Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Agosto de 2017

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución30 de Agosto de 2017
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 30 de agosto de 2017

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 465-17

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado A.E.M.O., en representación de CONSORCIO SOLYMAR, S., contra el Auto No.14/625 de 4 de enero de 2017, proferido por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La resolución contra la cual se presenta el recurso de apelación que ocupa al Pleno, es la decisión proferida el 11 de abril de 2017, por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no concedió la acción de amparo de garantías propuesta.

Procede el Pleno a emitir la decisión del recurso formulado, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del mismo.

Antecedentes

La resolución objeto de amparo fue dictada en el marco de un proceso ejecutivo promovido por CONSORCIO SOLYMAR, S. (cesionario de D.S.) contra INDUSTRIAS MADERERAS P.R., S. (IMPEROSA). Dicho acto jurisdiccional está contenido en el Auto N°14/625 de 4 de enero de 2017, el cual, en su parte resolutiva y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1113 del Código Judicial "DECRETA la CADUCIDAD EXTRAORDINARIA, en el presente proceso ejecutivo..." Asimismo, levantó el embargo que pesaba sobre los bienes muebles e inmuebles del ejecutado y ordenó al Director del Registro Público que se dejase sin efecto el contenido del Auto No.3041 de 23 de diciembre de 1998 y del Oficio No.8 de 5 de enero de 1999, así como el archivo del proceso.

Disconforme con esta decisión, la representación judicial de la sociedad CONSORCIO SOLYMAR, S., interpuso recurso de reconsideración contra el Auto descrito; y, la J. Primera de Circuito mediante Auto No.159/625-95 de 17 de enero de 2017, negó el recurso presentado, al considerar que no se aportaron elementos nuevos que convencieran a la juzgadora de que el proceso no haya estado paralizado por el tiempo que señala el artículo 1113 del Código Judicial.

Por su parte, consta en autos que la parte actora CONSORCIO SOLYMAR, S., por medio de apoderado judicial, propuso acción constitucional de amparo contra el Auto N°14/625 de 4 de enero de 2017, por estimar que el mismo viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, toda vez que considera que la autoridad demandada no le imprimió el trámite legal que corresponde al proceso ejecutivo simple propuesto por Consorcio Solymar, S., contra I.M.P.R., S., luego de haberse adjudicado provisionalmente los bienes rematados el día doce (12) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), tal como consta en el Acta de Remate de la misma fecha.

Sobre el particular, la amparista adujo que no se puede perder de vista el trámite que no cumplió el Tribunal de la causa, es decir, la resolución que adjudicaba definitivamente los bienes rematados, el cual es un trámite que le quedó pendiente al despacho judicial; y, que por tal motivo, no puede decretarse la caducidad extraordinaria.

  1. Decisión de Primera Instancia

    El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 11 de abril de 2017 (fs.57-71), resolvió no conceder la presente acción constitucional subjetiva, luego de considerar que no se ha violado el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales y, en consecuencia, ni el derecho al debido proceso. En lo medular, se expuso en la sentencia apelada que la caducidad extraordinaria opera cuando el proceso ha estado paralizado por dos o más años, y en ella no hay que distinguir si la paralización es imputable al Tribunal o a la actora, ya que es irrelevante a quien sea atribuible la paralización, solo el transcurso del tiempo sin gestión de parte, produce la caducidad de la instancia extraordinaria. Que el término de esta caducidad no se interrumpe mientras el expediente esté para resolver.

    Adicionalmente, advierte el Tribunal A quo que respecto a lo alegado de la amparista, en el sentido de que, conforme al artículo 1713 del Código Judicial, luego de hecha la adjudicación provisional, la transmisión es irrevocable, conforme a la misma norma lo que queda irrevocable es la adjudicación provisional, o sea que el ejecutado no puede pagar lo adeudado para que no se verifique el remate. Que por ello, en nada afecta a que se dé la caducidad de la instancia extraordinaria, porque la misma se produce cuando el expediente ha estado paralizado por más de dos años como aconteció en este caso.

  2. Argumentos de la Apelación

    En su escrito de apelación, el apoderado judicial de la accionante insiste en la vulneración del artículo 32 de la Constitución Nacional y reitera los argumentos expuestos en su demanda de amparo.

    Concretamente, alega el recurrente que la negativa del Primer Tribunal Superior se sustentó en que se habían cumplido los presupuestos que permiten la caducidad extraordinaria. Lo cual, a su criterio, resulta peligroso ya que el mismo puede transgredir los derechos de muchos usuarios de los despachos judiciales, pues lo manifestado da pie a que se decrete una caducidad extraordinaria de un proceso cuando tiene dos años o más, pendiente de practicar pruebas o cuando tiene dos años o más pendiente de sentencia, tal como en ocasiones ocurre en ciertos despachos.

    Agrega, que el Primer Tribunal Superior pretende insinuar que los procesos judiciales no van a gestionarse en su despacho, si el demandante no presenta impulso procesal. Que ello resulta, no solo una conclusión subjetiva que sienta un precedente peligroso para la administración de justicia, sino que es contrario a lo que dispone el artículo 199 del Código Judicial. Considera que tal norma no exige al abogado presentar impulsos procesales dentro de los procesos con el fin de que los mismos sean gestionados por el juez; ni siquiera faculta al apoderado para presentar impulsos como se ha hecho común en la práctica, sino que, por el contrario, el artículo 199 lista los deberes de los jueces, entendiéndose aquellos actos que el juez debe y tiene que realizar, como por ejemplo, lo señalado por los artículos 465 y 466 del Código Judicial, los cuales dejan claro.

    Reitera que la resolución impugnada a través de la presente acción constitucional, violenta el artículo 32 de nuestra Constitución Política, por cuanto el Juzgado Primero de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, no le imprimió el trámite legal correspondiente al proceso ejecutivo simple propuesto por CONSORCIO SOLYMAR, S. contra INDUSTRIAS MADERERAS P.R., S., luego de haberse adjudicado provisionalmente los bienes rematados el día 12 de marzo de 1999, tal como consta en el Acta de Remate de la misma fecha.

    Adicionalmente, estima que el artículo 1720 del Código Judicial señala que la copia de la diligencia de remate constituirá título de dominio en favor del adquirente de los bienes rematados, por lo que sería ilógico que su representado perdiera el dominio de lo que adquirió mediante una venta judicial, debido a una caducidad decretada, por la omisión del funcionario que debió adjudicarla definitivamente, tal como señala el procedimiento.

  3. Posición del Tercero Interesado

    El D.E.V.C., en representación de INDUSTRIOAS MDERERAS P.R., S., tercero interesado dentro de la acción constitucional que nos ocupa, presentó escrito de oposición al recurso de apelación anunciado por el apoderado judicial de la amparista y solicitó la confirmación de la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, pues considera que no existe violación a norma constitucional alguna.

    En ese sentido, señala que en la resolución atacada en apelación, el Primer Tribunal Superior, atinadamente, señaló que el último acto que se dio dentro del Proceso Ejecutivo respectivo, no fue el Auto de Adjudicación Provisional, sino el proveído de 27 de agosto de 2008, que ordenó archivar el expediente y que a partir de allí, no se dio gestión alguna de parte, por lo que efectivamente el proceso estuvo archivado por más de sete (7) años, hasta el 8 de septiembre de 2015, cuando interpuso en nombre de su representada, el Incidente de Caducidad Extraordinaria que corre de foja 123-124 del expediente y que el citado proveído de 27 de agosto de 2008, no fue atacado de forma alguna por el hoy recurrente. Por ende, es del criterio que no es cierto que el Proceso Ejecutivo en referencia, hubiese estado pendiente de algún acto a cargo del Tribunal de instancia.

  4. Consideraciones de la Corte

    En virtud de la promoción del recurso de apelación, corresponde pronunciarnos respecto a la decisión vertida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, por tanto, determinar si la misma se adecua a lo dispuesto en las normas legales sobre la materia.

    Lo hasta aquí reseñado revela que el recurso de apelación examinado se propone contra la resolución proferida, en primera instancia, por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 11 de abril de 2017, por la cual "NO CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales impetrado por CONSORCIO SOLYMAR, S. contra la JUEZ PRIMERA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, por haber dictado el Auto No. 14/625-95, del 4 de enero de 2017."

    Como vemos, se trata del cuadernillo contentivo del Amparo de Garantías Constitucionales promovido por la sociedad CONSORCIO SOLYMAR, S., por medio del cual cuestiona la decisión dictada por la J. Primera de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, de decretar la caducidad extraordinaria dentro del Proceso Ejecutivo propuesto contra INDUSTRIAS MADERERAS P.R., S., indicando que con ella se transgrede el debido proceso, puesto que no le imprimió el trámite legal correspondiente al proceso ejecutivo simple propuesto por CONSORCIO SOLYMAR, S. contra INDUSTRIAS MADERERAS P.R., S., luego de haberse adjudicado provisionalmente los bienes rematados el día 12 de marzo de 1999, tal como consta en el Acta de Remate y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1720 y 1726 del Código Judicial.

    Así las cosas, tenemos entonces que el fundamento central de la amparista es con relación a aspectos meramente de interpretación de las precitadas normas legales (1720 y 1726 del Código Judicial), lo que, de acuerdo a su opinión, infringe el contenido de la citada norma constitucional. Por tanto, resulta evidente la improcedencia de la acción de tutela de garantías, ya que la verdadera pretensión de la parte demandante, se circunscribe a que se establezca que la interpretación de la referida norma legal infringe derechos fundamentales. Es decir, que la demanda de amparo busca que se establezca en el caso que nos ocupa, que las citadas normas fueron indebidamente interpretadas por la juzgadora, lo que se convierte en una materia ajena al estudio de las acciones de Amparo de Garantías Constitucionales, ya que lejos de pretender proteger los preceptos constitucionales aducidos, lo que se busca es un pronunciamiento respecto a la debida interpretación de disposiciones legales, situación que no le corresponde al Tribunal de amparo de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional y las normas procesales que regulan este negocio constitucional.

    Lo anterior se evidencia de la simple lectura de los argumentos que sirvieron de sustento al momento de interponer el recurso de reconsideración contra el Auto No.14/625-95 de 4 de enero de 2017, visible de foja 134 y 135 del cuaderno de antecedentes, y que ahora están incluidos en el apartado de los hechos que guardan relación con la presente acción. Si ello es así, resulta evidente la improcedencia de la acción propuesta por la amparista, ya que lejos de pretender proteger el principio del debido proceso, lo que se busca es un pronunciamiento respecto a la debida interpretación de disposiciones de rango legal.

    Adicionalmente, en este punto, es importante recordar que la utilización del amparo como medio para verificar la valoración probatoria o que la interpretación de la ley por parte de la autoridad competente haya sido correcta, es posible, de manera excepcional, en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamental por razón de una resolución arbitraria o por una sentencia que está falta de motivación, o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011), o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión (Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012), o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte con una de dichas sentencias, un derecho o garantía fundamental (Cfr. Sentencia de 5 de septiembre de 2012); lo que no se evidencia en el presente negocio constitucional.

    No obstante, como quiera que estas consideraciones corresponden a la etapa de admisibilidad y, en el caso bajo examen, la amparista ha citado que se infringe el artículo 32 de la Constitución, los referidos cargos serán analizados a efectos de determinar si se materializó la transgresión a la garantía fundamental aludida.

    En ese sentido, considera esta Colegiatura que la argumentación expuesta por la recurrente no logra acreditar la vulneración del debido proceso, pues considera que el Auto No.14/625-95 de 4 de enero de 2017, fue expedido sin imprimirle el trámite legal correspondiente al proceso ejecutivo simple propuesto por CONSORCIO SOLYMAR, S. contra INDUSTRIAS MADERERAS P.R., S., luego de haberse adjudicado provisionalmente los bienes rematados el día 12 de marzo de 1999, tal como consta en el Acta de Remate de esa fecha.

    Nos permitimos poner de relieve que cuando la Juzgadora dicta el Auto No.14/625-95 de 4 de enero de 2017, por la cual decretó la caducidad extraordinaria, la última actuación del Tribunal estaba contenida en el proveído de 27 de agosto de 2008, por el cual se ordenó el archivo del expediente (f. 121 de los antecedentes), sin que, posterior a esa fecha, hubiera gestión alguna de la ejecutante (ahora amparista). Es decir, tal y como alega el apoderado de la amparista, su última gestión data del 12 de marzo de 1999, esto es, más de nueve (9) años, previo al archivo del proceso. Posteriormente, la sociedad ejecutada mediante apoderado judicial solicitó la caducidad extraordinaria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1113 del Código Judicial, el cual es del tenor literal siguiente:

    Artículo 1113: Dará lugar a la caducidad extraordinaria la paralización del proceso por dos años o más, sin que hubiere mediado gestión escrita de parte. La resolución respectiva será notificada por edicto y no admitirá recurso, salvo el de Reconsideración. Será obligación del Secretario recibir escritos que, en cualquier etapa del proceso, presente la parte instando a la actuación.

    En los procesos en curso en que se haya producido la causal durante el año anterior, los interesados tendrán un término de tres meses, contados a partir de la vigencia de esta Ley, para presentar por escrito la gestión que impida que se decrete la caducidad.

    Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o correccional que corresponda.

    Por consiguiente, al momento que se decreta la caducidad extraordinaria de instancia, no había gestión alguna de parte desde el 27 de agosto de 2008, fecha de la última actuación por parte el Tribunal. Lo cual indica que, a la fecha en que se dictó el Auto No.14/625-95 de 4 de enero de 2017, habían pasado más de ocho (8) años a la fecha en que se ordenó el archivo del expediente, cumpliéndose los presupuestos contenidos en el artículo 1113 del Código Judicial.

    Por otro lado, a juicio del amparista se violó de forma directa el debido proceso, toda vez que de conformidad con los artículos 1720 y 1726 del Código Judicial, luego de haberse adjudicado provisionalmente los bienes rematados el 12 de marzo de 1999, lo que procedía era la adjudicación definitiva de los bienes. Sin embargo, como se dejó expuesto, el 27 de agosto de 2008, hubo actuación por parte del Tribunal.

    Al respecto, si la inconformidad del amparista era la decisión de archivar el expediente, sin que el Tribunal le hubiese dado el trámite que legalmente le correspondía dentro del proceso ejecutivo, debió presentar los recursos y acciones correspondientes de manera oportuna. Lo cual no fue posible por el abandono del proceso.

    Ahora bien, esta Superioridad debe señalar que si bien el impulso y la dirección del proceso corresponden al juez, el cual tomará las medidas tendientes a evitar su paralización, no puede soslayarse el carácter y naturaleza del proceso civil, que es de índole dispositivo, de justicia rogada donde existen normativas y principios que obligan a la parte a colaborar o realizar ciertas gestiones dentro de la causa, con el fin que ésta no se paralice.

    Los pronunciamientos judiciales dictados por los tribunales de justicia en los distintos niveles, son constantes en señalar que esta labor es compartida, y corresponde a la parte interesada realizar gestiones para que el proceso no se paralice o, como ocurre en este caso, que se surta el pronunciamiento respecto a la adjudicación definitiva de los bienes rematados. Es decir, que el demandante o ejecutante tiene su cuota parte en la realización de ciertos trámites dentro del proceso ejecutivo, más aun cuando los mismos tienden a garantizar la plena efectividad de la ejecución y/o satisfacción de su crédito.

    Siguiendo esta línea de pensamiento, y considerando los hechos y fechas en que ocurrieron los mismos dentro de esta controversia, se constata un abandono por parte del amparista dentro de este proceso, quien no realizó ninguna gestión para que se surtiera la adjudicación definitiva de los bienes posterior al acta de Remate. Y, aun cuando se alegara que la adjudicación definitiva de los bienes rematados es función del juez de instancia, no puede soslayarse que ante tal omisión, el amparista, no realizó ninguna gestión, a pesar que el 27 de agosto de 2008, se ordenó el archivo del expediente. Por el contrario, su reaparición en el proceso fue para reconsiderar la resolución donde se decretó la caducidad extraordinaria de la instancia. Es decir, más de quince (15) años desde su última gestión y más de siete (7) años contados a partir de la última actuación del tribunal.

    Lo anterior es muestra clara del abandono procesal por parte del recurrente, sin que ninguno de los elementos insertos en el expediente, de cuentas que tal inactividad sea imputable al tribunal. Incluso, no hay constancia alguna que opere en beneficio del amparista, es decir, la concurrencia de alguno de los presupuestos por los cuales pudo haberse interrumpido el plazo, o que se considere que la paralización es imputable al tribunal, en cuyo caso no hubiera podido decretarse.

    Lo antes analizado conlleva a recordar, que la caducidad de la instancia también es considerada como un tipo de sanción a la inactividad absoluta, lo que en efecto se ha constatado dentro de este proceso, por ello, no puede señalarse que pese a que se incurrió en alguna omisión por parte del Juzgador, -posterior al archivo del expediente,- no se realizó ninguna gestión por la amparista, y que tal paralización del proceso sea atribuible a la juez de la causa.

    La caducidad de la instancia, tal y como planteamos, es una especie de sanción a la inactividad del demandante por determinado período de tiempo, en este caso, ella no puede desvirtuarse porque el tribunal omitió un trámite, si partimos que fue el propio Tribunal, cuando al dictar el proveído de 27 de agosto de 2008, interrumpió el plazo de caducidad, transcurriendo luego más de ocho (8) años desde que el representante de la sociedad Industria M.P.R., S., solicitara la caducidad extraordinaria del proceso, con fundamento en el artículo 1113 del Código Judicial.

    En otras palabras, para que no se surtiera la caducidad de la instancia, se requería que el demandante estuviera activo en el proceso, realizando gestiones para que éste no se paralizara; circunstancia que no se comprueba dentro de la presente causa, pues, luego del 27 de agosto de 2008, no se registra gestión alguna de su parte.

    Por tanto, y como quiera se ha verificado que se siguió con el procedimiento que establece la normativa antes citada (art.1113 del C.J.), se concluye que, igualmente, con la emisión del Auto No.14/625-95 de 4 de enero de 2017, proferido por el Juzgador Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, se respetó el contenido del artículo 32 de la Constitución Nacional. Por tal razón, la decisión a la que arriba esta Superioridad, es que los cargos de infracción a la garantía del debido proceso, no se configuraron, por lo que corresponde confirmar la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial

    En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales, promovida por el Licenciado A.E.M.O., en representación de CONSORCIO SOLYMAR, S., contra el Auto N°14/625-95 de 4 de enero de dos mil diecisiete (2017) proferido por la J. Primera de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

    N.,

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

    HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- A.R. DE CEDEÑO (Salvamento De Voto) -- A.A.Z.-.J.E.A.P.C. -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

    SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA A.R. DE CEDEÑO

    De la manera más respetuosa, debo manifestar que disiento de la opinión de la mayoría del Pleno vertida en la presente resolución, que CONFIRMA la resolución de once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial dentro la acción de amparo de garantías, promovida por el Licenciado A.E.M.O., en representación de CONSORCIO SOLYMAR, S., contra el Auto N° 14/625-95 de 4 de enero de dos mil diecisiete (2017) proferido por la J. Primera de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

    En este sentido debo señalar que la presente acción de amparo se instaura dentro de un proceso ejecutivo promovido por CONSORCIO SOLYMAR, S. contra INDUSTRIA MADERERAS P.R., S., en el cual el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó el Auto N° 14/625 del 4 de enero de 2017, que DECRETA la CADUCIDAD EXTRAORDINARIA en el presente proceso ejecutivo. Asimismo, levantó el embargo que pesaba sobre los bienes muebles e inmuebles del ejecutante y ordenó al Director del Registro Público que se deje sin efecto el contenido del Auto N° 3041 de 23 de diciembre de 1998 y del Oficio N° 8 de 5 de enero de 1999, así como el archivo del proceso.

    Se advierte que dentro de dicho proceso ya el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá había concedido una adjudicación provisional de los bienes rematados el día 12 de marzo de 1999, y en este sentido la norma procesal civil, es clara en señalar que; "después de adjudicado provisionalmente el bien, quedará la transmisión irrevocable".

    Al respecto el artículo 1713 del Código Judicial señala:

    Artículo 1713. "En cualquier tiempo antes de adjudicarse provisionalmente el bien, podrá el deudor liberar sus bienes, pagando lo principal, intereses y costas. Después de adjudicado provisionalmente, quedará la transmisión irrevocable.

    De la norma transcrita se colige que dada la adjudicación provisional de un bien se garantiza al adquirente la adjudicación irrevocable del mismo, por lo que no se ajusta a derecho que se decrete la caducidad extraordinaria y se revoque la adjudicación provisional, ya que la norma es clara en señalar que la transmisión quedará irrevocable. Hacer lo contrario es violentar la norma de procedimiento.

    En este sentido la Corte ha señalado lo siguiente:

    "Está claro que dentro de la ejecución ordinaria, una vez celebrado el remate y hecha la adjudicación provisional del bien al rematante, la adjudicación definitiva debe darse indefectiblemente, tan pronto el rematante haya cancelado el precio ofrecido en la venta judicial, sea mediante el pago al contado o a cuenta del crédito hipotecario, en los términos en que lo autoriza el ordenamiento procesal" (Fallo dictado por el Pleno, de fecha 6 de septiembre de 1990, dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por PRIBANCO contra el J. Séptimo de Circuito Civil de Panamá).

    Se observa que el acta de Remate de los bienes se efectuó el día 12 de marzo de 1999 (ver fs.17-20 del cuadernillo); siendo esto así el artículo 1720 del Código Judicial señala que efectuado el remate de los bienes la copia de la diligencia que se extiende para este fin constituirá título de dominio a favor del adquirente.

    Al respecto el artículo 1720 del Código Judicial señala:

    Artículo 1720:"Efectuado el remate de los bienes, el funcionario hará que se extienda una diligencia en que se expresen la fecha del remate, los bienes rematados, el nombre del rematante y la cantidad en que se haya rematado cada bien.

    Esta diligencia la firmarán el juez y el secretario del tribunal o el alguacil ejecutor, según el caso, y el rematante. La copia de esta diligencia constituirá título de dominio a favor del adquirente."

    De la norma antes citada se infiere que una vez efectuado el remate y levantada la diligencia correspondiente, la copia de dicha diligencia constituirá título de dominio a favor del adquirente; es decir, que con ese trámite se entiende que se ha dado la adjudicación y no debe admitirse una caducidad extraordinaria, cuando ya el procedimiento de adjudicación tuvo lugar a través de la diligencia antes citada.

    En este sentido el artículo 1727 del Código Judicial señala: "que la copia de la diligencia de remate de bienes comprados en subasta pública y del auto que aprueba dicho remate, registrada cuando se trate de bienes inmuebles, será suficiente título de propiedad a favor del comprador. Estas copias deberán ser autenticadas por el J. y su secretario".

    En base a lo antes expuesto, considero que declarar la caducidad extraordinaria del proceso viola la garantía fundamental del debido proceso, ya que de las normas citadas se concluye que una vez adjudicado provisionalmente el remate se generan derechos ante quien adquiere el bien que son irrevocables.

    En vista de que la anterior no es la opinión de la mayoría de los Magistrados que integran el Pleno, sino otra, por este medio, de la manera más respetuosa, SALVO EL VOTO.

    Con el debido respeto,

    A.R. DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN (SECRETARIA GENERAL)

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