Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Junio de 2008

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:23 de Junio de 2008
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

La licenciada A.E.T.Y., en representación de XAVIER SERRANO, ha interpuesto recurso de apelación contra el Auto de 8 de febrero de 2008 (fs.8-12), mediante la cual el Magistrado Sustanciador no admitió la advertencia de ilegalidad propuesta, en contra de los artículos 5 y 6 del Decreto N° 203 del 27 de septiembre de 1996, dictado por el Ministerio de Educación.

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La apoderada judicial de la parte advirtiente, sostiene en su escrito de sustentación del recurso, visible de fojas 13 a 16, lo siguiente:

"PRIMERO: La figura de la Advertencia de Ilegalidad se regula en nuestro derecho en el Artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, y tiene como objeto advertir que la norma o normas reglamentarias o el acto administrativo que debería aplicar para resolver el proceso, tiene vicios de ilegalidad, deberá someterse dentro de dos (2) días siguientes, a la consulta respectiva ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

SEGUNDO

Dicha Ley 38 de 2000 no prevé el requerimiento de formalidades en las Advertencias de Ilegalidad, tal como el propio M.S., lo ha confirmado.

TERCERO

Si bien es cierto, como advierte la Sala Tercera, que con respecto a los requisitos de la Advertencia de Ilegalidad para su presentación, ha sido constante y reiterativa la Jurisprudencia, al señalar, que toda vez que la Advertencia de Ilegalidad se sustancia y decide en la Sala Tercera y que como la naturaleza de esta figura guarda semejanza con la demanda contencioso de nulidad, se deben cumplir de igual forma con los requisitos de esta última, es imperante que señalemos, que la Advertencia de Ilegalidad es una CONSULTA, y no una DEMANDA, y en consecuencia, debe ser tratada como tal, sin formalidades específicas, más que la propia advertencia de los vicios de ilegalidad en cuanto a la aplicación de una norma a un acto administrativo que deba resolver un proceso, como lo contempló en su momento, la Ley que permitió su existencia y regulación.

CUARTO

Esta semejanza jurisprudencial aportada por la Sala Tercera, no encuentra asidero legal en norma alguna, que permita interpretar más allá de lo no contemplado en la Ley; y contrariamente a esta postura, encontramos pronunciamientos de la Sala Tercera en donde ha dispuesto correctamente, que los vacíos serán llenados por el Código Judicial, y las Leyes que lo adicionen y reformen, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones que corresponden a la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Resolución de 12 de febrero de 1992. Sala Tercera. Registro Judicial, I Febrero de 1992, pág.86).

QUINTO

También es cierto, que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia ha esbozado que "Es fundamental aclarar, que la Ley 38 de 2000 no establece nada en cuanto al cumplimiento de los mencionados requisitos formales en las advertencias de ilegalidad". (Auto de 11 de julio de 2002). No obstante, habiendo admitido tal hecho que guarda una justificación lógica por tratarse de una consulta de vicios de ilegalidad de una norma ante un proceso administrativo, interpreta que "tratándose de un proceso que se sustancia y decide en la Sala Tercera y cuya naturaleza guarda semejanzas con la acción contencioso-administrativa de nulidad, resulta fácil colegir que en la presente advertencia también se debieron satisfacer los aludidos requisitos. (refiriéndose a los contenidos en la Ley 33 de 1946). Auto de 11 de julio de 2002.

SEXTO

La propia Ley 33 de 11 de septiembre de 1943, establece en su Artículo 43 los requisitos que toda demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo debe tener, a saber: La designación de las partes, lo que se demanda, los hechos u omisiones fundamentales de la acción y la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación.

SÉPTIMO

Al pretender asimilar dichos requisitos a las Advertencias de Ilegalidad, estaríamos asumiendo que las Advertencias de Ilegalidad son consideradas como Demandas, lo cual desvirtúa la naturaleza, regulación y objetivo general contemplado en la Ley 38 de 2000.

OCTAVO

Refuerza nuestro argumento, el hecho de que la propia Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada por Panamá, desde 1977, establece en su Artículo 25 sobre "Protección Judicial", que "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

  1. CONSIDERACIONES DEL RESTO DE LA SALA

Quienes suscriben han de destacar que el denominado recurso de advertencia de ilegalidad, persigue mantener la integridad del orden jurídico a fin de evitar que una disposición o precepto proyecte efectos contrarios a la finalidad y principios sobre los cuales descansa el conjunto normativo.

En ese sentido, esta figura tiene su ámbito de aplicación dentro del curso de un proceso que debe ser de materia administrativa. El examen de las notas que caracterizan a la advertencia de ilegalidad, tal como lo consagra la Ley 38 de 2000, permite apreciar que ésta constituye una vía incidental que una de las partes en el proceso administrativo, puede formular a la autoridad que conoce del mismo.

De acuerdo con el numeral 9 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000, la advertencia de ilegalidad se define como una observación que formula una de las partes a la autoridad que conoce de un procedimiento administrativo, sobre supuestos vicios de ilegalidad que le atribuye a un acto administrativo que debe ser aplicado para resolver ese proceso.

Después de examinar los argumentos expuestos por la parte afectada con el Auto objeto de impugnación, esta Superioridad estima que la resolución recurrida debe confirmarse, pues, como señala el Magistrado Sustanciador, en el presente negocio no se cumplió con las formalidades legales contendidas en la Ley 135 de 1943, específicamente lo que atañe a los artículos 44 y 43, numerales 1, 2, y 4, concernientes a la aportación de la copia debidamente autenticada del acto acusado; y lo que debe contener toda demanda que sea presentada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respectivamente.

Para un mejor entendimiento de lo aquí arribado, esta S. ha mantenido esta línea jurisprudencial en los precedentes consultables a continuación:

  1. Auto de 7 de marzo de 2005

    "...

    La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado en reiteradas ocasiones que para la presentación de una advertencia de ilegalidad se deben cumplir con los mismos requisitos que se exigen para una demanda contenciosa de nulidad. A manera de ejemplo, citamos el Auto de 9 de septiembre de 2004, cuya parte pertinente dice así:

    Con respecto a los requisitos de la advertencia de ilegalidad para su presentación, ha sido constante y reiterativa la Jurisprudencia en señalar, que toda vez que la advertencia de ilegalidad se sustancia y decide en la Sala Tercera y que la naturaleza de esta figura guarda semejanza con la demanda contencioso de nulidad, se deben cumplir de igual forma con los requisitos de esta última. (B., S. A. vs. Ente Regulador de los Servicios Públicos).

    Ahora bien, entre los requisitos que señala el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, tenemos "una copia del acto acusado" y tratándose actos publicados en periódicos oficiales, -caso de la Resolución Nº 31 de 2 de febrero de 2002, el artículo 45 ibídem nos dice que para que se reputen copias hábiles, deberán estar debidamente autenticadas por los funcionarios correspondientes.

    No obstante, en el proceso en estudio se presentó copia simple de la Resolución Nº 31 de 2 de febrero de 2002 a través de la cual se aprueba el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-51-2002 emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias tal como fue promulgada en la Gaceta Oficial Nº 24,501 de 28 de febrero de 2002, incumpliéndose de esta forma con lo expuesto en las disposiciones legales arriba mencionadas. Cabe destacar, que este hecho no ha sido cuestionado por el propio apelante, quien únicamente se limita a lo largo de su recurso de apelación a afirmar quepresentó ante la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) una copia de la Gaceta Oficial Nº 24,501 de 28 de febrero de 2002, sin aseverar que estaba autenticada.

    Ante lo expuesto, este Tribunal concluye que el actor no aportó copia autenticada de la Resolución Nº 31 de 2 de febrero de 2002, en la cual se encuentra el artículo segundo cuya ilegalidad se advierte, razón por la cual resulta procedente confirmar el auto apelado.

    Por consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 15 de diciembre de 2004, que NO ADMITE la advertencia de ilegalidad promovida contra el "Artículo Segundo" de la Resolución Nº 31 de 2 de febrero de 2002, a través de la cual se aprueba el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-51-2002 emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias.

    ..."

  2. Auto de 16 de mayo de 2005.

    "...

    Aunado a lo expresado, esta Superioridad observa que el apelante no individualizó las normas que estima violadas con la aplicación del acto advertido, así como tampoco enunció de forma clara e individualizada su concepto. Sobre el punto es necesario indicar que de acuerdo a los pronunciamientos de la Sala Tercera de la Corte, dada la semejanza existente entre la demanda contencioso administrativa de nulidad y la advertencia de ilegalidad, y en vista de que esta última se sustancia y decide en la Sala Contencioso Administrativa, le son aplicables los requisitos legales exigidos por la Ley 135 de 1943 necesarios para su admisión.

    En tal sentido, conviene traer a colación los Autos de 11 de julio de 2002 y de 24 de julio de 2003, los cuales, en su parte pertinente, son del tenor siguiente:

    "Es fundamental aclarar, que la Ley 38 de 2000 no establece nada en cuanto al cumplimiento de los mencionados requisitos formales en las advertencias de ilegalidad. No obstante, tratándose de un proceso que se sustancia y decide en la Sala Tercera y cuya naturaleza guarda semejanzas con la acción contencioso-administrativa de nulidad, resulta fácil colegir que en la presente advertencia también se debieron satisfacer los aludidos requisitos. Al respecto, el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 33 de 1946 es claro al indicar que a toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:... 3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción." (Auto de 11 de julio de 2002)

    "Por otro lado, resulta importante destacar que, dada la semejanza entre la demanda contencioso administrativa de nulidad y la advertencia de ilegalidad, y en vista de que, ésta última se sustancia y decide en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, le son aplicables los requisitos legales exigidos por la Ley 135 de 1943 (modificada por la Ley 33 de 1946) necesarios para su admisión." (Auto de 24 de julio de 2003)

    En virtud de las consideraciones expuestas, el auto venido en apelación debe confirmarse.

    Por consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el auto de 21 de enero de 2005, por medio del cual no se admitió la advertencia de ilegalidad, interpuesta por el licenciado A.R. en representación de CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.

    ..."

  3. Auto de 25 de mayo de 2007

    ...

    Se aprecia además, que el libelo de advertencia no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 73 de la Ley 38 de 2000, y con las formalidades que esta Sala viene exigiendo, para los efectos de admisibilidad, recordando en este sentido, que de acuerdo a los pronunciamientos de la Sala Tercera de la Corte, dada la semejanza existente entre la demanda contencioso administrativa de nulidad y la advertencia de ilegalidad, le son aplicables los requisitos legales exigidos por la Ley 135 de 1943 necesarios para su admisión. (cfr. autos de 10 de septiembre de 2003; 24 de julio de 2003; 22 de agosto de 2003; 16 de enero de 2004; 8 de enero de 2004, entre otras).

    ...

    En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera concluyen que al tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 38 de 31 de julio de 2001 y de lo establecido en la jurisprudencia de la Sala, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, la presente advertencia de ilegalidad es inadmisible, por lo que debe confirmarse el auto venido en apelación.

    Por consiguiente, el resto de los Magistrados, actuando en su condición de Tribunal de Apelaciones, en nombre de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN, el Auto de 8 de febrero de 2008, que NO ADMITE la advertencia de ilegalidad presentada por la licenciada A.E.T.Y., en representación de XAVIER SERRANO.

    N.,

    VICTOR L. BENAVIDES P.

    WINSTON SPADAFORA FRANCO

    JANINA SMALL (Secretaria)