Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Julio de 2014

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución 3 de Julio de 2014
EmisorPleno

VISTOS: La Corte Suprema de Justicia, P., conoce la acción de amparo de derechos fundamentales presentada por el Licenciado R.D.D. a favor de los señores F.R.A.P. y M.C.M., contra la sentencia de 19 de noviembre de 2013 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que denegó la acción de tutela presentada contra la Resolución N°10 de 27 de agosto de 2013 expedida por el Gobernador de la provincia de Bocas del Toro, que revocó la Resolución N°012-2013 de 3 de abril de 2013 proferida por la Alcaldía del distrito de Bocas del Toro y la Resolución N°4 de 12 de noviembre de 2012 dictada por la Corregiduría de Bocas del Toro. DECISIÓN DEL TRIBUNAL A-QUO El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial emitió la sentencia de 19 de noviembre de 2013, que decidió denegar la acción de tutela, con sustento en las siguientes consideramos que nos permitimos citar en lo medular: "... ha de indicarse que no se advierte ninguna violación al debido proceso, en cuanto al trámite y notificación como se argumentó. Decimos lo anterior, ya que, el trámite de notificación que se dio en el proceso de revisión es el contemplado en la Ley 38 de 31 de julio de 2000 que regula el procedimiento administrativo general, como la causa que hoy nos ocupa, y es que el artículo 90 de esa Ley establece que las notificaciones a las partes se harán por medio de edicto y esa fijación durará un día, como se realizó, pues a folio 20 se lee el edicto 010-13 que se fijó el 28 de agosto del presente año y se desfijó al día siguiente, es decir, 29 de agosto de 2013. Por otro lado, en cuanto al término que otorgó la Gobernación del (sic) Bocas del Toro para el traslado a los señores F.R.A. y M.C.M., del recurso de revisión administrativa que se promovió en contra de las resoluciones 4 de 12 de noviembre de 2012 dictada por la Corregiduría del Corregimiento de Bocas del Toro y la 012-2013 de 3 de abril de 2013, emitida por la Alcaldía Municipal del Distrito de Bocas del Toro, ese término también se ajusta al ordenamiento jurídico ya que el artículo 196 de ese mismo cuerpo legal establece el término de cinco -5 - días, como se concedió. En resumen, y por las razones expuestas, el Tribunal de Amparo estima que lo pertinente es denegar la presente acción de amparo y así se declara..." (fs. 40-44) POSICIÓN DEL RECURRENTE El activador constitucional manifestó en el recurso de apelación que conocemos, que disiente de la decisión adoptada por el Tribunal A-quo, toda vez que la ley aplicable al recurso de revisión que conocen los Gobernadores de provincia es la Ley N° 19 de 1992 más no la Ley 38 de 2000, que es la que regula el procedimiento administrativo general. No obstante, observa que el Gobernador de la provincia de Bocas del Toro demandado, aplicó al momento de darles traslado del recurso de revisión las normas del Código Judicial como corresponde, contrario al momento de notificarles la resolución que decidió el recurso de revisión. De ese modo estima, que el derecho fundamental conculcado es el debido proceso, en lo concerniente a la pretermisión de trámites atendiendo a que la resolución N°10 de 27 de agosto de 2013 emitida por el Gobernador de la provincia de Bocas del Toro, que decidió sobre el recurso de revisión fue notificada por el edicto 010-13 de 28 de agosto de 2013 por el término de un día, fijado el 28 de agosto de 2013 y desfijado el 29 de agosto de 2013, lo que es contrario al término dispuesto. Al respecto manifestó, que atendiendo a lo estipulado en el artículo 1728 del Código Administrativo en lo relativo a las controversias civiles de policía en general, las notificaciones deben efectuarse conforme a las disposiciones del Código Judicial. Así las cosas, indicó que al omitirse el procedimiento para la notificación de la resolución expedida por la autoridad acusada se vulneró el derecho al debido proceso como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, colocando a sus mandantes en estado de indefensión, contrariando el artículo 32 constitucional y el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por consiguiente, solicitó que se revoque la sentencia de 19 de noviembre de 2013 y se conceda esta acción de garantía. (Cfr. fs. 47-52 del cuadernillo) DECISIÓN DEL PLENO Luego de examinar la resolución recurrida, lo aseverado por el activador constitucional así como las constancias procesales acreditadas tanto en el cuadernillo como en los antecedentes, esta Superioridad procede a emitir sus motivaciones y consiguientemente, la decisión que corresponde. En primer lugar anotamos, que el Tribunal A-quo es del criterio que no se vulneró la garantía del debido proceso puesto que se acataron las normas que regulan las notificaciones del recurso de revisión, según la Ley 38 de 2000. Sobre esta consideración, debemos exponer que en reiterados fallos este Tribunal Constitucional ha aclarado que las normas contenidas en la Ley 19 de 3 de agosto de 1992, que regulan el recurso extraordinario de revisión administrativa, son las aplicables cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales de policía o corrección, atendiendo a que tienen como finalidad lograr la revocatoria de las decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los procesos de policía, siendo los competentes para conocer sobre ellos, los Gobernadores de provincia. Por otro lado, el recurso de revisión administrativa dispuesto en la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el procedimiento administrativo general, es el medio de impugnación contemplado para agotar la vía gubernativa y que se interpone contra actuaciones producto del ejercicio de una función administrativa y del cual conoce la máxima autoridad administrativa. En tanto, aún cuando ambos recursos comparten similar denominación, están dispuestos en atención a la naturaleza de las funciones que ejercen las autoridades administrativas y previstos para supuestos distintos. Como ilustración citamos fallos emitidos con el criterio expuesto, por esta Superioridad: "...se colige que el recurso de revisión administrativa que consagra la Ley 38 de 2000 no es aplicable a los casos que se ventilan ante las autoridades administrativas de policía concernientes a la materia correccional o las controversias civiles de policía que regula el Libro III del Código Administrativo y la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974, pues como se señaló en párrafos anteriores para estos casos es aplicable la Ley Nº19 de 1992 que es una ley especial creada expresamente para los gobernadores de provincias." (Sentencia de 10 de enero de 2003) "El recurso de revisión administrativa que conocen actualmente los Gobernadores de Provincia, con sustento en lo previsto en la Ley 19 de 1992, posee una naturaleza particular que lo diferencia del recurso extraordinario de revisión administrativa creado por la Ley 38 de 2000. Así, la Ley 19 de 1992 modificó las atribuciones de los Gobernadores de Provincia, instituyendo un recurso de Revisión con el fin de lograr la revocatoria de las decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro III del Código Administrativo y la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974." (Sentencia de 10 de marzo de 2004) Puntualizado lo que antecede, vemos que el negocio que se analiza es un proceso de administrativo de lanzamiento por intruso con solicitud de demolición y cese de la perturbación, lo que constata que se trata de una controversia civil de policía en general. Para tales efectos, corresponde precisar que la Ley 19 de 1992 no establece el procedimiento a seguir para el recurso de revisión, por tanto nos remitimos al artículo 461 del Código Judicial, que dice "el procedimiento civil regula el modo como deben tramitarse y resolverse los procesos civiles cuyo conocimiento corresponde al Órgano Judicial y a los funcionarios que determinan ese Código y otras leyes; siendo este precepto cónsono con lo estatuido en el artículo 1728 del Código Administrativo que establece que en materia de notificaciones, traslados, avalúos, reconocimientos, registros, allanamientos, impedimentos y recusaciones se procederá con las disposiciones del Código Judicial, se infiere entonces, que el vacío legal respecto al procedimiento aplicable al recurso de revisión normado en la Ley 19 de 1992 se suple con las normas del Código Judicial. Lo acotado nos permite advertir, que el Gobernador de la provincia de Bocas del Toro incurrió en la vulneración del derecho al debido proceso el que a su vez integra el derecho a la tutela judicial efectiva, en el entendido que tiene como finalidad, procurar el acceso a la jurisdicción; la observancia del procedimiento establecido que permiten ejercer el derecho de acción; el suministro y respeto de las garantías mínimas para asegurar un trato igualitario y una defensa efectiva. Sumado a ello, igualmente propone la salvaguarda de los principios de acceso a la jurisdicción; acatamiento de los protocolos normativos en lo que concierne a requisitos y trámites procesales; prohibición constitucional de la indefensión o promoción del derecho de defensa; emisiónde una decisión motivada y fundamentada en derecho en tiempo oportuno y efectividad de lo decidido. Lo anterior encuentra sustento, en lo corroborado a fojas 16 del cuadernillo y 20 de los antecedentes del recurso de revisión, cuando vemos que a través del Edicto 010-13 de 28 de agosto de 2013 se notificó la Resolución N°10 de 27 de agosto de 2013 por el término de un (1) día, fijado el 28 de agosto de 2013 y desfijado el 29 de agosto de 2013. Siendo este trámite contrario a lo contemplado en el artículo 1346 del Código Judicial que determina las normas generales del proceso sumario, entre los cuales se encuentra el proceso de lanzamiento y dice "...4. Una vez constituido el proceso, todas las notificaciones se harán por edicto", el que igualmente nos conduce al artículo 1001 lex cit. que expresa: "Las notificaciones a las partes deberán hacerse siempre por edicto, salvo en los casos que más adelante se expresan. El edicto contendrá la expresión del proceso en el que ha de hacerse la notificación, la fecha y la parte resolutiva de la providencia, auto o sentencia que deba notificarse. El edicto será fijado al día siguiente de dictada la resolución por el juez y su fijación durará cinco días..." Así las cosas, se advierte que el término por el cual fue fijado el edicto que tenía la finalidad de notificar la resolución N°10 de 27 de agosto de 2013, de un (1) día fijado el 28 de agosto de 2013 y desfijado el 29 de agosto de 2013, inobservó el término de cinco (5) días dispuesto en la norma citada, situación procesal esta, que afecta el derecho a la defensa del accionante al no disponer el término que le confiere la ley para ejercerlo a favor de sus intereses, lo que deviene en la lesión al derecho a la tutela judicial efectiva. Precisado lo esbozado, vemos que la acción fue interpuesta contra la resolución N°10 de 27 de agosto de 2013 que decidió el recurso de revisión por parte del Gobernador de Bocas del Toro, no obstante, la situación fáctica y el fundamento de derecho en el cual se sustentó esta acción de garantía, va dirigido a cuestionar el término concedido en el edicto 010-13 de 28 de agosto de 2013 para la notificación del acto referido, motivo por el cual centramos nuestro análisis en la notificación más no en la resolución que resolvió el recurso de revisión, tal como lo realizó el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que incurrió en errores al analizar la situación jurídica planteada, al considerar como aplicable la Ley 38 de 31 de julio de 2000, cuando es la Ley 19 de 3 de agosto de 1992. Por consiguiente, al haberse encontrado la afectación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva debido al incumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 1001 del Código Judicial en concordancia con los artículos 461 y 1346 lex cit., así como con el artículo 1728 del Código Administrativo, concluimos que lo procedente es revocar la sentencia de 19 de noviembre de 2013 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que denegó la acción de tutela y concederla de conformidad con los motivos debidamente sustentados, según el artículo 32 del Estatuto Fundamental y el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Siendo lo procedente decretar la nulidad solo del edicto 010-13 de 28 de agosto de 2013 que notificó la Resolución N°10 de 27 de agosto de 2013. En mérito de lo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de 19 de noviembre de 2013 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que denegó la acción de tutela y CONCEDE la acción de amparo de derechos fundamentales presentada a favor de los señores F.R.A.P. y M.C.M., en consecuencia, se DECLARA NULO solamente el Edicto 010-13 de 28 de agosto de 2013, que notificó la Resolución N°10 de 27 de agosto de 2013 proferida por el Gobernador de la provincia de Bocas del Toro. N. y cúmplase. HARLEY J. MITCHELL D. ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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