Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Septiembre de 1998

PonenteJUAN ANTONIO TEJADA MORA
Fecha de Resolución15 de Septiembre de 1998
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El abogado A.M.F., actuando en representación de su mandante, el trabajador E.A.Q., interpuso ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, "Recurso Extraordinario de Amparo de Garantías Constitucionales, contra la orden de hacer denominada Sentencia Nº 16 SJ/DRTCH, fechada 26 de mayo de 1998, dictada por el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, mediante la cual resuelve conceder a la empresa CHIRIQUI LAND COMPANY, División de Puerto Armuelles, la autorización de despido de todos los trabajadores del departamento de exportación muelle, y confirmada por la resolución # D.M. 35/98 de 5 de junio de 1998, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral."

ANTECEDENTES

  1. El empleador del señor E.A.Q., la Chiriquí Land Company, solicitó a la Dirección Regional de Trabajo autorización para despedir a los trabajadores de su Departamento de Exportación (Muelles), Mantenimiento de Vías, Talleres de Locomotoras y Transportación, localizado en Puerto Armuelles, con fundamento en el Artículo 213, acápite c., numeral 3, del Código de Trabajo, incluido él; autorización que le fue concedida.

  2. El abogado M.F. apeló ante el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien confirmó la resolución apelada.

  3. El abogado M.F., como se dijo arriba, presentó Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, y alegó que:

(a) "

SEGUNDO

Luego de contestada la demanda por parte de los trabajadores habiéndose corregido la contestación de la demanda de parte del trabajador E.A.Q., la Dirección Regional del Trabajo, procedió a emitir la sentencia #16 de 26 de mayo de 1998, mediante la cual concede la autorización de despidos solicitada, sin haber practicado las pruebas pedidas con la contestación de la demanda y su corrección y sin que al expediente se haya aportado prueba alguna que demuestre que la empresa no recibía pedidos de los mercados del Pacífico, mercados estos que jamás especificó la empresa cuáles son, ni mucho menos.

TERCERO

La resolución impugnada viola el debido proceso, porque además que concede la autorización de despido por una causal que no especificó la empresa correctamente en la solicitud, la misma se dictó dentro de un proceso que incumplió con los trámites legales que rigen los procesos administrativos en el Ministerio de Trabajo, que están determinados en la Ley 53 de 1975.

CUARTO

La resolución recurrida además de violar el debido proceso establecido en la Constitución Nacional, viola el Convenio 87 y 98 de la OIT suscrito por Panamá, toda vez que, la solicitud de despido se produce por el hecho que los trabajadores participaron de una huelga de 58 días exigiendo entre otras cosas el cumplimiento de la Convención Colectiva, porque la empresa los dejó sin trabajo, por haber exportado la fruta por otro puerto que no es el muelle fiscal de Puerto Armuelles".

(b) "La resolución impugnada infringe de modo directo por omisión el artículo 32 de la Constitución Nacional en relación con el artículo 17 del mismo cuerpo constitucional, toda vez que concede la autorización de despido solicitada sin haberse cumplido con los trámites legales que prevee la Ley 53 de 1975 que rige los procesos administrativos en el Ministerio de Trabajo. Lo anterior es así por lo siguiente:

  1. No se ordenó la práctica de las pruebas aducidas en la contestación de la demanda y corrección de la misma.

  2. No se celebró la audiencia que prescribe el artículo 9 de la Ley 53 de 1975.

  3. No se aceptó la corrección de la contestación de la demanda, toda vez que se confundió dicha corrección con la contestación misma.

  4. No se tomó en cuenta la petición formulada con la contestación de la demanda que se refiere al despido previo de los trabajadores por la violación del artículo 215 del Código de Trabajo, solicitud esta que es plenamente procedente de conformidad con lo que establece el artículo 568 del Código de Trabajo.

  5. Se pasó por alto los trámites legales que señalan los artículos 9, 11, 12, 14 y 15 de la Ley 53 de 1975.

    La garantía del debido proceso ha sido conculcada en el proceso mediante el cual se ha autorizado el despido de los trabajadores del departamento de exportación muelle de la Chiriquí Land Company, porque se ha violado el principio de la contradicción y bilateralidad"

    (c) "En el presente caso no solo no se acogió la corrección de la demanda que traía consigo una solicitud, sino que no se celebró audiencia tal y como lo ordena el artículo 9 de la Ley 53 de 1975, y tampoco se practicaron las pruebas aducidas con la contestación de la demanda y su corrección.

    Igualmente se conculcó el debido proceso al negarse el derecho a aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, toda vez que no se ordenó practicar ninguna de las pruebas aducidas con la contestación de la demanda y su corrección. El derecho de presentar pruebas, que incluso podía hacerse en la audiencia quedó reducido a cero, porque el Director Regional de Trabajo y el Ministro de Trabajo ignoraron lo que implica el debido proceso que está establecido en la Constitución Nacional, con el objetivo de propiciar el despido de los trabajadores."

    (d) Además, que se se infringió el artículo 70 constitucional, y elaboró así:

    "La resolución impugnada infringe de modo directo por omisión el artículo 70 de la Constitución Nacional, toda vez que ordena el despido de E.A. y todos los trabajadores del departamento de exportación muelle de la CHIRIQUI LAND COMPANY, sin existir justa causa y sin las formalidades que establece la ley.

    En primer lugar la resolución recurrida ordenó el despido sin que haya mediado una justa causa establecida en la ley, pues la que argumentó la CHIRIQUI LANDO COMPANY no está señalada en la Ley. A su vez la empresa no aportó ningún elemento de prueba para demostrar la supuesta causal de falta de pedido de los mercados del pacífico, mercados estos que no especificó cuáles son.

    Igualmente no se cumplió con los trámites que establece el artículo 216 del Código de Trabajo, porque no se practicó prueba alguna de las solicitadas con la contestación de la demanda y su corrección.

    Las pruebas que se adujeron con la corrección de la contestación de la demanda tenían que practicarse, sin embargo, no se tomó en cuenta la corrección de la demanda porque se tomó como una contestación tardía. La corrección de la contestación de la demanda cabía perfectamente porque cuando la misma se presentó al proceso no había sido abierto a pruebas".

    El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial encontró que las órdenes impugnadas no violan artículo constitucional alguno y, por ende, resolvió no conceder el A., en base a los siguientes argumentos principales:

    "El proceso de solicitud de autorización de despido por causa económica contemplado en los artículos 213, acápite c, numeral 3; 215 y 216 del Código de Trabajo, se trata de un procedimiento administrativo, el cual establece que el empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas de trabajo y señala además, que se le correrá traslado a los trabajadores afectados por un término de 3 días para aducir pruebas.

    Según expone el amparista en su demanda la empresa Chiriquí Land Company, solicitó autorización de despido de todos los trabajadores del departamento de exportación muelle, incluyendo a su patrocinado E.A.Q., con fundamento en el artículo 213 acápite c, numeral 3 del Código de Trabajo, alegando causas económicas, las cuales a juicio del amparista no han sido debidamente probadas, además que no se practicaron las pruebas pedidas en la contestación de la demanda, señalando también que la resolución impugnada incumplió los trámites legales que rigen los procesos administrativos en el Ministerio de Trabajo, y que están determinados en la Ley 53 de 1975.

    En cuanto a estas pretensiones tenemos que manifestar que el trámite de solicitud de autorización de despido no constituye un proceso propiamente dicho, se trata de un procedimiento administrativo sumario contemplado en los artículos 213, 215 y 216 del Código de Trabajo, y no en la Ley 53 de 28 de agosto de 1975, que establece un procedimiento diferente; de manera que en el caso que nos ocupa la autorización de despido tiene como causa la señalada en el acápite c., numeral del artículo 213 del Código de Trabajo, cuyo procedimiento a seguir es el señalado en el artículo 215 y 216 de la excerta legal antes citada.

    Por otro lado, en cuanto a la segunda de las alegaciones presentadas por el recurrente en el sentido de que no se practicaron pruebas pedidas en la contestación de la autorización del despido solicitada, tenemos que el día 29 de abril de 1998, se notificó el recurrente E.A.Q. y el día 30 de abril del año en curso, le otorga poder al licenciado A.O.A., contestando dentro del término establecido en el artículo 216 del Código de Trabajo, oponiéndose a la solicitud requerida.

    Por otro lado, observamos que el día 13 de mayo de 1998, el licenciado A.M.F., presenta poder ante la Dirección de Trabajo de Chiriquí, en representación de E.A.Q. y el día 19 de mayo presenta el escrito denominado corrección-contestación, en donde contesta los hechos por medio del cual se opone a la solicitud de autorización de despido, escrito éste que a todas luces resulta extemporáneo si tomamos como base el hecho de que el señor E.A.Q., fue notificado personalmente el día 29 de abril de 1998 y la fecha de presentación de este escrito es del 19 de mayo de 1998, o sea 20 días después de la notificación lo cual resulta evidentemente fuera de término el escrito presentado por las razones indicadas.

    En cuanto a la tercera alegación del amparista en el sentido de que se ha violado el debido proceso, al autorizarse el despido por una causal que no especificó la empresa correctamente en la solicitud y que se incumplió con los trámites legales que rigen los procesos administrativos en el Ministerio de Trabajo, y que están determinados en la Ley 53 de 1975, tenemos que señalar que la Dirección de Trabajo de Chiriquí, no ha incumplido con los trámites que rigen estos procesos administrativos, ya que como lo hemos manifestado, el trámite para este tipo de proceso donde se solicita la autorización para despedir trabajadores con fundamento en el artículo 213, acápite c del Código de Trabajo, o sea por causa económica se tiene que llevar a cabo conforme al procedimiento establecido en los artículos 215, 216 y 225 del Código de Trabajo, procedimiento que se ha cumplido con lo estipulado en el Código de Trabajo, específicamente los artículos antes mencionados".

  6. El abogado apeló de la decisión del Tribunal Superior, y sustentó el recurso en lo siguiente:

    (a) "La resolución impugnada señala erróneamente que el acto impugnado mediante el recurso de amparo se dictó en un proceso que solamente es regulado por los artículos 213, 215 y 216 del Código de Trabajo, sin tomar en cuenta otras normas de este mismo Código y la Ley 53 de 1975, lo cual no se ajusta a derecho porque los artículos 215 y 216, son normas que no contemplan todas las etapas de un proceso, y por ello se hace necesario la aplicación de normas con la Ley 53 de 1975, que la propia resolución dictada por el Director Regional de Trabajo, cita como fundamento de derecho".

    (b) El apelante apoya su sustentación en ciertas elaboraciones doctrinales y en jurisprudencia de esta Corte, que se refieren a materia relacionada con conflictos colectivos de trabajo, en el sentido de que las normas procedimentales aplicables a éstos se encuentran en la Ley 53 de 1975. (Referencias que, como veremos más adelante, son impertinentes al caso porque éste no trata sobre un conflicto colectivo de trabajo).

    (c) El apelante argumenta, además, lo siguiente:

    La sentencia impugnada nada dice respecto de la violación al debido proceso, de parte del Ministerio de Trabajo, al no haberse dado el trámite que corresponde a la petición sobre el incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo, toda vez que previo a la solicitud de despido hecha por la CHIRIQUI LAND COMPANY, ante la Dirección Regional de Trabajo, ya había despedido a los trabajadores con anterioridad a esa petición.

    ...

    "Pues si no se considera la corrección de la contestación de la demanda como tal, debió considerarse como un escrito aparte en el que se solicitó que el Ministerio se pronunciase sobre el incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo, que conforme lo establece el artículo 1º de la Ley 53 de 1975 es competencia del Ministerio de Trabajo y como queda dicho, como para la fecha de la presentación del escrito de la contestación de la demanda, no se había celebrado la audiencia correspondiente, era plenamente viable la petición. De manera que es otra violación clara al debido proceso, sobre lo que no se quiso pronunciar la sentencia civil apelada.

    Igualmente la sentencia civil apelada no se pronunció sobre la infracción al artículo 70 de la Constitución Nacional que se expresó en el libelo del recurso de amparos, muy a pesar que consta en el expediente que la causal alegada es inexistente y que no se aportó elemento probatorio alguno sobre la misma.

    Como quiera que el artículo 70 de la Constitución Nacional dice textualmente que ningún trabajador puede ser despedido sin justa causa sin las formalidades que la ley establece y aparece en el expediente que no se cumplió con las formalidades legales para la autorización del despido, además que se expuso en la contestación que los trabajadores ya habían sido despedidos, y no habiéndose practicado ninguna prueba de las pedidas por los apoderados de los trabajadores, no hay duda que se violó el artículo 70 de la Constitución Nacional".

    CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Se observa, que la impugnación planteada por el apelante en todo el transcurso de la controversia se concentra, finalmente, en que -según alega- las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas violan el debido proceso, en contradicción con los artículos 32, 17 y 70 constitucionales. En concepto de este Pleno todas las cuestiones envueltas en el caso quedarán desatadas al responderse a la cuestión sobre si las normas de procedimiento contenidas en la Ley 53 de 1975 son, por añadidura, a los trámites dispuestos en los artículos 215 y 216 del Código de Trabajo para efectos del acápite C). del artículo 213 del Código de Trabajo. En concepto del Pleno, la respuesta es negativa, en base a las siguientes consideraciones.

  7. El acápite C) del Artículo 213 del Código de Trabajo establece una lista de causas justificadas de naturaleza económica que facultan al empleador para dar por terminada la relación de trabajo. Fue una de estas causales la que Chiriquí Land Company adujo en su solicitud para despedir a los trabajadores en este caso, íncluido el señor E.A.Q..

  8. La Dirección Regional de Trabajo de Chiriquí, para decidir sobre la solicitud de despido, aplicó el procedimiento establecido por los artículos 215 y 216 del Código de Trabajo, cuyos textos se transcriben a continuación para mejor entendimiento:

    "Artículo 215: Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite c) del artículo 213, el empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas de trabajo.

    En los casos de que trata este artículo, el despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, se consideran de pleno derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento de plazo de sesenta días calendarios, la autoridad administrativa de trabajo no ha resuelto la solicitud, el empleador podrá proceder al despido, el cual se considerará plenamente justificado quedando obligado al pago de la indemnización que establece el artículo 225.

    Artículo 216. La autoridad administrativa de trabajo a quien corresponda decidir sobre la autorización previa para la terminación del contrato o para el despido por las causas señaladas en el artículo 215, notificará personalmente al trabajador o trabajadores respectivos la solicitud del empleador, concediéndoles un término de tres días para aducir pruebas. La autoridad practicará las pruebas dentro de un término razonable y de inmediato fallará concediendo o negando la autorización pedida.

    Notificadas las partes, éstas podrán apelar del fallo ante el superior jerárquico correspondiente y el recurso se concederá en el efecto suspensivo".

  9. En concepto del Pleno, se cumplió con el procedimiento exigido por la Ley aplicable, citada en el párrafo anterior, ésto es: (i) el empleador presentó solicitud de despido ante la Dirección Regional de Trabajo, la autoridad administrativa competente, y presentó pruebas para comprobar la causa económica que le facultaba para dar por terminada la relación de trabajo; (ii) la autoridad administrativa competente notificó personalmente a los trabajadores de la solicitud del empleador, concediéndoles un término de tres días para aducir pruebas; (iii) el trabajador A.Q. dió contestación a la solicitud; y posteriormente presentó una corrección de contestación, fuera de tiempo, que la autoridad, por eso, descartó; y (iv) la autoridad decidió conceder la autorización pedida; y (v), el trabajador apeló ante el Ministro de Trabajo y Desarrollo Social, autoridad competente para conocer de la apelación, quien confirmó la resolución del inferior.

  10. El abogado del trabajador, como hemos visto arriba, aduce que no se cumplió el procedimiento establecido por la Ley 53 de 1975, por la cual se atribuye competencia al Ministerio de Trabajo para conocer de ciertas reclamaciones laborales y se toman otras medidas. En su C.I., esa Ley establece las Normas de Procedimiento aplicables a la solución de ciertas reclamaciones. Esas normas detallan una serie de pasos procesales, incluida la celebración de audiencia, que las conforman a las rigurosas exigencias de los procesos de carácter jurisdiccional. Sostiene el amparista que como tales pasos procesales no se cumplieron en este caso, ha habido una violación del debido proceso constitucional.

  11. El Pleno considera que este proceso jurisdiccional de la Ley 53 no es aplicable al caso controvertido, sino únicamente las normas de procedimiento establecido por los artículos 215 y 216 del Código de Trabajo. Un detenido examen de las reclamaciones que son susceptibles de serles aplicadas las normas procesales de la Ley 53, no incluyen las reclamaciones que tengan como origen, tal como es el presente caso, de la solicitud de autorización para despedir que presente el empleador en base a los artículos 215, 216 y 2138 acápite c.) del Código de Trabajo. Transcribamos el artículo 1. de dicha Ley, para mejor entendimiento:

    "Artículo 1: El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social tendrá competencia privativa para conocer y decidir los siguientes asuntos:

  12. Demandas por incumplimiento del artículo 215 del Código de trabajo;

  13. Demandas para determinar el salario mínimo legal o convencional aplicable, con o sin el reclamo de la diferencia adeudada, si la hubiere, independientemente de la cuantía;

  14. Demandas relativas a la interpretación en derecho o a la válidez de las cláusulas pactadas en una Convención Colectiva u otro pacto o acuerdo de naturaleza colectiva;

  15. Demandas sobre la aplicación del artículo 240 del Código de Trabajo, para determinar si existe alteración unilateral de la zona o ruta asignada al trabajador y en los casos de autorización para el rediseño de zonas o rutas o inclusión en las mismas de nuevos trabajadores por razones económicas, cuando no existiere acuerdo entre las partes.

  16. Las impugnaciones a que se refiere el artículo 394 del Código de Trabajo, a prevención con los tribunales de trabajo".

    Véase que la reclamación que pudiera asemejarse más a las pretensiones del amparista es la contenida en el numeral 1. del artículo transcrito, es decir, las "Demandas por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo". Pero se trata solamente de una semejanza que podría conducir a confusión a quien lo estudie superficialmente.

    Este Pleno considera que la referencia hecha al Artículo 215 tiene que ver con casos en los que el empleador ha procedido al despido por pretendidas causas económicas sin el cumplimiento del requisito de solicitar autorización previa a la autoridad administrativa competente. Evidentemente, no es este el caso del trabajador A.Q., ya que el empleador hizo todo lo contrario: precisamente, solicitó autorización, en la forma y siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 215 del Código de Trabajo.

    El Pleno es del criterio de que el procedimiento establecido por dicho artículo 215 no es de carácter jurisdiccional, sino meramente administrativo. Esto responde a la misma naturaleza del asunto: la determinación, análisis de la existencia o no de una causa económica, y la evaluación de las pruebas, que justifiquen el despido, es materia que se acomoda mejor a los fines propios de las autoridades administrativas, ya que la cuestión toca con las políticas económicas y laborales que legítimamente promueva y adelante la rama Ejecutiva del Gobierno para proteger las fuentes de trabajo en beneficio de ambos sectores de la relación laboral y, por ende, del desarrollo económico integral del país. Por otro lado, es fácil advertir que aplicar el riguroso procedimiento jurisdiccional exigido por la Ley 53 a casos como éste no se compadece con la obligación que tiene la autoridad administrativa, señalada por el Artículo 215, de decidir la solicitud de despido dentro de plazo de sesenta días calendarios.

    Finalmente, advierte el Pleno la reclamación formulada en el tardío escrito de corrección de la contestación de la demanda alegando que el empleador había despedido a los trabajadores antes de la autorización de la autoridad administrativa, aparte de su extemporaneidad, no era la vía idónea, para poner en movimiento el proceso jurisdiccional dispuesto por la Ley 53.

    Las resoluciones impugnadas no violan la garantía constitucional del debido proceso.

    PARTE RESOLUTIVA

    En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la resolución dictada el 30 de julio de 1998 por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en este caso.

    N..

    (fdo.) J.A.T.M.

    (fdo.) F.A.E.

    (fdo.) R.A.F.

    (fdo.) H.A.C.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) E.A.S.

    (fdo.) J.F. LEE

    (fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ

    Secretaria General Encargada

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