Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 2 de Marzo de 2015

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución: 2 de Marzo de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: En apelación, ingresa al P. de la Corte Suprema de Justicia, la ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, que la firma de abogados VIAL & VIAL, en nombre y representación del señor M.J.R., promueve contra el Auto No. AV. No. 253 de 16 de junio de 2014, dictado por el J. Noveno Especial de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, licenciado F.B. G. Luego de asignado el presente negocio en acto público de reparto, procede esta Corporación de Justicia a decidir la presente réplica. DECISIÓN DEL TRIBUNAL A-QUO La resolución que se somete al escrutinio de este máximo Tribunal de Justicia, en concepto de apelación, lo es, la Resolución fechada 23 de septiembre de 2014, a través del cual, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, CONCEDE la acción de amparo de garantías fundamentales, que por intermedio de la firma de abogados VIAL & VIAL, el señor M.J.T., promueve contra el Auto No. 253 de 16 de junio de 2014, emitido por el licenciado F.B., J. Noveno Especial del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal. Cabe destacar, que la resolución que motiva nuestro examen, de manera medular, se sustenta en los siguientes fundamentos: "La apoderada de la amparista al explicar el concepto de la violación alude, básicamente, al derecho a ser juzgado por autoridad competente y al derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales. Respecto al derecho a ser juzgado por autoridad competente, plantea que el J. demandado no está facultado para otorgar la administración judicial de un bien aprehendido dado que la decisión de designar un administrador judicial es propia de la fase de instrucción, ya que, conforme el artículo 29 del Texto Unido de la Ley 23 de 1986 el único que tiene facultad para designar perito administrador es el agente de instrucción... En cuando al derecho a ser juzgado conforme los trámites legales, plantea lo siguiente: que el J. demandado emitió la orden atacada sin dar previamente traslado a la contraparte, no permitiéndole ser oído, aportar pruebas y contradecir las aportadas, ni alegar; que el J. demandado cumplió la orden atacada sin previamente haber notificado el acto atacado ya que le dio posesión al administrador designado el mismo día que lo designó, violando con el artículo 1022 y 1001 del Código Judicial, según los cuales ninguna resolución puede comenzar a surtir efectos antes de haberse notificado y las resoluciones se notifican mediante edicto que debe ser fijado al día siguiente de dictada y por cinco días; y que el juez demandado no concedió el término para anunciar y formalizar apelación. Veamos, pues, en primer lugar, si la orden atacada se ajusta al trámite legal, para lo cual debemos señalar que el nombramiento de un depositario judicial o administrador judicial, en lo civil, generalmente, es consecuencia, de una medida cautelar de secuestro y, en lo penal, también de una medida cautelar de secuestro o de una aprehensión provisional. Y como quiera que el Código Judicial en la parte penal no tiene normas que regulen la aprehensión provisional o tiene muy pocas normas, por analogía se pueden aplicar las normas de procedimiento civil, de conformidad con el artículo 1947 del Código Judicial. Así tenemos que en lo civil, tales medidas se ejecutan in oída parte y las mismas no requieren para ser adoptadas ser corridas en traslado a la contraparte, sino que, por el contrario, las mismas se ejecutan tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 531 del Código Judicial. De allí que conforme, el artículo 1022 del Código Judicial, tales medidas no requieren ser notificadas para ser cumplidas sino que se cumplen de manera inmediata pero las mismas se notifican luego de cumplidas. Por ello, no le asiste razón a la apoderada del amparista al señalar que antes de dictarse el auto atacado en amparo se le debió correr en traslado, ni al señalar que el auto atacado viola los artículos 1022 y 1001 del Código Judicial porque el auto atacado en amparo no podía cumplirse antes de haber sido notificado. En lo que sí le asiste razón a la apoderada del amparista es en señalar que la designación de un administrador judicial, como es consecuencia de una medida cautelar, sí sería apelable de conformidad con el numeral 1 del artículo 1131 del Código Judicial y el artículo 1119 ibídem. Y en modo alguno se podría aplicar al auto atacado el artículo 552 del Código Judicial invocado por el J. demandado para concluir que dicho auto no es apelable, porque dicha norma lo que señala es que es irrecurrible el auto donde el juez, de oficio, remueve un depositario, en forma debidamente motivada, porque su actuación no se ajusta a los fines del depósito o por pérdida de la confianza fundada en hecho objetivo. Pero adviértase que sí es apelable la remoción del depositario cuando la misma ha sido decidida, a petición de parte mediante un incidente. No obstante ello, si bien es cierto que constituiría una violación al debido proceso no conceder una apelación a la cual se tiene derecho porque la doble instancia es parte del debido proceso, en el presente caso la apoderada del amparista no está atacando la resolución que le rechazó de plano el recurso de apelación contra el auto atacado, sino el mismo auto atacado. Respecto al derecho de ser juzgado por autoridad competente, advierte este Tribunal de A. que la orden atacada ha sido dictada dentro de un Proceso Penal seguido al amparista y otros por el delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, delitos por los cuales el amparista ha sido llamado a responder a juicio criminal, según señala el J. en su Informe. Lo anterior pone en evidencia que el proceso penal donde se dictó la orden atacada ha superado la etapa de investigación o sumario. Conforme el artículo 2050 del Código Judicial, durante la instrucción del sumario, el funcionario de instrucción debe asegurar los objetos que tenga la relación con el delito y conforme al artículo 2051 ibídem puede solicitar autorización al J. para secuestrar bienes relacionados con el delito ante la eventual disposición de los mismos. Específicamente en los delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, entre otros, conforme el artículo 29 de la Ley 23 de 1986, antes de ser modificado por la Ley 34 de 27 de julio de 2010, el agente de instrucción debe aprehender provisionalmente todos los bienes empleados en la comisión de los delitos relacionados con drogas y los productos derivados de dicha comisión. "Cuando la aprehensión provisional recaiga sobre vehículos a motor o establecimientos de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible, el tribunal competente, previa opinión del funcionario instructor, podrá designar como depositarios a sus propietarios, otorgándoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa..."Y es esta norma la que le sirvió de fundamento legal al J. demandado para adoptar la orden atacada. Es decir, pues, que la aprehensión provisional sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con los delitos relacionados con drogas debe hacerse por el agente de instructor. Si bien la designación de depositarios sobre bienes de terceros o sobre empresas o negocios puede hacerse por Tribunal competente, ello sólo puede hacerse previa opinión del funcionario instructor. Y en el presente caso ni el J. demandado ha alegado que el funcionario de instrucción le ha solicitado la designación de depositario, sino que pareciera que lo ha hecho de oficio, cuando ya la etapa de instrucción del sumario ha concluido. ... Así las cosas, este Tribunal de A. debe concluir que el J. demandado al designar un administrador judicial, sin que se lo haya solicitado el funcionario de instrucción y cuando ya la instrucción del sumario ha concluido, y, consecuentemente, sin tener competencia para ello, ha violado el debido proceso y, por tanto, procede conceder el amparo. ... De allí, pues, que este Tribunal de A. no logra comprender porqué el J. demandado designa un administrador judicial para un Hotel que, según el mismo J. demandado, está previamente aprehendido y al cual previamente se le ha designado un administrador judicial..." (cf.s 79-92) RECURSO DE APELACIÓN Dentro del término que le confiere la ley, y por intermedio del licenciado D.B., el licenciado F.B.G., J. Noveno Especial del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal, anunció y sustentó recurso de apelación contra la decisión emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia. En primer lugar explica el censor, que no remitió todo el proceso penal seguido al señor P.R.M. y otros, ya que este comprende 548 tomos; no obstante, sostiene que de su informe de conducta se expone con claridad las circunstancias por las cuales asume esta medida (designación de administrador judicial), respecto al Hotel Don Tavo, el cual subraya se encontraba dentro de aquellos bienes aprehendidos provisionalmente por el Ministerio Público, con ocasión de esta investigación, pero que por error la Agencia de Instrucción no le designó un administrador. De otro lado, sostiene que no comparte la posición del A-quo, cuando indica que la decisión era recurrible de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1131 del Código Judicial, ya que sostiene que esta disposición legal prevé este medio de impugnación para aquellas resoluciones que niegan o decretan medidas cautelares, no obstante, en este negocio sólo se dispuso la designación de un administrador judicial. Agrega, que la actuación del J. tiene sustento legal, ya que si bien en la etapa de instrucción dichas designaciones sólo le compete al Ministerio Público; no obstante, no se puede soslayar que al concluir esta etapa, los bienes aprehendidos pasan a disposición del Tribunal de la causa, "quien debe realizar todas aquellas diligencias necesarias para garantizar la conservación y buen manejo de un bien aprehendido...". Indica el recurrente que no podemos perder de vista que el J. es el responsable de garantizar la preservación de todos aquellos bienes que sean aprehendidos, amen de que sostiene que el amparista no satisface el requerimiento legal que exige el artículo 2615 numeral 2 del Código Judicial, esto es, agotar los medios de impugnación que la vía ordinaria le brinda, ello sustentado en el hecho de que no consta que el activador constitucional haya promovido recurso de hecho contra aquella decisión que rechazó de plano, el recurso de apelación por ellos instado. Para finalizar sostiene, que tampoco comparte la posición del Tribunal de primera instancia, cuando indica que el acto objeto de amparo vulnera el artículo 5 del Código Proceso Penal, en cuanto a la separación de funciones, ya que considera que la medida dispuesta no implica una acto de investigación sino un acto de preservación del " buen estado de aquellos bienes aprehendidos". Y, es en base a estas consideraciones, que solicita que se revoque la resolución recurrida y, en su lugar se mantenga el Auto No. 253 de 16 de junio de 2014. (cf.s96-100). CONSIDERACIÓN Y DECISIÓN DEL PLENO Luego de conocido los principales fundamentos y motivos que sustenta la decisión de primera instancia; así como los argumentos del censor, esta Superioridad se encuentra en condiciones de resolver la presente súplica. En ese sentido, debemos señalar que la acción de tutela de derechos fundamentales, fue instada por el señor M.A.J., a través de la firma de abogados VIAL & VIAL, contra el Auto No,.AV-253 de 16 de junio de 2014, por medio del cual el Juzgado Noveno de Circuito Penal de Panamá, dispuso "designar al señor A.L.R.A., ... como nuevo Administrador judicial del HOTEL DON TAVO". En ese orden de ideas, advierte esta Superioridad que varios fueron los cargos o motivos de infracción que el accionante le atribuyó al acto atacado en sede de amparo, ya que alegó que estamos frente a una resolución que vulnera la garantía de ser juzgado por autoridad competente y conforme a los trámites y procedimientos de ley. Estas infracciones que, a concepto del pretensor constitucional, se produjeron de la siguiente manera: 1. Que el juez de instancia omite, antes de tomar la decisión, correrles en traslado la medida que asumiría. 2. Que el nuevo administrador judicial toma posesión del cargo, sin que previamente el Auto No.AV-253 de 16 de junio de 2014, estuviera en firme, esto es, en condiciones de surtir sus efectos jurídicos. 3. Que este acto le impide recurrir la decisión, ya que sostiene que la autoridad demandada negó la concesión del recurso de apelación que ellos anunciaron contra este acto, por considerar que la misma era irrecurrible. Cabe destacar que frente a estos motivos de infracción al debido proceso, el Tribunal A-quo sólo estimo que uno de ellos resultó contrario a los postulados del artículo 32 del Texto Constitucional, al conceptuar que el J. de la causa carecía de competencia para disponer de la designación de un administrador judicial, por estimar que esta es una facultad atribuida al Ministerio Público, durante la etapa de instrucción sumarial, conforme lo preceptúa la Ley 23 de 1986. Asimismo agregó, que como quiera que ha concluido la fase de instrucción sumarial y, el expediente se encuentra ante el Tribunal de instancia, sí existía la posibilidad de que el J. tomara una decisión de esta naturaleza, pero que para ello debía contar, previamente, con el concepto del Ministerio Fiscal, conforme lo exige el artículo 29 de la Ley 23 de 1986, antes de ser modificado por la Ley 34 de 27 de julio de 2010, lo cual, a juicio del A-quo fue un procedimiento inobservado y, es en base a estas consideraciones que concluyó que el debido proceso legal sí resultó transgredido, a través del Auto No.253 de 16 de junio de 2014. Ahora bien, a fin de poder desatar esta controversia, remitida en alzada, esta Superioridad considera que es importante atender con sumo cuidado las únicas constancias remitidas por el servidor público demandado; así como el informe de conducta que el mismo rindiera, ya que de los mismos emergen elementos que nos hace distanciarnos de la decisión adoptada en primera instancia. Este recorrido procesal, que estimamos necesario exponer para poder entender bajo qué circunstancias el J. Noveno Especial del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal, consideró pertinente esta medida, que adelantamos, sólo consistió en designar al señor ÁNGEL L.R.A. como administrador Judicial del Hotel Don Tavo, ya que este bien englobaba aquellas propiedades, registradas a nombre del señor M.J., contra la cual el Ministerio Público, desde el año 2006, había dispuesto su aprehensión provisional, con motivo de un sumario seguido en su contra por los delitos de Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita para delinquir en delitos relacionados con Drogas. N. que cuando el licenciado F.B., J. Noveno Especial del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal, rinde su informe de conducta, remite algunas piezas procesales que figuran dentro del proceso penal seguido a P.R.M. y otros, por los delitos de BLANQUEO DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. En ese punto, es importante señalar que quien promueve la acción de amparo de garantías constitucionales, lo es, el señor M.A.J.T., quien se encuentra sindicado dentro del sumario arriba descrito. Así las cosas, tenemos que entre las constancias remitidas se encuentra, en primer lugar, la copia autenticada de la providencia fechada 15 de mayo de 2006, a través del cual la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dispuso recibirle declaración indagatoria al señor M.J.T., por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo VI, T.X., del Libro II del Código Penal ( Blanqueo de Capitales) y del artículo 1 del Texto Único de Drogas del 29 de agosto de 1994, que contiene la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada por la Ley 13 del 27 de julio de 1994, esto es, por el delito de Asociación Ilícita para delinquir en materia de drogas. Cabe resaltar, que fue en esta providencia que el Ministerio Público ordenó la "APREHENSIÓN PROVISIONAL de TODOS los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, dinero y valores REGISTRADOS a nombre de ...M.J.T..". (cf.s 37-66) Consta que posteriormente, mediante providencia fechada 16 de septiembre de 2008, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, otorgó en administración judicial, los locales comerciales u otras actividades económicas del señor M.J., al señor Á.R., a fin de que fueran salvaguardados durante el proceso. (cfs. 67-69). Otra de las constancias remitidas, consiste en copia autenticada de la Sentencia I° Inst. No. 31 de 7 de junio de 2011, a través del cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor M.J.T.; no obstante, reemplaza la orden de detención por medidas cautelares distintas, consistente en: la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial previa; el deber de presentarse cada 30 días ante el Tribunal de la causa y la obligación de residir en la ciudad de Panamá (cf.s 27-36). En relación al asunto controvertido, tenemos que el juez de instancia, remite copia autenticada de la trascripción del acta de Inspección Judicial, que llevara a cabo sobre los bienes inmuebles ubicados en la Provincia de Chiriquí, que se encuentran bajo la administración del señor A.R.. De esta diligencia se desprende, que para los días 5 y 6 de junio de 2014, el J. Noveno Especial del Primer Circuito Judicial, ramo penal, licenciado F.B., en compañía de la funcionaria M. M.; el señor O.R. de la Fiscalía Primera de Drogas y otros, se aproximó a aquellas propiedades que estaban bajo la administración del señor A.R., esto es, F.F.S.A, Finca No. 15806 y Finca No. 11031 etc, con el propósito de verificar su estado y manejo en cuanto a su administración. Se destaca, que dentro del desarrollo de esta diligencia dan con un lugar, denominado, Hotel Don Tavo, ubicado en la calle principal de V., donde se dio el siguiente hallazgo: " ...fuimos recibidos por D.E.G. (R. delH.) quien procedió a llamar al encargado del mismo luego de identificarnos como funcionarios del Juzgado Noveno Penal Especial, y el sr. O.R. de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, el encargado del hotel el señor M.J. no se encontraba presente...". (cf.s 70-72)- Es importante señalar que como consecuencia de lo anterior, el J. Noveno Especial de Circuito Penal de Panamá, emite el Auto No. AV-253 de 16 de junio de 2014, cuestionado vía judicial, del cual desde sus primeras líneas se desprende fue dictado de manera oficiosa por el J., esto es, sin que mediara solicitud de parte o del Ministerio Público, de allí el motivo o razón por el cual, no se concediera en traslado como exigía el amparista. Afirmamos lo anterior, ya que la resolución impugnada en ampara comienza por señalar que la decisión responde "atendiendo a la situación actual en la que se encuentra la Administración del Hotel Don Tavo", y que como revelan las constancias antes enunciadas, se descubre como consecuencia de la inspección judicial que el Tribunal realizó a aquellos bienes que estaban bajo la administración del señor A.R.. En ese punto, este máximo Tribunal de Justicia considera necesario, entrar a verificar cuáles fueron estas circunstancias que impulsan dicha decisión, a fin de poder establecer si fue dictada o no, dentro del marco legal, para cual transcribiremos ciertos extractos que nos permiten conocer este aspecto: " A Foja 95, 151-95, 153/T190, se lee trascripción del acta de la Inspección Ocular de todos los bienes pertenecientes al señor M.A.J.T., los cuales se encuentran en el Corregimiento de V., provincia de Chiriquí,. Se pudo constatar que en la vía principal de la mencionada localidad se ubica un local comercial que recibe el nombre de Hotel Don Tavo, se tiene referencias dentro del expediente (T.U.I y T.U-II) que el mismo es de propiedad del señor J.T., y que no se encuentra dentro de los bienes dados en la Administración Judicial al señor Á.R., que actualmente el encargado del local es el señor M.A.J.T.,según lo manifestara la señora D.E.G., recepcionista del Hotel. .... Realizado la diligencia de Inspección Ocular antes reseñada, se pudo advertir que el Hotel Don Tavo se encuentra dentro de los bienes aprehendidos, sin embargo el mismo no cuenta con un Administrador Judicial, hasta este momento se desconocen los motivos por los cuales no fue otorgado en Administración Judicial junto con los otros bienes propiedad del señor J.T., situación por la cual se desconoce sobre su manejo y, sobre todo, no se cuenta con los informes financieros de las actividades desarrolladas. A juicio de este Tribunal, el manejo del Hotel Don Tavo no puede dejarse a la libre, como bien aprehendido provisionalmente dentro de un proceso penal, le corresponde a esta judicatura garantizar su conservación y funcionamiento económico. Ante el escenario planteado, se concluye que se hace necesario designar a un Administrador Judicial del Hotel Don Tavo, que garantice su conservación y manejo financiero, por lo que se procede a designar al señor Á.R., como Administrador Judicial del referido Hotel, pues de los informes presentados de las otras administraciones, se colige que su administración ha sido clara y ha llevado la misma bajo la protección de un buen padre de familia" (cf.s 11-14). A juicio del P. y sin entrar en consideraciones de índole legal, debemos manifestar que aún cuando el Tribunal de primera instancia le asiste razón en parte de sus argumentos, esto es, que no es aplicable en este caso el contenido del artículo 552 del Código Judicial, ya que la misma prevé una situación distinta, esto es, la remoción o separación de un depositario, cuando alguna de las partes lo solicite por "ineptitud, malversación o abuso en el desempeño del cargo" o cuando de forma oficiosa lo disponga el Tribunal si considera " que la actuación de éste no resulte ajustada a los fines del depósito o por pérdida de la confianza fundada en hechos objetivos.". No obstante, en lo que sí difiere esta Corporación de Justicia con el A-quo, es que se asevere que el J. de instancia se excedió en sus facultades, por ser un asunto estrictamente adscrito al Ministerio Público en la fase de instrucción sumarial. De las constancias procesales, se desprende con claridad que dentro del proceso penal seguido al señor M.J.T., fue la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, quien mediante resolución fechada 15 de mayo de 2006, ordenó la APREHENSIÓN PROVISIONAL de todos los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre del señor M.J.T., los cuales algunos de ellos, fueron dados en administración judicial al señor A.R.. No podemos soslayar, que el Hotel Don Tavo resultó ser uno de esos bienes sobre los cuales recaía esta orden de aprehensión provisional, pero sobre la cual no había mediado formal designación de quien lo administrara y preservara como un buen padre de familia, hasta tanto concluya el proceso principal. En ese punto, y aún cuando el A-quo sostiene que el J. de instancia solo puede disponer de la designación de un administrador, si previamente cuenta con la opinión del Ministerio Fiscal, conforme lo exige el artículo 29 de la Ley 23 de 1986, no obstante, es de lugar señalar que el contexto de la norma, que fue citada en la resolución recurrida, no se adecua a la situación fáctica de este caso. Obsérvese que en la resolución objeto de nuestro examen se aseveró lo siguiente. "Cuando la aprehensión provisional recaiga sobre vehículos a motor o establecimientos de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible, el tribunal competente, previa opinión del funcionario instructor, podrá designar como depositarios a sus propietarios, otorgándoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa..."Y es esta norma la que le sirvió de fundamento legal al J. demandado para adoptar la orden atacada." A concepto de este máximo Tribunal de Justicia esta no fue la norma aplicada en este caso, ya que la misma hace referencia al tercero incidental, esto es, el caso de aquellas personas que no están vinculada al hecho ilícito pero que un bien de su propiedad se encuentra aprehendido dentro de una investigación penal y por ello elevan solicitud al Tribunal para que se le designe como depositario. Este tipo de solicitud que sí exige, por parte del J. de la causa, que previo a una decisión haya corrido en traslado, la petición del tercero incidental, al Ministerio Público, para que brinde o emita concepto. No obstante, el caso que nos ocupa se da bajo otro escenario, donde no media solicitud y, la decisión es tomado por el juzgador atendiendo a un fin específico, esto es preservar un bien del cual ya existía una orden de aprehensión provisional que le precedía, dictada por el Ministerio Público y donde el propietario (M.J.T.) a diferencia del tercero, sí se encuentra vinculado al proceso. Ciertamente la Ley 23 de 1986, con sus distintas reformas, faculta al Ministerio Público a disponer la aprehensión de todos los bienes relacionados al ilícito y de designar aquellas personas que asumirán su administración; no obstante, ello no representa que el J. de la causa pueda asumir aquellas medidas que considere necesarias para preservar aquellos bienes, que son puesto a su disposición,cuando el negocio penal es remitido al Despacho Judicial, para su calificación legal. De actuar de forma contraria y darse la pérdidas o menoscabo de estas propiedades puestas a su disposición, acarrearían para el J. el enfrentar responsabilidades, inclusive de índole legal. En ese sentido como apoyo a la decisión consideramos oportuno citar el contenido del artículo 2194 del Código Judicial, cuyo contenido literal es el siguiente: "Artículo 2194: Concluido el sumario, el funcionario de instrucción expresará esta circunstancia en acto procesal documentado... En este acto el agente del Ministerio Publico lo pasará al tribunal competente, junto con los instrumentos del delito, si los hubiere, así como todos los objetos relacionados con el mismo, que en estén en su poder..." Para este máximo Tribunal de Justicia tanto del acta de inspección judicial, como del contenido de la resolución impugnada, se expone que la medida tiene como principal objeto evitar la pérdida de este bien, que guarda relación directa con el proceso penal que es de su conocimiento, y que en un momento dado le corresponderá asumir una decisión que defina no sólo la situación jurídica de quien funge como su propietario ( M.J.T.) sino que deberá tomar una decisión sobre el destino final de dicha propiedad, en un proceso que atendiendo al número de tomos (576) y de personas vinculadas, resulta complejo. A modo de ejemplo, y como sustento de que el J. puede tomar la previsiones del caso sobre bienes cautelados o aprehendidos, cuya proceso penal se encuentra ya ante la instancia judicial, esta el hecho de que de darse los supuestos del artículo 552 del Código Judicial (malos manejos) o que por alguna razón al administrador designado le sobreviene una situación que le impide seguir ejerciendo el cargo, por cuestiones de lógica el Tribunal no va a remitir el sumario al Fiscal para que disponga lo de lugar, máxime cuando reiteramos los bienes son puesto a disposición del Despacho Judicial, de allí la responsabilidad de velar porque los mismo sea conservados y administrados de forma correcta y que no haya peligro de pérdida, ya que de ello inclusive se pueden derivar responsabilidades administrativas e inclusive de índole penal. Por último debemos recordar, que entre las responsabilidades del administrador está la de remitir un informe sobre sus actuaciones en el manejo de estos bienes, los cuales, evidentemente deberán ser presentados ante el J. de la causa, por estar el negocio penal en la etapa del plenario. Lo anterior, que refuerza a un más nuestra posición de que el Tribunal no resulta desvinculado y que frente a cualquier situación que ponga en riesgo estos bienes, debe tomar las previsiones del caso conforme nuestro ordenamiento positivo. Y, es en base a estos razonamientos, que disentimos de la decisión esgrimida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, ya que consideramos que el J. de instancia, atendiendo a las circunstancias del caso; que tiene a su disposición estos bienes y, que tiene la responsabilidad de procurar que los mismos sean preservados, es que concluimos que no se ha vulnerado el debido proceso. Ahora bien, debemos señalar que uno de los puntos en los cuales colegimos con el Primer Tribunal Superior de Justicia, es que esta decisión sí era susceptible de apelación, ya que reiteramos no se está dictando conforme al contenido del artículo 552 del Código Judicial, que estipula que en el caso de que el Tribunal de oficio remueva o separe al depositario, la decisión es irrecurrible. Por el contrario, la medida consiste en designar un administrador judicial, que resulte ser la misma persona, que administra las otras propiedades del señor M.J.T.. No obstante, como bien señaló el Tribunal A-quo el pretensor constitucional yerra cuando dirige su acción contra el Auto No. AV-253 de 16 de junio de 2014, que dispone la designación de administrador y no contra la providencia fechada 2 de julio de 2014, a través del cual se rechazó por improcedente el recurso de apelación que anunciara contra esta medida (cf.s 74). Ello sin soslayar, que frente a estas medidas el accionante tenía a su alcance el recurso de hecho, no obstante, del contenido de su demanda; así como de las constancias por él aportada, no se desprende que haya agotada este recurso. Es pues, como quiera que para esta Corporación de Justicia, no se hace patente la transgresión del debido proceso, argüido por el promotor de esta acción constitucional subjetiva, la medida que prevalece es REVOCAR la resolución de 23 de septiembre de 2014, y en consecuencia NO CONCEDER la acción de amparo instada por el señor M.J.T.. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la resolución fechada 23 de septiembre de 2014, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y en consecuencia NO CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales, promovida por la Firma VIAL & VIAL, a nombre del señor M.A.J., contra el Auto No. AV- 253 de 16 de junio de 2014, emitido por el J. Noveno Especial del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal. N., HARLEY J. MITCHELL D. ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- GISELA AGURTO AYALA -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)