Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 15 de Diciembre de 2014

Ponente:Jerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución:15 de Diciembre de 2014
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: La Resolución contra la cual se dirige la alzada, deniega el amparo de derechos fundamentales presentado contra la RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 2014 del JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS, L.. F.P.. II BREVE HISTORIA DEL CASO El 28 de mayo de 2013 a eso de las 6:24 A.M., el MINISTERIO PUBLICO, previa autorización del JUEZ DE GARANTIAS, efectuó un allanamiento en la residencia ocupada por A.R., el cual estaba dirigido a la obtención de evidencias de delito relacionado con droga. Al efectuarse la diligencia, no se encontró evidencia relacionada con droga, pero se encontraron en el clóset dos armas de fuego, a saber: "...un (1) arma de fuego tipo revolver, calibre 38 S & W SPECIAL CGT, marca SMITH & WESSON , modelo 10-7 5D67652; un (1) arma de fuego tipo pistola, calibre 22, LONG RIFLE marca RUGER, modelo MARK I; serie 308911, dos (2) proveedores de 13 municiones de 9 milímetros, 10 municiones de nueve milímetros, cinco (5) municiones calibre 22, dos (2) municiones de calibre 25, cinco (5) municiones calibre 38, el mismo no mantiene permiso para portar arma de fuego" (Cfr. f. 9 del cuadernillo de amparo). Lo anterior motivó que el Ministerio Público le imputara a A.R. cargos por el delito de posesión y tráfico de armas y explosivos, en grado de consumación, en perjuicio de la sociedad. El 8 de enero de 2014, la FISCALÍA DEL CIRCUITO DE VERAGUAS presentó escrito de acusación en contra del prenombrado, como autor material del delito contemplado en el artículo 43 del Código Penal. La audiencia de la fase intermedia se celebró el 10 de marzo de 2014 y en la misma el abogado defensor peticionó la nulidad absoluta de la investigación argumentando que la diligencia de allanamiento en la que se descubrieron las armas antes descritas, fue solicitada por la F.ía y autorizada para ubicar droga, por lo que al darse el hallazgo casual de las armas que dan lugar a la causa penal que se le sigue a su representado, tenía que darse el Control Posterior por parte del Juez de Garantías. Dicha petición fue negada por el JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS, L.. F.P., por estimar que no existe causal de nulidad, luego de lo cual procedió a dictar Auto de Apertura a Juicio N° 34 de 2014 JGV, dentro de la causa identificada bajo el número de carpetilla 201300004587 (Cfr. fs. 14-17 del cuadernillo de amparo). III EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES De conformidad con el recurrente, la decisión del JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS, consistente en no declarar la nulidad del hallazgo casual y la ilicitud de las evidencias obtenidas en el allanamiento efectuado por el Ministerio Público en la residencia ocupada por A.R., vulnera el debido proceso porque, a su parecer, dicho hallazgo tenía que someterse a control posterior por parte del Juez de Garantías dentro del tiempo oportuno. Considera que el artículo 302 del CPP que regula el hallazgo casual, en ninguna de sus partes dispone que el mismo tenga validez "...solo (sic) por darse dentro de la diligencia de allanamiento para otro caso" (Cfr. f. 5 del cuadernillo de amparo). A su juicio, "...cuando dentro de los allanamientos se dan situaciones fuera de sus límites, el control posterior ante Juez de Garantías viene a cumplir con una función de validación de esa situación no prevista o no autorizada, y a la misma vez ese control posterior ante Juez de garantías representa la oportunidad para la persona afectada de defenderse y contradecir efectivamente si la diligencia de Allanamiento donde se da el Hallazgo casual cumplía con los requisitos de formalidad legal y formalidad material a fin de que no se violara su intimidad (sin justificación válida) al allanarse su domicilio" (Cfr. f. 6 del cuadernillo de amparo). Considera el recurrente que "..cuando se dan H.C., se produce una situación no contemplada por la orden de Allanamiento emanada de autoridad competente, esta situación no contemplada (o vacío legal) no puede ser subsanada por analogía o por suposiciones, ya que la propia ley exige que se debe dar un control posterior ante el Juez de Garantías" (Idem). IV EL INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA Por admitido el amparo mediante Resolución de 8 de abril de 2014, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (COCLÉ Y VERAGUAS) solicitó al JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS, L.. F.P., el envío de las constancias procesales o, en su defecto, un informe acerca de los hechos que dieron origen al amparo. En su informe, rendido el 9 de abril de 2014, el referido JUEZ DE GARANTÍAS DE VERAGUAS expresa que: 1. Si bien es cierto "...se trata de un hallazgo casual como lo contempla el artículo 302 del CPP, el cual nace de una autorización previa otorgada por el Juez de garantías quien es el ente competente para dar dicha autorización con el fin de dar tutela efectiva a los derechos de las persona (sic) que se vean afectadas (sic) producto de la diligencia de allanamiento, como es el caso que nos ocupa, de modo tal que al existir una autorización para que se practique la diligencia no se hace necesario el control posterior de los hallazgos casuales, planteamiento que ha sido de igual forma expuesto por los magistrados del Tribunal de Apelaciones y Consultas del Segundo Distrito Judicial" (Cfr. f 27 del cuadernillo de amparo). 2. Aunado a ello, expresa que "...el Juez de Garantías por disposición legal son (sic) llamados a garantizar los derechos y garantías de las partes procesales, situación que también se observa en la Acción de A. de Garantías Constitucionales, sin embargo, consideramos resolver sobre un aspecto de nulidad procesal no conlleva una orden de hacer o de no hacer, sino una decisión jurisdicción (sic), y observamos que está utilizando la figura como una tercera instancia como lo ha señalado el Tribuna Superior en fallos anteriores, lo que se puede convertir en acciones procesales dilatorias, que están afectando la celeridad, concentración y el principio de justicia en tiempo razonable al cual se orienta en nuevo sistema de enjuiciamiento" (Idem). V EL ESCRITO DEL MINISTERIO PUBLICO La FISCAL ADJUNTA DE CIRCUITO JUDICIAL DE VERAGUAS, L.. S.C.R., presentó escrito solicitando que se negara el amparo que nos ocupa, por estimar que: 1.El momento procesal para interponer o decretar nulidades procesales culminó, pues las mismas deben presentarse en la fase intermedia y en el presente caso ya existe un Auto de Apertura a juicio oral. Como sustento de su criterio, cita el fallo del P. de la Corte Suprema de 11 de octubre de 2013 (Cfr. f 29 del cuadernillo de amparo). 2. Los actos de investigación ejecutados por el Ministerio Público, que deben ser controlados posteriormente "...están claramente establecidos dentro del Código de Procedimiento Penal en el Libro Tercero, Título I, Capítulo III, y el hallazgo casual no se encuentra regulado dentro de ese capítulo" (Cfr. f. 30 del cuadernillo de amparo). 3. La excepción a la autorización de las diligencias de allanamientos está recopilada dentro del artículo 298 y se relaciona con el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. 4.El artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, establece que "...si del allanamiento resulta el descubrimiento causal de evidencias de un delito que no ha sido objeto directo del reconocimiento, se procederá a levantar el acta correspondiente, siempre que el delito sea de aquello (sic) en que se procede de oficio. El F. procederá a retirar las evidencias correspondientes "(Idem). 5.En ese sentido, considera que el caso bajo estudio es de aquellos que proceden de manera oficiosa, por lo que al existir una autorización previa para realizar el allanamiento debidamente controlada y legalizada por el Juez de Garantías, dicha diligencia no tenía por qué ser controlada, ni mucho menos advertida a la persona a la que se le iba a practicar el allanamiento, como pretende el amparista (Ibidem). VI LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (COCLE Y VERAGUAS), decidió DENEGAR el amparo promovido por el licenciado E.J.G., contra la decisión del JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS, L.. F.P., argumentando que: (1) El Ministerio Público se apegó al procedimiento establecido atendiendo a que las evidencias fueron encontradas "...en el desarrollo de una diligencia de allanamiento autorizada por el Juez de Garantías y también que lo que se recuperaron fueron armas y municiones, es decir objetos cuya sola tenencia obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación oficiosa" (Cfr. f. 38 del cuadernillo de amparo). (2) Desde ese punto de vista "...no tiene fundamento la preocupación del abogado amparita cuando considera violada las garantías del debido proceso por la falta de control posterior del descubrimiento fortuito de evidencias..." (Cfr. f. 39 del cuadernillo de amparo). (3) Por la orientación y practicidad que tiene el artículo 302 del Código Procesal, en Panamá se optó por una salida que, al tiempo que reconoce la constitucionalidad y legalidad de la prueba permite que la diligencia no se interrumpa. Es por ello que los agentes del Ministerio Público, además de contar con la autorización expresa del Juez de Garantías, deben apegarse al procedimiento que aparece en la misma disposición (Cfr. f. 42 del cuadernillo de amparo). En esta decisión figura el voto concurrente de la magistrada I.P., quien manifiesta estar de acuerdo con la decisión, pero no comparte que se concluya afirmando categóricamente que "...el hallazgo casual producto de un allanamiento legalmente autorizado no pueda ser objeto de control posterior, considerando el hecho evidente que nos encontramos frente a la afectación de uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano como lo es "el derecho a la intimidad" (Cfr. f. 46 del cuadernillo de amparo). La Magistrada P. considera que las diligencias de allanamientos en las que se produce el hallazgo casual pueden ser objetadas por la parte que se considera afectada, dentro del término señalado por el artículo 306 del Código procesal Penal, que prevé el control posterior en caso de allanamiento practicados de manera excepcional. En ese orden de ideas, explica que "...frente a hallazgos de elementos materiales probatorios y evidencias físicas de manera casual, se debe permitir el control posterior, siempre que la parte afectada así lo denuncie" (Cfr. f. 47 del cuadernillo de amparo). Expresa que "Así se pensó el sistema garantista que hoy rige en nuestro país, que ese control debería estar sujeto a que "...si la parte afectada se encontraba disconforme con la actuación de los funcionarios que llevaron a cabo el registro y allanamiento objetara dicha diligencia lo que se traduce en una especie de control posterior regulado expresamente dentro de las normas que regulan la figura del allanamiento. Al no haberlo solicitado dentro de los términos que la investigación prevé no se puede objetar posteriormente dicha diligencias (sic), bajo ese mismo argumento" (Idem). Aclara que, aunque exista autorización previa, no podemos cegarnos a que en ciertas ocasiones se pueden cometer excesos e ilicitudes y la autorización que confiere el Juez de Garantías no es una licencia para que se cometan abusos y arbitrariedades. No obstante, tales situaciones "...deben objetarse a tiempo y esa fue la intención que se tuvo al establecer un término de 48 horas para objetar los allanamientos excepcionales (art. 298 CPP), que no podían esperar autorización previa, porque podía perderse la evidencia o que se derivaran de un allanamiento inmediatamente posterior" (Cfr. f. 48 del cuadernillo de amparo). Concluye indicando que la diferencia estriba en que "...es obligatorio para el Ministerio Público someter a control posterior si no ha peticionado autorización previa y tiene que recurrir a esa situación excepcional, pero si el mismo actuó con autorización legalmente obtenida y se produjo un hallazgo casual de evidencias físicas o elementos probatorios no contenidos dentro de la autorización concedida, es la parte afectada quien tiene la opción de someter o no a control posterior de considerar que hubo exceso en dicha diligencia, toda vez que con esa diligencia se afecta innegablemente un derecho fundamental y por lo general dicho hallazgo viene a constituir la base o el inicio de una investigación penal" (Cfr. fs. 48-49 del cuadernillo de amparo). VII EL RECURSO DE APELACION Contra la decisión dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, el activador procesal promovió recurso de apelación indicando que la validez del allanamiento se limita al objeto y hecho para el cual se ordenó. En ese sentido, expresa que "...todo allanamiento representa la más fuerte y grave de la afectaciones a las garantías fundamentales del derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio" (Cfr. f. 56 del cuadernillo de amparo). Por ello, considera que "Si no le exigimos al ministerio público que realice control posterior ante Juez de garantías para que valide los hallazgos casuales, estamos exponiendo a la sociedad a una situación de indefensión donde el ministerio público tendrá carta blanca para realizar actuaciones fuera de los límites del allanamiento sin necesidad de que las mismas sean verificadas por autoridad judicial ni efectivamente contradecidas por la parte afectada" (Idem). VIII FUNDAMENTACION Y DECISIÓN DEL PLENO A.COMPETENCIA. La apelación que nos ocupa se dirige contra la resolución que niega el A. promovido contra la decisión de 10 DE MARZO DE 2014, del JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS. El TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE COCLÉ Y VERAGUAS conoció del asunto en primera instancia debido a que, de conformidad con el artículo 2616 del Código Judicial, numeral 2 del Código Judicial, es de aquellos que compete decidir los Tribunales Superiores de Distrito. En ese orden de ideas, la Corte encuentra que el artículo 2616 del Código Judicial, dispone que: Artículo 2616. "Son competentes para conocer de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 50 de la Constitución Política: ... 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia; y ...". (El subrayado es del P.). Por su parte, el artículo 2625 del Código Judicial señala que cuando se presente apelación contra un fallo dictado en materia de A. de Derechos Fundamentales, "...se enviará el expediente al superior para que decida la alzada", por lo que compete al P. de la Corte Suprema de Justicia, conocer de la apelación que nos ocupa. A.DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Una vez conocidos los antecedentes del caso, la resolución recurrida y las consideraciones del apelante, procede esta Superioridad a resolver lo que en derecho corresponde. Como viene expuesto, la posición del Tribunal a-quo se sustenta en que la ausencia de control posterior de un hallazgo casual que se produce dentro de una diligencia de allanamiento autorizada para otro fin por el Juez de Garantías, no ocasiona su nulidad, porque en estos casos el Código no exige que tales actos sean sometidos a control posterior. La decisión de primera instancia contó con el voto concurrente de la Magistrada I.P. quien considera que si bien el Código no exige que el hallazgo casual sea sometido a control posterior por parte del Juez de Garantías, sí puede serlo, siempre que dicha diligencia sea objetada por la parte afectada dentro del término señalado por el artículo 306 del Código Procesal Penal, que prevé el control posterior en caso de allanamiento practicados de manera excepcional. Sin embargo, es del criterio que, en el caso concreto, al no haberse solicitado el control posterior dentro del plazo de 48 horas, no se puede objetar dicha diligencia bajo ese argumento. El recurrente se opone al criterio del Tribunal de primera instancia porque considera que si no se le exige al Ministerio Público que realice control posterior ante JUEZ DE GARANTÍAS para que valide los hallazgos casuales, se está exponiendo a la sociedad a una situación de indefensión donde el MINISTERIO PÚBLICO tendrá carta blanca para realizar actuaciones fuera de los límites del allanamiento, sin necesidad de que las mismas sean verificadas por autoridad judicial ni efectivamente contradichas por la parte afectada. De allí que considere que esta Superioridad debe conceder la apelación contra la decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL que deniega el amparo y, en su lugar, revocar la decisión de 10 de marzo de 2014 del JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS. Como se observa, el problema jurídico que se presenta en este caso consiste en determinar si ¿está o no obligado el MINISTERIO PÚBLICO a solicitar el control posterior ante el JUEZ DE GARANTÍAS de una diligencia de allanamiento en la que se produce el hallazgo casual de evidencias de un delito perseguible de oficio? Para decidir la causa que se examina en grado de apelación es necesario precisar, primeramente, que la regla en materia de allanamientos de residencias, es que los mismos deben estar precedidos de la autorización por parte del Juez de Garantías, previa petición fundada por parte del F.. Así lo dispone el artículo 293 del Código Procesal Penal que expresa: Artículo 293. Allanamiento de residencias. En caso de ser necesario registrar un lugar habitado o sus dependencias inmediatas, el allanamiento será autorizado por el Juez de Garantías, previa petición fundamentada del F.. El horario para su realización será entre las seis de la mañana y las diez de la noche. Cuando el morador o su representante lo consientan o en los casos sumamente graves y urgentes podrá procederse a cualquier hora y deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que autoriza el allanamiento. El titular del inmueble o quien lo ocupe podrá autorizar al F. para que realice el registro. Este consentimiento deberá consignarse por escrito en el acta correspondiente. (Las negritas y subrayas son del P.). La petición que realiza el F. a efectos de que se efectúe el allanamiento, debe cumplir con los requisitos que dispone el Código Procesal Penal en su artículo 296, a saber: Artículo 296. Autorización judicial. El Ministerio Público deberá requerir, por escrito a través de cualquier medio idóneo, la autorización para el allanamiento debidamente fundado, que deberá contener: 1. La identificación concreta del lugar o los lugares que deberán ser registrados. 2. La finalidad del registro. 3. Los motivos y las pruebas que fundan la necesidad del allanamiento y el momento para realizarla. 1.El nombre del F. responsable de la ejecución de la medida. 6. La firma del F. que requiere la autorización (El destacado es del P.). Por su parte, el artículo 298 del mismo cuerpo normativo, permite precisar una serie de circunstancias que, excepcionalmente, pueden dar lugar a que se efectúe un allanamiento, sin autorización previa del Juez de Garantías. La referida norma expresa: Artículo 298. Excepciones. Cuando sea necesario, para evitar la comisión de un delito o en respuesta a un pedido de auxilio para socorrer a víctimas de crímenes o desastres o en caso de flagrancia, podrá procederse al allanamiento sin autorización judicial. De igual modo, el F. podrá ordenar la realización del allanamiento si hay peligro de pérdida de la evidencia o si se deriva de un allanamiento inmediatamente anterior. En estos casos, la diligencia deberá ser sometida al control del Juez de Garantías, en la forma prevista en el artículo 306 de este Código. (Las subrayas son del P.). De la norma transcrita, se desprende que los casos en los que excepcionalmente puede el F. ordenar el allanamiento de una residencia sin autorización previa del Juez de Garantías son los siguientes: (1) Cuando es necesario para evitar la comisión de un delito; (2) En respuesta a un pedido de auxilio para socorrer a víctimas de crímenes o desastres; (3) En caso de flagrancia; (4) Cuando hay peligro de pérdida de la evidencia; (5) Si el allanamiento se deriva de otro inmediatamente anterior. En todos estos casos, el F. se encuentra en la obligación de someter ante el Juez de Garantía la diligencia, a fin de que este efectúe el control posterior de la misma, dentro del término de 48 horas previsto para tal efecto, en el artículo 306 del Código Procesal Penal que dispone: Artículo 306. Control del allanamiento. Los casos de allanamiento practicados sin previa autorización judicial deberán ser sometidos a control posterior ante el Juez de Garantías dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su realización, quien determinará si el allanamiento se justificaba por las motivaciones y las evidencias que tenía el F. al momento de practicar la diligencia. Si el Juez determina que no se justifican, decretará la anulación y la ilicitud de las evidencias y ordenará su exclusión de la actuación (El destacado y el subrayado son del P.). Sin embargo, el problema se presenta con el hallazgo casual, porque esta circunstancia no se encuentra expresamente prevista dentro del catálogo de diligencias que deben ser sometidas a control posterior por parte del F. y que aparecen listadas en el artículo 298 del Código Procesal Penal. El hallazgo casual se encuentra regulado en el artículo 302 del Código Procesal Penal, que a la letra expresa: Artículo 302. Hallazgo casual. Si del allanamiento resulta el descubrimiento casual de evidencias de un delito que no haya sido objeto directo del reconocimiento, se procederá a levantar el acta correspondiente, siempre que el delito sea de aquellos en que se procede de oficio. El F. procederá a retirar las evidencias correspondientes (Las negritas y las subrayas son del P.). La Corte coincide con el Tribunal de primera instancia en que el F. que ha sido autorizado a practicar una allanamiento para una finalidad y obtiene evidencia que no ha sido objeto directo del reconocimiento, no está obligado a la luz del Código de procedimiento penal a someter dicho hallazgo casual al control del Juez de Garantías. Dicha obligatoriedad no se deriva de ninguna de las normas que regulan la materia, cuyo contenido ha sido examinado en líneas superiores. Sin embargo, es importante puntualizar que la Corte coincide con el voto concurrente de la Magistrada I.P., en el sentido que si bien el MINISTERIO PÚBLICO no está obligado a llevar ante el JUEZ DE GARANTÍAS el resultado de un hallazgo casual, que genera evidencias de un delito perseguible de oficio, la parte afectada que considere que se le ha infringido un derecho fundamental, puede objetar el mismo ante el Juez de Garantías dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su realización, para que examine su licitud. De este modo, se preserva la oportunidad para que el afectado que estime que se le ha infringido su derecho al allanarse su domicilio o quien considere que la obtención del hallazgo casual se ha dado con pretermisión de sus derechos fundamentales, pueda objetar la diligencia de allanamiento dentro de la cual se da el hallazgo casual y solicitar la exclusión de las evidencias así obtenidas. Lo anterior, lleva a la Corte a decidir que lo procedente es confirmar la decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE COCLÉ Y VERAGUAS, que deniega el amparo de derechos fundamentales presentado contra la RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 2014, del JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS, L.. F.P.. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2014 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (COCLE Y VERAGUAS) que deniega el amparo presentado contra la RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 2014 del JUEZ DE GARANTIAS DE VERAGUAS, L.. F.P.. N. y devuélvase, JERÓNIMO MEJÍA E. HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO C YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)