Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Agosto de 2017

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2017
Emisor:Pleno
 

VISTOS:

La decisión emitida en audiencia el 5 de octubre de 2016, por la Juez de Garantías de la Provincia de Coclé, en cuanto a la solicitud por parte de la defensa, del testimonio de la Licenciada D.E.P., resolvió lo siguiente:

JUEZ: Se admite el testimonio de la Licenciada D.P. cedulada..., que participó para la diligencia del 31 de diciembre del 2015.

SEÑORA FISCAL: solicitamos respetuosamente reconsiderar dicha decisión...

JUEZ: en cuanto a la reconsideración se mantiene el testimonio de la Licenciada D.P.,...ya que en efecto consta que ella fue la que recibió la sustancia embalada en el formato de custodia de evidencia...

  1. EL AMPARO DE DERECHO FUNDAMENTALES

    Argumenta el actor constitucional que en el acto de audiencia realizado el 5 de octubre de 2016, la Juez de Garantías admitió la participación de la Licenciada D.E.P., e incorporó en Auto de Apertura a Juicio, manteniéndose en que la misma consistía en una prueba idónea y que su condición de funcionaria no representaba que no pudiera participar como testigo, pese a que participó como Agente de Instrucción en la investigación.

    Considera que esta participación sería contraria a la naturaleza legal de su labor como F., pues fue quien instruyó la investigación, alegando además la existencia de pronunciamientos de instancias superiores que niegan la categoría de testigos a los Fiscales que instruían la causa. Expresó que, la prueba era impertinente, ya que la Licenciada D.E.P. no fue quien elaboró la Cadena de Custodia, ni el funcionario idóneo para pronunciarse sobre el correcto uso de la Cadena de Custodia, ni la introducción de dicho documento, ya que no fue quien lo confeccionó.

    Estima violado de manera directa por comisión, el artículo 17 de la Constitución Política, señalando que la participación de la F.D.E.P. es contraria a lo que establece el artículo 220 del Código Procesal Penal, y en ese sentido se coarta su participación como representante del Ministerio Público, ya que no podría ejercer el ius puniendi del Estado.

    También estima vulnerado de manera directa por omisión, el artículo 32 de la Constitución Política, en relación con los artículos 1, 3, 5, 19 y 24 del Código Procesal Penal, pues no se cumple con que todas las partes deben cumplir con los procedimientos legales establecidos, efectuando un trámite incorrecto. Señala que, en este caso, se pretende llevar a la Fiscal como testigo para que señale cómo recibió los indicios y para introducir el documento consistente en Cadena de Custodia al juicio, procedente del sistema penitenciario y en el cual se observa su nombre y firma; lo que considera un medio para excluir a la F., ya que ese no es el único medio para determinar el estado en que el Sistema Penitenciario hizo entrega al Ministerio Público de la sustancia ilícita, tampoco es el único medio para introducir el formulario de Cadena de Custodia, lo cual resulta improcedente.

    A su juicio, esta decisión es contraria al principio de igualdad de las partes, porque pone en desventaja al Ministerio Público, pues debilita y obstaculiza la participación de la Fiscalía de Drogas; lo que no ocurre con la defensa, quien no tendría que variar sus representantes, salvo que la parte interesada lo solicite y además no tiene el deber de presidir la investigación. Distinto ocurre con los testigos, peritos o investigadores, quienes sí pueden dar su versión de los hechos y explicar o describir el procedimiento que hayan empleado para responder los cuestionamientos de la Fiscalía.

  2. LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    Mediante Sentencia de 24 de octubre de 2016, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, como Tribunal Constitucional de primera instancia, no concede la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el Lcdo. E.J.D., en su calidad de Fiscal de Drogas de Coclé y Veraguas contra la decisión emitida por la Juez de Garantías de la Provincia de Coclé, en acto de audiencia oral celebrado el 5 de octubre de 2016, en la causa penal seguida a P.A.P.V. y OTRO, identificada con el número 2015-0001-2657.

    El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, basó su decisión en que, la funcionaria atacada en A., realizó un análisis lógico y motivado de las razones por las que decidió admitir la prueba consistente en el testimonio de la Licenciada D.P.P., quien recibió de los Agentes de la Policía la sustancia ilícita, participando de la Cadena de Custodia, resultando útil y pertinente en el proceso; por lo que, a su consideración, el análisis hecho por la Juez de Garantías se hizo respetando la igualdad de las partes y no se desprende violación alguna al debido proceso, derecho de defensa u otra garantía de rango constitucional.

    A su juicio, la disconformidad planteada por el amparista gravita en torno al criterio utilizado por la Juez de Garantías para admitir o excluir las evidencias que pasarán a la siguiente etapa procesal, tal como lo establecen los artículos 347 y 378 del Código Procesal Penal. En ese sentido la admisión está condicionada a la licitud, oportunidad, relevancia, conducencia o pertinencia de la prueba a practicarse, por lo que, el Juez de Garantías tiene la facultad legal de decidir sobre la admisibilidad o exclusión probatoria, decisión que motivará oralmente y contra dicha decisión sólo cabe Recurso de Reconsideración.

    De allí que, la admisibilidad o no de las pruebas es una cuestión ubicada en el plano de legalidad, y como tal es susceptible de ser impugnada en el proceso dentro del cual se expide la respectiva decisión, por lo que, concluye que el A. no es la vía idónea para formular este tipo de objeciones.

  3. ARGUMENTOS DEL APELANTE

    Dentro del término de ejecutoria de la Sentencia de 24 de octubre de 2016, mediante la cual el Tribunal Constitucional en primera instancia, no concede la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta; el apelante señaló en su escrito, que discrepa del criterio externado por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, toda vez que se limitó a expresar que la admisión o no de las pruebas, está ubicada dentro del plano de la legalidad y que el Amparo de Garantías no es la vía idónea para formular objeciones de esta naturaleza; sin embargo, su pretensión no va dirigida en este sentido, sino en que la Juez de Garantías admitió como testigo a la Licenciada D.E.P.P., y en el Recurso de Reconsideración, la Juez se mantuvo en señalar que se trataba de una prueba idónea, ya que recibió los indicios de acuerdo con la Cadena de Custodia y que su condición de funcionaria no era limitante para que no pudiese fungir como testigo en el juicio.

    Por lo anterior, considera infringido de manera directa por comisión, el artículo 17 de la Constitución Política, porque dicha participación en la audiencia es contraria a la naturaleza de las funciones que desempeña la representante del Ministerio Público, que son las de perseguir el delito y ejercer la acción penal.

    Además considera violado el artículo 32 de la misma excerta legal, porque la participación de la Fiscal en la audiencia, es contraria al principio de igualdad procesal de las partes, poniendo en desventaja al Ministerio Público, ya que obstaculiza la participación de la Fiscal Adjunta de Drogas. Además, esto permite que en el presente y futuros casos, se pueda requerir al funcionario que en el ejercicio de sus funciones participó de los actos de investigación, lo que no ocurre con la defensa, quien no es requerida como testigo y no tiene que variar de representantes.

    Estima que esto puede ser utilizado por la defensa cuando quiera inhabilitar a un F., para que se declare impedido; lo que ocasionaría caos en la administración de justicia; además, sostiene que esta actuación violenta la separación de funciones, dándole potestad a la defensa de escoger al funcionario del Ministerio Público que le convenga para que participe como testigo; lo que no ocurre cuando se llama como testigo a peritos o investigadores, quienes sí pueden dar su versión de los hechos y explicar o describir los procedimientos que hayan utilizado responder a las solicitudes que hace la Fiscalía a través de sus comisiones y en este caso la Fiscal Adjunta de Drogas fue como F. y no como testigo de los hechos, ni auxiliar de investigación.

    Corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia en esta etapa, determinar si la decisión emitida por el Tribunal de Amparo en primera instancia, con relación a la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales incoada por el Licenciado E.J.D., en su condición de Fiscal de Drogas de Coclé, se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente, y a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional y los soportes de audio y vídeo que lo acompañan.

    La Sentencia de A. venida a esta Superioridad en grado de apelación, resuelve no conceder la acción de tutela constitucional propuesta, al considerar que la Juez de Garantías tiene la facultad legal de decidir sobre la admisibilidad o exclusión probatoria, siempre que haya la debida motivación, lo que a su consideración se hizo, ya que la Juez realizó un análisis lógico y motivado de las razones por las que decidió admitir como prueba el testimonio de la Licenciada D.P.P.; por otro lado, estima que la admisibilidad o no de las pruebas es una cuestión ubicada en el plano de legalidad, susceptible de ser impugnada en el proceso dentro del cual se expide la decisión, por lo que, el A. no es la vía idónea para formular este tipo de objeciones.

    Adentrándonos a resolver el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la presente iniciativa constitucional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera indispensable resaltar la naturaleza y objetivo de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado democrático y social de derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, a fin de que sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

    Dicha garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por la República de Panamá, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece además, que dicha Acción de tutela de derechos fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

    Respecto al planteamiento esbozado por el Tribunal a quo, en cuanto a que la admisibilidad o no de las pruebas es una cuestión ubicada en el plano de legalidad, susceptible de ser impugnada en el proceso dentro del cual se expide la respectiva resolución y no a través del A. de Garantías Constitucionales, es importante aclarar, que en jurisprudencia reciente de esta Corporación de Justicia se ha mantenido el criterio que, de manera excepcional, el Tribunal de Amparo de Garantías Constitucionales puede revisar la valoración del Juez de la Causa, o verificar que la aplicación o interpretación de la Ley por parte del Juez ordinario haya sido correcta, pero sólo en los casos en que se ha violado un derecho o garantía fundamental, por razón de una Sentencia arbitraria o por una Sentencia que esté falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación, o cuando se trate de una Sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o falta de apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión, o cuando se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la Ley, siempre que se afecte, como se indicó, un derecho o garantía fundamental. (Cfr. Fallo de 10 de enero de 2014. Ponente Magistrado L.M.C.)

    Una vez aclarado lo anterior, este Máximo Tribunal de Amparo, al proceder a resolver sobre los argumentos expuestos por la Fiscal amparista en su Recurso de Apelación, advierte que la inconformidad a lo decidido por la Juez de Garantías se circunscribe a la labor de valoración preliminar efectuada, y que guarda relación a la admisión o no, de los medios probatorios que serán llevados y evacuados al juicio oral, a fin de acreditar aspectos específicos de la Teoría del Caso de la Defensa.

    Como previamente se señaló, la labor de valoración que realiza la Juez de Garantías, es un aspecto que escapa del escrutinio del Tribunal de Amparo, salvo que con su decisión, el operador de justicia vulnere un derecho o garantía constitucional. De manera que, lo procedente en este momento, es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como Máximo Tribunal Constitucional concluya, si dentro de la causa penal de la cual accede la presente acción constitucional, la Juez de Garantías vulneró los derechos y garantías fundamentales argüidas por el amparista al emitir la decisión atacada vía A.; es decir, los artículos 17 y 32 de nuestra Carta Magna.

    En ese sentido el artículo 17 de la Constitución Política, constituye un ámbito universal de protección, al enunciar los fines estatales esenciales, que deben estar presentes en todo el ordenamiento jurídico, al prescribir que las Autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Además, la norma amplía el radio de protección de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, como derecho universal.

    En cuanto a la vulneración del derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política panameña, que establece que nadie será juzgado, sino por Autoridad competente, conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria, se ha reconocido que, como parte del debido proceso las partes gozan de una serie de garantías procesales como lo son: la oportunidad de acceder válidamente a los tribunales de justicia y obtener una decisión o resolución judicial en base a lo pedido; ser juzgados en un proceso previamente determinado por la ley y por motivos o hechos definidos con anterioridad; ser escuchado en el proceso, la posibilidad de aportar pruebas lícitas y contradecir las de la contraparte; derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas y hacer uso de los medios de impugnación que otorga la ley, de tal manera que puedan hacer valer sus derechos o ejercer los mecanismos de defensa legalmente establecidos.

    Sobre la vigencia e importancia de estos elementos o garantías procesales que componen el derecho constitucional al debido proceso, el jurista panameño A.H., ha expuesto lo siguiente:

    "...si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho de aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguir un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional". (HOYOS, A.. El Debido Proceso. Colombia. 1996. Pág.89-90. El resaltado es del Pleno)

    Íntimamente ligado al debido proceso, nos encontramos con el principio de igualdad procesal, respecto al cual el recurrente también aduce violación. El principio de igualdad procesal de las partes es aquel que garantiza la intervención de las partes con igualdad de oportunidades, a fin de probar lo que alegan, e impugnar a la contraparte y que el Juez haga todo lo posible para que ambos litigantes mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio y sin privilegios, logrando que se dicten decisiones imparciales.

    El principio de igualdad se halla expresamente contenido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que en su artículo 24 establece que "todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley". En el mismo sentido, el artículo 14 inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consigna: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia ..."

    Al respecto, el artículo 19 del Código Procesal Penal, nos dice:

    19. Igualdad procesal de las partes. Se garantizará la intervención de las partes con iguales posibilidades de ejercer las facultades y los derechos previstos en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y en este Código.

    Los jueces preservan el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o los debiliten. No deben mantener ninguna clase de comunicación con las partes o sus abogados sobre los asuntos sometidos a su conocimiento sin dar previo aviso a todas ellas.

    El autor panameño S.G., en cuanto al tema de estricta igualdad procesal, ha manifestado:

    "...No se trata de posibilitar a las partes de una igualdad relativa, limitada por exigencias que violentan la noción lógica de proceso o que no coarte o restrinja el sistema de libertades y de garantías que prevé la Constitución Nacional y la Ley para las partes, sino de que tal igualdad impere, efectivamente, como un concepto rector que orientará las acciones, conductas o comportamientos de ellas en el desenvolvimiento o desarrollo de toda la serie procesal." (GUERRA MORALES, S.. Derecho Procesal Punitivo El Modelo Acusatorio. Ediciones Jurídicas Axel. Panamá, 2016. P.. 42)

    Se viola este principio cuando se concede o reconoce a una parte lo que se niega a otra; es decir, se vulnera la garantía de igualdad entre las partes si no se otorga a todas idénticas oportunidades de petición, afirmación, prueba y decisión oportuna, congruente y fundada, lo que no ocurrió con la decisión de la Juez de Garantías.

    En cuanto al principio de separación de funciones también invocado como vulnerado, se tiene claro que el artículo 5 del Código Procesal Penal establece que las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional, por lo que, corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación, y el J. no puede realizar actos que impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal, ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales.

    Como quiera que la disconformidad se basa en lo ocurrido en la audiencia intermedia realizada el 5 de octubre de 2016, en la que se decidió sobre la prueba solicitada por la Lcda. X.G., en su calidad de Defensora Pública; es necesario mencionar lo señalado en el artículo 347 del Código Procesal Penal, que regula lo relacionado a las objeciones a la prueba, dentro del Sistema Penal Acusatorio, a saber:

    "Artículo 347. Objeciones a la prueba. Una vez decididas las cuestiones señaladas en la nueva audiencia o bien solucionadas en ella, si no se recurrió, el Juez de Garantías le dará la palabra al F. para que haga un resumen de su acusación y su prueba, luego al querellante y al final a la defensa, con los mismos objetivos."

    A continuación se debatirá sobre la exclusión e inadmisibilidad de los medios de prueba ofrecidos por impertinentes, inconducentes, representativos, superfluos o ilícito.

    La decisión de admisibilidad o de la exclusión probatoria deberá motivarse oralmente. La exclusión de pruebas por razones de ilicitud solo serán susceptibles de recurso de reconsideración."

    Precisamente, de la escucha del acto de Audiencia de Acusación celebrada el 5 de octubre de 2016, nos percatamos que la Juez de Garantías de la Provincia de Coclé, Licenciada A.H., dispuso acceder a la solicitud de la defensa del señor P.A.P.V., de llamar como testigo para la Audiencia de Juicio a la Fiscal Adjunta en Delitos Relacionados con Droga, Licenciada D.E.P.P., toda vez que ella fue la que recibió como evidencia la sustancia embalada, en el formato de custodia de evidencia, firmando dicho documento.

    Contra dicha decisión, la representante del Ministerio Público en el acto de audiencia, tuvo la oportunidad de interponer Recurso de Reconsideración, el cual fue resuelto inmediatamente por la Juez de Garantías, confirmando la decisión de admitir la prueba solicitada; cumpliendo de esta manera, con lo establecido en el artículo 347 citado anteriormente, dándole la oportunidad a la representante del Ministerio Público, en el acto de audiencia, a objetar la prueba peticionada.

    Si bien el actor constitucional explica que la admisión del testimonio de la Fiscal en la misma causa que investiga, constituye una contrariedad en cuanto al objeto de las funciones constitucionales asignadas a la representante del Ministerio Público, este planteamiento que por su naturaleza controversial puede interpretarse con efectos erga omnes, representa una desventaja para la defensa y su posibilidad de acreditar los hechos de su teoría del caso; lo que nos obliga a priorizar los principios procesales para la determinación de la pertinencia, entre ellos el derecho al contradictorio, derecho a la defensa, igualdad de las partes, que serían afectados con la restricción del derecho a la prueba; por lo que, consideramos que negar la posibilidad de practicar dicha prueba testimonial, daría lugar a una afectación del derecho a probar que tiene el procesado.

    Aunque consideramos que, un F. no debe ser llamado como testigo para declarar dentro de un proceso penal que ellos mismos están instruyendo, toda vez que sus actuaciones gozan de la presunción del principio de legalidad y se producen conforme al principio de la buena fe, sin embargo en esta ocasión el planteamiento surge como consecuencia de la actuación de la Fiscal de suscribir un documento, que guarda relación con la sustancia ilícita que recibió en la Cadena de Custodia; y ante ese escenario, resulta imperioso hacer algunas observaciones sobre el tema.

    La Cadena de Custodia, es pieza fundamental en el desarrollo investigativo y probatorio para el control de todas las etapas desde el hallazgo, la recolección o la incorporación de los indicios y/o evidencias hasta su disposición final, en virtud de lo establecido en la Ley No.63 de 28 de agosto de 2008, y el procedimiento para el manejo de dichos indicios se encuentra regulado en el Manual de Procedimiento del Sistema de Cadena de Custodia del Ministerio Público.

    Si bien este Manual no establece específicamente la persona por parte del Ministerio Público, en la que recae la responsabilidad de llenar y suscribir los formularios establecidos para el embalaje, recepción y traslado de los indicios recabados, es recomendable que la F., en cumplimiento de las funciones que señala el artículo 68 del Código Procesal Penal, como agente encargado de dirigir la investigación, tenga claro que al suscribir este tipo de documentos se coloca ella misma en la Cadena de Custodia. Por lo tanto, es menester que, ante estas situaciones asigne al personal idóneo, que deberá cumplir con estos procedimientos dentro de la Cadena de Custodia, para que no se vea ella misma afectada en su labor investigativa, teniendo que declarar sobre actuaciones que se pudieron delegar en otra persona, a fin de otorgar el derecho de defensa y aportar pruebas al procesado.

    En ese sentido al Pleno no le es posible partir con ligereza de la premisa que sugiere el amparista, respecto a que con la decisión atacada en A. se ha negado el derecho de igualdad de las partes frente a la ley, pues sí se ejerció el derecho a aportar pruebas y a contradecirlas, en la audiencia celebrada el 5 de octubre de 2016, dentro de la carpetilla 2015-0001-2657.

    En cuanto al tema del derecho a prueba, el jurista español, J.P.I.J. nos señala "que el carácter subjetivo del derecho a la prueba se manifiesta en que su ejercicio requiere la voluntad de una de las partes, pues éstas son las que tienen el poder de proponer el medio probatorio que pretenden sea admitido, practicado y valorado." (P.I.J., J.. El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil. Barcelona. 1998. pág. 20 y 21)

    Finalmente, es importante aclarar que a la Juez de G. le corresponde el control judicial de afectación a los derechos fundamentales, como ocurrió en este caso, ya que tanto el Ministerio Público como la defensa sometieron a su escrutinio legal y constitucional las pruebas de las que intentaran valerse en la etapa de juicio y para ello, la Juez debió atender necesariamente al respeto a los derechos humanos, tomando en consideración los derechos y garantías que consagran la Constitución Política, los Tratados y Convenios internacionales de derechos humanos y los contemplados en el Código Procesal Penal, todo lo cual conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta norma de rango legal, deben ser considerados como mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona; en este caso específico, de los sindicados.

    De allí que, en esta ocasión no se afectó ninguno de los principios invocados por el recurrente, al aceptarse el testimonio de la representante de la vindicta pública, toda vez que como dijimos anteriormente fue ella misma quien se colocó en esta situación y ante ello se deberán seguir realizando las funciones de investigación, aunque con la participación de otro miembro del Ministerio Público en el cargo; toda vez que tal justificación sobre la posible obstrucción de la dinámica del Fiscal, no logra tener la relevancia jurídica suficiente para dar cabida a un criterio restrictivo del derecho a la prueba, que como vemos se trata de un derecho fundamental que garantiza el juicio justo, y en ese sentido se deben tomar las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no ocurran en el futuro.

    Siendo así, y teniendo presente que la violación al debido proceso la centra la amparista en estos aspectos puntuales, relacionados a la admisión del testimonio de la Fiscal, solicitado por la defensa, en los términos ya expresados, sin que se derive de la actuación del Tribunal alguna contravención a los derechos fundamentales protegidos en el artículo 17 de la Constitución Política, ni a la norma legal sobre la valoración de las pruebas, que afecte el debido proceso legal recogido en el artículo 32 de la Constitución Política (en concordancia con el contenido de los artículos 1, 3, 5, 19 y 24 del Código Procesal Penal) el Pleno debe concluir en los mismos términos que lo hiciera el A-quo, que la Acción de Amparo presentada no puede ser concedida.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de 24 de octubre de 2016, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que no concede la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado E.J.D., en su calidad de Fiscal de Drogas de Coclé y Veraguas contra la decisión emitida por la Juez de Garantías de la Provincia de Coclé, en acto de audiencia oral celebrado el 5 de octubre de 2016, en la cual se admitió el testimonio de la Fiscal Adjunta, dentro de los hechos investigados identificados bajo el número 2015-0001-2657.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)