Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Octubre de 1995

PonenteADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución15 de Octubre de 1995
EmisorCorte Suprema de Justicia (Panama)

P. publicada en Octubre de 1995

PRESUNCIONES, INDICIOS Y FICCIONES

POR: DR. J.F. P.

MAGISTRADO SUPLENTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GENERALIDADES:

El concepto de presunciones es -junto con el de la carga de la prueba, estrechamente vinculado a él- uno de los más controvertidos en materia probatoria. Existe tanto en la doctrina como en los ordenamientos múltiples posiciones respecto a las presunciones y a los indicios.

Conviene partir de ciertos conceptos preliminares:

Indicios: La definición generalmente aceptada ha sido la de medio de prueba que consiste en hechos o actos que sugieren o convergen a establecer otros hechos: señal, vestigio, de otro hecho. Sirve de base a la `presunción judicial´. (No equivale -como algunos autores sostienen- a `signo´, ya que el indicio no tiene, en su origen, intencionalidad).

El Código Judicial en algunas ocasiones utiliza la expresión `argumentos de prueba´ (v. gr: Art. 201, Ord. 6). Podrá pensarse que guarda cierta relación con `presunciones judiciales´ o con `indicios,´.

Presunción Judicial o Ad-Homines. Inferencia que deduce el Juez de ciertos hechos o actos; inferencias derivadas de los poderes de razonamiento del Juez fundadas en normas de las experiencia, y con una base en elementos probatorios existentes. No es un medio de prueba, constituye la operación intelectual que realiza el J. al examinar ciertos hechos o actos. Forma parte de la actividad probatoria sobre los datos fácticos que se le suministran. En las Partidas se le denominaba "gran sospecha".

Presunciones Legales: Normas establecidas por la Ley con el objeto de dar por existente cierta situación o relación jurídica.

A. El vigente Código Judicial procuró eliminar la confusión de que adolecía el Código Judicial abrogado en lo que se refería a las presunciones judiciales y a los indicios. Porque son dos categorías distintas. El indicio se distingue de la presunción -conforme expresa H.D.E.- como la luz del foco que la emite. Como el objeto de la sombra que la proyecta. El indicio es un hecho o un acto del cual se deduce otro; puede ser la fuente de la presunción judicial. La presunción es la inferencia que lleva a cabo el Juez, el proceso intelectivo, y que puede tener como base la Ley -presunción legal- o el razonamiento del Juez sobre un hecho probado relacionado con máxima de la experiencia que le lleva a pensar o lo asocie con la existencia o inexistencia de otro hecho con él relacionado.

Ejemplo: Un hombre ha convivido y convive públicamente con una mujer grávida. Es un indicio de paternidad. De ahí infiere el Juez (presume) que ese hombre es el autor del estado de gravidez. Y para ese indicio -de la paternidad-, se requiere que el hecho base -vivir con la mujer en estado de gravidez- esté comprobado.

La tos de un paciente es un indicio para el médico de la enfermedad que puede padecer. Es un hecho o evento que lleve al Juez o susceptible de llevar al Juez la convicción o lo asocie a que otro acto o evento ocurrido.

Ambos descansan en hechos -la base de la presunción- que requieren ser probados. Aquel a quien favorece una presunción legal, asume la carga de probar los presupuestos de hecho correspondientes para que pueda valerse de ella.

El artículo 686 del Código Judicial derogado incluía en su ordinal 2º la presunción legal, y en su ordinal 3º los indicios o conjeturas, entre las pruebas legales. El Código Judicial actual eliminó la "Presunción" entre los medios de pruebas por las razones expuestas. Por otro lado, el Código civil en este aspecto -más acorde con las nuevas concepciones- no se refiere específicamente a los indicios, sino a las presunciones (artículo 1101), indicando que éstas pueden ser legales o judiciales (artículo 1104), y que las que la ley establece dispensan de toda prueba a los favorecidos por ella, pero admiten prueba en contrario. La situación actual es la siguiente: El Código Judicial vigente no incluye entre los medios de prueba las presunciones sino a los indicios. Se refiere a las presunciones sólo en los artículos 773 y 774 así:

Artículo 773. Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables.

No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación o en los Municipios.

Los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa, no requieren prueba.

"Artículo 774. Las presunciones establecidas por la ley sustancial sólo serán admisibles cuando los hechos en que se funden estén debidamente acreditados.

Las presunciones podrán destruirse mediante prueba en contrario, salvo las de derecho. (C.C. 1104)".

El Código incluye como medio de prueba los indicios y los regula en el Capítulo Xº del Título VIIº del Libro II.

Por cierto, en la Comisión Codificadora de 1917 se discutió la materia y la Corte Suprema propuso, en ese entonces, que se eliminara el Capítulo III del Código Judicial, enumerativo de los medios de prueba, referencia a las presunciones legales. En los Anales de la Comisión (p. 367) se lee:

"Presunción Legal. Conceptúa la Corte que debe suprimirse este Capítulo, puesto que la presunción legal no es propiamente una prueba sujeta a ritualidades del Código Civil, donde se enumeran los distintos casos en que se presume probado legalmente un hecho a consecuencia de otro conocido. Sobre esta materia dice M. y N. en sus comentarios al Código Civil Español, Tomo 8º, página 428: `En cuanto a las presunciones no hay en rigor innovación al incluirlas en el Código; ya de antiguo se definían y se había sentado la división de que aquellas en juris et de jure y juris tantum; se reconocía su procedencia y fuerza y se utilizaban sin las que comprendiera la ley de enjuiciamiento por una razón muy sencilla. Las presunciones bajo el aspecto de ritualidad de trámites, asunto principal de aquélla, no son una prueba especial independiente de las otras, sino que a cualquiera de ellas habrá de acudirse para acreditar el hecho en que la presunción tenga origen, y luego, para deducir la consecuencia, que es la característica de aquélla, no hay forma procesal, y si sólo la disposición legal que establece el enlace del antecedente y el consiguiente, o el criterio racional que lo aprecie, explicándose, por tanto, la omisión de la ley procesal y la enumeración en le Código de este medio probatorio". "Siendo absolutamente exacta y jurídica la apreciación expuesta, no hay objeto en mantener en el Código un capítulo que es innecesario".

En relación con el Capítulo IV del proyecto del Código Judicial de 1917, consagrado a los "Indicios o Conjeturas", también consideró la Corte que debía suprimirse, y así se consignó en los anales de la Comisión Codificadora:

"Indicios o conjeturas. La misma observación cabe respecto de este Capítulo, que trata de la presunción ad homine, comúnmente llamada `indicios o conjeturas´".

Sin embargo, la Comisión Codificadora de 1917 no prohijó las observaciones de la Corte.

NATURALEZA JURÍDICA

La naturaleza de las presunciones ha sido objeto de revaloración por la doctrina procesal moderna.

Tradicionalmente privaba el concepto de que las presunciones constituían verdaderos medios de prueba; hoy día, sin embargo, la doctrina se inclina por considerar que las presunciones no son medios de prueba. Si son legales, constituyen una estructura jurídica que le permite o le facilita al Juez decidir un proceso con base en una norma legal que establece como premisa una inferencia que se funda en el curso natural de las cosas.

Vemos así como los códigos modernos excluyen las presunciones de los medios de prueba.

Un dominante sector de la doctrina, intermedio, estima que en efecto las presunciones no son medios de prueba, pero sí los indicios. (A lo que algunos autores -que constituyen minoría- replican que el indicio tampoco es un medio de prueba, sino objeto de prueba, y que de él el juzgador deduce ciertas consecuencias).

CLASES DE PRESUNCIONES

Conforme se ha anotado las presunciones pueden ser:

  1. Legales (praesuntiones iuris) que se subdividen en iuris tantum y iuris et de iure;

  2. Judiciales (praesuntiones homines) o de hombre.

    PRESUNCIONES LEGALES

    La intención y objeto de la ley es que partiendo de la observación de determinado orden de hechos se arriva a conclusiones que sirven para establecer especiales situaciones de derecho encaminadas a la solución de puntos que pueden ser debatidos. En esa virtud las presunciones, en cuanto a sus efectos, se dividen en IURIS ET DE IURE (de derecho y por derecho) y en IURIS TANTUM (tan sólo de derecho). Mas adelante nos referimos, en forma separada, a estas dos especies de presunciones.

    Mientras que las presunciones legales imponen cierto tipo de vinculación al Juez, las judiciales no lo hacen.

    PRESUNCIÓN `IURIS TANTUM´ (Tan solo de Derecho) (Presunción simple o refragable).

    Ocurren con más frecuencia que las otras y su particularidad consiste en que admiten prueba en contrario, de suerte que sólo tienen fuerza mientras que la parte a quien perjudican no las contradigan con prueba suficientemente eficaz con relación al punto debatido. En esa categoría se cuentan, entre otras, las siguientes:

    1. Presunción de muerte (Art. 57 del Código Civil).

    2. La buena fe en materia de posesión. (Art. 419 del Código Civil). La buena fe en la posesión se presume, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba.

    3. Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario. (Art. 421 del C. Civil).

    4. El poseedor actual que demuestre su posesión en época anterior, se presume que ha poseído también durante el tiempo intermedio, mientras no se pruebe lo contrario. (Art. 445 del Código civil).

    5. La presunción de medianería en paredes divisorias de los edificios contiguos, en las paredes divisorias de los jardines o corrales, y en las cercas, vallados y setos vivos divisorios de predios rústicos. Esta presunción de servidumbre de medianería es mientras no haya un título o signo exterior, o prueba en contrario. (Art. 554 del C. Civil).

    6. Se presume siempre hecha la donación en fraude de los acreedores, cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella. (Artículo 963 del Código Civil).

    7. Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor se presume que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario. (Art. 1069 del Código Civil).

    8. Siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se hallare en poder del deudor, se presumirá que el acreedor lo entregó voluntariamente, a no ser que se pruebe lo contrario. (Art. 1075 del Código Civil).

    9. Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor. (Art. 1077 del Código Civil).

    10. Aunque la causa no se expresa en el contrato, se presume existe y que es lícita, mientras el deudor no pruebe lo contrario. (Art. 1128 del C. Civil).

    11. La que declara la pertenencia a cada cónyuge, al disolverse el matrimonio, y no existan capitulaciones matrimoniales, los bienes que adquiere durante el matrimonio a título oneroso, presumiéndose que lo hace con fondos propios.

    12. El que se obliga a hacer una obra por piezas o por medida, puede exigir del dueño que la reciba por partes y que la pague en proporción. Se presume aprobada y recibida la parte satisfecha. (Art. 1344 del Código Civil).

    13. En materia penal, presunción de inocencia (art. 1966 y 2037, C.J.;C.N., art. 22).

      Extracto de Jurisprudencia: del P.T.S., de 28 de octubre de 1990 (M. vs Banco Fiduciario, Juris, Febrero, 1991, 10): "CUENTA CIFRADA Y LA SOLIDARIDAD COMERCIAL"

      Todavía queda sin considerar el hecho, de trascendencia, que tal cuenta a nombre de BÁRBARA MORALES O ABDIEL FERNÁNDEZ ... reglamentada por la Ley Nº 42 de 1984, que estima a cada una de las personas a cuyo nombre está consignada, como dueña de dicha cuenta y como responsable, indistintamente, del sobregiro o saldo deudor, siendo técnicamente, una cuenta solidaria. Por una derogación a la regla general civil de que en el supuesto de pluralidad de deudores en una obligación la solidaridad no se presume, en el Derecho Comercial se entiende inversamente que cuando varios deudores se comprometen a una misma prestación, se considera responden solidariamente aunque la deuda sea divisible, a menos que de la convención misma resulte lo contrario.

      De lo transcrito se concluye que cuando varios deudores se comprometen a una misma prestación, responden solidariamente en materia mercantil, contrario a lo que sucede en el derecho civil y tal tesis tiene aceptación unánime en la doctrina. En la legislación panameña está contemplada la situación como se desprende del contexto de los arts. 221 y 22 del Código de Comercio y en el Código Civil en los arts. 1024, 1031, 1104, 1528. Esta presunción opera respecto de la fianza también.

      La importancia de las presunciones iuris tantum se debilita ante los sistemas de investigación oficiosa, ya que el juez no se atiene a la apariencia que suscite la presunción, sino que tiene facultad para decretar todas las pruebas que sean necesarias para esclarecer la cuestión controvertida.

      PRESUNCIÓN LEGAL IURIS ET DE IURE (Presunción absoluta o irrefragable).

      Las presunciones IURIS ET DE IURE se caracterizan en que no admiten prueba en contrario, es decir que sus efectos como tales no pueden destruirse por prueba alguna.

      El Código de Trabajo contiene algunas presunciones iuris et de iure. El artículo 77 preceptúa:

      "Artículo 77. La relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido:

    14. Si vencido el término de un contrato por tiempo definido, el trabajador continúa prestando servicios;

    15. Cuando se trate de un contrato para la ejecución de una obra determinada, si el trabajador continúa prestando las mismas tareas, luego de concluida la obra; y

    16. Cuando se celebren sucesivos contratos por tiempo definido o para obra determinada".

      El Artículo 18 del Código Judicial establece una `presunción´ iure et de iure al preceptuar, como lo hace: "El nombramiento y posterior ejercicio de las funciones de Magistrado o Juez hacen PRESUMIR de hecho la posesión, tanto para el efecto de estimar válidos los actos ejecutados por estos empleados, como para poder exigirles la responsabilidad a que haya lugar por la ejecución de los mismos actos".

      JURISPRUDENCIA: S. delP.T.S., 23 de febrero de 1994 (V. vs R.):

      En un afán proteccionista del vínculo familiar, la normativa jurídica restringe la posibilidad de ejercer la acción de impugnación de la paternidad, la cual está reservada al marido mientras viva de conformidad con el artículo 143 del Código Civil y a sus herederos bajo las condiciones particulares, descritas en el artículo subsiguiente, el 144 de la excerpta legal en comento.

      La resolución emitida por nuestros más alto Tribunal de Justicia, reseñada líneas arriba, refiere la existencia de supuestos en los que se limita el ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad al propio marido en ese ánimo de salvaguardar la estabilidad de ese vínculo familiar cuando "la normativa civil se ocupa de prohibir hasta al propio marido la impugnación de la legitimidad de los nacimientos ocurridos dentro de los ciento ochenta días después de la celebración del matrimonio en los casos del artículo 142". (Sentencia del 29 de noviembre de 1991, PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA).

      En este mismo orden de ideas tenemos que de la prohibición que consagraba el Código Civil de cualquier persona que no sea el marido, en vida de éste, de impugnar la legitimidad de un niño concebido durante el matrimonio, surge una presunción, cuasi-irrefragable, de legitimidad. Se trata de un reflejo de la concepción patriarcal del régimen familiar que inspira el Código Civil. (Sólo se permitía a los herederos del marido suplir a aquél).

      Tal presunción iba en perjuicio del propio niño y de la madre, y quizá podía estimarse inconstitucional, ya que, por una parte, desconoce el derecho del menor a la filiación, y por otra, el principio de igualdad de derechos, ambos reconocidos en la Carta. Hoy día ha sido eliminada por el Código de la Familia, (Tít. II, C.. II, Sección I). También existe una presunción respecto a la gravidez en el art. 150 del Código Civil. Tal presunción no se justifica a la luz de los conocimientos científicos actuales y de la experiencia, que revela el nacimiento de hijos en desafío de la norma del Código Civil.

      LAS PRESUNCIONES IURIS ET DE IURE EN LA DOCTRINA

      El sector dominante de la doctrina tratan las presunciones iuris et de iure (establecidas por la ley) alejadas del campo procesal, remitiéndolas al ámbito del derecho material, y eliminan también las presunciones iuris tantum del ámbito del derecho procesal.

      NATURALEZA DE LA PRESUNCIÓN LEGAL

      Se considera que la presunción legal tiene un efecto substancial, que consiste en darle seguridad y firmeza a ciertas situaciones, fundada en razones de interés social.

      Para explicar la presunción la doctrina y la jurisprudencia ha acudido a distintas teorías. Consignaremos algunas de ellas:

    17. La presunción es una norma sobre carga de la prueba;

    18. La presunción es parte de la apreciación de la prueba;

    19. La presunción es una norma probatoria;

    20. Forma de fijación legal del estado de hecho. El legislador elige el estado real, presumiendo que este estado equivale al estado de cosas ideal.

    21. La presunción se reconoce por razón de que lo que existe lleva en sí el derecho a su existencia hasta que tal derecho a existir sea impugnado, hasta que tal existencia se anule. Todo lo que exteriormente existe sin defecto lleva en sí el derecho a su existencia, hasta que tal existencia, y con ella los efectos que se le atribuyen, sea impugnada y abrogada. Es la teoría de la legitimación. (Beackh).

    22. La presunción de permanencia. Esta presunción parte de la idea de que la prueba del nacimiento de una situación es suficiente para justificar en el proceso la creencia de que tal situación subsiste en el momento de que se trate, mientras el contrario no se decide a demostrar la cesación de la misma: una distribución de la carga de la prueba, por consiguiente, que al que afirma una situación le impone la prueba de que tal situación se ha originado, y al que la niega le exige la prueba de que se ha extinguido; (Plank-Greiff). Reflejo del principio de la razón suficiente.

    23. Teoría de Hedemann: La presunción es una regla de carga de la prueba independiente y especialmente estructurada;

    24. Las presunciones -al igual que las normas sobre carga de la prueba- con decisiones de la Ley por razones de conveniencia, de política social.

      En relación con las presunciones legales, es interesante observar que en el derecho constitucional norteamericano se discute la constitucionalidad de las presunciones en materia penal, toda vez que, al dar por establecida la culpabilidad de una persona, sin juicio previo, se desconoce la garantía del debido proceso. La Corte Suprema de ese país ha declarado inconstitucional normas cuando no existe la debida conexión entre el hecho establecido y el hecho por establecer. El primero de los casos fue el de Tot vs U. S. decidido en sentencia de 1943. El otro caso posterior (Leary vs U. S.) la Corte Suprema expresó que el hecho comprobado debe racionalmente conducir al hecho presumido y, más así, que el hecho presumido debe con mayor probabilidad ocurrir si el hecho probado existe. El Magistrado Black hizo énfasis, en salvamento de voto, que un jurado debe calibrar los hechos sin interferencia congresista mediante predeterminaciones. (V.M.C. pág. 814).

      Modernamente, dada las tendencias de humanización en el derecho, se está virtualmente desterrando esas presunciones de las leyes.

      Sostiene H. que "un instituto anticuado como la presumptio iuris et de iure no merece ya por más tiempo tener en la literatura un puesto relevante". (Presunciones, pág. 223).

      Las presunciones legales -como su denominación lo entraña- requieren norma expresa. (Procede señalar que son de derecho estricto y no se pueden aplicar por analogía ni por vía de interpretación extensiva). Por ello es inaceptable la tesis expuesta -entre otros, por el Dr. Moscote- en el sentido de que en materia constitucional los fallos de la Corte Suprema producen efectos para el futuro, ya que la constitucionalidad de las leyes SE PRESUME y, en consecuencia, el fallo de la Corte Suprema que la declare inconstitucional viene a producir efectos de desvirtuar esa presunción. No existe tal presunción, porque no hay norma que la consagra. Lo que ocurre es que los fallos de la Corte en materia constitucional son constitutivos, y en tal sentido, producen efectos para el futuro, salvo que se trate de la inconstitucionalidad de un acto concreto, caso en el cual el fallo extingue el acto.

      Hasta aquí hemos estudiado una de las dos especies de presunciones: las legales. Prosigamos con el examen de la otra especie de presunciones, las judiciales.

      PRESUNCIONES JUDICIALES, AD-HOMINES o FACTI.

      Son inferencia que extrae el Juez de determinados hechos a eventos probados. Mediante un proceso de razonamiento el Juez infiere de un factum probans el factum probandum. Las Partidas expresaban que constituían "gran sospecha". Gráfica es la expresión de M.S.. "Hablar de prueba de presunciones (ad-homines) es lo mismo que si dijéramos prueba de raciocinio".

      La presunción es una especie de conclusión que extrae el Juez de hechos o elementos probatorios aplicando las máximas de la experiencia y su conocimiento sobre el curso normal de las cosas, y le permite valorar ciertos medios probatorios para la sentencia. Es interesante la definición de M.S.:

      "Existe función semiótica -M.S. cita a H.E.- cuando una expresión y un contenido están en correlación y ambos elementos se convierten en furtivos de la correlación trasladando estas observaciones al campo jurídico podríamos pues alegar que la presunción equivale a una función semiótica dentro de la cual se correlacionan el probatum (indicio) con el probandi (contenido). Ambos, llamados también hecho -base y hecho- consecuencia, serán los dos furtivos de dicha correlación".

      Mientras que la prueba común -testimonio, inspección judicial- ofrecen de modo directo una percepción de una cosa o de un suceso, la presunción entraña un acto intelectivo.

      INDICIOS: Constituyen, como hemos expresado, hechos, actos o datos, que convergen a demostrar otro hecho.

      Ejemplos de Indicios

      A. Indicios de simulación de una compraventa-especialmente en fraude de acreedores.

    25. Causa simulandi, esto es, el motivo que indujo a la parte a la maniobra simulatoria.

    26. Incapacidad económica del adquirente para pagar el precio. Así, habrá de establecerse:

      1) La compradora era persona pobre, sin recursos. La compradora no tenía rentas, pensión, ni recibía dividendos de ninguna especie; ni cuentas de ahorro o corrientes.

      2) La compradora no ha obtenido dinero de ninguna firma comercial o bancaria para el pago de las propiedades compradas. Jurisprudencia Argentina: "No es habitual que una tan importante cantidad de dinero la tuviere en su casa" (Cámara Federal Civil, 2 de mayo de 1941).

      3) A.. Parentesco entre el simulador enajenante y el simulador testaferro, o vínculos afectivos, relaciones de vecindad, y de confianza entre los mismos.

      4) Verificación de la enajenación bajo un ambiente o marco de apariencia sospechosa.

      5) El hecho de continuar el vendedor ocupando o usufructuando los bienes enajenados. ("R. possessionis").

      6) No aparecer en el patrimonio del vendedor el precio del bien enajenado.

      7) Lo limitado del precio asignado a los bienes. (En otras legislaciones cuando el pago es insuficiente cabe la acción de rescisión de la venta por lesión enorme).

      8) Celeridad de las operaciones extra-judiciales o judicial.

      9) Hábitos: (antecedentes del simulador, reputación).

      10) Interés o motivo de la simulación oculto. Así:

    27. De la existencia de un crédito, a cargo del enajenante;

    28. Que sea exigible o por ser exigible.

      11) Mediante la maniobra, el simulador enajenante queda en estado de insolvencia.

      12) Cobro por parte de acreedores legítimos.

      B. Indicios de fraudes financieros

    29. Alteración en los libros de comercio.

    30. Sobrevalorización del activo y ocultamente o disminución del pasivo.

    31. Constitución de numerosas sociedades anónimas, que se convierten en acreedores.

    32. Distribución de injustificado dividendos.

    33. Reconocimiento de demandas judiciales.

    34. Arreglos económicos con socios o acreedores exigentes o amenazadores.

    35. Aumento del capital social y del valor nominal.

    36. Inventarios de mercancías dadas en depósitos como propias.

    37. Sobrevaloración de los inventarios.

    38. Inventariar como créditos obligaciones completamente incobrables.

    39. Presentación de demandas temerarias sin precisar datos concretos.

      Con respecto a las quiebras, las simulación de deudas reviste especial importancia. Conforme anota F. "La Simulación de los Negocios Jurídicos":

      "Es la quiebra un estado patológico del comerciante -provocado a veces artificialmente-, en que actúan astucias de toda clase, se cometen todos los fraudes, se ponen en juego todas las simulaciones, para que lo menos malo del desastre económico del quebrado sea el hecho de quebrar y el daño recaiga exclusivamente sobre los acreedores. Es cierto que la ley crea garantías especiales, como el procedimiento de comprobación de los créditos que pueden figurar en el pasivo, procedimiento en que existe libertad de impugnar y se admiten presunciones especiales de fraude; pero no por ello se elimina el peligro de maniobras ilícitas y prelaciones indebidas. Y para poner de manifiesto cómo se acumulan en este campo las simulaciones de los deudores, apoyándose unas de otras, referiré -faltando, por excepción, a mi costumbre de no citar jurisprudencia en el texto de mi trabajo- un caso clásico que, en verdad, merece recordarse: la quiebra Gustaedt (49).

      Después de un largo juicio, que duró varios años, se declararon, por fin, simulados o fraudulentos los siguientes contratos, que el quebrado combinó para substraer el activo a las reclamaciones de los acreedores: 1º, un instrumento en que vendía a su mujer todos los inmuebles, fundos rústicos, casas y una cuota de derechos hereditarios; 2º, un segundo instrumento por el cual vendía a un trabajador de su almacén de relojería en Chiaia -un tal J.- todo el material y muebles del almacén, cuyo precio figuraba como pagado ya al vendedor; 3º, otro instrumento en que G. y su mujer se declaraban deudores de una suma considerable a favor de un sobrino suyo por un supuesto préstamo, otorgando hipoteca sobre uno de los fundos traspasados ya a la mujer en la primera venta, en forma tal que el importe de la hipoteca absorbiera todo el valor del fundo; 4º, otro instrumento por el que la mujer vendía el fundo adquirido e hipotecado por ella a un tal S., el cual pagaba el precio al acreedor hipotecario inscrito (el sobrino) y entregaba el resto a la vendedora; 5º, un quinto instrumento en que S. contraía un préstamo con J. para procurarse la suma que había que pagar y hacerla llegar indebidamente al quebrado; 6º, finalmente, otros documentos de venta en que J. traspasaba todo el material adquirido a otra persona, y el comprador, a su vez, lo enajenaba a otro adquirente más lejano aún".

      C. Indicios de Paternidad

      Si bien hoy día existen pruebas científicas sobre paternidad, se pueden aportar una serie de indicios que convergen a hacer la prueba completa:

    40. Relaciones maritales antes de la gravidez.

    41. Relaciones maritales durante la gravidez.

    42. Continuación de relaciones maritales después del alumbramiento.

    43. Actos que entrañan reconocimiento;

  3. Pago de gastos médicos del alumbramiento.

  4. Pago de gastos escolares.

  5. Participación en el bautismo.

  6. Tratamiento como padre.

    1. Escogimiento del padrino.

    2. Fama pública.

      D. Indicios de procesos fraudulentos

    3. Vinculación entre las partes ("affectio"), relaciones de familia, de negocios, de confianza, caracterizado por estrecha vinculación entre los apoderados de las partes, y subsistencia de dicha vinculación durante el proceso, la ejecución, y a posteriori;

    4. Celeridad inusual en el proceso: rápidas y simultáneas o virtualmente simultáneas notificaciones personales, allanamientos, reconocimiento de hechos, ausencia de impugnaciones y recursos, transacciones breve lapso después de la demanda;

    5. Marco de clandestinidad y sígilo;

    6. Interés en la maniobra: colocación de los bienes fuera del alcance de medidas cautelares; insolvencia del demandado;

    7. Ejecución rápida.

    8. Ausencia de datos precisos y concretos sobre el motivo de la demanda.

    9. Colaboración entre las partes para hacer efectiva la ejecución y la transferencia de los bienes;

    10. Demandas o inminentes demandas de acreedores o de terceros en contra del demandado o cobros con plazos perentorios u obligaciones por vencer.

      LAS PRESUNCIONES LEGALES Y LAS FICCIONES.

      La ficción es una suposición que hace la ley, dando a una persona, cosa o situación una calidad que no es natural, para atribuirle ciertos efectos o consecuencias jurídicas, que de otro modo parecería repugnante.[1]

      La ficción no se basa -como ocurre con la presunción- en una regla general de la experiencia, sino en la voluntad soberana del legislador. La presunción judicial está vinculada con el derecho procesal, (carga de la prueba); la ficción es una creación del derecho material. Como escribe H.: "En la ficción se prescinde de la verdad; en la presunción ante una situación se adopta por la solución que más se acerca a la verdad".

      Las presunciones y las ficciones presentan cierta analogía, pero pertenecen a categorías distintas: la presunción se relaciona con la teoría de la prueba (la carga de la prueba); las ficciones, con la teoría de la extensión de la norma en derecho.

      Constituye ficción un `artificio´, un `ardid´, (conciente y deliberado), ficticio y hasta arbitrario, que consiste en ubicar un hecho, una cosa o una persona, en una categoría jurídica ajena a la realidad, que no le corresponde normalmente, para que obtenga por la vía de consecuencia, un tratamiento jurídico propia de dicha categoría, v. gr: la extraterritorialidad.

      En el vocabulario jurídico di Gerard Cornu (Association Henry Capitant, Press Universitaure, 1987) se define la ficción así: "artificio o técnica jurídica (en principio reservada al legislador soberano) "mesonge de la loi", consistente en suponer un hecho de la realidad con miras a producir un efecto de derecho. Ej.: en las liberalidades, las condiciones imposibles, ilícitas o inmorales, son reputadas no escritas (C. Civil, 900)." Los recientemente motivos a que responden las ficciones son varios:

  7. Facilidad y `comodidad´ en el léxico jurídico; b) Conservatismo jurídico, por el deseo de no establecer nuevas reglas jurídicas; c) Es una técnica jurídica para hacer progresar el derecho, sin romper con las estructuras establecidas. En la Ley 44 de 1995 (Reformas Laborales), se idea una ficción al incluir en el C. de T. el Art. 197-A: "No se consideran como alteración unilateral, las órdenes impartidas por el empleador en la ejecución del contrato de trabajo que impliquen movilidad funcional u horizontal del trabajador, siempre que sean compatibles con su posición, jerarquía, fuerzas, aptitudes, preparación y destrezas. Lo anterior se aplicará siempre que no conlleve disminución o salario y no afecte la dignidad o autoestima del trabajador, o le provoque perjuicios relevantes o riesgos mayores en la ejecución del trabajo."

    Al par que las ficciones normativas existen las ficciones terminológicas. En la ficción terminológica el legislador utiliza el procedimiento para calificar ciertas situaciones de hecho que manifiestamente son contrarias a la realidad conceptual comúnmente admitida. Por ejemplo: los bienes inmuebles por destinación (art. 325). Estas ficciones constituyen puntos de referencia para otras normas. Por una ficción del derecho internacional público, las embajadas se consideran como parte del territorio del país que representan. Ficciones normativas: las leyes interpretativas. Incluso en jurisprudencia ha creado ficciones con más frecuencia en el common law que en el civil law.

    PRESUNCIONES, FICCIONES Y NORMAS INTERPRETATIVAS.

    El Código contiene normas de interpretación de negocios jurídicos y a veces, incluso, se expresa en lenguaje como este: se "presume", "tratándose", etc. Las normas de interpretación se refieren a la voluntad que sirve de base, en tanto que las presunciones se remiten a hechos exteriores. El factor decisivo de diferenciación entre regla interpretativa y presunción -escribe H. en su extraordinaria obra sobre las Presunciones- consiste en que aquella constituye un recurso de técnica legislativa procesal. Así, por ejemplo, la regla de que la interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la obscuridad. (Artículo 1139 del Código Civil), es evidentemente una norma interpretativa.

    Paralelamente a las normas interpretativas existen otras normas que regulan situaciones de duda, distintas a las normas interpretativas y a las normas de presunción. Tomemos, como ejemplo, el artículo 707 del Código Civil, que preceptúa:

    "Artículo 707. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de dudas se observará lo aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento.

    El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley".

    Igualmente el artículo 1205 del Código Civil instituye:

    "Artículo 1205. Siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de los bienes ganancias de dos o más matrimonio contraídos por una misma persona, para determinar el capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventaros; y, en caso de duda, se dividirá las ganancias entre las diferentes sociedades, proporcionalmente al tiempo de su duración y a los bienes de propiedad de los respectivos cónyuges".

    Otro ejemplo se da en el artículo 1132 de la misma excerta legal, disposición que está concebida en los siguientes términos:

    "Artículo 1332. En defecto de pacto especial, se estará a la costumbre del lugar para las reparaciones de los predios urbanos que deben ser de cuenta del propietario. En caso de dudas se entenderán de cargo de éste".

    La diferencia se puede advertir si se tiene en cuenta el destinatario de la norma. En la presunción el juez es directamente el destinatario. En la presunción, además, el texto de la ley es, desde el inicio, la base de todo el desarrollo ulterior, en tanto que el otro tipo de norma el destinatario es indeterminado. Como anota H., en la presunción habla la ley y luego el juez examina el caso; en el otro tipo de norma, es la comprobación del juez, y sólo ante la inutilidad de sus esfuerzos entra a hablar la ley.

    En esta materia debe tenerse presente que normalmente la ley emplea la expresión "se presume", "se reputa", "se tendrá por", "se considera", "se entenderá", pero no refleja siempre la expresión la naturaleza de la norma. Veamos distintos supuestos:

    El artículo 1188 del Código Civil dispone:

    "Artículo 1188. Se reputan ganancias todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen primitivamente al marido o a la mujer".

    En el artículo transcrito la frase "se reputan ..." constituye una presunción.

    El artículo 418 del Código Civil establece:

    Artículo 418. Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide.

    Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario.

    El artículo 1334 del Código Civil dispone:

    "Artículo 1334. Cuando el arrendador de una casa o de parte de ella, destina a la habitación de una familia o de una tienda, o almacén, o establecimiento industrial, arrienda también los muebles, el arrendamiento de éstos se entenderá por el tiempo que dure el de la finca arrendada".

    En el supuesto contemplado en el artículo anterior se trata de una norma interpretativa.

    El artículo 41 del Código Civil preceptúa:

    "Artículo 41. La existencia de la persona natural principia con el nacimiento; pero el concebido, si llega a nacer, en las condiciones que expresa el artículo siguiente, se tiene por nacido para los efectos que le favorezcan.

    Salvo prueba en contrario y a los efectos del presente artículo, al nacido se le presume concebido trescientos días antes de su nacimiento".

    En este caso se trata de una ficción.

    Finalmente, y para terminar, tenemos que el artículo 425 del Código Civil establece lo siguiente:

    "Artículo 425. La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caos en que llegue a adquirirse la herencia.

    El que válidamente repudia una herencia, se entiende que no la ha poseído en ningún momento".

    Se trata, igualmente, de una ficción.

    Por otra parte la jurisprudencia en ocasiones ha estimado que la prescripción entraña una presunción de renuncia a un derecho, lo cual es inexacto, porque no existe norma legal que así lo establezca y, además, porque la prescripción es una determinación de la Ley a efecto de dar seguridad a las relaciones jurídicas.

    TEORÍA DE LA COSA JUZGADA COMO PRESUNCIÓN. REFUTACIÓN

    La naturaleza de la cosa juzgada ha sido objeto de estudio por parte de los autores. Durante mucho tiempo los civilistas se dedicaron a examinar la cuestión y aparece así regulada en los Códigos Civiles de Francia y España. Hoy, sin embargo, predomina la idea de que se trata de una institución netamente procesal y han sido los procesalistas quienes se han preocupado de dilucidar su naturaleza.

    Su relación con nuestro tema se han dado dos tesis.

    A. Teoría de la Presunción de Verdad.

    Es la teoría recogida por el Código derogado y por nuestra jurisprudencia. Procede del Código Civil francés, que a su vez se inspiró en las enseñanzas de P.. Del Código Civil francés (Art. 1351), pasó al Código Civil italiano (Art. 1350), de allí al Código Civil español (Arts. 1251, 1252) y a nuestro Código Judicial (Art. 769 del Código Judicial).

    Conforme a esta teoría, sentencia produce efectos de "cosa juzgada", porque una vez ejecutoriada, contiene la verdad objetiva de hecho y de derecho, y lleva una presunción iure et de iure. Ya en una obra clásica colombiana de derecho procesal, la del Dr. D.P. (padre P.B.P., este autor discutía la cuestión así:

    "La autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada aparece clasificada entre las presunciones de derecho, y se conserva como una tradición secular en todas las legislaciones. ¿Pero, es exacto que sea una presunción? Ella no tiene el carácter de tal, a pesar del principio que la coloca en el número de las presunciones: rejudicata pro veritate habetur. La presunción es una inducción fundada en la observación de ciertos hechos que se aplica a un hecho del mismo orden, y en la presunción no solamente la existencia del hecho en el cual se apoya la cosa juzgada se ve así desde un ángulo probatorio. La inducción, debe hallarse previa y claramente establecida, sino que la inducción misma se deriva de una probabilidad, cuya fuerza, ya lo hemos indicado, puede variar a lo infinito; luego es claro que el expresado principio asienta no una verdadera inducción, sino una ficción, porque no nace de la observación de los hechos, sino del interés social, como lo reconocen los juristas y las mismas leyes. Su base es la conformidad o la abdicación hecha de antemano por los asociados ante la sentencia ejecutoriada, para el caso concreto que ella comprende, y su existencia con la irrevocabilidad que se le confiere depende del sistema adoptado en la organización judicial". (Práctica Forense).

    Aún hoy algunos autores franceses siguen aferrados a esta concepción. En vía de ejemplo, J.V. y S.G. en la 21ª edición de su Procedure Civile (P.D., 1987) anotan: "Le jugement a une valeur legale; une presomption de verité est attacheé a lui".

    Nuestro Código Judicial derogado (reproduciendo normas del Código Judicial colombiano y éste a su vez del Código Civil español) recogía esta teoría e incluía la cosa juzgada entre las normas probatorias y la calificaba de `presunción de verdad´. Así la corte Suprema había expresado:

    "La cosa juzgada es una presunción de verdad, y se funda en consideraciones de orden social, moral y jurídico". (H., T.V., Nº 48).

    En sentencia de la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, de 30 de junio de 1955 (R. J. 1, p. 218), se reitera que esta concepción es doblemente censurable:

    Caben las siguientes objeciones:

  8. La presunción no es un medio de prueba, sino una norma sobre carga de la prueba;

  9. La cosa juzgada no es tampoco una presunción, puesto que no se requiere de una presunción para encontrarle justificación a la cosa juzgada.

    Basta considerar que se trata de una determinación del Estado, para los efectos de lograr certeza y estabilidad jurídica.

    Los Códigos modernos -el italiano, por ejemplo- no incluyen la cosa pagada en la categoría de las presunciones judiciales. El actual Código Judicial nuestro tampoco.

    B. Teoría de la ficción de la verdad.

    S. en su sistema concibió la cosa juzgada como ficción de verdad. La fuerza de la sentencia se funda en una ficción de verdad. La cosa juzgada surge así como una "ficción de verdad que protege las sentencias definitivas contra todo ataque y toda modificación".

    Como explica R., mientras la teoría de la ficción de la verdad parte de la hipótesis de que la sentencia puede ser errónea y trata de justificar esta posibilidad por medio de una ficción, la teoría de la presunción de verdad parte, en cambio, de la hipótesis opuesta, a saber, de la probabilidad de que la sentencia no contenga error y transforma esta hipótesis solamente probable, en presunción absoluta. Pero ambas hipótesis son extrañas al derecho: el Estado presta su actividad jurisdiccional declarando qué es el derecho en el caso concreto; la presta del mejor modo posible, rodeándola de todas las garantías posibles; admite cierto número de veces la posibilidad del error; a pesar de todo, los medios del conocimiento humano son imperfectos; después de estas garantías, más allá de estos nuevos exámenes sucesivos, la hipótesis del error no se admite ya; desde el punto de vista del derecho el error ya no existe. Pero con todo, no se ha transformado una verdad sujetiva y absoluta, y si se quiere hablar de presunción de verdad hay que hablar de ella como algo fuera del derecho.

    C. CRITERIO ACTUAL

    La cosa juzgada es el resultado de una decisión de política jurídica, mediante la cual se impide que se vuelva a discutir lo resuelto mediante sentencia ejecutoriada, al darse ciertos presupuestos, a efecto de darle certeza a las situaciones o relaciones jurídicas controvertidas.

    EN CASACIÓN

    Prueba Indiciaria

    La jurisprudencia francesa, como regla, reserva la apreciación de la prueba indiciaria a los tribunales de instancia y declara que no es perturbable en casación la evaluación que hace el tribunal de instancia. Ello tiene explicación en Francia en donde la casación persigue (a lo menos en principio) un fin nomofiliático -defensa objetiva del derecho- y en donde no existe, como en nuestro país, la causa de "error de derecho" o "error de hecho" respecto a la prueba, de suerte que en principio, el tribunal de casación francés no entra en la valoración probatoria como tal.

    Pero, en nuestro sistema la circunstancia de que se le sujete a la sana crítica no significa que la apreciación de la prueba indiciaria escape al control de la casación. Así lo ha resuelto la jurisprudencia dominante de la Sala Primera de la Corte en contraste con ciertos precedentes esporádicos anteriores de la Sala Tercera. De este modo la evaluación probatoria en materia de indicio puede dar margen en los siguientes supuestos:

    1. Si el tribunal se funda en hechos indicadores que no han sido comprobados. Los hechos indicadores, como preceptúa el art. 96 del Código Judicial, deben estar debidamente acreditados. En relación con esta materia debe recordarse el principio de que "un indicio no debe descansar en otro indicio". (Presumtum de praesumpto non admitur").

    2. Si el tribunal se funda en indicios no necesarios, y éstos no son graves, precisos y conexos.

    3. Si la prueba indiciaria está excluida, ya que se requiere un medio específico de prueba. (V. gr: para acreditar la existencia de actos solemnes).

    4. Si se considera que hay varios indicios; siendo que en realidad los varios hechos o argumentos confluyen a un solo indicio.

    5. Si el tribunal omite tomar en cuenta indicios debidamente probados.

    "La causal de error de derecho en la apreciación de la prueba indiciaria, a que se contrae especialmente en este aspecto del recurso, debe apoyarse en la demostración de que el T. en sus presunciones parte de hechos no probados para deducir otros, lo cual quebrantaría el art. 763 del C.J. o de que sus conclusiones se basan en indicios no necesarios, con lo cual el fallo infringiría el 778 ibídem. (S. 5 de abril de 1948, V.F.G.N. 189)".

    Jurisprudencia

    "En cuanto a los indicios o conjeturas, que dicho sea de paso el recurrente no precisa, por no haber formulado los cargos contra la sentencia en cada motivo, el reparo no procede en casación sino en determinados casos. La doctrina de la Sala es que en casación sólo es viable atacar la apreciación probatoria del fallador de segunda instancia sobre los indicios, en los siguientes casos excepcionales:

  10. Cuando se haya dado por probado un indicio, que no lo está.

  11. Cuando se haya pasado por alto uno cuya estimación impondría conclusiones distintas de las aducidas sobre el tema respectivo, o que con este resultado se haya obtenido por no probado un indicio a pesar de estarlo.

  12. Cuando se ha faltado notoriamente a la lógica por no haber entre los indicios y su conjunto, de un lado, y de otro, las deducciones del Tribunal, el vínculo de causalidad que obligatoriamente ha de atar a aquéllas con éstas". (S. dic. 21, 1971, K. -R.A.. R.J. Nº 1 de 1971, Pág. 279).

    Jurisprudencia

    "Según doctrina sentada por la Corte es viable aceptar la apreciación probatoria del fallador de segunda instancia sobre los indicios en los siguientes casos excepcionales:

    1. Cuando se haya dado por probado un indicio, que no lo está.

    2. Cuando se haya pasado por alto uno cuya estimación impondría conclusiones distintas de las aducidas sobre el tema respectivo, o que con este resultado se haya obtenido por no probado un indicio a pesar de estarlo.

    3. Cuando se ha faltado notoriamente a la lógica por no haber entre los indicios y su conjunto, de un lado, y de otro, las deducciones del Tribunal, el vínculo de causalidad que obligatoriamente ha de atar a aquéllas con éstas". (S. de 23 de julio de 1980, C.M.Z., recurre en Casación dentro del Juicio Ordinario que le sigue a la CÍA. PANAMEÑA DE ACEITES. (D.A., Veinte años de jurisprudencia.)"

    La jurisprudencia colombiana ha formulado a enunciados generales en el sentido de que la apreciación de la prueba es de la soberanía del tribunal de instancia, pero como señala A.R., la propia jurisprudencia de la Corte "ha borrado" el último reducto de la tesis de la soberanía indicial del fallador de instancia, porque la apreciación de la lógica causal de un indicio o haz de indicios sería siempre un proceso mental muy humano y variable, incierto y hasta caprichoso, según los hombres, aún para apreciar si un indicio es necesario". (De la Prueba en Derecho, pág. 227).

    Es interesante la sentencia de 8 de junio de 1992. (Banco Mercantil vs. Republic National Bank Inc.), en que censuró un fallo de 2ª instancia por haber ejecutado mal la sana crítica así:

  13. También está claro que al emitir la carta de crédito el Republic Bank señaló en forma clara y no cabiera a dudas, que el aludido instrumento tendría una vigencia temporal de un año, y que este plazo se comenzaría a contar "a partir de la fecha en que se establezca el préstamo", en alusión directa e indubitable a la línea de crédito (préstamo) que el Banco Mercantil, S.A. habría de establecer a favor de M.V.U.. La aceptación de la carta de crédito por parte del Banco a quien iba dirigida o por lo menos la ausencia de objeción por parte de dicho Banco (que a la postre tiene la misma aplicación) dejó claramente plasmado que la intensión de las partes era la consignada en el documento. Por otra parte, la circunstancia de que las partes se hayan obligado a través de un "crédito documentario", no de margen para sostener, que la intención de las partes era distinta de la expresada en el documento, como pareciera alegar el fallo impugnado. es bien sabido que a propósito de los créditos documentarios el respeto a la literalidad constituye uno de los principios cardinales de este tipo de instrumento.

  14. En conclusión, el Tribunal de segunda instancia no valoró según las reglas de la sana crítica el documento contentivo de la carta de crédito que se ha transcrito, toda vez que consideró que la misma estaba vigente luego del 25 de agosto de 1983, siendo que el acuerdo entre las partes establecía con claridad meridiana que en esa fecha se extinguía la vigencia de la carta de crédito, ya que ese día se cumplía un año exacto desde la fecha en que el Banco Mercantil, S.A. concedió préstamo a V.U. (25 de agosto de 1982). Este desconocimiento de las reglas de la sana crítica implica una infracción del artículo 770 del Código de Procedimiento civil, lo cual, a su vez, ha llevado al Código de Comercio y el artículo 976 del Código Civil, ya que en sus sentencia se ignoraron los términos del acuerdo entre las partes, promoviendo un cumplimiento de la obligación alejando del teneo literal de contrato. Todo lo cual comprueba el error de derecho en la apreciación del documento privado que hemos hecho referencia, lo cual es fundamento suficiente para que este tribunal proceda a casar la sentencia impugnada.

    PRESUNCIONES LEGALES:

    Violación directa: Si se desconoce una presunción legal o se reconoce una presunción legal sin norma que la consigne.

    Aplicación indebida: Si la sentencia aplica una presunción legal sin que sea aplicable al caso. Si se aplica una presunción legal, sin que existan los presupuestos de hecho, podría ser error de hecho o de derecho, según las circunstancias concretas del caso.

    Interpretación errónea: Cuando un texto problemático que consagra una presunción legal sea interpretado en sentido contrario a su verdadero sentido o no se aplica el criterio legal correspondiente.

    NUEVAS TENDENCIAS

    La tendencia de los nuevos códigos en esta materia se pueden sintetizar así:

    1. Incluir las normas sobre presunciones legales en relación con las normas sobre carga de la prueba, y dejar de considerarlas como medio de prueba.

    2. Eliminar las presunciones judiciales de los medios de prueba, ya que pertenecen a la operación probatoria.

    3. Regular los indicios entre los medios de prueba y someterlos en cuanto a su evaluación a la regla de la sana crítica.

    4. Reducir las presunciones iure et de iure e incluso las de iure. Movimiento que inició ese gran contestatorio de los sistemas jurídicos tradicionales, J.B.. Autores modernos (v. gr: P., León Fuller) consideran que las presunciones -especialmente las iure et de iure- `deshumanizan el ordenamiento jurídico´.

    [1] Tres autores se han distinguido por su análisis de las ficciones: Bentham (Teoría de Las pruebas Judiciales), Pereleman (Les Presomptions et les Fictions en Droit Bruyland, 1974) y León Fuller (legal Fictions, Standford University Press, 1967).

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