Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Agosto de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución27 de Agosto de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado Julio R.T.M., en su condición de F. de Circuito, de la Sección de Decisión y Litigación Temprana contra la decisión emitida por la J. de Garantías de la Provincia de Bocas del Toro, en el acto de audiencia celebrado el día 28 de agosto de 2018, dentro de la causa criminal número 201880800018.

La decisión atacada, vía la acción constitucional de A. consistió en que el J. de Garantías de la Provincia de Bocas del Toro, solicitó al Ministerio Público que en el término de dos (2) días formulara la imputación correspondiente contra el indiciado.

  1. LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en funciones de Tribunal Constitucional de primera instancia, mediante Sentencia fechada 27 de septiembre de 2018, concedió la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la F. de la Sección de Decisión y Litigación Temprana contra la decisión emitida por la J. de Garantías de la Provincia de Bocas del Toro, en el acto de audiencia celebrado el día 28 de agosto de 2018, dentro de la Causa Penal N°201880800018.

    El Tribunal de primera instancia, al resolver la acción constitucional planteada, manifestó en la parte medular de su decisión que entre las atribuciones de la J. de Garantías, está la de conocer de todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la investigación, salvo las excepciones previstas en el artículo 44 numeral 2 del Código Procesal Penal, sin embargo, en la resolución objeto de amparo, la J. basó su decisión en lo establecido en el artículo 286 de la misma excerta legal, que regula el control judicial anterior a la formulación de la imputación.

    En ese sentido argumenta el Tribunal, que de la reproducción del audio y vídeo, se infiere que la funcionaria demandada se aparta del trámite legal previamente establecido en el artículo 32 de la Constitución Política, toda vez que tal como lo indica el amparista, al señor V.M. no se le ha limitado su libertad, ni su patrimonio, ya que no se le ha aplicado ninguna medida cautelar real ni personal del catálogo del artículo 224 del Código Procesal Penal, por lo que, mal puede el J. de Garantías instar al Ministerio Público a que en el término de dos días proceda con la formulación de la imputación, argumentando que no ha existido una tutela judicial efectiva en el proceso.

    Indica el Tribunal A quo que la funcionaria demandada rompe con el principio de separación de funciones, contemplado en el artículo 5 de la misma excerta legal, siendo que el ejercicio de la acción penal la tiene el Ministerio Público, quien es el que tiene la facultad de probar su teoría del caso en juicio, de ser necesario, por tanto, la decisión jurisdiccional es contraria a normas legales y constitucionales, vulnerando la tutela de los derechos y garantías fundamentales invocadas por el actor, violándose el debido proceso; de allí que, concede la Acción de A. de Garantías interpuesto.

  2. ARGUMENTOS DEL APELANTE

    Dentro del término de ejecutoria de la Sentencia, mediante la cual el Tribunal Constitucional en primera instancia concedió la Acción de A. de Garantías Constitucionales; el Licenciado J.C. en representación de V.D.M., como Tercero Interesado, presentó libelo de Recurso de Apelación; señalando que el Tribunal A quo, interpreta equivocadamente el verdadero espíritu del artículo 286 del Código Procesal Penal, toda vez que el control judicial anterior exige como presupuesto que a una persona se le cause un perjuicio a su patrimonio o a su libertad, sin que medie formulación de imputación, sin exigir que ese perjuicio a su patrimonio o a su libertad sea por medio de una medida cautelar, ya sea real o personal o una medida de protección, como equivocadamente lo ha interpretado el Tribunal A quo, ya que la ley protege el patrimonio y la libertad de los ciudadanos, de actos emanados por el Ministerio Público, sin distinguir la forma en que se ejerza el perjuicio en referencia; es decir, a su defendido se le causó un perjuicio a su patrimonio y libertad cuando se aplicaron medidas de protección a favor de la presunta víctima, el 25 de mayo de 2018, lo que provocó que su representado se trasladara desde Panamá hacia Bocas del Toro y viceversa, utilizando su dinero, afectando así su patrimonio de forma directa, además, se le afectó su libertad, porque tenía que asistir a las audiencias a las que ha sido citado, no pudiendo disponer de su libertad el día y hora de dichas audiencias, lo que ha tenido que hacer por seis ocasiones; situación que, a su criterio, se enmarca en el artículo 286 del Código Procesal Penal.

    Con lo anterior, considera que la J. no violentó el debido proceso, ni el principio de separación de funciones, sino que ejerció la función que le encomienda la ley al ejercer el control judicial anterior a la formulación de la imputación y el artículo 17 de la Constitución Política.

    Agrega que el Tribunal de primera instancia le restó importancia a la prueba aportada por la defensa, al entrar como Tercero Interesado en este proceso de A. de Garantías, aportando copia autenticada del resultado de la evaluación psicológica forense, que estableció que la presunta víctima no está afectada, con lo que quedó evidenciado que el F. le mintió al Tribunal de A. cuando indicó que no contaba con la evaluación médico forense.

    En virtud de lo anterior, solicita la revocatoria de la decisión de 27 de septiembre de 2018, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá y que se mantenga la decisión de la J. de Garantías.

  3. EXAMEN DEL TRIBUNAL AD-QUEM

    Corresponde en esta etapa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en primera instancia, con relación a la Acción de A. de Garantías Constitucionales incoada por el F. de Circuito, de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Provincia de Bocas del Toro, se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente, así como a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional.

    La Sentencia de A. venida a esta Superioridad en grado de apelación resuelve conceder la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta, con fundamento en que la J. de Garantías se aparta del trámite legal que establece la ley, toda vez que al investigado no se le han aplicado medidas cautelares reales ni personales, y en ese sentido no podía instar al Ministerio Público, a formular la imputación en el término de dos días, contraviniendo de esta manera con el principio de separación de funciones, en el cual el F. mantiene el ejercicio de la acción penal, a fin de probar su teoría del caso.

    Mientras que el recurrente sostiene que el Tribunal de A. de primera instancia no interpretó adecuadamente el contenido del artículo 286 del Código Procesal Penal, y en el caso bajo examen, a su defendido se le causó perjuicio a su patrimonio y a su libertad, al aplicársele medidas de protección a favor de la supuesta víctima; y por el hecho que cada vez que se realizaban audiencias tenía que trasladarse desde Panamá y C. hacia Bocas del Toro.

    Una vez planteado lo anterior, es de lugar resaltar que la Acción de A. de Garantías Constitucionales es el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado democrático y social de derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, contravenga los postulados esenciales, principios y valores en los que se sostiene el conjunto de deberes fundamentales reconocidos en el sistema constitucional panameño.

    Dicha garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por nuestro país, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece además, que dicha Acción de tutela de derechos fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

    Al respecto señala el jurista panameño J.J.J.B., que “el A. de Garantías Constitucionales se erige en un instrumento para cuando falla la garantía de protección de los derechos, con la finalidad de enmendar errores que pueden surgir dentro del sistema de protección de los derechos que ha diseñado el constituyente, de allí que se catalogue como un recurso tanto extraordinario como excepcional su naturaleza jurídica.” (J.B., J.J.. A. de Garantías Constitucionales. Fundamentos Procesales para la Protección de los Derechos Constitucionales. Editorial Portobelo. Panamá, 2015. P.. 13)

    Es precisamente la urgente necesidad de revocar una determinada orden que se deriva su naturaleza extraordinaria y excepcional, ya que solo procede cuando emitida la orden que lesione derechos fundamentales, se requiera su pronta revocación, a fin de evitar que se produzca o mantenga la lesión que acarrea el dictamen.

    Antes de entrar a analizar los argumentos expuestos por el recurrente, es conveniente resaltar la importancia del J. de Garantías dentro del nuevo modelo de justicia penal, a quien le ha sido encomendada la defensa constitucional de los derechos fundamentales al interior del proceso (en todo caso, sin que se libere al J. de Conocimiento de esa tarea), siendo su misión principal la de controlar la constitucionalidad (en términos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad) de los actos que a pesar de restringir garantías esenciales del individuo, se muestran necesarios para lograr los objetivos que se propone la administración de justicia. (CABEZAS MARTÍNEZ, C.. La Función del J. de Control de Garantías en el Proceso Penal con Tendencia Acusatoria. Ediciones Nueva Jurídica. Colombia, 2016. P.. 24)

    Si bien es claro, que el J. de Garantías se encuentra sujeto a competencias previamente definidas en la constitución y la ley, también lo es que su misión, al interior del proceso penal, es la de resguardar en la mayor medida posible los derechos fundamentales que puedan resultar afectados, sobre todo, con los actos de investigación adelantados por el Ministerio Público, quien es el encargado de formular la posterior pretensión de condena.

    Es así como en este acto judicial de control, en manos del J. de Garantías se constituye en un acto primordial que hace al debido proceso en el marco del paradigma acusatorio vigente en materia penal, constituyéndose el control, en una forma de expresión de esa garantía, ya que solo así pueden concretarse las garantías constitucionales de ser puesto frente a un J. competente, y el derecho de todo ciudadano de que su situación sea revisada por un J. natural, que es el J. de Garantías, quien adquiere el conocimiento directo de la pretensión llevada ante él.

    Por otro lado, el J. de Garantías se encuentra obligado a subsanar cualquier tipo de irregularidad o agravio de derechos fundamentales que pueda advertir en el inicio del procedimiento, como medio para asegurar la igualdad de armas con la defensa y legitimar los pasos a seguir por el Ministerio Público y la víctima o el querellante.

    En este marco de ideas, es necesario aclarar que de la escucha del audio que acompaña al expediente, nos percatamos que la audiencia realizada el 28 de agosto de 2018, guarda relación al control judicial anterior a la formulación de la imputación, contenido en el artículo 286 del Código Procesal Penal, que señala:

    286. Control judicial anterior a la formulación de la imputación. En caso de que alguna persona se le cause un perjuicio a su patrimonio o a su libertad sin que medie formulación en su contra, acudirá ante el J. de Garantías para instar la inmediata formulación de la imputación. En este caso, el J. dará un plazo de dos días al F. para que la formule y, de no hacerlo, decretará el archivo de los antecedentes si los hubiera y dejará sin efecto toda medida intrusiva que afecte al solicitante.

    Asimismo, la víctima podrá instar al F. para que se pronuncie sobre la investigación, caso en el cual se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 149 de este Código.

    Vemos que en dicha audiencia, la J. concedió la palabra a todos los intervinientes a fin de que hicieran uso del contradictorio, luego de lo cual decidió instar al Ministerio Público, para que en el término de dos días procediera a la formulación de la imputación contra el investigado; señalando entre sus fundamentos que en la presente investigación se estaban violando los derechos tanto de la víctima como del investigado, en lo relacionado a la tutela judicial efectiva y justicia en tiempo razonable, al no dar el Ministerio Público, respuesta inmediata a las peticiones, pues se trata de un supuesto delito de acoso sexual, que aunque no se afecta el patrimonio ni la libertad, tienen efectos en un proceso para que este no sea irrisorio.

    Luego de dilucidar lo anterior, esta máxima Corporación de Justicia debe manifestar, que al realizar un atento y prolijo examen de lo actuado en la audiencia y, de las disposiciones legales que regulan esta materia, colegimos plenamente con la decisión adoptada por el Tribunal A-quo, ya que no se ha dado una lesión patrimonial directa través de las medidas dispuestas por el Ministerio Público, toda vez que este no ha dispuesto sobre los bienes muebles o inmuebles propiedad del indiciado, ya sea como medidas cautelares reales, personales o medidas de protección; y el hecho que este acuda a las diligencias judiciales a las que es citado, no se puede interpretar como una afectación a su libertad corporal por el tiempo que permanezca participando de la diligencia, toda vez que constituye deber de las partes comparecer puntualmente a las actuaciones y audiencias a las que sean convocadas, tal como lo señala el artículo 65 de la misma excerta legal.

    Tampoco puede interpretarse a la ligera como una afrenta a su derecho personal de libertad o patrimonial, cualquiera medida cautelar o de protección que no implique la violación directa de esos derechos, y en ese sentido, de la escucha del audio, nos percatamos que no se establece cuáles fueron las medidas de protección aplicadas, por lo que mal puede señalarse que estas afectan los derechos fundamentales del investigado.

    Del análisis de las piezas procesales resulta evidente, tal como lo ha señalado el Tribunal de primera instancia, la vulneración del principio del debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Política, por parte de la J. de Garantías, toda vez que la situación jurídica en que se encuentra el indiciado, no encaja dentro de los parámetros que establece el artículo 286 del Código Procesal Penal, para que considere que debe instar al Ministerio Público, a que en el plazo de dos días formule la imputación.

    Como es sabido, el artículo 32 de nuestra Carta Magna, consagra la garantía del debido proceso, del cual el Pleno ha entendido que esta garantía comprende tres derechos, a saber: el derecho a ser juzgado por Autoridad competente; el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales pertinentes; y el derecho a no ser juzgado más de una vez por una misma causa penal, policiva o disciplinaria. Por tanto, la garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política, tiene un justificado reconocimiento en nuestro Estado de Derecho, constituyéndose en una verdadera garantía Constitucional.

    Y es que la Acción de A. de Garantías Constitucionales, cuando lo que se reclama es la violación al debido proceso, como lo hizo en este caso el amparista, tiene como fin enervar cualquier afectación a las partes en la defensa efectiva de sus derechos.

    Sobre el papel del Ministerio Público, no podemos perder de vista las nuevas corrientes de justicia penal, en donde el interés legítimo le permite a la Agencia de Instrucción ejercer más que la simple persecución del delito, el ejercicio de la acción penal, que no es más que la facultad de perseguir o hacer perseguir las responsabilidades por un delito.

    Por tanto, al momento de decidir conminar al Ministerio Público, para que formule la imputación dentro del término de dos días la J. debió tener en cuenta que la persecución del delito es un acto que en términos generales, interesa a la propia sociedad, siendo en gran medida uno de los fundamentos de la tipificación de conductas en un Código Penal, y ello se materializa a través de la obligada participación e intervención del Ministerio Público, quien tiene a su cargo la investigación objetiva de los hechos, que tiene por objeto preparar el ejercicio de la acción que se fundará en las diligencias obtenidas durante esta etapa, las cuales posteriormente serán elevadas a prueba, para estar el representante social en posibilidad de provocar la actividad jurisdiccional.

    Así las cosas, siendo que la Acción de A. de Garantías Constitucionales tiene como finalidad examinar órdenes arbitrarias o sin sustento legal y que lesionen derechos fundamentales contenidos en la Constitución; elementos que se configuran en el caso que nos ocupa, contrario a lo que señaló el recurrente, es que procedemos a confirmar la decisión impugnada.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia fechada 27 de septiembre de 2018, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en la cual se dispuso CONCEDER la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado Julio R.T.M., en su calidad de F. de Circuito, de la Sección de Decisión y Litigación Temprana contra la decisión emitida en la audiencia celebrada el 28 de agosto de 2018, por la J. de Garantías de la Provincia de Bocas del Toro.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C.

    (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR