Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Diciembre de 2001

PonenteROGELIO A. FÁBREGA Z
Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2001
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

Contra la resolución del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, de fecha 19 de noviembre del 2001, el licenciado RAFAEL FUENTES AMAR, actuando en nombre y representación del señor B.Z.P., ha interpuesto recurso de apelación ante este Pleno. La referida sentencia decidió acción de amparo de garantías constitucionales promovida contra la supuesta orden de hacer expedida por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, contenida en la resolución N°248, de 26 de octubre del 200, mediante la cual resuelve modificar la resolución N°365 de 24 de agosto de 2001, emitida por la Alcaldía Municipal de Bugaba; declara responsable a los señores SANDINO GUERRA, A.S. y B.Z.; y los condena a asumir cada uno sus propios gastos a causa de los daños sufridos como consecuencia del accidente de tránsito, en el procedimiento administrativo de policía, a que accede la acción constitucional de amparo decidida mediante la resolución que ha sido objeto de recurso de apelación.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL

TERCER DISTRITO JUDICIAL

La alzada en estudio ha sido dirigida a enervar la resolución de fecha 19 de noviembre del 2001, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual no se concede la acción constitucional de amparo presentada por el licenciado R.F.A., aduciéndose como motivación fundamental lo siguiente:

"...

Sin embargo, salta a la vista que el amparista pierde la perspectiva de que la ocurrencia de un hecho de tránsito genera hechos punibles de naturaleza culposa. Y en este sentido debe respetarse el principio nullum crimen sine lege. Si se examina el Código Penal vigente se podrá observar prima facie que un hecho como el acontecido y con las secuelas alegadas por el amparista resulta atípico, dado que no encuentra adecuación en ninguna de las conductas descritas en el estatuto penal en su capítulo contentivo de las distintas modalidades de lesiones personales.

El artículo 139 del Código Penal tipifica el delito de lesiones culposas.

Esta norma es del tenor siguiente:

"El que por culpa cause a otro una lesión personal que produzca incapacidad superior a 30 días, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o de 25 a 100 días-multa.

..."

La norma transcrita se refiere a las lesiones causadas por culpa y cuya incapacidad sea superior a 30 días. En el caso que se examina, la lesión producida ocasionó incapacidad definitiva de 30 días, de acuerdo con la certificación médica que consta e (sic) fojas 10-11 del proceso administrativo. El referido tipo no establece otras situaciones distintas a la incapacidad que debe exceder a 30 días, como en el caso en estudio no se cumple esa exigencia típica, entonces no es procedente hacer otras tipificaciones en base a las secuelas que cause le lesión, aunque ésta sea culposa, pues ello atentaría contra el principio de legalidad, que es cardinal en el Derecho Penal.

Por otra parte, el artículo 175 del Código Judicial, antes de la reforma introducida por el artículo 5 de la Ley 23 de 1° de junio de 2001, otorga competencia a las autoridades de policía para conocer los procesos por lesiones culposas cuya incapacidad no exceda de 30 días.

...

En consecuencia, a juicio del tribunal la esfera administrativa no ha vulnerado la garantía del debido proceso, por falta de competencia, como lo afirma el amparista. Por consiguiente, la actuación del funcionario demandado no es violatoria del debido proceso y por lo mismo no prospera la acción constitucional incoada.

..."

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Por su parte, el licenciado FUENTES AMAR al sustentar la alzada incoada, ha vertido conceptos en cuanto a la procedencia de la viabilidad de la acción, en estos términos:

"1. Que mi representado sufrió una colisión de tránsito y de la cual le originó una lesión grave y permanente para éste.

  1. Que el diagnóstico médico efectuado por el instituto de medicina forense de Chiriquí, dio como resultado el siguiente:

    1. Oficio N°1383-L-2000, con fecha 7 de julio del 2000 (f.10), diagnosticó lo siguiente "trauma craneoencefálico, diplopia post-traumática, observación por fisura de órbita izquierda con impresión diagnóstica: paresia del tercer y cuarto par craneal en ojo izquierda", con incapacidad de 30 días salvo complicaciones.

    2. Oficio N°108-RE-2000, del 24 de agosto del 2000 (f.13), enviado por segunda vez para nueva evaluación y presenta "diplopia (visión doble), como secuela de lesiones ya descritas en el informe N°1383-L-2000 y expresa que quedará con secuela de un 20% en su diplopia."

    C.O.N.°295-P-2000, del 12 de septiembre del 2000 (f.24), en donde se amplió el oficio N°108-RE-2000, por diplopia y expresa "en cuanto a su diplopia (visión doble), quedará, con secuela de un 20% y será: PERMANENTE.

  2. Si bien es cierto estamos ante una lesión culposa, motivado a que fue por un accidente de tránsito tipificado en el artículo 139 del código penal, también es cierto y los oficios anteriormente expuesto así lo determinan, que la lesión producida al señor Z., es de carácter permanente, claramente tipificado en el artículo 137 del código penal que en una de su parte expresa "alteración permanente de la visión", por tanto su jurisdicción debe ser la penal. (Lo subrayado es nuestro)

  3. Tenemos que el artículo 175 del código judicial, el cual otorga competencia a las autoridades de policía, expresa parte final del primer párrafo, "y de los procesos por delitos dolosos o culposos de lesiones no agravadas, cuando la incapacidad no exceda de 30 días. (Lo subrayado es nuestro).

  4. Por tanto si observamos que el código penal en su artículo 137 dice a todas luces "alteración permanente de la visión", el código judicial es claro en su artículo 175 al expresar "no agravadas", entonces observamos que los oficios determinan que la lesión es permanente en un órgano, además que es importante para las funciones laborales del afectado ya que la secuela de dicho daño será para toda su vida. Por tanto no debemos confundir cuál es la jurisdicción que es competente para conocer este caso, por razón de la materia.

  5. Definitivamente aquí se ha tratado de mantener en la jurisdicción administrativa, por los 30 días de incapacidad, cabría recordar que si una persona dentro de un accidente de tránsito tiene como resultado muerte "éste por tanto no tiene incapacidad", y no va a la jurisdicción ordinaria, sino a la penal, ya que aquí lo importante es la lesión que se sufre, y en nuestro caso es grave y permanente, cosa que no expresa el artículo 175 del código judicial, cuando se refiere a no agravadas y en nuestro caso es agravada y permanente, pues la norma en comento no determina de caso agravado y permanente. Cuestión que no fue valorada en su dimensión por el tribunal, ya que es importante que los intereses de nuestro patrocinado sean protegidos o tutelados.

  6. Se observa que el artículo 139 del código penal, nos habla de lesiones culposas que produzcan incapacidad por más de 30 días, pero no especifica tipo o magnitud de las lesiones, además que en la secuela no va a mencionar los días porque es de carácter permanente o sea hasta que dure su existencia y por tanto un médico no va a poner todos los días que le quedan de vida al S.Z., y por tanto éste es el verdadero espíritu de nuestro recurso.

  7. Para finalizar las consecuencias de este accidente han sido graves y que generan incapacidad permanente en el trabajo de nuestro patrocinado, por ser gravísimas. Y la jurisdicción en que fue ventilado no es la idónea."

    Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados del Pleno proceden a resolver la presente controversia.

    DECISIÓN DEL PLENO

    Esta Superioridad procede al análisis de la resolución apelada y de los argumentos esbozados por la parte actora, y sobre el particular debe expresar lo siguiente:

    La acción constitucional de amparo sostenía que la orden impugnada viola el debido proceso, debido a que el señor B.Z.P. sufrió una lesión grave y permanente, a causa de un accidente de tránsito, por lo que de conformidad a los artículos 137 y 139 del Código Penal, la jurisdicción no debe ser la de autoridades de policía, sino de los tribunales ordinarios penales.

    Este Pleno señala que la censura, en sede constitucional, consiste en no habérsele concedido la acción constitucional de amparo, sobre la base de una defectuosa interpretación de los artículos 137 y 139 del Código penal, al aplicar, en apreciación del recurrente, el artículo 175 del Código Judicial, referente a la competencia de las autoridades de policía para conocer los procesos por lesiones culposas cuya incapacidad no exceda de 30 días.

    Los citados artículos 137 y 139 del Código Penal, rezan así:

    Artículo 137: Si la lesión produce daño corporal o psíquico incurable, la pérdida de un sentido, de un órgano o de una extremidad, impotencia o pérdida de la capacidad de procrear, alteración permanente para el trabajo, o si la lesión se le cause a una persona que se encuentra secuestrada, la sanción será de 2 a 4 años de prisión.

    "Artículo 139: El que por culpa cause a otro una lesión personal que produzca incapacidad superior a 30 días, será sancionado con prisión de 6 meses a dos años o de 25 a 100 días multa.

    ..."

    Este tribunal observa, por una parte, que la situación del amparista, señor B.Z.P., no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen las normas transcritas, toda vez que el examen médico legal, suscrito por el Instituto de Medicina Legal, de fecha 8 de agosto de 2000, visible a fojas 10-11 del expediente contentivo del proceso administrativo, se indica como conclusión que el señor B.Z. tiene una incapacidad de treinta (30) días definitivos como consecuencia de las lesiones recibidas por el accidente de tránsito, por lo que la autoridad competente para conocer el caso es de la esfera administrativa, tal como en efecto se dio, al conocer en primera instancia la Alcaldía de Bugaba.

    Sin embargo, el Pleno al estudiar minuciosamente las constancias procesales, específicamente el examen médico legal, suscrito igualmente por el Instituto de Medicina Legal, de fecha 24 de agosto del 2000, visible a foja 13 de los antecedentes, observa que la referida situación del accionante se encuentra también en uno de los supuestos que dispone el artículo 137 del Código Penal, como es si la lesión produce la alteración permanente de la visión, cuando el citado examen medico legal certifica que el señor B.Z. quedará con secuela de un 20% de su diplopia (visión doble), per lo que conforme a la norma citada que contiene una sanción penal de 2 a 4 años de prisión, el presente caso debe ser atendido por las autoridades jurisdiccionales pertinentes.

    No le corresponde al Pleno analizar si, en efecto, la sentencia recurrida interpretó correctamente la conformidad del acto objeto de la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales con el artículo 32 de la Constitución Política, que, como se sabe, instituye como un derecho fundamental la garantía del debido proceso, la cual ha sido objeto de copiosa jurisprudencia por parte de este Pleno, sino si la admisión o no de la acción de amparo se ajustó al ordenamiento jurídico. La esencia del problema constitucional denunciado es la de determinar si la decisión del Gobernador de Chiriquí, mediante resolución N°248, de 26 de octubre del 2001, que declara a SANDINO GUERRA, A.S. y B.Z., como responsables del accidente de tránsito incurrido, y que los condena a asumir cada uno sus propios gastos de los daños sufridos, constituye una violación del debido proceso, derivado de la circunstancia de haber desconocido el principio del debido proceso, específicamente de ser juzgado por autoridad competente.

    El estudio del caso que nos ocupa revela que el amparo ha sido propuesto contra una resolución administrativa que decidió, en grado de apelación, el proceso administrativo de policía (accidente de tránsito). Se trata entonces, de una decisión administrativa que culminó un proceso de accidente de tránsito que ventiló en primera instancia la Alcaldía de Bugaba, y en el cual se les ofreció a las partes involucradas la oportunidad de presentar pruebas y contrapruebas, así como alegaciones en relación a los hechos controvertidos.

    Advierte el Pleno, que la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional comprende tres supuestos a saber: el derecho a ser juzgado por autoridad competente, el derecho a ser juzgado conforme a los trámites pertinentes; y, el derecho a no ser juzgado más de una vez por una misma causa.

    La garantía del proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, tiene un rancio abolengo como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales, en todas nuestras cartas constitucionales, y ha sido objeto de reiterada jurisprudencia por parte de este Pleno. Consiste, como ha puntualizado el M.A.H., en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas oportunidad razonable de ser oídos por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (HOYOS, A.. "El Debido Proceso", Editorial Temis, S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1996, p.54).

    Un análisis exhaustivo de la posición expresada por el amparista, ha llevado al Pleno a la convicción de que no se ha producido la transgresión constitucional denunciada, por las razones fundamentales que a continuación se exponen:

    En primer lugar, se observa que el proceso administrativo de policía, fue conocido en primera instancia por autoridad competente, conforme al procedimiento de ley. La Alcaldía de Bugaba resolvió el fondo de la controversia mediante resolución N°365, de 24 de agosto del 2001, sin embargo, dicha autoridad de policía así como la Gobernación de la Provincia de Chiriquí, al conocer el caso en apelación, y observar en autos la existencia de una certificación médico legal que determinaba que uno de los involucrados en el accidente de tránsito (BRAULIO ZURITA) quedaría con una lesión que produce la alteración permanente de la visión, el cual es uno de los supuestos contenidos en el mencionado artículo 137 del Código Penal que conlleva una sanción de 2 a 4 años de prisión, han debido inhibirse de decidir la controversia, ya que su competencia se limita al conocimiento de los procesos por delitos culposos de lesiones no agravadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Judicial, contrario al presente asunto.

    Siendo así, se desprende de autos la cancelación del debido proceso legal, al ser conocido el proceso administrativo de policía (accidente de tránsito), en ambas instancias, por tribunales no competentes, conforme a los trámites legales.

    De esta manera, la decisión de no conceder la acción constitucional de amparo no se corresponde con la doctrina que, sobre el fondo del planteamiento constitucional, ha señalado este Pleno en materia de la garantía del debido proceso.

    Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 19 de noviembre de 2001 dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado RAFAEL FUENTES AMAR, en representación de BRAULIO ZURITA PADILLA, y, REVOCA la resolución Nº248 de 26 de octubre de 2000, dictada por la GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI.

    N..

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) J.M.F. M.A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.H. C.P.B.

    (fdo.) E.A.S. J.A.T.

    (fdo.) A.A.A. G.J.D.

    (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

    Secretario General

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