Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución28 de Junio de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 28 de Junio de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 1381-18

VISTOS:

Conoce el Pleno de esta Corporación del proceso constitucional de A. de Garantías presentado por la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S., a través de su apoderada judicial, la firma forense 360 Consulting Group contra la Sentencia N°234-PJCD-1-2017 de 11 de septiembre de 2017, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión Número Uno (1), del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, dentro del proceso laboral por despido injustificado instaurado por el trabajador J.L.G., en contra de esa empresa y la CONSTRUCTORA PITTI, S., decisión confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, mediante Sentencia de 23 de noviembre de 2018.

  1. ACTO OBJETO DEL AMPARO

A través de la resolución impugnada mediante esta Acción de A. de Garantías, la Autoridad laboral, se adoptan las siguientes decisiones:

"PRIMERO: DECLARA INJUSTIFICADO EL DESPIDO DEL SEÑOR J.L.G. CON CÉDULA ...

SEGUNDA

CONDENA A LA CONSTRUCTORA PITTI S. Y ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AL PAGO DE QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 40/100 (B/.15,422.40) DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

EL RESTO DEL CONTRATO ARTÍCULO 227 ..........B/.15,422.40

TOTAL ......................................................B/.15,422.40

Costas: 10 % del total de la condena."

Contra la decisión, ambas empresas presentaron Recurso de Apelación, que fue resuelto por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, mediante Sentencia de 23 de noviembre de 2018, confirmando la decisión primaria, modificando la parte resolutiva solo en lo referente de negar las Excepciones de Prescripción e Inexistencia de la Relación de Trabajo y de la Obligación invocadas por la CONSTRUCTORA PITTI, S., y adiciona el 5% a las costas de la primera instancia.

  1. GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

    El apoderado judicial del amparista aduce que la actuación de la Junta de Conciliación y Decisión N°1 es violatoria a los artículos 17, 18, 19 y 32 de la Constitución Política, que consagran la obligación del Estado de asegurar los derechos y deberes sociales e individuales, el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la garantía del debido proceso, respectivamente.

    Señala la apoderada judicial del amparista que, el artículo 17 constitucional es vulnerado por falta de aplicación, al ignorar el contenido del artículo 227 del Código de Trabajo, en cuanto a que, en caso de despido injustificado antes de la terminación del contrato, cuando sea Contrato por Tiempo Definido o por Fase de Obra, se pagará igual salario del que el trabajador debió percibir por el resto del contrato de trabajo, no obstante el monto de la condena es excesivo, en contraposición al salario de B/.3.57 por hora que tenía el trabajador. También se alega que la cuantía se basa en la obra principal y no en la fase para la cual fue contratado.

    En cuanto a los cargos de violación al debido proceso, derecho y garantía consagrados en el artículo 32 de la Constitución, sostiene que fue vulnerado porque la demanda a todas luces estaba prescrita, en razón de lo que preceptúa el artículo 8 de la Ley No.72 de 15 de diciembre de 1975, que establece las disposiciones relacionadas con el Contrato de Trabajo de la actividad de la construcción, regulado por el artículo 279 del Código de Trabajo, en concordancia con el artículo 1 de la Ley No.7 de 25 de febrero de 1975, por medio del cual se crean dentro de la Jurisdicción Especial de Trabajo, las Juntas de Conciliación y Decisión.

    Sustenta esta violación señalando que, la fecha del despido fue el 12 de diciembre de 2016, no obstante el trabajador presentó su demanda ante los Juzgados Seccionales de Trabajo el 4 de enero de 2017, cuando la competencia era obviamente de las Juntas de Conciliación y Decisión; situación que si bien fue subsanada por dicho Tribunal al declinar la competencia, el transcurso de ese error procesal causado por el demandante hace que al ser admitida la demanda en la Junta de Conciliación y Decisión, la misma ya estuviera prescrita, pues había transcurrido en exceso el mes para reclamar el despido injustificado.

    Adicional, señala que la violación al debido proceso también se produce cuando se condena a la empresa a pagar por la totalidad de la obra y no por la fase para la cual fue contratado el trabajador. Esta alegación también constituye el sustento del cargo de infracción del artículo 18 de la Constitución Política, ya estima que se lleva a un daño pecuniario al amparista al imponerle la obligación de un pago más allá de lo que se debía.

    En razón de esa condena, que califica como exorbitante, el activador constitucional estima que la decisión fue en detrimento de la empresa, por considerarla la parte más fuerte (económicamente) de la relación de trabajo, sin verificar la extensión de la fase para la cual fue contratado el trabajador, concediendo lo pedido sin realizar el cálculo justo correspondiente para cumplir con lo establecido en el artículo 227 del Código de Trabajo, motivo por el cual considera que se vulneró el artículo 19 de la Constitución Política.

  2. INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

    Luego de que esta Corporación de Justicia admitiera la presente acción constitucional y le requiriera a la Junta de Conciliación y Decisión N°1, se recibe, el 21 de enero de 2019, el Informe respectivo solicitado en relación con los hechos materia de esta Acción de A., mediante Oficio N°001-PJCD-1-2019, a través del cual se comunica que el expediente fue remitido al Juzgado Seccional de Trabajo de la Primera Sección, en Turno, para la Ejecución de la Sentencia. Conforme a lo anterior, este Tribunal solicita el expediente laboral al Juzgado Seccional de Trabajo, para hacer la revisión solicitada, de la actuación.

  3. DECISIÓN DE LA CORTE

    Luego de surtidos los trámites legales correspondientes, esta Máxima Corporación de Justicia, con fundamento en la competencia que le confiere el artículo 2616, numeral 1, del Código Judicial, procede a decidir la Acción de A. planteada contrala Sentencia N°234-PJCD-1-2017 de 11 de septiembre de 2017, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión Número Uno (1), del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, dentro del proceso laboral por despido injustificado instaurado contra las empresas ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S., y CONSTRUCTORA PITTI, S., resolución que fue confirmada en segunda instancia. La decisión que se estima infringe derechos fundamentales a la empresa amparista, declara injustificado el despido del trabajador J.L.G. y condena a las empresas al pago de salarios a favor del trabajador, por el monto de B/.15,422.40, en razón al salario que debió devengar por el resto del Contrato por Fase, que suscribió con la empresa.

    Previo a adentrarnos a las consideraciones de fondo, es importante señalar que el control de constitucionalidad que realiza esta Máxima Corporación de Justicia se ejerce a través de las distintas acciones constitucionales que se han establecido para garantizar los derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta Máxima.

    En esta causa, se ejercen un control subjetivo, a través del A. de Garantías Constitucionales, que constituye una acción concreta de garantía subsidiaria, que conlleve de forma efectiva e idónea a proteger situaciones jurídicas infringidas, frente a un daño grave e inminente, teniendo como objeto proteger a las personas contra actos u órdenes arbitrarias emanadas de la autoridad, que violen directamente los derechos fundamentales y humanos, y así, restituir al agraviado dichos derechos.

    Dentro de este marco conceptual, el activador constitucional aduce que la decisión proferida por la Autoridad administrativa laboral, le han vulnerado la obligación del Estado de asegurar los derechos y deberes sociales e individuales, el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la garantía del debido proceso, respectivamente, contenidos en los artículos 17, 18, 19 y 32 de la Constitución Política.

    Las violaciones se sustentan principalmente, en que el proceso laboral que se presentó por despido injustificado, estaba prescrito al momento en que fue de conocimiento de la Junta de Conciliación y Decisión, puesto que, al presentarlo equivocadamente en los juzgados seccionales de trabajo, al ser declinado el conocimiento al Tribunal competente, estiman que no se dio la interrupción del término de prescripción. Por otro lado, consideran que la condena a los salarios dejados de percibir no corresponde con el tiempo de terminación de la fase de la obra para la cual fue contratado el trabajador, sino por la obra en general.

    Respecto a lo planteado por la empresa, de la lectura de la Sentencia, que reposa de foja 8 a 13 del expediente de A., se aprecia que la decisión de la Junta de Conciliación y Decisión N°1 fue adoptada por unanimidad por los Miembros de la Junta de Conciliación y Decisión; y en ella se entran a analizar los aspectos en que sustenta el activador constitucional la falta al debido proceso y los otros derechos fundamentales que alega vulnerado.

    Respecto a la Excepción de Prescripción alegada en el proceso laboral, la Junta de Conciliación y Decisión entra a analizarla, concluyendo que al ser presentado el reclamo laboral el 4 de enero de 2017 en la vía jurisdiccional, se entiende presentada dentro del plazo del mes que dispone el artículo 8 de la Ley No.72 de 1975.

    Con referencia a las prestaciones laborales que se adeudan al trabajador, señala la Sentencia que la empresa no acreditó en el expediente la cancelación en su totalidad de las prestaciones laborales al trabajador demandante, parte a quien le corresponde la carga de la prueba al respecto. De la misma forma, luego de analizar el Contrato de Trabajo, la carta de terminación de la relación de trabajo y las cláusulas pactadas, así como los señalamientos del trabajador, en la Sentencia nuevamente se señala que la empresa no aportó prueba alguna que desvirtuara al actor, en relación con la terminación de la obra, y, además señala que en el Informe de Inspección de la obra realizado el 17 de agosto de 2017 por la Autoridad administrativa de trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Región San Miguelito, al proyecto que realizaba la empresa demandada, se da cuenta que la fase de excavación y colocación de líneas sanitarias, le hacía falta un porcentaje del 40 % para la culminación del total de dicha fase de la obra, pactada por las partes del proceso en el Contrato de Trabajo. En razón de ello es que se declara el despido injustificado, por la no conclusión de la fase de la obra para el cual fue contratado.

    Al revisar el expediente del proceso laboral, también se aprecia en la Sentencia dictada, como Tribunal de alzada, por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, que los temas sobre los cuales se sustentan los cargos de violación alegados por la activadora constitucional también fueron examinados, valorados y ponderados, con las normas aplicables, pruebas aportadas y jurisprudencia en referencia, concluyendo, en el tema de la prescripción que, la presentación de la demanda interrumpió el termino de prescripción de conformidad con lo preceptuado en el numeral 7 del artículo 12 del Código de Trabajo, y ante el hecho de que no se presentó una nueva demanda ante las Juntas de Conciliación y Decisión, sino que dentro del mismo proceso presentado ante los Juzgados Seccionales de Trabajo se declina la competencia hacia la Autoridad administrativa laboral; análisis que complementa con la jurisdicción de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

    Igualmente, analiza el Tribunal Superior de Trabajo sobre la forma de terminación de la relación de trabajo, de lo cual señala que la empresa ahora amparista reconoció que el trabajador fue despedido con una causal que no se aplica (Artículo 212, numeral 1, del Código de Trabajo); así como afirma el Tribunal el contenido del Informe de Inspección y de Re Inspección realizados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Regional de San Miguelito, que dan cuenta del porcentaje de culminación de las fases de excavación y culminación de las líneas sanitarias; elementos determinantes para la cuantía de la condena.

    Estas circunstancias, dejan constancias de que el Tribunal competente realizó el análisis de valoración de las pruebas presentadas en el proceso y las normas aplicables, y que se da una motivación con fundamentos de hechos y de derechos, que sustentan la decisión adoptada, lo que presupone que el proceso fue ejecutado de conformidad con los trámites establecidos en la Ley, con el acatamiento de las formalidades esenciales que rigen la actividad jurisdiccional, y los principios fundamentales que gobiernan de forma particular para las distintas judirisdicciones.

    Las constancias procesales, los hechos señalados y la revisión de la pretensión misma, no permiten identificar la violación constitucional alegada, puesto que el acto demandado es dictado por la Autoridad competente, de conformidad con las normas que regulan la materia laboral, y las decisiones se adoptaron sustentadas ampliamente, en razonamientos de hechos y del derecho aplicable.

    Todo lo expuesto, permite constatar a esta Corporación de Justicia que los razonamientos del amparista están orientados a objetar el juicio de valor expuesto por la jurisdicción especial de trabajo, respecto a los hechos en que se sustentan la Acción de A., que fueron ampliamente considerados y analizados por la Junta de Conciliación y Decisión No. Uno (1) y, en segunda instancia, como organismo revisor, por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial; y con ello, se evidencia la intención de que el Pleno de esta Corporación de Justicia examine la decisión primaria, las interpretaciones de las leyes y la valoración que llevó a cabo el juzgador de instancia y el Tribunal de alzada, actuando como una tercera instancia, contrario a la finalidad de este mecanismo de garantía.

    Es menester señalar que el debido proceso como garantía tiene una consolidada existencia en nuestro Estado de Derecho, como una institución esencial para asegurar la protección de los derechos fundamentales, de forma tal que se encuentre debida y claramente regulado para que las personas tengan un acceso eficaz a un sistema de justicia sin restricciones, ante juzgadores independientes e imparciales que sustancien sus causas en un plazo razonable sin dilaciones injustificadas, y se les permite una defensa idónea, el ejercicio del derecho probatorio y la resolución de su causa, a través de una Sentencia debidamente motivada, ejecutable y que se brinden los mecanismos para su cumplimiento efectivo.

    Como ha manifestado esta Superioridad en múltiples ocasiones, siguiendo al D.A.H., "la garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32 consiste en una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos." (A., H., El Debido Proceso, Editorial Temis, S., Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54)

    Por consiguiente, en la presente causa constitucional, no se ha acreditado la violación al debido proceso, garantía contenida en el artículo 32 de la Constitución Política. Por ende, al ser este el sustento utilizado en los cargos de vulneración del derecho a la igualdad, ante la cuantía a la que fue condenada la empresa; del principio de legalidad, y de la obligación del Estado de garantizar los derechos y deberes sociales e individuales, ante el supuesto incumplimiento de las normas procesales laborales; se debe concluir que tampoco se acreditaron las violaciones de los artículos 17, 18 y 19 de la Constitución Política.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales, presentada por la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S., mediante su apoderada judicial la firma forense 360 Consulting Group contra la Sentencia N°234-PJCD-1-2017 de 11 de septiembre de 2017, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión Número Uno (1), del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C.

    (Secretaria General)

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