Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 27 de Agosto de 2019

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución27 de Agosto de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

El Licenciado M.J.R.E., actuando en representación de GADIER ALEXANDER R. presenta acción de amparo de garantías contra la Resolución de 20 de noviembre de 2018, dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia de Panamá.

DEL ACTO IMPUGNADO Y FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

Por medio del acto recurrido en demanda de derechos fundamentales, el referido Tribunal, luego de examinar el material probatorio que integra el proceso de pensión alimenticia interpuesto por el amparista, resuelve lo siguiente:

PRIMERO: MODIFICAR la resolución con fecha 8 de agosto de 2018, dictada por el Juzgado de N. y Adolescencia del Segundo Circuito Judicial de Panamá, dentro (sic) proceso de Pensión Alimenticia Interpuesto por el señor G.A.R. de manera voluntaria, a favor de la menor A.S.R.D.R., pero solo en cuanto a fijar el monto de la Pensión alimenticia por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA BALBOAS (B/.40.00) a razón de DOSCIENTOS CUARENTA BALBOAS (B/. 240.00) QUINCENAL a favor de la niña A.S.R. DEL RÍO, por las razones expuestas.

(fs. 28-29)

En desacuerdo con la decisión modificatoria del Tribunal Superior, el señor R., arguye en su libelo de amparo, que se vulneran sus derechos fundamentales, contenidos en los artículos 17, 32 y 56 de la Constitución Política de Panamá, así como los artículos 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Puntualiza al respecto, que el aumento de la pensión a cuatrocientos ochenta balboas (B/. 480.00), le cercena su “nivel de vida adecuado” y el de su familia, incluyendo la alimentación, vestuario, vivienda, atención médica. Seguidamente, cuestiona el contenido del acto objeto de amparo, afirmando que carece de una debida motivación o argumentación y desconoce el material probatorio que integra el proceso de alimentos. En este sentido, reitera que la resolución demandada carece de congruencia, porque “las normas contenidas en el expediente”, las pruebas existentes y la parte motiva de la Resolución de 20 de noviembre de 2018, no permiten “entender el por qué” del incremento del monto de la pensión alimenticia.

La parte recurrente adiciona que la tutela efectiva comprende el derecho a recibir una respuesta oportuna y congruente, basada en los principios de razonabilidad y proporcionalidad; es decir, en aquellos que no impiden satisfacer la propia subsistencia ante la fijación de un “monto elevado de pensión alimenticia”, sin poseer recursos económicos.

Prosigue arguyendo que la modificación al monto de la pensión, pone en riesgo su integridad física “al no contar con sus recursos económicos para satisfacer mínimamente sus necesidades básicas y de subsistencia y que son garantías fundamentales que deben protegerse al ser Derechos Humanos reconocidos nacional e internacionalmente”.

El accionante resulta pertinaz al sostener que el aumento de la pensión fijado por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, “pone en peligro su bienestar e integridad física, lo cual es un derecho o garantía que debe ser protegida por el Estado”, en la medida que supera el setenta por ciento (70%) del sus ingresos en concepto de manutención. Sobre el particular, precisa que los gastos de la menor ascienden a seiscientos sesenta y tres balboas con sesenta y tres balboas con sesenta y cinco centavos –B/. 663.65, los ingresos de la madre son de mil setecientos balboas –B/. 1,700.00, los del padre de quinientos balboas –B/. 500.00, no obstante, se le obliga a este último a pagar más del setenta por ciento –70%.

Con fundamento en lo expuesto, asevera que los miembros del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, desconocen los hechos del proceso, los fundamentos jurídicos y las pruebas; además, lo argumentado impide comprender lo resuelto ante la falta de razonamiento lógico y jurídico, que dota de congruencia, razonabilidad y justicia.

Finalmente, el apoderado judicial del amparista, explica la vulneración de cada una de las normas constitucionales mencionadas en párrafos anteriores, arguyendo, en lo medular, que el nuevo monto le impide cumplir con su nueva familia, satisfacer su derecho humano a subsistencia, mantener un nivel de vida adecuado; por lo que a largo plazo se pone en riesgo su integridad personal, es decir, su “derecho a la vida”. También, afirmando que la resolución objeto de impugnación carece de una debida motivación razonamiento o congruencia, en detrimento del debido proceso y la tutela efectiva (fs. 1-17).

INFORME DEL TRIBUNAL ACUSADO.

Previa emisión de la resolución que acoge la acción de amparo de garantías constitucionales, esta Corporación de Justicia requiere el informe explicativo de que trata el artículo 2620 del Código Judicial.

Consecuentemente, la Presidenta encargada del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, a través del Oficio No. 151 de 21 de diciembre de 2018, de manera categórica sostiene, que el juez de primera instancia, redujo el monto de la pensión alimenticia de la menor A.S.R.D., en más de un cincuenta por ciento (50%), en detrimento del interés superior del menor, que como autoridad están llamados por Ley a garantizar.

Continúa respaldando la consonancia de la resolución objeto de amparo con el orden constitucional, al sostener que el amparista “ha mantenido ingresos, egresos y en general un nivel de vida”, que le “permiten el cumplimiento de la suma fijada”. Quien representa a la autoridad acusada, específica, que la pensión alimenticia garantiza el derecho a la vida de su beneficiario y se caracteriza por ser de orden público, interés social y un crédito privilegiada.

La M.istrada Suplente del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, de igual manera, asevera que es obligación del progenitor demandante garantizar el nivel de vida de su hija, por lo que la disminución transitoria de ingresos no puede servir de base para liberarse del mandato contenido en el artículo 6 de la Ley General de Pensión Alimenticia y el Código de la Familia.

En este sentido, sostiene que las piezas procesales sustentan la rebaja de una pensión que no alcance más del cincuenta por ciento (50%), de tal forma que el derecho de alimentos y a un desarrollo integral de la menor de nueve (9) años no se cercene, para darle relevancia especial a los derechos del progenitor y su nueva familia.

Se finaliza el informe, destacando que como autoridad se cumplió con la labor de velar tanto por los intereses de la menor de edad, A.S.R.D., como por establecer en igualdad la obligación de pensión alimenticia que recae sobre ambos progenitores, es decir, sin imponer a uno de ellos una carga de responsabilidad monetaria mayor e, inclusive, suscitando en el otro –progenitor, el ejercicio de acciones tendientes a retomar el monto inicial de pensión fijado (B/. 950.00) en beneficio de su menor hija (fs. 71-73).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Por medio de la resolución judicial objeto de amparo, el Tribunal Superior de N. y Adolescencia del Primer Distrito Judicial, resuelve el recurso de apelación que presentara la señora S.A.D.R.E., contra la Sentencia de 8 de agosto de 2018, por medio de la cual el Juez de N. y Adolescencia del Segundo Circuito Judicial de Panamá, ordena lo siguiente:

…modificar la pensión alimenticia de GADIER A.R.,…estableciéndose la misma en TRESCIENTOS OCHENTA BALBOAS (B/. 380.00) MENSUALES, A RAZÓN DE CIENTO NOVENTA BALBOAS (B/. 190.00) QUINCENALES, los cuales se pagarán en las fechas inicialmente establecidas en la cuenta del Banco Nacional de Panamá, a nombre de la señora SHERLYE ANNETTE DEL RÍO ESPINOSA.

(fs. 35-38)

De conformidad con las constancias procesales, esta rebaja de la pensión alimenticia que alcanza un sesenta por ciento (60%) de lo establecido en la Sentencia de 12 de julio de 2013, se fundamenta en el estudio de evaluaciones sociales, que revelan que la situación económica del padre ha disminuido y es soportado económicamente por su padre, madre y actual esposa –sin que esto constituya un impedimento para que continúe proveyendo a su menor hija A.S.R.D., de la cuota alimenticia. De igual manera, se sostiene en la resolución judicial modificatoria, previo reconocimiento que los ingresos de la madre son de setecientos balboas (B/. 700.00) al mes y paga un alquiler de apartamento por el mismo monto, a lo que añaden el monto de la pensión alimenticia que la recibe la señora D.R.E. por su segundo hijo (B/. 620.00 al mes); que la mayor carga de la pensión estaba recayendo sobre el señor G. y que las necesidades básicas mensuales de la niña ascienden a seiscientos sesenta y tres con sesenta y cinco centavos (B/. 663.65) y de setecientos cuarenta y siete balboas con veinte centavos (B/. 747.20), en lo que a gastos anuales se refiere.

Sobre el particular, resulta importante señalar que en esta decisión de primera instancia, se concluye que la madre percibe un ingreso mayor que el del padre, prescindiendo que el mismo equivale íntegramente al pago del alquiler que D.R.E. realiza en concepto de vivienda, y que el señor RODRÍGUEZ es soportado económicamente por tres (3) personas y cuenta con una preparación profesional que da cabida a una pronta reincorporación laboral.

Ahora bien, destacamos que por medio de la Sentencia de 20 de noviembre de 2018, el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, previo estudio del concepto “alimentos”, así como los elementos pertinentes para fijar la cuota alimenticia y reconocer los derechos del niño –a tenor de la Convención sobre Derechos del Niño; determina que el material probatorio revela, tal como los establece la primera instancia, que los ingresos de G.A.R. han disminuido, pero que esto no es óbice para que le haga frente a la obligación de alimentos que le corresponde como padre de una menor de edad. No obstante, prioriza para modificar el monto de la rebaja en concepto de pensión alimenticia, en los siguientes aspectos: 1) la edad de nueve (9) años de la niña A.S.R.D. 2) el estatus de vida que ha mantenido durante esta etapa 3) la necesidad que tiene la menor de desarrollarse en lo social, físico, intelectual, cívico y estético 4) aumento de las necesidades de la menor A.S.R.D. 5) principio de proporcionalidad que constriñe a ambos padres cubrir las necesidades alimenticias de la menor en igualdad.

Resulta importante indicar, que el acto jurisdiccional que dirime la alzada en materia de alimentos, se acusa de transgresor al debido proceso fundamentalmente, porque desconoce el derecho del señor G.A.R., a un nivel de vida adecuado “para sí y su familia, su alimentación, vestido, vivienda, atención médica…” Es de notar, que a lo largo de todo el libelo, se insiste en afirmar que la Resolución de 20 de noviembre de 2018, impide a R. satisfacer su derecho a subsistencia; y, consecuentemente, pone en peligro su bienestar e integridad física.

Por otro lado, el amparista estima que los integrantes del Tribunal de N. y Adolescencia, el expedir la resolución impugnada en amparo, ejercieron deficientemente su labor juzgadora, ya que la misma contiene una motivación carente de elementos y razones de juicio y, por tanto, resulta falta de congruencia en detrimento del debido proceso, la tutela judicial efectiva, la protección de su nueva familia.

Previa puntualización del fundamento, esencial de la acción, es trascendental indicar que el acto impugnado cumple con los presupuestos del artículo 1 de la Ley 42 de 2012 y, se ajusta a los artículos 5 y 6 ídem. En este sentido, sostenemos que la Resolución de 20 de noviembre de 2018, reconoce el derecho de alimentos de la menor A.S.R.D., y la obligación del padre a darle la pensión de manera proporcional con lo que aporta la madre. Asimismo, ha aplicado el principio de interés superior del menor con una debida motivación, ante un análisis fáctico jurídico y la realización de una ponderación probatoria (específicamente lo que atañe a la disminución de ingresos del padre sin que ello prime sobre las necesidades de la menor).

En este sentido, puntualizamos que el monto de la pensión desde el año 2013, se fija en novecientos cincuenta balboas (B/. 950.00); y para abril de 2018, se mantuvo hasta tanto se practicaran evaluaciones sociales que permitirían pronunciarse sobre la rebaja de pensión pedida por el padre desde el año 2015. Luego de realizadas estas evaluaciones y evacuado el material probatorio, se accede mediante Sentencia de 8 de agosto de 2018, por el juez de la causa a una rebaja de trescientos ochenta balboas (B/. 380.00), en estos términos: “...ORDENA modificar la pensión alimenticia del señor G.A.R.,… estableciéndose la misma en TRESCIENTOS OCHENTA BALBOAS (B/. 380.00), A RAZÓN DE CIENTO NOVENTA BALBOAS (B/190.00) QUINCENALES…” (f. 37-38).

Sin embargo, durante la alzada, el Tribunal Superior, haciendo un análisis de todo el material probatorio (ingresos de padre y madre, egresos, gastos de la menor, desacatos) en consonancia con el principio de interés superior del menor –contenido en el artículo 488 del Código de la Familia, accede a la rebaja; pero por un monto distinto al de la primera instancia, cuya diferencia es de cien balboas (B/. 100.00). La cuantía de la pensión fijada prioriza las necesidades de la menor A.S.R.D., sin desconocer la desmejora económica del padre, las necesidades de éste y su nueva familia, así como tampoco lo que la madre de A.S.R.D., puede proporcionar para su sustento. El referido principio ha ha sido analizado pormenorizadamente por esta Corporación de Justicia, específicamente, en la Sentencia de 11 de febrero de 2014, se expuso lo siguiente:

Sentencia de 6 de julio de 2000

"…

Por otro lado, sabido es que el artículo 52, que se ocupa de la protección de la familia, otorga una serie de derechos en cabeza de los menores que el Estado debe proteger, y que sintetizadamente se conoce como el principio del interés superior del menor, cuyo fin, al momento de analizar varios derechos, aún fundamentales, en juego en un conflicto familiar, merecen tratarse otorgando al expresado interés superior del menor un lugar preponderante en cuanto a las obligaciones del Estado de su adecuada protección y su eficacia para dirimir conflictos jurisdiccionales donde los derechos de los menores se encuentren involucrados, como sin la menor duda lo es el que ocupa al Pleno en este proceso constitucional. El artículo 52, en particular en su relación con el principio del interés superior del menor, ha sido objeto de pronunciamiento por este Pleno. Así, la Corte, en fallo de 20 de marzo de 1996 concedió el amparo revocando la resolución atacada, fundamentó, en síntesis, en lo siguiente:

Sobre este punto el Pleno después de estudiar el caso estima que la protección constitucional de los derechos de los menores, los cuales forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación, en nuestra carta Fundamental se mencionan de manera general en el artículo 52, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal. De allí que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño representa un complemento del texto constitucional al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor.

...

Respecto a la infracción del artículo 52 de la Constitución, que trata sobre la obligación del Estado de proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizar el derecho de éstos a la alimentación, la salud y la educación y la seguridad y previsión sociales, cabe anotar que en el presente caso esa obligación estatal está supeditada a determinar previamente cuál es el interés superior del menor, que es precisamente la omisión que se advierte en la orden de hacer que se impugna.

....

Nos encontramos, pues, en una encrucijada caracterizada por el interés superior del menor, el cual debe ser salvaguardado en todo proceso en la cual intervenga uno de ellos. Ante esta situación, es el criterio esta Corporación de Justicia que debe primar ese Interés Superior del menor sobre los estudios de su madre en el extranjero, en este caso, toda vez que es inminente el riesgo que corre, ya que se puede producir un desequilibrio emocional por parte del menor V.L.M. por no contar con la afectividad de su padre.

La prelación del interés superior del menor, finalmente, sobre el principio del debido proceso, ya se ha manifestado también esta Corte, mediante el fallo de 13 de marzo de 1998, bajo la ponencia del M.istrado E.S.; entre otras cosas, la resolución dijo lo siguiente:

Mediante este amparo se plantea el problema de un derecho que puede resultar afectado por el hecho de que se llegue a practicar una prueba. Pero es importante destacar que, en este caso, el daño que podría ocasionarse, con la ejecución de esa orden atacada (de practicar la referida prueba), trasciende la posible vulneración del debido proceso legal, pues la persona agraviada es un menor de edad, por lo que implicaría la infracción del artículo 52 de la Constitución, en relación con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en caso de comprobarse que el funcionario demandado, al emitir la orden, no actuó otorgando prioridad al INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR que debe prevalecer en estos casos.

...

La Corte ha señalado sobre la protección constitucional de los derechos de los menores que estos forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación mencionados de manera general en el artículo 52 de nuestra Carta Política, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal y, por ello, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño constituye un complemento a ese texto constitucional, al preceptuar que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor. Este concepto de interés superior del menor, implica el derecho del niño a una protección especial y a la primacía de sus intereses

. (Cfr. S. 20/3/96, R., p.23)

A juicio de esta Corporación, el tribunal demandado infringió el artículo 52 de la Constitución, pues no cumplió con la obligación de determinar claramente cuál era el interés superior del menor, que en este caso, según el Tribunal Superior de N. y Adolescencia debía coexistir con el derecho a la superación profesional de la madre del menor V.L.M., alejándolo de la afectividad de su padre I.L.G., derecho a la educación que debe ceder al interés superior del menor de permanecer, mientras duran los estudios de la madre, sujeto a la patria potestad del padre en la República de Panamá.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el A. de Garantías Constitucionales propuesto por I.L.G. y, por tanto, REVOCA la Resolución Nº2-I. -R de 17 de febrero del 2000, emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. (A. de Garantías Constitucionales. I.G. contra el Tribunal Superior de N. y Adolescencia. M.. R.F..

Sentencia de 13 de septiembre de 2011

Contrario al criterio del tribunal de primera instancia, la jurisprudencia ha establecido que la referida norma constitucional '...otorga una serie de derechos en cabeza de los menores que el Estado debe proteger...' y garantizar (Cfr. Sentencia de 6 de julio de 2000. Subraya la Corte). En efecto, el segundo párrafo del artículo 56 de La Constitución Nacional, claramente dispone que "El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales

.

Se trata, de un precepto o norma autoaplicativa, que no requiere de ningún desarrollo ulterior para tener eficacia, por lo que los derechos contenidos en la misma merecen ser tutelados por el Estado. En ese sentido, la Sentencia de 21 de agosto de 2008 proferida por esta Superioridad, ha señalado que:

“...En efecto, la Constitución reconoce (no otorga) una serie de derechos fundamentales que, incluso, se encuentran ampliados y complementados en Convenciones Internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutele efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho.

El sistema de protección no consiste exclusivamente en la incorporación al ordenamiento jurídico de normas dirigidas a garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales.

La tutela judicial efectiva se consigue cuando se logra el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionados.

Por ello, un sistema de protección judicial de derechos fundamentales que no sea capaz de tutelarlos efectivamente, hace ilusorios tales derechos y está lejos de contribuir a la consolidación y preservación de un verdadero Estado de Derecho.

...

Sobre dicha disposición, en el fallo de 20 de marzo de 1996 la Corte expresó que "...El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño representa un complemento del texto constitucional al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor'.

El referido numeral 1 del artículo 3 de la citada Convención de los Derechos del Niño (que establece el principio de interés superior del menor), ha sido objeto de interpretación por parte del Comité de los Derechos del Niño mediante la Observación General No. 5, la cual, en su parte pertinente, señala lo siguiente:

“Artículo 3, párrafo 1 - El interés superior del niño como consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños. El artículo se refiere a las medidas que tomen "las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos". El principio exige la adopción de medidas activas por el gobierno, el parlamento y la judicatura. Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el principio de interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente'." (COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Observación General No. 5 (2003) - Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44. Ginebra, 27 de noviembre de 2003. El subrayado es de la Corte). (A. de Garantías Constitucionales. E.C.v.J.P. de N. y Adolescencia. M.. J.M.).

Precisado el concepto y alcance del principio denominado “interés superior del menor”, concluimos que la interpretación legal y valoración probatoria que sustenta la decisión del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, da primacía a dicho principio y no al estatus económico del padre, las obligaciones que tiene con su nueva familia y su desacato. A su vez, el acto objeto de amparo, previa mesura de los derechos familiares en conflicto, expide una resolución debidamente motivada y congruente con las necesidades de la menor de nueve (9) años, y la normativa que regula la materia, sin desconocer la realidad económica de ambos padres de familia.

En virtud de lo expresado, concluimos que la resolución judicial acusada de infractora de derechos fundamentales y convencionales, resulta apegada al debido proceso, la tutela judicial efectiva, los derechos de la familia que garantiza el Estado y los derechos humanos inherentes a toda persona –nivel de vida adecuado, alimentos, vestido, vivienda, mejora a condiciones de existencia, entre otros. Siendo esto así, se carece de elementos de hecho y derecho que avalen el reconocimiento de transgresión alguna al orden constitucional o convencional.

Por consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la acción de A. de Garantías Constitucionales, presentada por el Licenciado M.J.R.F., actuando en representación de G.A.R. contra la Resolución de 20 de noviembre de 2018, dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia de Panamá.

N.,

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

YANIXSA Y. YUEN C.

(Secretaria General)