Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 26 de Enero de 2015

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución26 de Enero de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación interpuesto por el licenciado A.R.M.H., F. de Circuito de Veraguas, contra la resolución de 23 de septiembre de 2014, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el apelante contra la decisión de 5 de septiembre de 2014, dictada por la licenciada I.M., Juez de Garantías de Veraguas. Según las constancias del caso, la acción constitucional que se promovió, se dirigió contra aquel acto donde la juez de garantías decretó la nulidad del informe de incautación de datos del equipo informático, en virtud que no se había notificado de ello al indiciado. En su momento, el amparista consideró que esta decisión contrariaba los artículos 17 y 32 del Estatuto Fundamental, esto en razón que la juzgadora realizó una interpretación de una norma procesal penal que no requería de ello por ser clara. Esto, en adición a que tal precepto procesal, establece que la necesidad de notificar de tal diligencia, es para la persona que ostenta la categoría de imputado, es decir, cuando se le han formulado cargos, lo cual no había ocurrido dentro de este proceso. A lo indicado agregó, que la nulidad se decretó en un momento procesal que la norma no contempla. Acto seguido, la acción constitucional se puso en conocimiento del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, quien luego de admitirla, resolvió la controversia en el fondo, considerando denegar la misma. Este fallo que es el objeto del recurso de apelación que nos ocupa, se sustentó en argumentos como los siguientes: "... consideramos que yerra el amparista al alegar que se violó el debido proceso por no cumplir con los trámites legales de notificar solo al que tenga la calidad formal de imputado, cuando ese criterio se supera en este nuevo modelo de enjuiciamiento penal que sigue nuestro país, donde lo más importante es el respeto y la protección efectiva a las garantías fundamentales del individuo. El otro punto objetado por el amparista, es que se excluyó el informe pericial como si fuera una prueba ilícita, antes de cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 345 del CPP, sin embargo, esa situación no la objetó en su momento el F., por el contrario, se aceptó debatir dicho cuestionamiento dentro del periodo que la propia normativa citada establece, como una de las alegaciones previas, donde se puede válidamente proponer la declaratoria de nulidad de actuaciones que se llevaron a cabo durante al (sic) fase de investigación sin el cumplimiento de las formalidades legales, lo importante es que hubo el debate y cuando la Jueza emitió su decisión lo hizo en consideración a los distintos puntos de vista allí discutidos por todas las partes que tuvieron la oportunidad de intervenir". Emitida y notificada esta decisión, el amparista anunció y sustentó recurso de apelación, en el cual desarrolló similares argumentos a los planteados en el libelo de la acción constitucional. Consideraciones y decisión del Pleno: La exposición fáctica que precede, sirve de antecedente a la decisión final que compete adoptar a esta Corporación de Justicia en sede de tribunal de alzada. Dicho esto, debemos recordar que el motivo tanto de la acción constitucional como del recurso de apelación, lo son dos aspectos centrales. A saber, el desacuerdo con la decisión de haber decretado la nulidad del informe de incautación de datos de equipos informáticos por no haberse informado de ello a su dueño, en virtud que éste deber sólo opera para cuando se haya configurado la figura del imputado. Pero además, porque tal declaratoria se emitió en una etapa que no correspondía. Veamos cada uno de estos aspectos. A nuestro juicio, la decisión del primero de los puntos planteados, surge de la verdadera aplicación de un principio que el propio amparista-apelante reconoce como trascendental, a saber, la constitucionalización del proceso establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal. Sobre esto es importante destacar, que este principio no sólo debe ser visto como una fórmula para interpretar normas, ya que su esencia y trascendencia dentro del proceso es más profunda. Se trata de una máxima que nos invita a que con independencia del tipo de proceso frente al que nos encontremos, observemos y nos rijamos por las directrices que la Constitución Nacional establece, por sobre lo que indican las normas legales especiales o específicas de la materia. Se debe entender que la Carta Magna viene a regir y formar parte de las disposiciones que regulan las distintas ramas del derecho. Por tanto, los derechos fundamentales que se establecen en la Norma Fundamental delimitan aspectos de las normas de menor jerarquía, perspectiva ésta hacia donde debió dirigirse el entender y proceder del fiscal quien amparó y, posteriormente apeló las distintas decisiones judiciales. Una debida aplicación del principio de constitucionalización de los procesos, lo hubiera llevado a remitirse a artículos como el 29 de la Constitución Política, el que establece una serie de garantías y, a la vez, limitantes en cuanto a la intervención y revisión de la correspondencia, documentos, comunicaciones y otros. Incluso, la parte final de esta normativa establece con claridad que, "El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores". Pero además de lo indicado, observamos que tanto el proceder como los argumentos del fiscal, desconocen en gran medida el sentido del sistema penal acusatorio dentro del que se dictaron los actos recurridos, y donde se resguarda en mayor medida los derechos fundamentales por sobre toda disposición legal. Pero que además, también brindan cierta flexibilidad a los jueces de garantías para conocer de cuestiones incidentales que se presenten en el proceso, y que puedan afectar o vulnerar esos derechos que consagra la Norma Fundamental. Por tanto, no se puede perder de vista que una función esencial de esta figura, es la preservación de esos derechos supra legales, dentro de los que se incluyen el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos. Dicho esto, queda claro que la actuación amparada no contraviene la Constitución Nacional, toda vez que ella estuvo encaminada a preservar los derechos de quien hasta el momento no había sido señalada o considerada como imputada, e impedir que los aspectos de semántica o terminología se sobrepusieran por encima de los derechos fundamentales de las personas, sean estas imputadas o no. No debe perderse de vista que la constitucionalización de los procesos, y con mayor énfasis el penal acusatorio, apunta a una estructura encaminada a la salvaguarda de los derechos de todos los asociados, incluso de aquellos que inicialmente se encuentran siendo investigados. Y es que como indicamos, normativas como el artículo 29 de la Carta Magna, establecen el respeto a la correspondencia, documentos y comunicación privadas, sin establecer algún tipo de diferencia entre si la persona es imputada o no, al igual que el derecho a la asistencia de un defensor, entre otros. Por tales razones, esta Corporación de Justicia no puede aceptar como válidos aquellos argumentos que pretenden que sólo se debe notificar y, con ello, salvaguardar los derechos de quien se constituye como imputado, y no así para un indiciado, a quien, según los criterios expuestos por el amparista, debe ser sometido, sin protección ni aviso alguno, a la realización de una diligencia de inspección de extracción de datos de un equipo informático que se señala era privado. En cuanto al otro aspecto, debemos iniciar señalando que las decisiones amparadas se dictaron en el acto de audiencia de la fase intermedia, misma en la que rigen artículos como el 345, que permite que en el acto de audiencia donde interviene el juez de garantías (tal y como ocurrió en este caso), se pueden alegar nulidades (en general), las que posteriormente serán decididas. Tal y como se han relatado los hechos, todos y cada uno de estos aspectos o situaciones se han surtido en este proceso. Por tal razón, ¿cómo puede manifestarse que el conocimiento y decisión de la nulidad planteada se realizó una etapa distinta a la que correspondía? Pero adicional a lo indicado, es importante reiterar lo señalado por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial al momento de resolver el recurso de apelación, en el sentido que la decisión adoptada por la juez de garantías fue producto de un debate dentro de el acto de audiencia en el que participó el fiscal. En ese sentido, tenemos que de la revisión del audio y video del acto de audiencia, se comprueba que sí se surtieron alegaciones en cuanto a la nulidad atacada, así como de otra presentada en ese momento. También consta que la juez de garantías sustentó y resolvió cada una de éstas, concediendo una de ellas y rechazando la otra. Sin embargo, el amparista sólo considera violatoria del debido proceso, aquella decisión que le fue adversa, aún cuando ésta fue decidida bajo los mismos parámetros, condiciones y momento procesal que aquella que no le fue contraria y, que en consecuencia no impugnó. Es decir, que sólo es inconstitucional la decisión que le fue adversa, porque aquella dictada en su favor y que se discutió y dictó en la misma forma y acto de audiencia, esa no lo es y, por el contrario, sí está revestida de todas las garantías constitucionales. Por tanto, y según los argumentos del caso, pese a que todas las nulidades se plantearon, discutieron, sustentaron y decidieron en el mismo acto, sólo la desfavorable al amparista es la que se emitió en una etapa que no correspondía y al margen de los lineamientos establecidos en la ley. Evidentemente, esta pretensión y actuar no puede ser aceptada por esta Corporación de Justicia, menos aún cuando los demás elementos desarrollados con antelación en esta decisión, demuestran que la actuación de la juzgadora atiende y respeta principios constitucionales, e incluso aquellos legales que rigen este particular sistema, y es acorde con el rol o papel que debe desempeñar este funcionario. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 23 de septiembre de 2014 emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado A.R.M.H., F. de Circuito de Veraguas, contra la decisión de 5 de septiembre de 2014 dictada por la licenciada I.M., Juez de Garantías de Veraguas. N.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- . ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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