Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 20 de Noviembre de 2014

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución20 de Noviembre de 2014
EmisorPleno

VISTOS: En grado de apelación, ingresa a la Corte Suprema de Justicia-en Pleno, la acción de derechos fundamentales, que a través de procurador legal, promueve el señor L.A.P., contra el Auto No. 1583 de 2 de diciembre de 2011, proferido por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial. Luego de asignado el presente negocio mediante reglas de reparto, procede esta Corporación de Justicia a resolver la presente súplica. ACTO DEMANDADO EN SEDE DE AMPARO En sede judicial es impugnado, a través de este mecanismo constitucional, el Auto No. 1583 de 2 de diciembre de 2011, a través del cual el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, con ocasión de un Incidente de Nulidad propuesto por la señora A.V.P.M., dentro del Proceso de Sucesión Testada de ROSA ANDERSON AGEZ de MARTINZ (q.e.p.d.) por ella incoado, DECLARA NULA la Escritura Pública No. 3309 de 7 abril de 1989, " Por la cual la señora ROSA ANDERSON, VIUDA DE MARTINZ otorga su testamento abierto". DECISIÓN DEL TRIBUNAL A-QUO La resolución que motiva nuestro análisis, como Tribunal de apelaciones, lo es, la Resolución de 12 de mayo de 2014, a través del cual el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales que, a través de apoderado legal, promueve el señor L.A.P.M., y en consecuencia REVOCA el Auto No 1583 de 2 de diciembre de 2011, dictado por el J. Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, licenciado J.B.M.. Esta decisión en la cual se expuso que los cargos o motivos de infracción argüidos por el activador constitucional fueron los siguientes: "Garantías fundamentales vulneradas, señala el censor que el artículo 32 de la Constitución Política, recoge el principio del debido proceso, en cuanto a ser juzgado por la autoridad competente y conforme a los trámites legales. Y en tal sentido, señala que el J. de la causa al declarar la nulidad de un testamento por vía incidental, vulnera el debido proceso por cuanto que debió hacer tal aclaración a través de una Resolución, previo desarrollo de un proceso de conocimiento, y no a través de un Auto, cual si fuera un asunto incidental que resuelva una situación procesal o accesoria al proceso. El pretensor sostiene que hay vulneración, dado que la reclamación de nulidad del testamento tiene un carácter sustancial, por pretender la nulidad de un acto jurídico, y se inserta dentro de un proceso no contencioso, caracterizado por ser un negocio que no implica ejercicio de pretensiones de una persona frente a otra, que en caso contrario requiere la intervención jurisdiccional, teniendo como referencia normativa el artículo 1422 del Código Judicial. ... Expone que por definición del artículo 261, numeral 2, del Código Judicial, el juez que conoce de un proceso sucesorio tiene la competencia para conocer la declaratoria de herederos, diligencias y trámites de ese proceso, y que, mientras esté pendiente el mismo, puede conocer de otras demandas, en "proceso separado" de la nulidad del testamento; planteamiento que acredita versus las normas 1537, 1540, 1541 y 1542 del Código Judicial. De lo anterior, sostiene que al ser un proceso que se fundamenta en normas sustantivas, por ende nulidad sustancial, debe dirimirse a través de un proceso de conocimiento cuya decisión sí es apelable, al tratarse de una sentencia, en los términos del artículo 1131, como de los recursos extraordinarios al tenor de los artículos 1163 y 1164, numeral 1 del Código Judicial." Frente a los argumentos del propulsor constitucional, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, previa admisibilidad de la acción incoada, sí estimó vulnerado el artículo 32 del Estatuto Fundamental, basado en lo siguientes fundamentos y motivos: "Al tenor del artículo 1422, numeral 3, del Código Judicial los procesos sucesorios son procesos no contenciosos, pues no implican el ejercicio de pretensiones de una persona frente a otra, en la búsqueda de una declaración, reconocimiento o protección de derechos o situaciones jurídicas; así el proceso que conoce de la sucesión testamentaria sigue el procedimiento establecido para los procesos sumarios, por tanto la petición de apertura de la sucesión testada, seguida en el juzgado de Instancia, debe seguirse tal cual está señalado por el juez de la causa. El proceso sucesorio testamentario, cual es el caso, está regulado en el Título XIII, Capítulos I y III del Libro Segundo, en el artículo 1422 y 1479 y subsiguientes que señalan, en lo pertinente, que se tramita por la vía del proceso sumario aquellos negocios "que no impliquen ejercicio de pretensiones de una persona frente a otra y que requieran la intervención del Órgano Judicial". C. también el artículo 261, numeral 2, del Código Judicial, que en materia de competencia dispone, que el juez que conoce del proceso de sucesión es el competente para conocer, "enproceso separado" de declaraciones testamentarias y la nulidad del testamento o disposiciones en el contenidas." Ahora bien, la petición formulada por A.V.P.M., mediante otro apoderado judicial, que reposa a foja 28 a 34, merece las siguientes consideraciones: no es una incidencia, aunque así le denomine por el propulsor, pues no va a resolver una cuestión accesoria al proceso, sino que busca una declaración con un efecto de fondo que ajena a la pretensión que se ha formalizado; es un proceso contencioso declarativo, y debe someterse a un contradictorio con las garantías procesales de estos procesos. Aún cuando el apodero judicial le formuló como un incidente de nulidad (foja 30), el juzgador debió rechazar de plano o no admitir el incidente por consideraciones aquí expresadas, y porque es una pretensión frente a los herederos instituidos y al darle el trámite que le dio no se cumplió con el debido proceso, garantía constitucional contenida en el artículo 32 de la Constitución Política." (cf.s180 a 188) ( Lo resaltado es del Pleno) RECURSO DE APELACIÓN Actuando como tercera interesada o afectada con la decisión, se tiene que la señora A.V.P.M., anunció y sustentó, dentro del término legal y, por intermedio de la firma forense BALLARD & BALLARD, recurso de apelación, en la cual solicita se revoque la decisión adoptada por el Tribunal A-quo ya que sostiene, en resumen, que estamos frente a una acción de amparo extemporánea. Para la recurrente, no se constata la gravedad e inminencia del daño que requiere este tipo de mecanismo constitucional, toda vez que argumenta que el acto impugnado en sede de amparo, Auto No. 1583 del 2 de diciembre de 2011, data de hace 3 años; se encuentra ejecutoriado, amén de que subraya que el proceso ya había finalizado, previo agotamiento, de los recursos permitidos por nuestro ordenamiento legal. En ese orden de pensamiento, sostiene que era improcedente dar curso a esta iniciativa constitucional subjetiva, ya que el propulsor no justificó en qué radicaba la urgencia y la inminencia del daño, agregando que el acto impugnado está fechado 2 de diciembre de 2011, mientras que la acción de amparo de garantías constitucionales fue promovida, el 10 de abril de 2014, lo cual, contraviene lo dispuesto en el artículo 2615 del Código Judicial y la posición sentada por esta Alta Corporación de Justicia en cuanto a los supuestos de inminencia y gravedad que se exigen para que una acción de amparo prospere. (cf.s 191-196). OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN Por su parte, la firma SOLÍS & ELÍAS, actuando como procuradores legales, del señor L.A.P., se oponen a los argumentos del censor, ya que estiman que no resulta oportuna su intervención, en este proceso constitucional, como terceros afectados, ya que explica que durante todo el trámite surtido en esta acción de amparo, no solicitaron ser escuchos y, es luego de que se emite una decisión que intentan, bajo dicha calidad, promover un recurso. Agregan que son de la opinión, que la intervención de este tercero en este negocio constitucional se debió producir antes, cuando tuvo oportunidad procesal suficiente y no ahora cuando su intervención se provoca con motivo de un recurso de apelación, contraviniendo el artículo 2625 del Código Judicial. Y es con motivo de lo anterior que solicita no se conceda el recurso de apelación propuesto. (cfs.199-203) CONSIDERACIÓN Y DECISIÓN DEL PLENO Una vez conocido los principales argumentos en que descansa el recurso de apelación propuesto por la señora A.V.P.M., esta Corporación de Justicia pasa a justipreciar la decisión remitida en alzada, previa ponderación de las principales constancias procesales, a fin de poder resolver la presente súplica. Como cuestión previa, es importante establecer si el punto debatido por el opositor, L.A.P. M., impide que la recurrente pueda ser escuchada, a través de este recurso de apelación, como tercera afectada. En esa labor y, sin desconocer el contenido del artículo 2625 del Código Judicial esta Superioridad, como bien citó el opositor, en distintos fallos, ha dado cabida a la intervención de terceros, si es el caso que puedan resultar afectados con la decisión adoptada en sede de amparo y, si se acredita es parte legítimamente constituida en el proceso donde se produjo el acto impugnado, amén de que haya anunciado el recurso en tiempo, esto es, dentro de un día. En ese sentido debemos señalar que vía jurisprudencia, se ha establecido que la intervención del tercero afectado se puede producir en dos momentos: ya sea a través de un escrito oponiéndose a la acción de amparo instaurada, o a través de la interposición, en tiempo, de un recurso de apelación, contra la decisión adoptada por el Tribunal de Amparo. Este, que resulta ser el último supuesto que concurre respecto a la señora A.V.P.M., quien sin lugar a dudas resultó desfavorecida con la decisión que nos corresponde analizar, habida cuenta que es parte en el proceso de sucesión testada donde se emite el Auto No. 1583 de 2 de diciembre de 2011. Igualmente se constata que el recurso que ocupa nuestra atención fue presentado dentro del término que fija nuestra ordenamiento legal, aunado al hecho de que el Tribunal A-quo, mediante providencia fechada 23 de mayo de 2014, la admite como Tercera interesada dentro de esta acción de amparo de garantías constitucionales (fs 198), el cual fue notificado a las partes vía edicto. Es pues, atendiendo a estas consideraciones este máximo Tribunal de Justicia no observa obstáculo para que la tercera interesada, A.V.P.M. pueda ser escuchada por la vía de este recurso de apelación, máxime si la decisión afecta sus intereses en este proceso. Aclarado lo anterior, y como quiera que contamos con los antecedentes principales donde fue emitida la decisión atacada vía amparo, esta Corporación de Justicia estima prudente, hacer un recuento suscito de las incidencias acontecidas en el Proceso de sucesión testada de la señora ROSA ANDERSON GAEZ DE MARTINZ (q.e.p.d) que fue ventilado ante el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, ya que es importante señalar que los cargos o motivos de infracción argüidos por el activador constitucional se centran básicamente en la infracción del debido proceso contenido en el artículo 32 del Texto Constitucional, toda vez que sostiene que el J. Quinto de Circuito Civil de Panamá, al momento de resolver un Incidente de Nulidad de testamento, se apartó de la ruta procesal asignada para ello, produciendo, en consecuencia, que sus derechos y garantías individuales esenciales, que le asisten como parte en este proceso, le fueran conculcados. Así las cosas, tenemos que estos antecedentes informan que para el día 25 de febrero de 2011 y, a través de la Firma Forense BALLARD & BALLARD, la señora A.V.P.M., hoy recurrente, promovió PROCESO DE SUCESIÓN TESTADA DE MAYOR CUANTÍA, de la señora ROSA ANDERSON GAEZ DE MARTINZ (Q.E.P.D.), quien otorgara Testamento abierto mediante Escritura Pública No. 3,309 de 7 de abril de 1989, ante la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá. Cabe destacar, que en la demanda propuesta, la señora A.V.P.M., solicitaba que se declarara abierto el proceso de sucesión testada de quien en vida se llamó ROSA ANDERSON GAEZ DE MARTINZ (q.e.p.d) y, que se declarara herederos universales de la masa hereditaria a A.V.P.M., L.M.A., ELISA POSSE MARTINZ DE MELGAR y LUIS ALJENDRO POSSE MARTINZ. (cf. 1-4). Acto seguido consta, que el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, donde quedó radicado finalmente el proceso, emite el Auto No. 305 de 28 de febrero de 2011, donde DECLARA abierto el Proceso de Sucesión Testada de ROSA ANDERSON GAEZ DE MARTINZ (q.e.p.d), desde el día 10 de febrero de 2011, y declara que son herederos del acervo herencial, sin perjuicio de terceros, L.M., L.A.P.M., A.V.P.M. y S.E.P.M. DE MELGAR. Aunado a ello, se declara que son sus legatarios, sin perjuicio de terceros, los señores L.A.P.M. y L.M., por lo cual se concede el término de 10 días para que comparezcan las personas que tenga interés en el proceso. (cf.s 8-9). Esta decisión, que fue notificada por edicto No. 324 de 4 de marzo de 2011, (cf.s 10). Asimismo consta que la señora A.V.P.M., a través de su apoderados legales, coadyuvaron en las diligencias de publicación del edicto Emplazatorio No. 29 de 3 de marzo de 2011, en el diario la Estrella de Panamá, para que se hiciera pública la existencia de este Proceso de Sucesión testada y, de ese modo, cumplir con lo dispuesto en el auto de apertura de esta sucesión (cfs.11-13). Ahora bien, dentro de los antecedentes remitidos contamos con un Cuadernillo denominado Incidente de Nulidad, que a través de otro apoderado y ante el mismo Tribunal, promueve a pocos días, la señora A.V.P.M., el día 30 de marzo de 2011 ( cf.s 1-5 Incidente de Nulidad). Es importante destacar, que el licenciado C.A.B.G., en representación de la señora A.V.P.M., y a través de un memorial que denomina "Incidente de Nulidad" solicita al Juzgado Quinto de Circuito Civil de Panamá, que DECLARE NULO el TESTAMENTO ABIERTO otorgado mediante Escritura pública No. 3,309 de 7 de abril de 1989, ante la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá, ya que aseveraba que la señora ROSA ANDERSON GAEZ DE MARTINZ (q.e.p.d.) padecía para esa época de demencia tipo alzheimer. Cabe destacar, que en el memorial denominado "Incidente de Nulidad", se aducen pruebas documentales, testimoniales, así como inspección ocular y reconocimiento de contenido y firma. Frente a lo anterior se evidencia que el J. de instancia, abre un cuadernillo aparte que tramita dentro de este proceso no contencioso de sucesión, e inmediatamente después emite la providencia fechada 5 de abril de 2011 (cfs. 16) donde dispone correr en traslado, por el término de tres (3) días, el Incidente de Nulidad de Testamento, para que los "herederos declarados" manifiesten lo que a bien tengan. Este término que fue aprovechado por la señora S.E.P.M. DE MELGAR y el señor L.A.P., quienes a través de escritos, que reposan a folio 17-19 y 21- 30 respectivamente, contestan dicho traslado oponiéndose y, a su vez solicitan la práctica de un sin número de pruebas testimoniales, documentales, entre otras. Acto seguido se tiene que el Despacho Judicial, mediante Auto No. 1046 de 4 de agosto de 2011 (cf.s 60-61) admite todas las pruebas aducidas por la incidentistas, fijando la fecha en que debían ser evacuadas. Esta misma decisión que adoptó, frente a las pruebas de los señores L.A.P. y SONIA ELISA POSSE DE MELGAR, las cuales fueron resueltas a través del Auto No. 1056 de 8 de agosto de 2011 (cf.s 62-63). Como siguiente trámite consta, que el Tribunal, luego de notificar el contenido de estas resoluciones que admitían este sin número de pruebas, emite la providencia fechada 25 de octubre de 2011, que indica que "Dentro del cuadernillo de Incidente de nulidad presentado por A.V.P.M., ......se CONCEDE el término de ocho (8) días para la práctica de las pruebas admitidas." (cf.s 71). Se evidencia dentro del Incidente de nulidad, que en un término perentorio se evacuaron una serie de testimonios, inspecciones oculares y diligencias de reconocimientos, entre otras, que culminaron finalmente el 24 de noviembre de 2011, con las diligencia de preguntas a los peritos, constando al respecto, el informe fechado 29 de noviembre de 2011, a través del cual el Secretario Judicial del Despacho, deja consignado que en el presente cuadernillo " se han agotado todos los trámites inherentes a este tipo de Incidentes". Luego de ello, advierte este máximo Tribunal que el día 2 de diciembre de 2011, el J. Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, licenciado J.B.M.R., emite el Auto No. 1583, impugnado en sede de amparo, cuya decisión fue la siguiente: "... con ocasión al Incidente de Nulidad de testamento pretendido dentrodel Proceso de Sucesión Testada de ROSA ANDERSON GAEZ de MARTINZ (Q.E.P.D), RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR NULA la Escritura Pública No. 3309 de 7 de abril de 1989, "por la cual la señora ROSA ANDERSON, VIUDA DE MARTINZ, otorga su testamento Abierto", por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.". (cf.s 266-283) Es importante indicar, que el día 14 de diciembre de 2011, y por intermedio de procurador legal, el señor L.A.P.M., anunció recurso de apelación, con pruebas en segunda instancia, sustentando el mismo a través de memorial que corre a folio 364 a 383; recurso en el cual ya hace referencia a las pretermisiones que encierra esta acción de amparo, consistente en que era improcedente declarar la nulidad de un testamento, por la vía de un incidente. En ese sentido, tenemos que el J. de instancia mediante resolución de 9 de octubre de 2013, niega la apelación formulada, por estimar que la resolución que declara nulo la Escritura Pública No. 3309 de 7 de abril de 1989, "no se encuentra dentro del elenco de resoluciones apelables en las sucesiones, que en reiterados fallos ha establecido el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, siendo estas: el auto de declaratoria de heredero, el auto de adjudicación, el auto que decreta la partición de herencia y el auto que decreta la venta de bien de la sucesión". (cf.s 411). Consta que ante lo anterior, el amparista L.A.P.M., ensayó la presentación de un recurso de hecho el cual anunció el día 22 de octubre de 2013(cf.s 414-415) sin embargo, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 3 de febrero de 2014, no lo admite basado en el argumento de que "... analizadas las constancias procesales allegadas a este recurso, tenemos, tal cual lo señaló el juez en el auto que niega la concesión del recurso, que el auto recurrido no se encuentra dentro del elenco de resoluciones apelables en las sucesiones. Y es que, dicho auto fue dictado dentro de un proceso no contencioso, como lo es la sucesión y como tal se aplica lo señalado en el numeral 11 del artículo 1423 del Código Judicial que indica que en cuanto a las apelaciones se seguirán los trámites establecidos para los procesos sumarios y en este tipo de procesos (numeral 9, artículo 1346) la resolución que se pretende impugnar no aparece listada; tampoco aparece en las normas especiales de sucesión." (cf.s 424-429) Es pues, luego de realizar un recuento de las principales incidencias acontecidas en el proceso de sucesión testada y en el cuadernillo de Incidente de Nulidad donde es adoptada la resolución impugnada en sede judicial, procede el Pleno a desatar los aspectos puntuales en que recae la presente súplica, el cual advertimos se centra en que estamos frente a una acción de amparo extemporánea, ya que fue ensayada, a criterio del censor, contra una resolución que estaba ejecutoriada desde hace 3 años, sin que el actor lograra demostrar la inminencia y gravedad que acciones de esta naturaleza exige. A juicio del Pleno no prospera tales aseveraciones, ya que del recuento de las constancias procesales, se advierte que si bien el Auto No. 1583 data del viernes 2 de diciembre de 2011 y, aun cuando su contenido en principio se intentó notificar al día siguiente hábil, lunes 5 de diciembre de 2011, a través del Edicto No. 2783; empero no podemos soslayar que en providencia fechada 5 de septiembre de 2013 (cf.s 311), se dejó consignado, que debido a que el Primer Tribunal Superior de Justicia solicitó los antecedentes de este caso, la fijación de este edicto fue interrumpiday, no es hasta tanto reingresaron los antecedentes al Juzgado Quinto de Circuito Civil de Panamá que se dispuso corregir este acto procesal de notificación. Así las cosas, se constata que el Tribunal dispuso que el auto demandado en amparo, fuera notificado mediante la confección de otro edicto, que en este caso, lo fue, el Edicto No. 1774 fijado 19 de septiembre de 2013, lo cual, es palmario a foja 283 y vuelta y, 362 del cuadernillo de incidente de nulidad. Acto seguido, se observa que el amparista anunció recurso de apelación, que no fue impulsado ante la instancia Superior por estimarse que estas decisiones son irrecurribles; decisión frente a la cual, formuló un Recurso de hecho, que fue resuelto por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el día 3 de febrero de 2014, mientras que las acción de amparo, que nos ocupa, fue instaurada el 10 de abril de 2014, esto es, dos meses después. Lo anterior, nos permite concluir que la acción de tutela de derechos fundamentales, fue propuesta dentro del término razonable previsto a nivel jurisprudencial (3 meses), cumpliendo así con el requisito de inminente y gravedad, que vale resaltar es un requisito formal exigido en la fase de admisibilidad. Por tanto, como la acción de amparo fue propuesta a pocos meses de que el actor agotó los medios o recursos para poder impugnarla, en la vía ordinaria, esta resolución, es que esta Superioridad estima, que no estamos frente a una acción extemporánea, como manifestó la recurrente A.V.P.M.. Por otro lado, y luego de dilucidar lo anterior, esta máxima Corporación de Justicia debe manifestar, que al realizar un atento y prolijo examen de las principales constancias procesales y, de las disposiciones legales que regulan esta materia, colegimos plenamente con la decisión adoptada por el Tribunal A-quo, ya que aún cuando del cuadernillo, donde se dio trámite al incidente de nulidad de testamento propuesto por la señora A.V.P.M., se evidencia el desahogo de pruebas por ambas partes; no obstante, colegimos con la postura del accionante de que esta solicitud (NULIDAD DE TESTAMENTO) debía ser tramitada conforme a la hoja de ruta establecida en nuestro ordenamiento positivo, esto es, un proceso aparte. Huelga señalar que el Pleno de la Corte, al dar lectura al memorial denominado "INCIDENTE DE NULIDAD" se percata que estábamos frente a una pretensión que no recaía, en una situación accesoria o procesal dada dentro del proceso de sucesión testada, sino en el interés de provocar un pronunciamiento de fondo, que afectaba sustancialmente el derecho de aquellas personas que, a través de este instrumento (Escritura Pública No. 3309 del 7 de abril de 1989) eran declarados herederos de la señora ROSA ANDERSON GAEZ (q.e.p.d). Dicho en otras palabras, de su contenido se desprendía que estábamos frente al origen de una controversia, que no podía ser manejada bajo las reglas de un incidente y dentro de un proceso no contencioso, como son los procesos de sucesión. Recordemos, que es la recurrente, A.V. P.M., quien utilizando este mismo instrumento (Escritura Pública No. 3309 del 7 de abril de 1989) solicitó, primero, la apertura del proceso de sucesión testada, siendo el objeto de este proceso que el J. declare un derecho que consigna un testamento, de allí que no hay controversia, y por ende se conduce por los trámites previstos para los Procesos no contenciosos, regulado en el Libro II, parte II, Título XIII del Código Judicial, que en su artículo 1422 indica que "se tramitarán de acuerdo con las disposiciones de este Título aquellos negocios que no impliquen ejercicio de pretensiones de una persona frente a otras y que se requieran la intervención del Órgano Judicial.". En ese orden de pensamiento tenemos que el artículo 1508 del Código Judicial, establece: "que los bienes pertenecientes a una sucesión, testada o intestadas, podrán ser reclamados por los herederos, de acuerdo con las reglas especiales de este Código, siempre que no haya entre ellos controversia que deba ventilarse por vía aparte." Por su parte no podemos desatender, aquellas normas que rige el proceso de sucesión testamentaria, entre ellas el artículo 1525 lex cit, que estatuye: "El heredero, legatario, acreedor, albacea o tutor que desea la apertura de una sucesión testamentaria, deberá pedirlo al juez competente y acompañará con su demanda la prueba de la defunción del testador y copia autenticada del testamento, si éste fuere abierto.". A su vez el artículo 1526 del mismo cuerpo legal indica, que "recibida la solicitud con el testamento respectivo, dictará el juez el auto que contendrá", la declaratoria de apertura de la testamentaría; la declaratoria de que son albaceas las personas a quienes el testador hubiere dado ese cargo; la declaratoria de que son herederos y legatarios las personas que aparezcan como tales en el testamento y la orden de que comparezca a estar a derecho en la testamentaria todas las personas que tengan algún interés. En este negocio se observa, que luego de llegar a este estado, se presenta una nueva pretensión de que quien activó este proceso de sucesión testada, consistente en anular el documento (escritura) que sirvió de base a estas declaraciones ya dadas por el Tribunal de instancia, lo cual, sin lugar a dudas generaría una controversia frente al resto de los herederos ya declarados, entre ellos, el señor L.A.P.M., y ante lo anterior esta nueva solicitud, canalizada a través de otro apoderado legal, tenía que ser tramitada en proceso aparte, y sustanciado bajo normas o disposiciones legales distintas, y no como una simple incidencia dentro del proceso de sucesión testada. Para distinguir la situación que se analiza a través de esta acción de amparo, resulta adecuado citar el contenido de los artículos 697 y 698 del Código Judicial, que rezan de la siguiente manera: "Artículo 697: Son incidentes las controversias accidentales o cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso de los proceso y que requieren decisión especial. Artículo 698: Toda cuestión accesoria de un proceso, que requiera pronunciamiento especial con audiencia de las partes, se tramitará como incidente y se sujetará a las reglas de este Capítulo si no tuviere señalado por la ley una tramitación especial. En ese hilo, el artículo 704 del Código Judicial, contenido también en el Título denominado Incidencias dispone: "Todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días y si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días." Para esta Superioridad se evidencia, conforme a las constancias procesales y, a la luz de las normas en cita, que el J. de instancia condujo esta solicitud (NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA que contenía un testamento abierto), como un incidente o asunto accesorio del proceso de sucesión testada, pese a que estamos realmente frente a una pretensión, propuesta contra los intereses de los herederos instituidos, que tenía arraigado un carácter sustancial y no procesal o accesorio. Lo anterior, sin lugar a dudas no sólo acortó los términos probatorios a 8 días, lo cual es propio de los incidentes, sino que limitó el derecho de la parte afectada de poder impugnar la decisión, ya que el J. Quinto de Circuito Civil de Panamá, al momento de emitir la decisión, lo hace a través de un auto y no por conducto de una sentencia formal, esta última frente a la cual sí hubiese prosperada los medios de impugnación que el activador constitucional intentó instaurar. Tal proceder, efectivamente, repercute en la posibilidad del accionante, de poder recurrir esta decisión, ya que tanto el recurso de apelación como el recurso de hecho por él instado, fueron desestimados precisamente porque esta pretensión con fines sustantivos (ANULAR UN TESTAMENTO) fue tramitada por el Juzgador como un simple Incidente dentro del proceso de sucesión testada y no como un proceso aparte, como era debido. Lo anterior indudablemente cerró la oportunidad de que esta decisión pudiera ser ponderada ante otras instancias superiores, lo cual, contraviene el debido proceso legal reconocido a nivel constitucional, el cual es de contenido prestacional; así como las garantías judiciales que instrumentos de derechos humanos, del cual nuestro país es signatario, exigen le sean reconocidas a todas las partes en un proceso, como lo son, por mencionar algunos: el derecho a un recurso rápido, sencillo, efectivo y, a ser oído con las debidas garantías " ( artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos) Debemos reiterar, que la decisión objeto de amparo no recae sobre una situación incidental o accesoria al proceso de sucesión testamentaria, sino en una pretensión que afectaría sustancialmente los derechos de la parte contraria y, que sin lugar a dudas, como en efecto aconteció, ocasionó la oposición de herederos ya declarados por el Juzgado Quinto de Circuito Civil de Panamá. En ese hilo, debemos señalar que compartimos la posición del Tribunal A-quo, cuando sostiene que ante tal pretensión (nulidad de testamento) era forzosa la aplicación del artículo 261, numeral 2 del Código Judicial, que para los fines prácticos de la decisión a adoptar, reproducimos a continuación su contenido literal: "Artículo 261: Las disposiciones de este artículo, como especiales que son, prevalecen sobre las de los artículos anteriores: ... 2.... Mientras estuviere pendiente el proceso de sucesión el mismo juez que conoce de él,es el único competente para conocer, en proceso separado, de las demandas siguientes:... la nulidad del testamentoo disposiciones contenidas en el." Esta Alta Corporación de Justicia al confrontar el contenido de esta disposición legal con el trámite surtido en el proceso de sucesión testada en comento, advierte que si bien se cumple el precepto de que la solicitud de nulidad de testamento fue presentado ante el mismo Juzgado que conocía el proceso de sucesión testada de la señora ROSA ANDERSON VIUDA DE MARTINZ (q.e.p.d), empero la norma advierte taxativamente que esta petición debe surtirse a través de un proceso aparte, ya que lo pedido precisamente recae sobre aspectos sustantivos, esto es anular un acto (la Escritura Pública No. 3309 del 7 de abril de 1989, mediante el cual se otorga testamento abierto). Vale aclarar también, que las nulidades que se solicitan a través de un Incidente son nulidades adjetivas o procesales; pero que, en modo alguno, puede usarse un Incidente de Nulidad para promover una nulidad sustantiva como aconteció en este caso. Atendiendo a lo anterior y tomando en consideración que este Incidente de Nulidad de Testamento, fue sustanciado bajos reglas y procedimientos distintos a los exigidos en nuestro ordenamiento positivo, esto es, dentro de un proceso no contencioso, como lo son los procesos de sucesión, se hace patente la violación de la garantías del debido proceso, y las limitaciones al derecho de defensa y de doble instancia. Ante ello, no resta más que confirmar la pieza remitida en alzada, no sin antes hacer un llamado de atención al J. Quinto de Circuito Civil de Panamá, ya que al proceder de esta manera, vulneró derechos y garantías fundamentales, que representó el desgaste de las partes en cuanto a la evacuación de pruebas, que con esta decisión quedan sin efectos, sin soslayar la limitación de poder recurrir esta decisión, pese a que nuestro ordenamiento legal tiene fijado una ruta clara frente a pretensiones de esta naturaleza (procesos de conocimiento), aunado a que el artículo 474 del Código Judicial, sostiene lo siguiente: "Cualquier error o defecto en la identificación, denominación o calificación de la acción, excepción, pretensión, incidente, o recurso, o del acto, de la relación o del negocio de que se trate, no es óbice para que el juez acceda a lo pedido de acuerdo con los hechos invocados y la prueba practicada, si la intención de las partes es clara.". PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Resolución de 12 de mayo de 2014, a través del cual el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales, que el señor L.A.P.M., promoviera contra el Auto No. 1583 de 2 de diciembre de 2011, por medio del cual el J. Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial, ramo civil, DECLARA NULA la Escritura Pública No. 3309 del 7 de abril de 1989, mediante el cual la señora ROSA ANDERSON VIUDA DE MARTINZ, otorgó testamento abierto. N.. HARLEY J. MITCHELL D. ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)