Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 12 de Marzo de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:12 de Marzo de 2019
Emisor:Pleno

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de A. de Garantías Constitucionales, propuesta por la Licenciada M.G.S., apoderada judicial de la ASOCIACIÓN DE PADRES AGUSTINOS RECOLETOS DE PANAMÁ contra la Sentencia No.001-17PRO de 15 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá confirmada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, suprimiendo únicamente el punto octavo de dicha resolución.

La decisión atacada vía A., y su acto confirmatorio, es del tenor siguiente:

Resolución vía de amparo:

PRIMERO: ACCEDER a lo pedido por la Firma Forense G.&.G., en representación de los Señores L.B. Y R.R.R.. En consecuencia Ordenar al C.S.A.; admita la pre inscripción del menor de edad (…), para el periodo escolar 2017, en virtud del razonamiento expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

SEGUNDA: RECHAZAR de plano la solicitud de matrícula condicionada impetrada por la Firma Forense G.&.G., en virtud del razonamiento expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

TERCERO: INTERPELAR la intervención de la Dirección Nacional de Educación Particular del Ministerio de Educación a fin de que realice su función de fiscalización en cuanto a la correcta aplicación de la reglamentación interna de los colegios particulares para lo cual se compulsaran copias de la presente resolución

CUARTO: HACER un llamado de atención al C.S.A., para que ante situaciones futuras, las medidas aplicadas sean cónsonas al procedimiento que establece su Reglamento Interno, así como las leyes y decretos especiales en materia de educación, ya sea tanto a nivel de comportamiento (disciplinario) como contractual (relativo al contrato de educación.

QUINTO: IMPONER la obligación a los señores L.B. y R.R.R., de velar porque a su menor hijo (…), se le siga brindando atención psicológica.

SEXTO: ESTABLECER la obligación del menor de edad (…), de cumplir con sus deberes escolares y mantener una conducta de respeto y disciplina dentro del centro escolar que asista.

SEPTIMO: IMPONER la obligación a los señores L.B. y R.R.R., de velar porque su menor hijo (…), cumpla con la normativa disciplinaria del Colegio y con sus asignaciones escolares.

OCTAVO: COMPULSAR copias de todo lo actuado por este Tribunal a la Fiscalía Especializada en asuntos de Familia y el Menor, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

NOVENO: ORDENAR el cierre y archivo del presente expediente previa anotación de su salida en los libros respectivos…

Acto confirmatorio:

PRIMERO: SUPRIMIR el punto OCTAVO de la Sentencia No.001-17Pro fechada 15 de Marzo de 2017, dictado por la Juez Segunda de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá.

SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia No.001-17 Pro fechada 15 de Marzo de 2017 en todo lo demás…

LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante Sentencia de A. de 19 de octubre de 2017, el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, como Tribunal Constitucional, en primera instancia deniega la Acción de A. interpuesta por la Licenciada M.G.S., apoderada judicial del señor P.G. de J.R., representante de la Asociación de Padres Agustinos Recoletos de Panamá contra la Sentencia No.001-17 PRO de 15 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del proceso de Protección seguido en favor del menor RLBR.

El Tribunal Superior de N. y Adolescencia como Tribunal de A. A-quo, luego de ponderar el escenario fáctico y jurídico procesal fundamentó su decisión así:

…De lo antes expuesto, advierte esta colegiatura que desde que la juez de primera instancia tuvo conocimiento del Proceso de Protección a favor del joven (…), le imprimió el trámite de ley realizando todas (sic) los procedimientos inherentes a este tipo de casos, resolviendo todas aquellas peticiones de la parte demandante y demandada.

Por tanto, es importante señalar que si bien la garantía constitucional del debido proceso (art. 32 de la Constitución Nacional), concibe que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, en este caso, esta Superioridad considera de importancia aclarar que la medida de protección en favor del joven (…), deviene del derecho que tiene el menor estudiante de recibir las técnicas que le garanticen el normal desarrollo de su personalidad, pues es la Jurisdicción de N. y Adolescencia quien por mandato de ley es competente para atender las quejas o denuncias que se formulen sobre actos que pongan en peligro la salud o el desarrollo físico o moral del menor, adoptando las medidas necesarias para hacer cesar dichas actuaciones (art. 754 numeral 2 del Código de la Familia) ello en atención al artículo 94 de nuestra Carta Constitucional que establece que el Estado podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que se cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, moral, cívica y física de los educandos.

De ahí que contrario al criterio esbozado por la amparista de que el punto medular del litigio entre los padres del menor (…) y los directivos del C.S.A., deviene de un asunto contractual debiendo ventilarse éste en la jurisdicción civil, por cuanto que se trata de un contrato de matrícula y no de la negación del derecho a la educación que tiene el joven (…), este Tribunal estima que al tratarse de un tema que afecta el interés superior del menor que no es más que “la satisfacción integral de sus derechos”, entre los cuales, se encuentra la educación, misma que no puede ser concebida como un mero servicio que podría ser cesado de forma unilateral cuando una de las partes se encuentra insatisfecha, aparejándolo a un tema de derecho civil, sino más bien debe ser entendida como la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen.

Siendo así, es de suma relevancia analizar la situación en particular, pues de lo contenido en autos se desprende que aunado a que se le negó la matrícula al menor (…), a éste también se le aplicaron medidas disciplinarias, derivando en una serie de eventos que de manera personal y directa ha tomado la rectoría del C.S.A., que ha irrumpido en el normal desarrollo no solo del proceso de enseñanza aprendizaje; sino que ha afectado la estabilidad emocional del joven (…), así como las relaciones tanto en el colegio como en su entorno familiar, al punto de verse en la necesidad de buscar protección en los Tribunales de Justicia.

...

Por ello, en razón de lo antes expuesto y luego de un análisis sucinto de las actuaciones de la juez demandada, este Tribunal colegiado considera que los procedimientos y trámites realizados en el proceso por la Juez primaria y confirmados por esta Superioridad, se ajustaron al conjunto de normas jurídicas generales que regulan los actos y resoluciones emitidas, a través de los cuales los tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional y ante la inexistencia de un hecho real que lo constituya no puede afirmarse que se ha conculcado las normativas constitucionales y convencionales planteadas, por lo que conforme a derecho se procede denegar la presente acción constitucional...

ARGUMENTOS DEL APELANTE

Dentro del término de ejecutoría de la Sentencia de 19 de octubre de 2017 mediante la cual el Tribunal A-quo deniega la Acción de A. de Garantías Constitucionales, la Asociación de Padres Agustinos Recoletos de Panamá, a través de apoderada judicial, anunció y presentó libelo de Recurso de Apelación, en el que sostuvo, en síntesis, que su desavenencia con lo resuelto en primera instancia radica en que el Proceso de Protección por Supuesto Riesgo Social no estaba dirigido a salvaguardar el derecho a la educación de RLBR, sino el de presionar a un ente privado, como es el C.S.A., para que a través de un proceso judicial variara la decisión tomada y comunicada al acudiente de RLBR, de no aceptar la matrícula del joven para el año lectivo 2017, decisión que tomó en virtud de las facultades que tiene el Colegio de reservar el derecho de admisión, atendiendo al Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Educación.

Manifiesta que se infringe el artículo 32 de la Constitución Política, que consagra el derecho al debido proceso legal; teniendo como argumento que los Juzgados de N. y Adolescencia no tienen competencia para conocer del caso; manifestando que el debido proceso legal exige que para que se pueda presentar un Proceso de Protección se requiere que exista una relación familiar tal cual se desprende del Artículo 2 del Código de Familia. Destaca que, la relación existente entre el Rector del C.S.A. y el menor RLBR es una relación eminentemente comercial, la cual emana de un contrato de matrícula escolar celebrado con los padres del menor.

Por otro lado, considera el recurrente que el no permitir la pre inscripción de dicho estudiante en el C.S.A. no vulnera el derecho que tiene el mismo a la educación, ya que, según el amparista, la Constitución Política, ni la Ley, limitan el derecho de educación del menor RLBR exclusivamente al C.S.A., por tanto el seguir un proceso de protección al menor por un asunto de naturaleza civil o administrativa, vulnera el principio del debido proceso legal.

  1. OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

    La firma GÓMEZ & GÓMEZ en representación de L.B., padre del menor RLBR, presentó solicitud para ser admitido como Tercero Interviniente a fin de oponerse a la apelación, siendo debidamente admitida mediante Resolución de 1 de noviembre de 2017.

    La referida firma solicita que, no se conceda en apelación la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por la apoderada de la ASOCIACIÓN DE PADRES AGUSTINOS RECOLETOS DE PANAMÁ, por improcedente, por no contener los requisitos mínimos que contempla esta acción para que sea admitida y porque dejaría en total desamparo legal al menor RLBR, que ha sufrido y ha sido víctima del Sacerdote y Rector del C.S.A. de privarle el continuar sus estudios secundarios, sin mediar causa justificada que sustente esa decisión arbitraria y discriminatoria de cerrarle la pre inscripción, y por ende, acceso a estudiar en el Colegio que desde el año 2010 había venido desarrollando sus principios, valores y formación académica. Estima que esta decisión tiene un precedente muy valioso para que en Panamá se respete los derechos de los menores contemplados en la Constitución Política, así como en los Tratados Internacionales ratificados por Panamá.

    Su oposición va dirigida a que, el régimen de familia debe ser analizado de forma amplia y no restrictiva, por cuanto que terceras personas, las cuales no son parientes ni familiares puedan propiciar daños psicológicos, daños a la salud física y mental del menor; siendo en el caso en particular, que las actuaciones del Director de este colegio particular, son las que infringen el interés superior del menor, al hostigar, perseguir, acosar a RLBR, al punto de coartarle el acceso al C.S.A. como estudiante permanente, por atribuirle faltas disciplinarias extremas así como sanciones irracionales e inhumanas.

    Asimismo, indica el opositor que el tema en cuestión no es la renovación de un contrato mercantil o de incumplimiento contractual, tampoco se trata de la matrícula del año 2017; se trata de todas las acciones que esconden una transgresión a los derechos fundamentales del menor RLBR, quien ha sido víctima del abuso de poder, por parte de P.G. de J.R., toda vez que el menor no incurrió en lo regulado del artículo 131 del Reglamente Interno del C.S.A. para aplicar la reserva de admisión. Igualmente indica que, no es privativa la decisión de hacer uso de forma discriminatoria del derecho de admisión, toda vez que el Reglamento Interno fue aprobado por el Ministerio de Educación y tiene que ser respetado.

    Finalmente, acota el opositor que, la interpretación del apoderado legal del C.S.A., de categorizar el contrato de prestación de servicios educativos al plano del derecho privado, es errada, toda vez que, “éste es parte de las normas del derecho administrativo en sentido más amplio, por ser la Educación un tema de Estado además un Derecho inalienable del ser humano”.

  2. EXAMEN DEL TRIBUNAL AD-QUEM

    Como se observa, se trata de una acción de derechos fundamentales contra una decisión judicial que controla un acto emitido por un particular, en este caso, un acto emitido por el C.S.A., en contra del menor RLBR.

    Es propicio traer a colación que, no todo acto lesivo de derechos fundamentales, proviene del Estado a través de sus servidores públicos, los cuales a través de sus actos puedan violentar, amenazar o restringir derechos fundamentales, sino también los particulares emiten actos que puedan lesionar derechos fundamentales de otras personas.

    En cuanto al tema, la posibilidad de presentar una demanda de A. contra un acto que lesione derechos fundamentales producidos por un particular a otro, ha sido tratada en la doctrina como en el derecho comparado.

    El amparo contra sujetos de derechos privados, es una herramienta procesal de gran relevancia para la aplicación de los derechos fundamentales y humanos al ámbito del Derecho Privado.

    El autor E.J.L., en su obra Derecho Procesal Constitucional, indica que el fundamento teórico de la aplicación de los derechos fundamentales y humanos al ámbito del Derecho Privado surge de la teoría alemana de la irradiación o expansión de éstos a las relaciones privadas, la cual radica en considerar los derechos fundamentales y humanos como garantías y límites no solo frente a los poderes públicos sino ante los mismos sujetos de Derecho Privado.

    A esta teoría, también se le ha denominado la “eficacia horizontal de los derechos fundamentales” sea su proyección en las relaciones horizontales entre sujetos privados.

    Indica el autor que dicha teoría “parte de asumir una dimensión objetiva de los derechos fundamentales y humano, superando el meramente subjetiva que los concebía como límites o garantías en las relaciones verticales con los poderes públicos, esto es, concibiéndolos como un sistema de principios de valores objetivos que informan y son la base del entero ordenamiento jurídico o normas objetivas de principio que tienen validez universal, en todas direcciones, por su condición de valores compartidos por toda la sociedad.” (Derecho Procesal Constitucional. Ediciones Guayacán, 2014. P.. 247-248)

    Siendo así, los derechos humanos es un límite a las actuaciones emitidas por el Estado u otros particulares que violenten o delimiten derechos fundamentales de una persona.

    En estos casos, se deduce que la legitimación activa en este tipo de A. la tiene la persona agraviada con la conducta o la omisión que proviene de otro sujeto de Derecho Privado; mientras que la legitimación pasiva recae sobre el presunto autor del agravio, siendo el caso la persona física, y su representante, tratándose de personas jurídicas.

    Existen ordenamientos jurídicos que aceptan la posibilidad de accionar constitucionalmente por medio de A. en contra de los actos de particulares en cualquiera de los supuestos que se dé la supuesta violación, como es el caso peruano. Su Constitución de 1993, modificada por la Ley No.26470 y publicada el 12 de junio de 1995, estableció en el artículo 200, inciso 2, que la Acción de A. entre otras cosas, procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier Autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución.

    En cuanto a la legislación peruana, el autor G.E.C., ha indicado en su obra Teoría del A., que en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú se han encontrado A.s de Garantías Constitucionales en contra de órdenes de particulares cuando se afectan derechos laborales, el derecho de salud y medio ambiente, protección del honor, debido proceso, entre otros. (Teoría del A., Colección de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Ediciones Nueva Jurídica. 2017. P.. 127-128)

    Encontramos por otro lado, legislaciones que permiten accionar por la vía constitucional A.s de Garantías constitucionales en contra de actos de particulares, pero en determinadas circunstancias. Es decir que, no basta con que un sujeto de Derecho Privado lesione un derecho fundamental o humano para que proceda el A., deben concurrir una serie de presupuestos fijados normativamente para que sea admisible, como es el caso de Costa Rica y Colombia.

    Entre los presupuestos fijados por ley para que proceda la admisibilidad de A. en contra de actos de particulares en Costa Rica se encuentran:

    -Cuando los particulares actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas. En este caso los sujetos de Derecho Privado, personas físicas, en ocasiones pueden ejercer funciones o competencias públicas de manera transitoria y excepcional; mientras que las personas jurídicas, por el tipo de fines y cometidos que tienen asignados por el ordenamiento jurídico, tal ejercicio de funciones y competencias públicas deja de ser transitorio y se convierte en algo permanente.

    -Cuando el particular se encuentre, de derecho o de hecho, en una posición de poder y los remedios jurisdiccionales comunes resulten insuficientes o tardíos.

    Se entiende que un sujeto de Derecho Privado se encuentra de iure, en una situación de poder cuando es el ordenamiento jurídico que le otorga una posición preferente o prevalente mediante el otorgamiento de una serie de privilegios o de prerrogativas que ordinariamente, no goza. Se considera la doctrina del servicio público impropia o virtual, el cual recae sobre sujetos de Derecho Privado que realizan una actividad de interés general sometido a un intenso régimen de Derecho Público; o como se conoce en la doctrina europea, “los servicios de interés general”.

    Así se estimó que ciertas actividades privadas, sometidas a un fuerte régimen del Derecho Público, desde el punto de vista constitucional y administrativo, son servicios públicos impropios o virtuales, siendo en el contexto jurídico, la educación privada, la que está relacionada con las escuelas, colegios y universidades privadas; con respecto a la medicina privada, con relación a las clínicas y hospitales privados, los establecimientos privados para expendio de medicamentos o farmacias, los bancos y entidades financieras entre otras.

    Estando los particulares bajo es fuerte régimen del Derecho Público hace que en ocasiones estén dotados de una posición jurídica privilegiada, de la cual se puede abusar, limitando los derechos fundamentales y humanos de terceros que se relacionen con estos.

    En el Derecho de la Integración Europea, y en su doctrina, ha surgido la teoría del servicio de interés general, específicamente en los servicios de interés económico general, por suponer una actividad económica de ofrecer bienes y servicios en un segmento determinado del mercado (energía, electricidad, transporte, entre otros). Estos servicios de interés económico general, son clave en el derecho comunitario europeo para promover la cohesión económica, social y competitividad europea, con el objetivo de brindar servicios de calidad a precios accesibles para todos.

    Siendo así, que este intenso régimen de Derecho Público a los que se somete a los prestadores y la observancia de los principios que inspiran tales servicios, es lo que puede hacer que quebranten los derechos fundamentales y humanos de sus ciudadanos.

    Con respecto a las circunstancias en que un sujeto de Derecho Privado puede encontrarse de facto, en una situación de poder, ocurre cuando el ordenamiento jurídico no le otorga o concede una posición preferente, sino que éste la asume de hecho, aún en contra del propio ordenamiento jurídico, siendo el caso en que se tomen la justicia y la ley por su propia mano, quebrantando el principio de la heterotutela al dirimir cualquier conflicto de interés ejerciendo así la autotutela, cuando está reservada para el Estado a través de la institución o autoridad correspondiente. En igual condición de poder factico, se da cuando el propietario de un centro comercial, cuya seguridad privada decide restringir a una persona el ejercicio de un derecho fundamental, el llevar una indumentaria en particular por razones de creencias religiosas o discriminar a un apersona por su orientación sexual.

    Encontrándose así entre muchas otras actuaciones entre particulares que se realicen actos por parte de uno que limiten o violenten el derecho fundamental de otro.

    -Cuando los remedios jurisdiccionales son insuficientes o tardíos para garantizar los derechos fundamentales de los particulares. Esta situación le da el carácter subsidiario a este instituto procesal, siendo la competencia de la Sala Constitucional residual, en el sentido que podrá conocer de una actuación ilegítima de un sujeto de Derecho Privado que lesiona un derecho fundamental del recurrente, cuando no exista un remedio jurisdiccional ordinario o común efectivo de los derechos fundamentales, en las relaciones entre sujetos de Derecho Privado, o si los remedios jurisdiccionales son insuficientes o tardíos, que ameriten que la Sala Constitucional, sustituya al Juez común. Dicha circunstancia implica valorar las condiciones de los remedios jurisdiccionales comunes existentes, por ser insuficientes o tardíos para la tutela efectiva de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos. O. de esta manera, otras formas en que los actos de particulares afectan derechos fundamentales de los ciudadanos y estos pueden accionar constitucionalmente en Costa Rica para hacer que se garanticen sus derechos.

    En Colombia, tal como indica el autor G.E.C., sigue la tesis permisiva, en la cual también admite A.s de Garantías Constitucionales contra actos de particulares, bajo ciertas circunstancias. La Corte Constitucional de Colombia, ha señalado que “Las relaciones entre los particulares discurren, por regla general, en un plano de igualdad y de coordinación. La Actividad privada que afecte grave y directamente el interés colectivo, adquiere una connotación patológica que le resta toda legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado en el principio de solidaridad y de prevalencia del interés general. De otro lado, la equidistancia entre los particulares se suspende o se quebranta cuando a algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público o el poder social que, por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente colocar a los demás en estado de subordinación o indefensión.

    En estos eventos, tiene lógica que la ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra los particulares que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la finalidad social de sus funciones, vulneren los derechos fundamentales de los restantes miembros de la comunidad (…). La idea que inspira la tutela, que no es otra que el control al abuso del poder se predica de los particulares que lo ejercen de manera arbitraria.” (Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-251/1993, de 30 de junio de 1993)

    Su Constitución establece que la acción de tutela de A. procede contra actos de particulares bajo ciertas circunstancias, indicando así en el Título 2 “De los derechos, las garantías y los deberes”, Capítulo 4 “De la protección y aplicación de los derechos”, artículo 86 lo siguiente:

    Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

    (lo resaltado es nuestro)

    Según Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-134/94 de 17 de marzo de 1994, se consideró que la acción de tutela procede contra los particulares que prestan los servicios públicos domiciliarios, de educación y de salud.

    De esta forma se puede observar que países como Colombia, permiten que un particular, al ser afectado su derecho a la educación por actuaciones de otro particular, pueda accionar la vía constitucional, a través del A. de Garantías Constitucionales ante la Autoridad judicial correspondiente.

    Ahora bien, encontramos también legislaciones que no aceptan la posibilidad que se emita Acción de A. de Garantías Constitucionales en contra de actos de particulares, que violenten de alguna manera derechos fundamentales, los cuales, según el autor G.E.C., son los que siguen la tesis negativa. Esto se debe a que sus textos constitucionales establecen que solamente las Autoridades y funcionarios estatales pueden ser sujetos pasivos de las demandas de A..

    En Panamá, la norma constitucional es clara al establecer en su artículo 54 lo transcrito a continuación:

    Toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público, una orden de hacer o no hacer que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona…

    Pero nuestra Corporación de Justicia ha visto la necesidad de ampliar la protección de los derechos fundamentales, como es el caso frente a actos distintos de las órdenes de orden de hacer o de no hacer, toda vez que existen justificadas razones jurídicas, previstas en nuestro ordenamiento, que autorizan utilizar el concepto de Acto como objeto susceptible de impugnación a través de una A. de Garantías Constitucionales, abriendo la puerta para la presentación de la acción de derechos fundamentales contra cualquier Acto susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Política, sino en los Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en Panamá y en la ley.

    También encontramos en nuestra Constitución en su artículo 4 que "La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional".

    Uno de esos instrumentos de Derecho Internacional, que Panamá está obligada a acatar, lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada mediante Ley No.15 de 28 de octubre de 1977, en la cual se obliga a respetar los derechos de las personas, entre ellos su honra y su dignidad, así encontramos los artículos primero (1), once (11) y treinta y dos (32) que establecen:

    "Artículo primero. Obligación de respetar los derechos.

    1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción..." (las negrillas y subrayas son nuestras).”

    Artículo 11: Protección de la Honra y de la Dignidad.

    1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

    2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

    3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

    Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos

    1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

    2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

    Estas normas transcritas del Pacto de San José, obligan a Panamá a respetar los derechos y libertades reconocidos en dicha Convención, y de garantizar el pleno ejercicio de los mismos a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Tiene así el deber de proteger de las arbitrariedades a los que estén bajo su tutela; y al no contemplar algún tipo de excepción, dichas arbitrariedades pueden se cometidas por cualquier persona, ya sea ésta un funcionario público o un particular y debieron ser señalados por el Juez, pues la aplicación de las normas de la Convención Interamericana son obligatorias para todas las Autoridades jurisdiccionales en nuestro país y todas las Autoridades que aplican o invocan la Constitución y la ley no deben olvidarse de aplicar la Convención.

    De las arbitrariedades a las que hace alusión el artículo 11 de la Convención, las personas pueden proteger su honra y dignidad a través de la protección judicial que consagra el artículo 25 de este mismo pacto, interponiendo un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

    Con dicha protección judicial se puede entender que la persona puede accionar contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la ley o la Convención siendo así atendida por la Autoridad judicial correspondiente.

    En el caso bajo examen, se observa que el acto emitido por C.S.A., supuestamente violatorio a los derechos de educación del joven RLBR, no fue objeto de A. de Garantías Constitucionales ante un Tribunal de A., sino que los padres del joven RLBR manifestaron su disconformidad con la actuación del Colegio, interponiendo en la vía jurisdiccional competente, una medida de protección, para garantizar así el derecho a la educación de su joven hijo, siendo su actuar ante la jurisdicción de N. y Adolescencia una manera de buscar la protección judicial que contempla el Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    Ahora bien, corresponde en esta etapa, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en primera instancia, con relación a la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesto por la apoderada judicial de la Asociación de Padres Agustinos Recoletos de Panamá, se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente y a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional.

    La Acción de A. de Garantías Constitucionales, es el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado Democrático y Social de Derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho o garantía fundamental infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, contravenga las normas fundamentales reconocidas en el sistema constitucional panameño.

    Esta Acción fue diseñada por el constituyente para salvaguardar los derechos fundamentales, y sobre todo para garantizar la efectiva intervención judicial a favor de la restauración del derecho vulnerado, por lo que conforme las últimas posturas jurisprudenciales que ha tenido esta Máxima Corporación de Justicia, se ha dado preponderancia a la supremacía de la Constitución Política, a través de los mecanismos de control, y en Sentencia de 28 de abril de 2015, este Tribunal manifestó:

    En efecto, la Constitución reconoce (no otorga) una serie de derechos fundamentales que, incluso se encuentran ampliados y complementados en Convenciones Internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutele efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho.

    El sistema de protección no consiste exclusivamente en la incorporación al ordenamiento jurídico de normas dirigidas a garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales.

    La tutela judicial efectiva se consigue cuando se logra el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionado.

    Conforme a los artículos 17 y 206 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia, como Autoridad legal del país, está instituida para asegurar la efectividad de los derechos y de los deberes individuales y sociales, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, como garante de la integridad de la norma suprema, es decir: Los Tribunales, y máxime el Tribunal Constitucional tiene el deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales.

    La interpretación del Tribunal Constitucional debe estar encaminada a garantizar la tutela efectiva, conforme las garantías constitucionales que deben ser resguardadas al momento de interpretar y aplicar la norma.

    En cuanto a este tema, el autor español F.C.B., ha indicado:

    el deber judicial de promover y colaborar en la realización de la efectividad de la tutela no es de carácter moral sino un deber jurídico constitucional, pues los Jueces y Tribunales tienen la “obligación de protección eficaz del derecho fundamental”. El cumplimiento de ese mandato constitucional de proteger el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al que tienen derecho todas las personas, ha de ser para los Jueces y Tribunales el norte de su actividad jurisdiccional.

    Además, los Jueces y Tribunales tienen el deber de aplicar el principio de favor actionis, la obligación de rechazar interpretaciones formalistas o desproporcionadas y de ejercer la jurisdicción de acuerdo con los valores constitucionales, todas esas obligaciones de los Jueces y Tribunales de garantizar la efectividad de la tutela, se encuentran integradas en el propio derecho a la tutela, por lo que constituyen garantías exigibles por parte de los justiciables

    (C.B., F.. “La Tutela Judicial Efectiva.” P.. 329-330, Editorial Bosch, 1994, Barcelona, España)

    Bajo ese prisma, observa el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que la violación constitucional argüida por el amparista en su libelo de A., va dirigida a la infracción del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que consagra la garantía del debido proceso.

    Con relación a este derecho y garantía del debido proceso, la jurisprudencia patria, así como lo Tratados y Convenios Internacionales lo han reconocido, como parte del derecho al debido proceso, el cual las partes gozan de una serie de garantías procesales como lo son: la oportunidad de acceder válidamente a los tribunales de justicia y obtener una decisión o resolución judicial en base a lo pedido; ser juzgado en un proceso previamente determinado por la ley y por motivos o hechos definidos con anterioridad; ser escuchado en el proceso, la posibilidad de aportar pruebas lícitas y contradecir las de la contraparte; derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas y hacer uso de los medios de impugnación que otorga la ley, de tal manera que puedan hacer valer sus derechos o ejercer los mecanismos de defensa legalmente establecidos.

    Sobre la importancia de estas garantías procesales que componen el derecho constitucional al debido proceso, el D.A.H. ha expresado:

    …si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad o contradicción del derecho de aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación contra resoluciones judiciales, falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley-proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que , por ejemplo desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional.

    (H., A., El debido Proceso, Editorial Temis S. A., Santa Fe de Bogotá Colombia, 1996, pág. 89-90)

    Por tanto, la Acción de A. por violación a alguna de las garantías del debido proceso procederá cuando los hechos que constituyen la infracción efectivamente impidan el goce y ejercicio inmediato de los mismos.

    De los hechos del Recurso de Apelación se deduce que la disconformidad del apelante con la decisión de primera instancia, al no conceder el A., es que sí se configura la supuesta violación al debido proceso, en virtud de la falta de competencia de los Juzgados de N. y Adolescencia, en intervenir en una relación eminentemente comercial y no familiar, entre el Colegio y el menor RLBR, emanada de un contrato de matrícula escolar celebrada con los padres del mismo, a tal grado que usurpó no solo la competencia y jurisdicción que no le corresponde, sino que se extralimitó en sus funciones de competencia, por ordenar al C.S.A., que admita la pre inscripción del menor de edad RLBR, para el período escolar 2017, cuando el Colegio tiene de conformidad a su Reglamento Interno el derecho de reserva admisión de los estudiantes para el año siguiente lectivo.

    Para determinar si la decisión adoptada por el Tribunal de A. en primera instancia, se ajusta a lo previsto en las normas legales vigentes aplicables a la situación planteada en el A. de Garantías Constitucionales bajo estudio, en el sentido de que si ocurrieron o no la violación argüida por la amparista, que se enmarca en la competencia de los Tribunales de la jurisdicción de niñez y adolescencia para dictar una medida de protección, en las circunstancias planteadas, es necesario revisar el examen de la actuación adelantada por el Juez Segundo de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, que no fueron consideradas violatorias a los derechos constitucionales de la actora, por parte del Tribunal de A. de Primera Instancia.

    En el recurrido procesal realizado al cuaderno constitucional se observa que ante el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, se emitió el Auto No.0216-17Pro de fecha 27 de enero de 2017, en el cual se declara no probado el Incidente de Nulidad Absoluta por Falta de Jurisdicción en contra del Auto No.2796-16 PRO de 21 de octubre de 2016; propuesto por el R.P.G.D.J.R. en contra de los señores L.B. y R.R.R., presentado dentro del Proceso de Protección por supuesta violación al derecho a la educación del menor RLBR, resolución que fue confirmada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, de fecha 2 de agosto de 2017.

    Igualmente reposa la Sentencia No.001-17 Pro de fecha 15 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá; modificada por la resolución de fecha 2 de agosto de 2017 del Tribunal Superior de N. y Adolescencia, dentro de la cual el Juez natural señala los fundamentos de derecho en los cuales sustenta la competencia de su jurisdicción la cual se trata de una medida de protección del menor de edad RLBR a solicitud de sus padres contra una institución educativa.

    La resolución objeto de apelación, de fecha 19 de octubre de 2017 emitida por el Juez Constitucional A-quo (el Tribunal de N. y Adolescencia), al realizar el examen de las actuaciones de la jurisdicción de niñez y adolescencia indica que, la Juez natural del caso al tener conocimiento del proceso de Protección a favor del joven RLBR, en la cual concluyó, que hubo una vulneración al derecho de educación, información, participación y defensa en perjuicio del menor RLBR, como consecuencia directa de la adopción por parte del colegio demandado, de un trámite apartado de los parámetros legales establecidos para el procesamiento de los estudiantes que cometen cualquier tipo de faltas disciplinarias, aclarando que el derecho de admisión del colegio, entraba en conflicto con el derecho a la educación; fue realizado conforme a los trámites de ley. Indicando que la Juez Segunda de N. y Adolescencia, realizó los procedimientos inherentes a ese tipo de casos, resolviendo las peticiones de la parte demandante y demandada.

    En su análisis, la Autoridad recurrida indicó que la protección en favor del joven RLBR deviene del derecho que tiene el menor de edad, de recibir las técnicas que le garanticen el normal desarrollo de su personalidad, siendo por tanto la Jurisdicción de N. y Adolescencia quien por mandato de ley, es competente para atender las quejas o denuncias que se formulen sobre actos que pongan en peligro la salud o el desarrollo físico o moral del menor, adoptando las medidas necesarias para hacer cesar dichas actuación, de conformidad al artículo 754 numeral 2 del Código de Familia, atendiendo al artículo 94 de la Constitución Política.

    El Tribunal de primera instancia estableció que, no se trata de un asunto contractual entre los padres del menor RLBR y el Colegio; sino que al tratarse de un tema que afecta el interés superior del menor de edad, en este caso el de educación, el cual no es un mero servicio que puede ser cesado de forma unilateral, sino que debe ser entendido como la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de la persona.

    Fundamentó, también, su decisión en que el Colegio le aplicó medidas disciplinarias, que interrumpieron no solo el normal desarrollo de su proceso de enseñanza aprendizaje, sino también la estabilidad emocional del joven RLBR, en su relación en el Colegio como en su entorno familiar.

    Dejando por sentado, el Juez A-quo que, la niñez y adolescencia tiene derecho a la educación básica y obligatoria que les permitan el desarrollo de sus capacidades y habilidades; que tiene derecho a acceder a la escuela, que en la misma se les respete y que de ninguna manera sean castigados o humillados.

    Hay que hacer notar, en el caso en particular, el contenido del artículo 94 de la Constitución Política, el cual contempla la garantía de “la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de crear centros docentes particulares con sujeción a la Ley”.

    Dicha norma, a saber dice:

    Se garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de crear centros docentes particulares con sujeción a la Ley el Estado podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que se cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, moral, cívica y física de los educandos.

    La educación pública es la que imparten las dependencias oficiales y la educación particular es la impartida por las entidades privadas.

    Los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares están abiertos a todos los alumnos, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores.

    La ley reglamentará tanto la educación pública como la educación particular.

    Siendo así, la educación particular es reconocida y apoyada por el Estado por ser un derecho fundamental de la persona, de la familia y de sus asociados. Los planes de estudio, los programas de enseñanza y la organización de las escuelas particulares requieren la aprobación del Ministerio de Educación, por ello los Centros Educativos particulares serán supervisados por el Ministerio de Educación.

    Pero debemos aclarar que el Estado no solo interviene en pro de la educación de los estudiantes a través de la vía administrativa, como es el caso de su intervención por medio del Ministerio de Educación; sino que interviene a través de otras instituciones u Órganos del Estado que tienen por objetivo garantizar la seguridad de la niñez, en diferentes aspectos.

    Encontramos dentro del Órgano Judicial, la Jurisdicción de Familia y la Jurisdicción de N. y Adolescencia; teniendo esta última entre sus competencias el atender las quejas o denuncias que se formulen sobre actos que pongan en peligro la salud o el desarrollo físico o moral del menor, adoptando las medidas necesarias para hacer cesar dichas actuaciones, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 754 del Código de Familia.

    Se hace estas aclaraciones, toda vez que entre los hechos que sirvieron de sustento al Recurso de Apelación presentada por el amparista, se sustenta que la intervención de esta Jurisdicción es propia de las relaciones familiares; siendo clara la norma que es contra cualquier acto que ponga en peligro la salud o el desarrollo del menor, teniendo por tanto la obligación legal de tomar las medidas necesarias para hacer cesar las actuaciones en cuestión.

    Por tanto, el análisis realizado por el Tribunal A-quo negando la existencia de la relación supuestamente comercial o civil, alegada por el amparista, existente entre el C.S.A. y el menor RLBR, es correcta; toda vez que es deber del Estado, intervenir y proteger a través de los Juzgados de N. y Adolescencia a los menores de edad, contra actos que pongan en peligro su salud y desarrollo, protegiendo así el desarrollo educativo del menor RLBR, derecho protegido en el Capítulo Quinto de la “Educación”, Título III de los “Derechos y Deberes Individuales y Sociales” consagrado en nuestra Constitución Política.”

    Por otra parte, en cuanto a lo argumentado en el Recurso de Apelación por el amparista con respecto a la reserva de derecho de admisión de los estudiantes al colegio, tal como se indicó en líneas superiores en el análisis del Tribunal de A. de Primera Instancia, la Autoridad recurrida que estaba de acuerdo con la decisión del Juzgado Segundo de N. y Adolescencia, cuando concluye que este derecho de admisión entra en conflicto con el derecho a la educación.

    El mismo amparista fundamenta su argumento en el contenido del Artículo 131 del Reglamento Interno del Colegio, el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación; dicho reglamento transcrito del Recurso de Apelación establece:

    “Artículo 131: “La Dirección del Colegio se reserva la admisión para el siguiente año lectivo de los/as estudiantes que, durante el curso anterior, hayan tenido que ser amonestados frecuentemente por motivos disciplinarios, por bajo rendimiento en las asignaturas académicas (para primaria) o que hayan reprobado dos años completos.”

    De dicha norma se deducen claramente los presupuestos en que el C.S.A. se reserva el derecho de admisión de los estudiantes en curso, para el año lectivo siguiente. Entre estos se encuentran:

    1- amonestaciones frecuentes por motivos disciplinarios;

    2- bajo rendimiento en las asignaturas académicas, para el caso de los estudiantes de primaria; y

    3- que hayan reprobado dos años completos.

    Dichos presupuestos no fueron probados por el amparista ante el Juez natural de la causa, por tanto al no existir prueba de ello, el Tribunal A-quo estuvo de acuerdo con las actuaciones del Juez Natural de la causa en su aclaración en que el “derecho de admisión entra en conflicto con el derecho a la educación.”

    En otro orden de ideas, es importante recalcar que si bien las autoridades del C.S.A., están compelidas a cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del Colegio, estos no pueden pasar por alto que la aplicación de dicho Reglamento tiene que hacerse en compañía de la Constitución en los supuestos pertinentes y del régimen de educación vigente.

    Por ello, aun cuando el Reglamento del C.S.A. establezca en su artículo 131 una reserva a la admisión de los estudiantes, que invocó para negar la pre-inscripción del estudiante RLBR, el mismo no puede ser aplicado por el colegio de manera disgregada de la Constitución y la Ley, respetando la dignidad del estudiante, y bajo ninguna consideración afectar los postulados que protege la Constitución con respecto al acceso a la educación (desarrollo físico, intelectual, moral, etc).

    En ese sentido, se aprecia en la resolución apelada que el Tribunal de Primera Instancia que se hace un análisis detallado de la cuestión planteada y argumentada en debida forma, señala que lo actuado en la Jurisdicción de N. y Adolescencia, no constituye violación constitucional alguna, sino por el contrario, se ajusta al conjunto de normas jurídicas generales que regulan dicha actuación.

    Los argumentos y razonamientos expuestos en los Recursos de Apelaciones presentados no logran desvirtuar la decisión adoptada por la primera instancia, y en consecuencia lo que procede es confirmar la Resolución de 19 de octubre de 2017 emitida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia.

    Esta corporación de justicia hace un llamado de atención al amparista, toda vez que, por lo expuesto, trata de trasladar a la jurisdicción constitucional, la discusión de la Jurisdicción de N. y Adolescencia, tema que fue ampliamente discutido en esa jurisdicción, tal como se desprende del Incidente de Nulidad presentado ante el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia, en la cual no se encontró probado el mismo; resolución que además fue confirmada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia. En virtud de ello, el Pleno no puede permitir que esta jurisdicción constitucional se constituya en una tercera instancia, ni mucho menos en una instancia extraordinaria; toda vez que es una instancia de protección de derechos constitucionales.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución 19 de octubre de 2017, dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia que resuelve: DENEGAR la Acción de A. de Garantías Constitucionales, interpuesta por la Licenciada M.G.S., apoderada judicial del señor P.G.D.J.R., representante de la Asociación de Padres Agustinos Recoletos de Panamá contra la Sentencia No.001-17 PRO de 15 de marzo de 2017, emitida por el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso de Protección seguido en favor del menor RLBR.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- GISELA AGURTO AYALA -- HARRY A. DÍAZ -- LUIS R. FÁBREGA S. LUIS MARIO CARRASCO (Voto Razonado).

    YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)