contraer matrimonio, de los que adquiera durante él por cualquier título y de los frutos de unos y otros, pero se considerarán comunes los bienes existentes en poder de los cónyuges al disolverse el matrimonio. En otras palabras, lo que se hace es combinar el régimen de la separación de bienes con el régimen de la comunidad. Este es el sistema reconocido en el Código de Familia de Costa Rica de 1973.

    La Participación en las Ganancias manteniene la separación de bienes entre los cónyuges, pero les reconoce determinada coparticipación en las ganancias obtenidas durante el matrimonio. Cada uno de los cónyuges de modo independiente administra, disfruta y es propietario de sus bienes, aunque con algunas restricciones en interés común de la familia. Este sistema existe en Alemania y en el Código de la Familia en Panamá.

    Los diferentes sistemas pueden reconducirse a dos formas fundamentales: en los tres primeros la comunidad de la vida conduce también a la comunidad de bienes, y en los tres últimos la celebración del matrimonio no produce variación alguna: se mantiene la separación de bienes.

  4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA.

    Panamá, en su vida republicana, ha adoptado tres distintos sistemas, que en orden cronológico son:

    1. El Régimen de Sociedad de Gananciales, desde el 3 de noviembre de 1903, fecha de la independencia de Colombia, hasta el 1º de octubre de 1917, por continuar vigente el Código Civil de Colombia, por mandato del artículo 1º de la ley 37 de 1904;

    2. El Régimen de Separación de Bienes, desde el 1º de octubre de 1917, fecha en que comenzó a regir el Código Civil de la República de Panamá, hasta el 2 de enero de 1995, según el artículo 1163 del Código Civil en relación con el artículo 839 del Código de la Familia; y

    3. El Régimen de la Participación de las Ganancias que entrará a regir desde el 3 de enero de 1995 en adelante, contenido en los artículos 102 a 126 del Código de la Familia, aprobado por ley Nº 3 de 17 de mayo de 1994, modificado por la ley 12 de 25 de julio de 1994.

    Los Códigos Civiles de Colombia y Panamá, al igual que el Código de la Familia de Panamá tienen en común el establecer las Capitulaciones Matrimoniales, como forma convencional de los contrayentes para acordar el régimen económico de su futuro matrimonio.

  5. El Régimen Económico matrimonial en el Código de la Familia de Panamá.

    El Código se ocupa de esta materia en el Título I: D.M., en el Capítulo V: "Del Régimen Económico Matrimonial", en tres (3) Secciones, a las cuales aludiremos por separado.

    La Sección I del Capítulo V se refiere a las Disposiciones Generales, que trata diferentes aspectos del régimen (artículos 81 a 85).

    Los cónyuges tienen libertad para celebrar C.M., sin otras limitaciones que las establecidas en el Código o el señalado en la ley, aclarando que "A falta de Capitulaciones Matrimoniales o cuando éstas sean ineficaces, el régimen económico será el de participación en las ganancias".

    De ello se colige que el régimen económico convencional tiene prioridad sobre el régimen económico legal, al que se concede carácter supletorio o subsidiario.

    Las C.M. se celebran muy pocas veces en nuestra Nación, razón por la cual el régimen legal supletorio es el dominante en los matrimonios.

    Sin embargo, debemos tener presente que el régimen económico matrimonial, trátese del régimen pactado o el legal, produce sus consecuencias de pleno derecho en el momento de la celebración del matrimonio. En consecuencia, no puede existir matrimonio sin régimen patrimonial, es decir, sin un estatuto de las relaciones económicas entre los esposos.

    La modificación realizada durante el matrimonio en ningún caso perjudicará los derechos adquiridos por terceros.

    El traspaso se permite entre los cónyuges, por cualquier título, de bienes y derechos, y también pueden entre sí celebrar toda clase de contratos.

    Para probar la propiedad exclusiva entre cónyuges será suficiente la confesión del otro; pero tal confesión, por sí sola, no puede perjudicar a las demás personas, como son los herederos o los acreedores.

    La Sección II del Capítulo V trata de las Capitulaciones Matrimoniales (artículos 86 a 94).

    Las C.M. son el convenio que suscriben los futuros esposos antes o después de la celebración del matrimonio para estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio, y para su validez deben constar en escritura pública.

    El principio de mutabilidad resulta evidente cuando se permite que las Capitulaciones Matrimoniales puedan ser derogadas o modificadas durante el matrimonio, por el simple acuerdo de la voluntad de los cónyuges.

    Las Capitulaciones matrimoniales se podrán otorgar ante el Secretario del Consejo Municipal y dos testigos, en los lugares donde no haya N., siempre que los bienes aportados por los cónyuges no ascienden a cinco mil balboas (B/.5,000.00).

    La ley permite al menor hábil para casarse el poder celebrar C.M., antes o después del matrimonio, pero deberá estar asistido por la persona que ejerza sobre él la patria potestad o la tutela.

    Las modificaciones de las Capitulaciones Matrimoniales para su validez deben ser realizadas con las mismas formalidades requeridas para su otorgamiento, o sea, por escritura pública, y dejando a salvo los derechos de los terceros.

    El Registro Civil en toda inscripción de matrimonio hará mención, en su caso, de las Capitulaciones Matrimoniales otorgadas, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen o sustituyan el régimen económico del matrimonio. Si tales actos afectasen a inmuebles se inscribirá en el Registro Público en la forma y efectos previsto en el Código Civil.

    "Las Capitulaciones Matrimoniales, como apunta J. (4) encuentran su razón de ser en el matrimonio proyectado, del que son accesorias; si este matrimonio no se celebra, carente de base, caen en el vacío."

    Todo lo que se estipule en Capitulaciones antes de la celebración del matrimonio, quedará nulo y sin efecto alguno en caso de no contraerse el matrimonio en el plazo de un (1) año. También será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres, o limitativa de la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

    Las reglas generales de los contratos se aplicarán en la invalidez de las Capitulaciones Matrimoniales y las consecuencias de la anulación no perjudicarán a terceros de buena fe.

    La Sección IV del Capítulo V se ocupa Del Régimen de Participación en la Ganancias (artículos 102 a 126).

    El régimen de Participación en las Ganancias es aquél en que cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte, durante el tiempo en que este régimen haya estado vigente.

    Cada cónyuge tiene el derecho de administrar, disfrutar y disponer de los bienes que le pertenecián en el momento de contraer matrimonio, como de los bienes que puede adquirir después por cualquier título, salvo las limitaciones legales.

    Al régimen de participación en las ganancias se le aplicarán la normas relativas al régimen de la separación de bienes, en todo lo no previsto en esta Sección.

    Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre el inmueble que constituye la casa habitación de la familia, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges. Si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, podrá el Juez, previa información sumaria, autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia. Excepcionalmente, acordará las limitaciones o cautelas que estime conveniente.

    El régimen de participación concluye de pleno derecho o por decisión judicial (artículos 107 y 108).

    A. De pleno derecho en tres (3) casos cuando:

    1. El matrimonio se disuelva;

    2. La separación de cuerpos se decrete judicialmente; y

    3. Los cónyuges convengan un régimen económico distinto, en la forma prevista en este Código.

      B. Por decisión judicial en los siguientes cuatro (4) casos:

    4. Al otro cónyuge se le incapacite judicialmente, por ser declarado ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia. Para que el J. acuerde la disolución bastará que el cónyuge peticionario presente la correspondiente resolución judicial;

      El otro cónyuge realice actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en las ganancias;

    5. Los cónyuges llevar separados de hecho más de un año, por acuerdo mutuo o por abandono de hogar; y

    6. Cualquier de los cónyuges lo solicite al Juez y éste lo autorice, fundado en justa causa.

      La participación cuando se termine por nulidad del matrimonio y uno de los cónyuges hubiera sido declarado contrayente de mala fe, podrá el otro optar por la liquidación del régimen económico matrimonial, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.

      Si el régimen económico de la participación se extingue, habrá que distinguir si es por causa de muerte de uno de los cónyuges o por causa distinta.

      Si la extinción es por causa de muerte, al cónyuge sobreviviente le corresponderá una cuarta parte del patrimonio final del consorte fallecido en concepto de participación en ganancias.

      Si la extinción es por causa distinta a la muerte del cónyuge, las ganancias se determinarán por las diferencias entre el patrimonio inicial y el patrimonio final de cada cónyuge (artículos 110, 111 y 112).

      El patrimonio inicial de cada cónyuge se estimará constituido:

    7. Por los bienes y derechos que le pertenecieran al empezar el régimen económico matrimonial; y

    8. Por los bienes adquiridos a títulos gratuito:

      herencia, legado o donación.

      Se deducirán las obligaciones del cónyuge al empezar el régimen económico matrimonial y, en su caso, las cargas inherentes a la herencia, legado o donación, en cuanto no excedan el valor de los bienes heredados o donados.

      Si el pasivo fuese superior al activo no habrá patrimonio inicial.

      Los bienes constitutivos del patrimonio inicial se estimaran según el estado y valor que tuvieran al empezar el régimen económico matrimonial o, en su defecto, al tiempo en que fueron adquiridos.

      El día en que el régimen haya cesado deberá actualizarse el importe de la estimación.

      El patrimonio final de cada cónyuge estará formado por los bienes y derechos de que sea titular en el momento de la terminación del régimen económico matrimonial, con deducción de las obligaciones todavía no satisfechas.

      En el patrimonio final se incluirá el valor de los bienes de que uno de los cónyuges hubiese dispuesto a título gratuito sin el consentimiento de su consorte, salvo si se tratase de liberalidades de uso. La misma regla se aplicará respecto de los actos realizados por uno de los cónyuges en fraude de los derechos del otro.

      Los bienes constitutivos del patrimonio final, se estimarán según el estado y valor que tuvieren en el momento de la terminación del régimen económico matrimonial, y los enajenados gratuita o fraudulentamente, conforme al estado que tenían el día de la enajenación y por el valor que hubieran tenido si se hubiesen conservado hasta el día de la terminación.

      Los créditos que uno de los cónyuges tenga contra el otro, por cualquier título, incluso por haber atendido o cumplido obligaciones de aquél, se computarán también en el patrimonio final del cónyuge acreedor y se deducirán del patrimonio del cónyuge deudor.

      Cuando la diferencia entre los patrimonios final e inicial de uno y otro cónyuge arroje resultado positivo, el cónyuge cuyo patrimonio haya experimentado menor incremento percibirá la mitad de la diferencia entre su incremento y el del otro cónyuge.

      Si únicamente uno de los cónyuges muestra resultado positivo en su patrimonio, el derecho de la participación, para el cónyuge no titular de dicho patrimonio, consistirá en la mitad de aquél incremento.

      El crédito de participación deberá ser satisfecho en dinero. Si mediaren dificultades graves para el pago inmediato. El Juez podrá conceder aplazamiento, siempre que no exceda de tres años y que la deuda y sus intereses legales queden suficientemente garantizados.

      El crédito de participación podrá pagarse mediante la adjudicación de bienes concretos, por acuerdo de los interesados o si lo concediese el Juez a petición fundada del deudor.

      Si en el patrimonio del deudor no hubiese bienes para hacer efectivo el derecho de partición de ganancias, el cónyuge acreedor podrá impugnar las enajenaciones que hubieren sido hechas a título gratuito sin su consentimiento y aquéllas que hubieren sido realizadas en fraude de sus derechos.

      Las referidas acciones de impugnación caducan a los dos años de extinguido el régimen de participación, y no proceden contra los adquirentes a título oneroso y de buena fe.

      En la Sección V del Título I se reglamenta el régimen de la Separación de Bienes Absoluta, en los artículos 127 a 132.

      En la Sección VI se desarrolla el Régimen de la Sociedad de Gananciales, en los artículos 133 a 197.

      Estos dos sistemas económicos matrimoniales están desarrollados en el Código de Familia de Panamá, para que los interesados puedan conocer sus efectos jurídicos y, a la vez, si lo deseen puedan escoger el más conveniente a sus intereses personales.

      CITAS

      (1) F.C., L. El Derecho de Familia en la Legislación Comparada, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México, 1947, pág. 86.

      (2) G., J.A. D.M.J.A.-Perrot, Buenos Aires-Argentina, 1989, pág. 647 y 648.

      (3) L.B., J.L. D. de Familia, Editorial Librería Bosch, Barcelona, 1966, pág. 107.

      (4) Cit. B.R., FranciscoCompendio de Derecho Civil, Tomo IV, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid-España, 1960, pág. 193.

      BIBLIOGRAFÍA

      B., DomenicoSistema del Derecho Privado, Tomo II, Traducción de Santiago Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires-Argentina, 1967, págs. 485.

      B.R., FranciscoCompendio de Derecho Civil, Tomo IV, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid-España, 1960, págs. 854.

      G., J.A.M.J.A.-Perrot, Editorial Artes Gráficas Candil, Buenos Aires-Argentina, 1989, págs. 782.

      J., LouisDerecho Civil, Tomo III, Vol. I, Traducción de S.C. y M., Ediciones Jurídicas Europa-América, Editorial Bosh y Cía, Buenos Aires-Argentina, 1951, págs. 529.

      L.B., J.L. de familia, Editorial Librería Bosch, Barcelona, 1966, págs. 543.

      L., HeinrichDerecho de Familia, vol. IV, trad. J.M.N., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid-España, 1953, págs. 503.