Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 27 de Marzo de 2014

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución27 de Marzo de 2014
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación promovido contra la resolución de 3 de mayo de 2013, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la licenciada D.D. en nombre y representación de PACIFIC VILLAGE PROPERTIES, S.A., contra el auto N°909 de 7 de agosto de 2012, dictado por el Juez Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial. Antecedentes: Consta que Inversiones Internacionales S.A., S.A. presentó un proceso de protección al consumidor, con el fin que Pacific Villages Properties, S.A., le devolviera las sumas de dinero abonadas en concepto de un contrato de promesa de compraventa de un bien inmueble, ya que ésta se retrasó en la entrega del mismo. Señala que Pacific Villages Properties, S.A. pretende rescindir el contrato de forma unilateral y quedarse con la totalidad de lo abonado, aún cuando existe una normativa de protección al consumidor que le permite exigir dicha devolución; hecho que Inversiones Internacionales S.A., S.A., considera como una cláusula abusiva que pretende restringir un derecho al consumidor. Frente a esta reclamación, Pacific Villages Properties, S.A. contestó la demanda y presentó un incidente de nulidad por distinta jurisdicción, el que fue resuelto en primera instancia(resolución que se ampara) y, posteriormente apelado ante el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, quien confirmó el acto del a-quo. Luego de lo anterior, se presentó acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la resolución donde se dispuso negar el incidente de nulidad por distinta jurisdicción propuesto por la amparista. En ese sentido sostuvo la actora, que esta decisión contraría los artículos 32 y 202 de la Constitución Nacional, en la medida que el tribunal de instancia y de apelación, decidió mediante un incidente y sin el debido contradictorio, aspectos que no correspondían en ese momento procesal (que el contrato era de adhesión y que la cláusula arbitral era abusiva), sino en el fondo de la controversia. Considera que con esa decisión se desconoce el pacto arbitral suscrito entre las partes, donde se disponía someter la controversia a dicha jurisdicción, la que además, puede decidir sobre su propia competencia. Por tanto, no era el juez de circuito el competente para decidir si la cláusula era legal o no, o si el contrato se consideraba de adhesión. Seguidamente, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dispuso admitir la causa constitucional que nos ocupa, y es así como posteriormente emite la resolución que se ataca a través del recurso de apelación. Mediante fallo de 3 de mayo de 2013, dicho tribunal colegiado dispuso no conceder la acción impetrada, sobre la base que si bien es cierto se reconoce el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, por el cual, quienes contratan pueden determinar las condiciones del acuerdo, no debe soslayarse que las mismas normas que regulan esta jurisdicción, también reconocen que no podrán someterse al conocimiento de la misma, aquellas "que surjan de materia que no sean de la libre disposición de las partes, entre otras las que derivan de funciones de protección o tutela de personas o que están reguladas por normas imperativas de Derecho". En atención a ello determinó el Primer Tribunal Superior de Justicia, que el proceso que dio lugar a este debate, es por una relación entre consumidor y proveedor, y como quiera existe un cuerpo legal que regula estos aspectos en específico, el usuario tiene el derecho de gozar las prerrogativas que la misma establece. Sigue agregando el Tribunal Superior, "que los derechos de consumidores no son del todo dispositivos, por ende, éstos no pueden renunciar a su derecho de acudir a los tribunales...". Por tanto, concluye que las cláusulas para someterse a la jurisdicción arbitral, tienen limitaciones en el tema de consumidores. Recurso de Apelación: Notificada la decisión descrita, la firma de abogados M., D. &U., actuando como apoderados especiales de la amparista, anunció y sustentó recurso de apelación, el que se sustentó en que el Primer Tribunal Superior de Justicia ha violentado el artículo 1032 del Código Judicial, toda vez que ha desconocido sus propios fallos en relación a esta materia, así como otros similares proferidos por la Corte Suprema de Justicia. Consideraciones y decisión del Pleno: Como quiera que nos encontramos frente a un recurso de apelación, corresponde a esta Colegiatura pronunciarse respecto a la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, tomando en consideración para ello, los parámetros establecidos en la acción de Amparo de Garantías Constitucionales. Así pues señala la amparista, que dicha decisión contraría los artículos 32 y 202 de la Constitución Nacional, en la medida que con ello se desconocen tanto los efectos del convenio arbitral que surgió con el contrato de promesa de compraventa (incluyendo la cláusula impugnada), como el hecho que la administración de justicia también puede ejercerse mediante la jurisdicción arbitral, que tiene la potestad de decidir sobre su propia competencia. Así las cosas, consideramos oportuno desarrollar algunas ideas, toda vez que es necesario empezar a unificar criterios en cuanto a este tema de singular importancia, máxime cuando convergen dos aspectos de trascendencia, a saber, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y la protección al consumidor. Como observamos, la controversia se debate entre si la inclusión de una cláusula arbitral impide que una persona que se considera consumidor, pueda o no acceder a la jurisdicción ordinaria para plantear argumentos que según él son propios de la misma. Es decir, si existen límites o excepciones para los aspectos que se pueda conocer en virtud de la existencia de una cláusula arbitral. En ese sentido, coincidimos con los criterios desarrollados por el Primer Tribunal Superior de Justicia, quien si bien no tiene una postura unificada frente a esta controversia, lo cierto es que la propia Corte Suprema de Justicia obra en ocasiones de forma distinta. Aún así, lo más rescatable del análisis formulado por dicho tribunal, es el tema de un equilibrio entre los actores, con el fin de que más allá de aplicar el derecho, se opere son justicia. Y es que si tomamos los argumentos del amparista en la dimensión estricta en que lo plantea y donde apunta al respeto de la jurisdicción arbitral sin excepción alguna, podría llevarnos a violentar otra disposición igual de constitucional que la que contiene lo antes mencionado, y que es el artículo 49 de la Constitución Nacional, donde establece con claridad la existencia de mecanismos para garantizar los derechos de los consumidores. Así las cosas, es necesario encontrar el punto de equilibrio, para que no se utilice el principio de autonomía de la voluntad como instrumento para desconocer otros derechos. Y es que esta Corporación de Justicia no puede permitir que la existencia de una cláusula arbitral, sea utilizado como instrumento para que agentes económicos adopten como manejo cotidiano, la utilización de contratos de adhesión para someter todas las controversias relacionadas a los consumidores, que no tienen la oportunidad de negociar nada, a la jurisdicción arbitral. En ese orden de ideas, hay que recordar que frente a la imposición que surge a raíz de los contratos de adhesión, el consumidor sólo puede presentar sus argumentos después de firmado el mismo, por lo que, ante esta desventaja, no debe agregársele la imposibilidad de acudir ante la correspondiente jurisdicción ordinaria especializada. Esta es precisamente una de las razones por las que se implementó la Ley 45 de 2007, donde una atenta lectura de la misma, demuestra que se inspira, entre otros aspectos, en limitar los abusos que pudieran darse por parte de los proveedores, con la utilización de este tipo de contratos, en los que reiteramos, la contraparte no pacta ni negocia nada. Así pues, ante eventuales abusos en este tipo de contratos, la forma para así determinarlo, debe ser la ordinaria. Hacia esto es a donde apunta tanto la Ley 45 de 2007 como el propio Decreto Ley 5 de 1999, que regula el arbitraje en Panamá. Afirmamos lo anterior, porque este último cuerpo normativo sustrae del conocimiento de la jurisdicción arbitral (y a la que se quiere obligar al consumidor a remitirse), situaciones como la planteada por quien presentó la acción ante la jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor. Hay que tener el cuidado y acierto jurídico, de no manifestar que en vías de reconocer la jurisdicción arbitral, las cláusulas que se consideren abusivas al consumidor, y que se encuentren dentro de los contratos de adhesión, no pueden ser atacadas en la correspondiente esfera judicial, ya que según criterio de la amparista, se estaría desconociendo esa jurisdicción. La posición de la amparista - apelante, tiende a señalar que en vías de preservar y respetar la jurisdicción arbitral, los consumidores y los asociados en general tienen limitado su derecho a impugnar ante la jurisdicción ordinaria especializada para tal fin y, de igual forma, los juzgadores de comercio ven restringida su facultad legal de administrar justicia y dar respuesta respecto a hechos propios de su jurisdicción. Se apunta a que el contrato de adhesión se comporta igual que el resto de los convenios, cuando es por todos sabido que este tipo de contratos representa grandes controversias en lo relativo al consentimiento, precisamente porque las definiciones clásicas de este concepto, encierran y se refieren a la existencia de una relación entre dos o más personas que buscan puntos de contraste y entendimiento, así como una redacción del contrato no unilateral, situación que no se da en los contratos de adhesión. Aún ante la existencia de estas problemáticas, no se desconoce este tipo de contrato, pero en vías de establecer ese normal equilibrio que se encuentran en los demás contratos, se brindan al consumidor defensas, como es el de presentar nulidades absolutas y relativas por cláusulas abusivas dentro de los contratos de adhesión. Lo que no significa que se esté desconociendo la totalidad del contrato. Es decir, que si a la postre se decide que una cláusula es abusiva, no con ello se desconoce el contrato de promesa de compraventa suscrito entre Pacific Village Propierties, S.A. e Inversiones Internacionales S.A., S.A. Por lo tanto, la protección que el derecho ha establecido para el consumidor, principalmente en este tipo de contratos (de adhesión), no puede ser utilizado como sustento para considerar que con ello se desconoce el contrato pactado, así como la existencia de otras jurisdicciones. Reiteramos, no puede pretenderse señalar que por el hecho que se acceda ante los juzgados de libre competencia y asuntos del consumidor, se atente contra la jurisdicción arbitral, muy por el contrario, se busca hacer efectivo el derecho del consumidor, que a parte de ser igualmente reconocido a nivel constitucional como la jurisdicción arbitral (artículo 49. C.N. que obliga al Estado a garantizar el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, así como también a la libertad de elección y "a condiciones de trato equitativo y digno. La Ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos...y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario), tiene un carácter público que debe primar sobre los intereses particulares. Y es que el caso que nos ocupa, debe analizarse desde su justa dimensión, ya que la decisión que se adopte puede coartar a los consumidores la potestad de reclamar cláusulas abusivas (que no negocia antes de la suscripción del acuerdo) dentro de los contratos de adhesión. Pero además de lo indicado, debemos destacar que el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial, según lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 45 de 2007, tiene facultad para decidir sobre controversia que se planteen en materia de consumidores. Para mayor claridad de lo manifestado, tenemos que dicha disposición preceptúa que los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo de Circuito Civil en el Primer Distrito Judicial de Panamá, conocerán de las causas relativas a esta ley, y de manera específica de: "2. Controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley, en materia de monopolio y protección al consumidor". De igual forma, y como cuestión de suprema importancia, se tiene que la propia legislación arbitral en su artículo 2 del Decreto Ley 5 de 1999, sustrae de la competencia del tribunal arbitral, las controversias que surjan o se derivan de funciones de protección o de tutela de personas, sin que ello contraríe su facultad de determinar sobre su competencia. En este caso, por mandato expreso de la ley, el tribunal arbitral no puede conocer de aspectos relativos al consumidor, luego entonces, es evidente que la autoridad a quien correspondía proferir la decisión recurrida, es quien la realizó, es decir, el Juez Octavo de Circuito Civil. Con esto resulta claro, que quien emitió el auto amparado (Juez Octavo de Circuito Civil) está debidamente facultado para conocer la materia que ante él se presentó. Lo antes indicado sirve para concluir que la actuación del juzgador que se amparó, encuentra sustento y respaldo jurídico, tal y como lo han reconocido los Tribunales Primero y Tercero Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. El primero como conocedor de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, y el segundo en ocasión del recurso de apelación que se promovió contra la resolución que se atacó a través de esa vía. El anterior análisis permite señalar que la decisión adoptada, no se traduce en el desconocimiento de la jurisdicción constitucional arbitral, muy por el contrario, apunta a que se respeten los derechos de los consumidores y asociados, que valga aclarar, también ostentan un rango constitucional. La administración de justicia a través de la jurisdicción arbitral o cualquier otra, está supeditada a que se ejecuten dentro de los parámetros que se establecen de competencia, en caso contrario, se incurrirían en actuaciones evidentemente arbitrarias. Reiteramos entonces, que la actuación amparada no estaba encaminada a desconocer la jurisdicción arbitral, ni la totalidad del convenio suscrito. En este caso, simplemente se ha delimitado qué puede conocerse a través de los Juzgados de Libre Competencia y Protección al Consumidor, y qué otros son del conocimiento de la jurisdicción arbitral, la cual, en sus propias disposiciones establece que ante la existencia y reconocimiento de la misma, existirán controversias que por su carácter de protección, salen del campo de su conocimiento. Aclarado lo anterior, se evidencia otro hecho que resulta peligroso dentro de la presente causa. Y es que uno de los argumentos principales de la acción constitucional, es que tanto el Juez de Circuito como el Tribunal Superior al conocer el recurso de apelación, decidieron que nos encontrábamos frente a un contrato de adhesión y cláusulas abusivas. Sin embargo, al remitirnos al contenido de estas resoluciones, no se observa tal afirmación, ya que ambos juzgadores se limiten a desarrollar las consideraciones jurídicas y jurisprudenciales por las cuales arriban a la conclusión que el Juzgado Octavo de Circuito Civil, puede conocer de controversias relacionadas a la protección de los consumidores. No se observa que realicen un análisis sobre el contenido e interpretación de la cláusula, ya que las consideraciones sobre su carácter de abusivas, las desarrolló en su momento quien promovió el recurso de protección al consumidor, a saber, Inversiones Internacionales S.A., S.A. Lo anterior se verifica del contenido de la demanda que dio inicio a todo este análisis, donde Inversiones Internacionales S.A., S.A. exigió la devolución de determinada suma de dinero que había pagado en concepto de abono a la compraventa de un bien inmueble, cuya entrega se retrasó, pero que al tenor de cláusulas que se consideran abusivas por el actor, Pacific Villages Properties, S.A. pretendía rescindir el contrato y retener la totalidad de lo abonado, lo que se constituye en una restricción a los derechos del consumidor, que según la Ley 45 de 2007, le otorga el derecho de exigir la devolución de sumas abonadas. Por otro lado, tampoco se evidencia, como señala la amparista, una posible indefensión por falta de contradictorio, ya que como consta en el antecedente, Pacific Village Properties, S.A. no sólo contestó la demanda, sino que presentó el incidente de nulidad que ha dado lugar a esta controversia. Pero además de ello, utilizó los medios de impugnación que tenía a su disposición, toda vez que apeló la decisión que en su contra había proferido el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Luego entonces, cómo podía alegarse aquí el desconocimiento del contradictorio por parte de quien recurrió en amparo y apelación? Por lo tanto, y en adición al análisis desarrollado, somos del criterio que los argumentos señalados por el Primer Tribunal Superior de Justicia, deben ser mantenidos. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 3 de mayo de 2013, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la licenciada D.D. en nombre y representación de PACIFIC VILLAGE PROPERTIES, S.A., contra el Auto N°909 de 7 de agosto de 2012, dictado por el Juez Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial. N.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.(Con Salvamento de Voto) -- HARLEY J.M.D. --A.M. LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General) Con todo respeto, debo manifestar que no comparto la decisión que confirma la Resolución de 3 de mayo de 2013 del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, que no concede el amparo promovido contra el Auto de 7 de agosto de 2012 del JUZGADO OCTAVO DE CIRCUITO DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. El Auto impugnado niega el incidente de nulidad por distinta jurisdicción promovido por la amparista PACIFIC VILLAGE PROPERTIES, S.A., en su condición de parte demandada dentro del proceso de protección al consumidor presentado en su contra por INVERSIONES INTERNACIONALES SAN AGUSTÍN, S.A.. El referido incidente, se fundamentó en la existencia de una cláusula compromisoria, que hace parte del contrato de compraventa, cuyo incumplimiento se demanda y que obliga a someter el asunto a arbitraje, en lugar de acceder a la jurisdicción ordinaria. La Sentencia de segunda instancia confirma la decisión que deniega el amparo, argumentando que no se está desconociendo el convenio arbitral, sino que se busca el respeto de los derechos de los consumidores y que, al decidir el acto impugnado que el asunto sea de conocimiento de la jurisdicción de protección al consumidor, no se desconoce la totalidad del convenio suscrito. Esta posición se sustenta en el artículo 49 de la Constitución que señala que "...La Ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes de estos derechos" (Cfr. f. 6 de la Resolución). Sin embargo, a pesar de las explicaciones sobre por qué el acceso a los tribunales de protección al consumidor no atenta contra la jurisdicción arbitral, el proyecto no brinda mayores argumentos respecto al cargo de violación del artículo 32 de la Constitución que -se colige de la Resolución-, fue invocado por el amparista que reclama el derecho a ser juzgado por la jurisdicción arbitral, que tiene la potestad de decidir sobre su propia competencia (Cfr. f. 3 de la Resolución). Estimo que ha debido discutirse el tema, porque la decisión que se propone trasciende al caso concreto, ya que se emiten conceptos sobre la falta de validez de las cláusulas compromisorias en los contratos de adhesión que se suscriben entre proveedores y consumidores porque esa materia está sustraída de la competencia del tribunal arbitral por mandato del artículo 2 de la Ley 5 de 1999 (Cfr. f. 7 de la Resolución). Me parece que una decisión con estas implicaciones, merecía que el Tribunal de Amparo entrara a ponderar entre el derecho a ser juzgado por el juez competente (en la jurisdicción previamente determinada por ley) y la protección de los derechos de los consumidores y sustentara por qué el contenido de las cláusulas compromisorias en los contratos de adhesión no puede ser conocido por la jurisdicción arbitral, explicando con amplitud si se trata de materia de orden público y por qué se deja de lado el principio de autonomía de la voluntad. Por las razones expuestas, respetuosamente, salvo mi voto. Fecha ut supra, JERÓNIMO MEJÍA E. YANIXSA Y. YUEN (SECRETARIA GENERAL)