Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 28 de Junio de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución28 de Junio de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 28 de Junio de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 1273-17

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la apelación interpuesta dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales, presentada por el Licenciado L.G.Z., en representación de D.L.D. contra la Resolución fechada 11 de octubre de 2017, por la J.a de Garantías de la Provincia de Coclé.

  1. ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO

    La resolución fechada 11 de octubre de 2017, en la cual la J.a de Garantías de la Provincia de Coclé decidió rechazar por improcedente la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por el Licenciado L.G.Z. en representación de la víctima D.L.D., dentro del proceso identificado con el número 2016-00016113 y en consecuencia NO REMITIRLO al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

  2. LA ACCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

    Señala el activador constitucional que el día 21 de septiembre de 2017, fue informado por la F. Adjunta de Circuito de la Provincia de Coclé, que se pretendía celebrar un Acuerdo de Pena con el señor JULIO M.Q., imputado por delito de Lesiones Personales en perjuicio de su representado D.L.D..

    En virtud de lo anterior, presentó una Advertencia de Inconstitucionalidad ante la F.ía Adjunta de Circuito de Coclé, sin embargo, en audiencia realizada el día 2 de octubre de 2016, ante el J. de Garantías de esa provincia, se decidió que su solicitud era improcedente, toda vez que dicha Agencia del Ministerio Público no es una Autoridad jurisdiccional competente para resolverla y que en todo caso debía presentarla ante la Oficina Judicial de Coclé, lo cual hizo.

    Sigue señalando el accionante que mediante Resolución fechada 11 de octubre de 2016, la J.a de Garantías de la Provincia de Coclé, resolvió a través de resolución escrita rechazar por improcedente la Advertencia de Inconstitucionalidad; lo que a su consideración es contrario a derecho porque en el control previo de admisibilidad debe realizarse un análisis formal de la demanda con el propósito de determinar: si la disposición ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, si la norma ya fue aplicada y si la norma advertida es aplicable al caso.

    En el primer supuesto, aclara el recurrente que esta Corporación de Justicia ha señalado que debe ser un pronunciamiento en cuanto a la Inconstitucionalidad de la norma advertida y no de otro tipo; y por el contrario la J. confunde un pronunciamiento de esta Corte Suprema de Justicia dictado en una Acción de A. de Garantías con los fundamentos que se utilizan ante una Advertencia o Consulta de Inconstitucionalidad, los cuales tienen sus diferencias y no pueden ser confundidos, lo que hizo la J. al citar un fallo relacionado a una Acción de A. de Garantías, para fundamentar que esta Corte ya se ha pronunciado respecto a la constitucionalidad del artículo 220 del Código Procesal Penal.

    En cuanto al segundo criterio, es decir, si la norma atacada de inconstitucional ya ha sido aplicada, estima que la J. falla contrario a derecho cuando señaló: que la sola comunicación de la posible aplicación de un acuerdo de pena, que no ha sido presentada ante un J. de Garantías, no produce de manera automática la terminación anticipada del proceso y la imposibilidad de recurrir; lo anterior, porque considera que en esa materialización de acuerdos, pueden existir vicios o infracciones que justifiquen la interposición de vías recursivas, para que en segunda instancia se dirima cualquier desacuerdo, o para solicitar la reparación del daño ante las instancias correspondientes.

    Lo anterior porque, en este caso la norma no había sido aplicada, aclara que ningún fallo de la Corte ordena que ese requisito previo, de admisibilidad de la Advertencia, sea para dilucidar aspectos procesales, tales como que aún no ha sido presentado ante el J. de Garantías, que el Acuerdo no produce terminación del proceso, ni que se puede recurrir y acudir a las instancias correspondientes para reparación del daño causado. Que la J. no tomó en cuenta que la norma atacada señala que el Ministerio Público y el imputado pueden realizar Acuerdos, que deberá ser presentado por el F., al J. de Garantías, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos y garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad.

    Aclara el accionante que la F. le comunicó verbalmente que se iba a realizar un Acuerdo de Pena con el imputado y que su inquietud era que si esperaba a que se suscribiera tal Acuerdo, se le podía indicar que ya el artículo 220 del Código Procesal Penal había sido aplicado, siendo así extemporánea la acción porque la norma indica que una vez realizado el Acuerdo, se acudirá ante el J. de Garantías; por otro lado, si esperaba que el Acuerdo se presentara ante el J. de Garantías, podía alegarse que la Advertencia era extemporánea, pues el J. no realiza Acuerdos.

    Señala que en la audiencia celebrada el 2 de octubre de 2017, la F. se refirió al Acuerdo, por lo que no se puede decir que se trata de un supuesto; y en ese sentido el momento oportuno para advertir la Inconstitucionalidad de la norma, es antes que el Ministerio Público realice el Acuerdo y no después.

    En cuanto al tercer criterio para el control previo de Inconstitucionalidad, no es motivo de discusión, toda vez que el artículo 220 del Código Procesal Penal, es el que se aplica en los Acuerdos de Pena.

    Con lo anterior, el Licenciado Zúñiga considera que se le ha vulnerado el derecho de defensa de su representado, violentando el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual señala que no se le deben poner obstáculos a las personas que acudan a los Tribunales en busca de la protección de sus derechos, y en este caso su defendido acudió como víctima para hacer valer el derecho contenido en el artículo 206 de la Constitución Política; es decir, de advertirle al juzgador que la norma que se pretendía aplicar en su caso es inconstitucional, sin embargo fue negado fundamentado en valoraciones contrarias a la ley.

    Finalmente solicita que se disponga que a la Advertencia de Inconstitucionalidad se le imprima el trámite correspondiente, establecido en el artículo 206 de la Constitución Política.

  3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    Mediante Sentencia de 9 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, como Tribunal Constitucional de primera instancia, NO CONCEDIÓ la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida, en base a que la J. de Garantías emite su decisión de rechazar por improcedente la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada, y por ende no remitirla a esta Corte Suprema de Justicia, toda vez que es la J. competente para realizar el control previo, y en virtud de ello realizó una valoración, basada en las normas que rigen el tema y los pronunciamientos emitidos por esta Corporación de Justicia.

    El Tribunal Superior señala que, tomando en cuenta los fallos del Pleno de la Corte respecto al artículo 220 del Código Procesal Penal, en materia de A.s, puede concluir que dicho artículo ya ha sido estudiado por esta Máxima Corporación de Justicia, estableciéndose que dicha norma no vulnera ningún derecho o garantía consagrada en la Constitución Política, por lo que mal se podría enviar dicha Advertencia a la Corte Suprema de Justicia, para que vuelva a examinar si esta norma es inconstitucional y en ese sentido considera correcto el control previo que hizo la J. de Garantías.

    Además, aclara el Tribunal de primera instancia que el hecho que exista intención de las partes de suscribir un Acuerdo de Pena, no necesariamente lleva a la terminación del proceso, toda vez que dicho Acuerdo debe ser presentado ante el J. de Garantías, para su valoración.

  4. POSICIÓN DEL RECURRENTE

    Dentro del término de ejecutoria de la Sentencia de 9 de noviembre de 2017, mediante la cual el Tribunal Constitucional en primera instancia, no concedió la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta, si bien la defensa de la víctima anunció Recurso de Apelación, no presentó libelo sustentando dicho Recurso, por lo que, se desconocen las razones específicas de su disconformidad; no obstante, procederemos a resolver la apelación en concordancia con lo establecido en los artículos 2625 y 2626 del Código Judicial, según las cuales el apelante podrá sustentar la apelación al interponerla y el Tribunal de segunda instancia, resolverá sin más trámite.

  5. CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Corresponde en esta etapa, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en primera instancia, con relación a la acción constitucional subjetiva incoada por el Licenciado L.G.Z. en representación de D.L.D., se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente, así como a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional de A. de Garantías.

    La Sentencia de A. venida ante esta Superioridad en grado de apelación, resolvió NO CONCEDER la acción de tutela constitucional propuesta, al considerar que la J. competente al realizar el control previo de la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada, hizo una correcta valoración de las normas que rigen el tema y de los pronunciamientos emitidos por esta Corporación de Justicia, y al encontrar que el artículo 220 del Código Procesal Penal, ya fue objeto de pronunciamiento en materia de A., por parte de esta Máxima Corporación de Justicia, decidió que lo correcto era rechazarla por improcedente y no remitir la Advertencia a la instancia correspondiente. Coincidiendo también con la J. de Garantías en que el hecho que exista la intención de que las partes suscriban un Acuerdo, no necesariamente conlleva la terminación del proceso, pues este tiene que pasar por la validación de un J. de Garantías.

    En el caso objeto de análisis, vemos que la Advertencia de Inconstitucionalidad fue rechazada, porque a criterio de la J. de Garantías, el artículo 220 del Código Procesal ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación de Justicia, en razón de un A. de Garantías Constitucionales, fechado 31 de marzo de 2016 (fs. 8); criterio que es compartido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, como Tribunal Constitucional de primera instancia.

    Ahora bien, en este punto, es indispensable aclarar que, el principio de supremacía constitucional queda garantizado en nuestro país, a través de los procesos constitucionales de control de normas y de control de actos. El control de normas se da mediante la objeción de inexequibilidad (control preventivo); la acción directa de Inconstitucionalidad o a posteriori (control abstracto), la consulta de funcionario público que administra justicia y la Advertencia de Inconstitucionalidad (control concreto). Mientras que para el control de actos se garantiza con las Acciones de Hábeas Data, H.C. y A. de Garantías Constitucionales (concreto).

    En lo concerniente al A. de Garantías es necesario establecer la naturaleza y objetivo de esta acción como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado democrático y social de derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, a fin de que sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

    Dicha garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por la República de Panamá, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece además, que dicha Acción de tutela de derechos fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

    Mientras que la Advertencia de Inconstitucionalidad, como medio de provocar el control o guarda de la constitucionalidad, tiene como finalidad evitar que una Autoridad jurisdiccional, en un proceso determinado, aplique un precepto legal o reglamentario, necesario para decidir este, que pudiera infringir el Texto Constitucional.

    La Advertencia de Inconstitucionalidad está contemplada en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución, que encuentra desarrollo legal en el artículo 2558 del Código Judicial, normas que a su tenor literal dicen:

    Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

    1. La guarda de la integridad de la Constitución...

    Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.

    Las partes sólo podrán formular tales advertencias una sola vez por instancia...

    "Artículo 2558. Cuando alguna de las partes en un proceso, advierta que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, quien en el término de dos días, sin más trámites, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia, para los efectos del artículo anterior."

    Esto en virtud de que en materia constitucional objetiva rige el principio de universalidad constitucional, que permite a la Corte Suprema en Pleno confrontar los actos acusados de inconstitucionales con la totalidad de los preceptos de la Constitución, siendo que si el juzgador encuentra que las disposiciones sometidas a su valoración pudieran transgredir mandatos constitucionales distintos a los contenidos en la demanda, o que la posible violación de esta pudiese ocurrir por causa o en forma diferente a la indicada por el peticionario, es de su potestad examinar el asunto a la luz de los preceptos de rango superior que considere pertinente, en aplicación de un principio de hermenéutica constitucional: la interpretación sistemática que se traduce en el principio de unidad de la Constitución." (Cfr. Sentencia de 23 de noviembre de 1995. Pleno. Acción de Inconstitucionalidad incoada por los L.L.C. y M.S.W. contra el artículo 775 del Código de la Familia)

    Este principio se encuentra consagrado en el artículo 2566 del texto único del Código Judicial que a continuación se trascribe:

    En estos asuntos la Corte no se limitará a estudiar la disposición tachada de inconstitucional únicamente a la luz de los textos citados en la demanda, sino que debe examinarla, confrontándola con todos los preceptos de la Constitución que estime pertinentes.

    Es decir, que mientras el A. de Garantías está dispuesto para atacar actos o decisiones que pudieran transgredir derechos fundamentales individuales, la Advertencia de Inconstitucionalidad es el examen de norma o normas que pudieran transgredir preceptos constitucionales.

    En ese marco de ideas, podemos concluir que el objeto de análisis en una Acción de A. de Garantías es el acto o decisión emitido por una Autoridad, el cual debe ser analizado bajo la luz de las normas constitucionales que se dicen infringidas; mientras que, en una Advertencia de Inconstitucionalidad, como es el caso que nos ocupa, se analiza una norma legal probable de ser aplicada, en el sentido de establecer si dicha norma viola o no la Constitución Política.

    En virtud de lo anterior, es necesario aclararle tanto al Tribunal de instancia, como al Tribunal Constitucional, que el hecho de que el artículo 220 del Código Procesal Penal, haya sido analizado en un A. de Garantías, no es óbice para que dicha norma pueda ser analizada a través de una Advertencia de Inconstitucionalidad, pues la primera se trata de un acto impugnado, mientras que en la segunda se trata de una norma legal; por lo tanto el control previo que se debe realizar es si la norma advertida de inconstitucional ya ha sido objeto de pronunciamiento por esta Corporación de Justicia a través de los mecanismos de control de actos como lo son la demanda de Inconstitucionalidad, la Advertencia o la Consulta.

    Habiendo aclarado lo anterior, esta Corporación de Justicia se percata que, mediante Sentencia de 31 de julio de 2017, el Pleno de esta Corte Suprema de Justicia, resolvió la Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 220 de la Ley N°63 de 28 de agosto de 2008, en la cual decidió que no es inconstitucional dicho artículo; es decir, la norma advertida de inconstitucional en el presente proceso, ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación de Justicia.

    Ahora bien, luego de estas aclaraciones resulta necesario verificar la regulación de la Advertencia de Inconstitucionalidad dentro del derecho panameño y en ese sentido, es importante resaltar que del artículo 206 de la Constitución Política, citado anteriormente, emerge la figura del control previo, que también ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional, y mediante el cual, el funcionario público encargado de impartir justicia que advierta o se le advierta que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, deberá someter la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte, salvo algunas excepciones; que de encontrarse le permitirá abstenerse de remitir dicha Advertencia ante el Tribunal Constitucional.

    Sobre el control previo de admisibilidad al que estamos haciendo referencia, se pronunció el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 26 de julio de 2013, que señala:

    "...Lo primero que hay que tener presente dentro de la causa que nos ocupa, es que la figura del control previo en materia de advertencias de inconstitucionalidad, nace de lo dispuesto en el artículo 206 numeral 1 de la Constitución Nacional. Queda claro con lo anterior, que es la Carta Magna la que reconoce esta figura, aun cuando no la identifica bajo ese término.

    En ese orden de ideas, observamos que en esta disposición constitucional se establece uno de los presupuestos para que se surta el control previo, mismo que también ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional, que ha establecido otros aspectos que debe considerar la autoridad al momento de realizar dicho examen.

    Concluimos entonces, que la realización del control previo por parte de las autoridades ante las que se presentan las advertencias de inconstitucionalidad, bajo los supuestos que para ello se han establecido, se constituye en una obligación con la que se debe cumplir..." (Magistrado Ponente Hernán De León) (el resaltado es nuestro)

    Por su parte la doctrina ha señalado lo siguiente:

    "La advertencia de inconstitucionalidad consiste, en que cuando en un proceso de cualquier tipo, en cualquier estado del mismo y hasta antes de la ejecutoria de la sentencia final, alguna de las partes principales, coadyuvantes o impugnantes, con la forma de una demanda de inconstitucionalidad, y siguiéndose el mismo procedimiento de los procesos constitucionales, por una sola vez en la instancia, advierta al funcionario público encargado de administrar justicia, que la disposición legal o reglamentaria, aplicable al caso y antes de que la aplique, es inconstitucional, deberá éste remitirla al Pleno de la Corte Suprema, sin suspender el proceso y continuarlo hasta dejarlo en estado de decidir, ejerciendo un control previo de admisibilidad, determinando si existe pronunciamiento al respecto por parte de la Corte o si la norma ya se aplicó o la norma advertida no es aplicable al caso." (MOLINO MOLA, E.. La Jurisdicción Constitucional en Panamá. Biblioteca Jurídica Diké. Primera Edición. Página 484) (el resaltado es nuestro)

    Queda claro entonces que la Autoridad ante quien se interpone la Advertencia, no le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha solicitud, sino que su competencia alcanza solo a realizar un control previo, a fin de determinar si hay méritos para que proceda o no con la remisión de la demanda a este Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

    En el caso objeto de análisis, la Advertencia de Inconstitucionalidad fue rechazada, porque a criterio de la Autoridad atacada, la norma ya había sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación de Justicia, y aunque el Tribunal de primera instancia se equivoca al señalar que este pronunciamiento fue en un A. de Garantías; ya hemos dejado establecido que dicho análisis se dio a través de una demanda de Inconstitucionalidad, que es la vía idónea para el examen de las normas que pudieran transgredir preceptos constitucionales; siendo dicho pronunciamiento en la Sentencia de 31 de julio de 2017, bajo la ponencia del Magistrado H.A.D.G. De Mendoza , y en la que se resolvió que "no es inconstitucional el contenido del artículo 220 de la Ley 63 de 2008 (Código Procesal Penal)."

    Dicho esto, el Pleno no logra derivar ninguna infracción legal que genere una afectación de derechos reconocidos en la Constitución Política al momento en que la J. decidió rechazar por improcedente la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por el amparista, toda vez que atendió a las facultades que le permite el artículo 206 de la Constitución Política y a lo señalado por esta Corporación de Justicia en interpretación de las normas sobre la Advertencia de Inconstitucionalidad.

    En ese sentido, al percatarse la J.a que ya existía un pronunciamiento por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, del artículo 220 de la Ley No.63 del Código Procesal Penal, decidió no remitirla ante este Tribunal Constitucional; y teniendo presente que la violación al debido proceso se centra en aspectos puntuales, los cuales han sido resueltos por esta Corporación en los términos ya expresados, podemos concluir que no se comprobó la contravención al principio del debido proceso legal establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, y el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, tal como se desprende del presente caso, y en virtud de ello, el Pleno debe finalizar señalando que la Acción de A. presentada no debe ser concedida, y a ello procede de inmediato.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de 9 de noviembre de 2017, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el sentido de NO CONCEDER la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado L.G.Z., en representación de D.L.D. contra la Resolución fechada 11 de octubre de 2017, proferida por la J. de Garantías de la Provincia de Coclé.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C.

    (Secretaria General)