Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 24 de Agosto de 2018

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:24 de Agosto de 2018
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS:

Ha ingresado para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la M.M.M.C., en nombre y representación de G.A.G. contra el Auto No.105 de 28 de enero de 2015, dictado por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El presente recurso tiene su génesis en el incidente presentado dentro del Proceso de Guarda, C. y Reglamentación de Visitas que interpone D.L.B.G. contra G.A.G., cuyo conocimiento estuvo a cargo de la Juez Segunda Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien al concluir los trámites correspondientes emitió el Auto No.105 de 28 de enero de 2015, modificando la Sentencia No.505 de 10 de septiembre de 2013, en el sentido que la guarda y crianza de la persona menor de edad G.A.G.B., se le otorga a la madre D.L.B.G. y determina el régimen de comunicación y visita entre la persona menor de edad y su padre, ordenando a ambos progenitores su asistencia a terapias para padres separados.

Luego el proceso fue remitido en apelación ante el Tribunal Superior de Familia, quien dicta Sentencia de 26 de mayo de 2015, confirmando lo decidido por la primera instancia.

  1. DECISIÓN APELADA

    El Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, en razón de un proceso constitucional de Amparo de Garantías Constitucionales, que se interpusiera ante su sede, dictó la Sentencia actualmente apelada, fechada 15 de junio de 2016, mediante la cual decidió denegar el Amparo propuesto por la M.M., en representación de G.A.G. contra el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

    En lo medular la Sentencia de 15 de junio de 2016, es del tenor siguiente:

    "No obstante lo expuesto, de las normas invocadas y transcritas, en efecto, el Defensor del Menor, el cual dicho sea de paso si bien existe en la ley no existe en la práctica, o sea que es letra muerta, debe intervenir y ser oído, pero en los procesos de menores; porque el Ministerio Público es el que debe intervenir y ser oído en los proceso de familia. Y es el caso que el Proceso de Guarda y Crianza y de Régimen de Comunicación y Visita está regulado en el Libro I Sobre Relaciones de familia y no el Libro II Sobre Menor. Además, conforme el artículo 793 del Código de familia se trata de uno de los procesos sumarios en asuntos de familia que se tramitan conforme el artículo 791 ibídem y la audiencia se tramita conforme el artículo 782 ibídem, de los procesos de familia común u ordinario. Es decir, que tanto sustantivamente como adjetivamente, la Guarda y Crianza y régimen de Comunicación y de Visita está instituido como un Proceso de Familia.

    ...la Juez demandada, mediante providencia del 7 de enero de 2014, admitió el mismo y lo corrió en traslado por el término de tres días a la parte incidentada para que lo conteste, o sea al amparista. También se advierte que dicha providencia fue notificada a la Fiscal Tercera de familia, agente del Ministerio Público creada ´para los casos de familia...es decir, pues, que el Ministerio Público fue citado, dándosele la oportunidad de intervenir y ser oído, desde un inicio y en la audiencia, en el proceso de familia donde se dictó la orden atacada, tal como lo exigen los artículos 738 y 770 del Código de familia y si no lo hizo, no puede alegarse nulidad alguna, porque la nulidad establecida en el artículo 733 del Código Judicial consiste en que se no se haya citado al Ministerio Público, o sea que no se le haya dado la oportunidad de intervenir o ser oído...

    Respecto a que no se le imprimió el trámite de incidente y que las notificaciones se hicieron en forma distinta a las señaladas en el artículo 704 del Código Judicial, porque al incidentista se le notificó por edicto mientras que al incidentado se le notificó personalmente, y que no existe norma que diga que a uno se le notifica por edicto y al otro personalmente,...debe señalar este Tribunal que, en efecto, conforme al artículo 331 del Código de Familia las resoluciones sobre la Guarda y Crianza y Régimen de Comunicación y Visita pueden ser modificadas en cualquier tiempo por haber variado las circunstancias de hecho que determinaron su pronunciamiento..., el artículo 1294 del Código Judicial dispone que las sentencias en los proceso de Guarda y crianza y circunstancias análogas en los proceso de familia pueden ser alteradas, conforme a lo dispuesto en el ordinal 10 del artículo 1227 del Código Judicial...Es decir, pues, que la decisión relativa a la Guarda y Crianza y al régimen de Comunicación y Visita previamente establecida en una resolución puede ser modificado o alterado a través de un incidente.

    ...

    Si bien el mismo no se abrió a pruebas, sino que se señaló fecha de audiencia, no debemos olvidar que en los incidentes la prueba es preconstituida, conforme el mismo artículo 704, amén de que los procesos de familia son orales, razón por la cual las pruebas se admiten y practican en la audiencia, como en efecto, se admitieron y practicaron en la audiencia, donde también se le permitió alegar a las partes.

    ...no debemos perder de vista que una solicitud de modificación de Guarda y Crianza y del régimen de Comunicación y Visita, realmente, no es una cuestión incidental en un proceso de familia sino es una pretensión nueva de una parte frente a otra. Es como si se tratara de un nuevo proceso o una nueva demanda....Por ello, ya este Tribunal Superior en casos similares ha sostenido el criterio que estos incidentes deben ser notificados personalmente a la contraparte y por ello ha concedido amparos. Además, jamás podrían decretarse una nulidad constitucional porque al amparista se le han otorgado garantías o derechos adicionales.

    ...

    En lo tocante a que no se tomó en cuenta el interés superior del menor, advierte este Tribunal de Amparo que la apoderada de la amparista no explica porqué considera que no se tomó en cuenta el interés superior del menor."(Ver fojas 263-281 del cuadernillo de Amparo)

  2. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

    En su recurso de apelación, la recurrente sostiene que no comparte el criterio vertido por el Primer Tribunal Superior de Justicia en sede de Amparo, al señalar que el Defensor del Menor no debe intervenir en los Procesos de Guarda, Crianza y Educación, haciendo énfasis en que el bien protegido o tutelado en este tipo de procesos son las personas menores de edad; y agrega que, en la demanda se ha explicado detalladamente cada violación de los derechos constitucionales, razón por la cual solicita que revoque la resolución de primera instancia, la cual tacha de incoherente, contradictoria y de ignorancia inexcusable de la ley, que evidencia que resguarda a una jurisdicción que en materia de procedimiento hace lo que le da la gana y no lo que establece la ley.

  3. DECISIÓN DEL PLENO

    Una vez examinados los aspectos medulares en los que se fundamenta la apelación presentada, así como la actuación y el resto de la documentación aportada, procede esta Corporación de Justicia a realizar las siguientes consideraciones.

    El punto central dentro de la Acción de A., estriba en que el Juez de Familia al dictar su resolución que resuelve el Incidente propuesto por la señora D.L.B., en relación con la guarda y crianza y reglamentación de visitas del menor de edad G.A.G.B., incurrió en una serie de irregularidades que vulneraron el debido proceso, en perjuicio de su representado G.A.G. y de la persona menor de edad G. A. G. B.

    Al respecto, resulta importante hacer alusión al contenido de las normas legales que, conforme al recurrente, fueron obviadas por el juzgador generando la transgresión a la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política. Entre estas normas legales tenemos las siguientes:

    Artículo 738 del Código de la Familia y el Menor.

    El Ministerio Público intervendrá, como representante de la sociedad y del Estado, en los procesos y actuaciones de la jurisdicción familiar, y el defensor del Menor, en los procesos de menores, bajo sanción de nulidad en caso contrario. Se exceptúan los casos expresamente señalados en la ley.

    Artículo 770 del Código de la Familia y el Menor.

    Salvo las excepciones señalas en la ley, el Ministerio Público y el defensor del Menor serán oídos en todos los procesos y actuaciones sobre asuntos de familia y de menores respectivamente.

    Artículo 704 del Código Judicial:

    Todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días y si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días.

    Contestado el traslado, cuando el punto sea e puro derecho o terminado el término por el cual se abrió a pruebas el incidente, el juez lo decidirá dentro del tercer día.

    Cuando se pidan pruebas en un incidente, el actor deberá aducirlas en el mismo escrito en que lo promueva y la contraparte, en la contestación al traslado.

    Las notificaciones de incidentes se surtirán mediante edicto.

    Artículo 1027 del Código Judicial:

    Las notificaciones hechas en forma distinta de las expresadas en este Código son nulas, e incurrirá el secretario que las haga o tolere en una multa de cinco balboas (B/.5.00) a veinticinco balboas (B/25.00) que le impondrá el juez del conocimiento con la sola constancia de la notificación ilegalmente hecho, y será responsable de los daños y perjuicios que con ello haya causado. Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. El secretario no quedará relevado de su responsabilidad. La petición de nulidad se tramitará por la vía de incidente.

    Explica el proponente de la Acción de Amparo que, con la resolución atacada en esta vía constitucional, no se le aseguró a la parte, el derecho a ser juzgado conforme al trámite legal, al darse el incumplimiento o variación injustificada del procedimiento legal establecido, con lo cual, asegura se vulneraron sus derechos y garantías procesales contenidas en el Artículo 32, 17, 18 y 56 de la Constitución Política, además del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

    Artículo 32 de la Constitución Política:

    Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

    Artículo 17 de la Constitución Política:

    Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

    Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

    "Artículo 18 de la Constitución Política:

    "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas."

    Artículo 56 de la Constitución Política:

    El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.

    El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales..."

    De la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

    Artículo 8. Garantías Judiciales

    Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

    En abono al concepto de debido proceso que nos ocupa, el D.J.F.P. citando al ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, A.H., afirma que la jurisprudencia ha llenado de contenido la garantía del debido proceso, integrado por los derechos que se indican a continuación:

    "1. Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional;

    1. Derecho al Juez natural;

    2. Derecho a ser oído;

    3. Tribunal competente, predeterminado en la ley, independiente e imparcial;

    4. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez.

    5. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas; y

    6. Respeto a la cosa juzgada." [F.P.J.. Instituciones de Derecho Procesal Civil. E.J.P.. Panamá. 1999. p. 24]

    Con relación a la resolución recurrida, el amparista señala que la Autoridad que resolvió el A. en primera instancia profirió la resolución atacada, señalando que la notificación personal del Incidente al incidentado no constituye una transgresión al procedimiento, a pesar que la norma indica que dicho traslado se notifica por edicto.

    Sobre este aspecto, el Pleno debe señalar que, ciertamente la solicitud de modificación de la Sentencia de Guarda, Crianza y Reglamentación de Visitas, no constituye una cuestión meramente incidental o de naturaleza accesoria al debate de fondo, sino que por el contrario, la pretensión planteada intenta o persigue cambiar de manera sustancial el fondo del asunto que se debatió en el proceso y que terminó con una Sentencia que no hace tránsito a cosa juzgada por las connotaciones sui géneris que implica dentro de un conflicto familiar que como tal está sujeto a variabilidad y que no puede permanecer rígido por el riesgo de deshumanización del sistema que ello acarrearía y respetando la propia naturaleza jurídica de la materia que así lo exige.

    Por ello, coincidimos con el Primer Tribunal Superior de Justicia al indicar que no se trata de una cuestión que debiera notificarse a la contraparte, en este caso, el amparista, mediante un edicto; pues, al dictarse la Sentencia, si bien se conoce que se trata de una decisión que puede estar sujeta a modificación posterior por la propia naturaleza del asunto que se conoce, no se puede esperar que las partes permanezcan en vigilante incertidumbre ante la posible presentación, en cualquier momento, de una nueva petición que sólo se le notifique por edicto en el Tribunal; y es por eso que resulta cónsono no sólo con la naturaleza de la petición, sino también con el principio de tutela judicial efectiva, asegurar que la contraparte se notifique personalmente de la nueva pretensión, asegurando que esté en posibilidad no sólo de conocer de la nueva solicitud sino de ejercer sus derechos en tiempo oportuno.

    Además, el Pleno considera necesario aclarar que lo anterior no produjo la indefensión alegada, puesto que cierto es que la supuesta parte afectada, promovió recurso de apelación contra el Auto que le fue notificado dentro del término de ley como se observa en el expediente.

    Y con relación a la supuesta falta de traslado al Ministerio Público, con lo que asegura el amparista se conculcó el derecho a ser oído y por ende el debido proceso legal, lo que también fue alegado en su momento por el Ministerio Público, esta Corporación de Justicia coincide con lo manifestado por el Tribunal Superior cuando resolvió el Amparo, pues la intervención del Ministerio Público y la obligación de ser oído en este caso, fue procurada en todo momento por el Juez de la Causa, desde el primer momento, cuando corrió traslado de la solicitud presentada por la señora D.L.B.G., y luego también cuando se le notifica de las fechas de audiencia oral, donde debía comparecer e intervenir dando su opinión.

    De manera que, la no concesión de un término específico para la emisión de una opinión por escrito de parte del Ministerio Público, aunque ello haya sido la práctica usual, no se traduce en la afectación del trámite legal, pues la norma no indica que esta sea la forma correcta de hacerlo, sobre todo, porque nos encontramos en un proceso donde las partes deben comparecer a un acto oral, luego del cual el Juez debe resolver sobre la pretensión.

    Incluso, llama la atención del Tribunal que el Ministerio Público haya estado anuente de la fijación de fechas de audiencias a las que presentó excusa, sin advertir que hacía falta su opinión jurídica y que haya esperado precisamente hasta el final para realizar esta advertencia y con ello demeritando la validez de la decisión del Juez de Familia.

    Como vemos, resulta que el amparista además encuentra relevante que, en este caso, el juzgador notificara expresamente al Agente del Ministerio Público la obligación de emitir concepto, aspecto que no compartimos en esta sede constitucional por cuanto, dicha opinión bien podría ser recibida incluso en la audiencia oral frente a las partes, para lo cual fue debidamente citado por el Tribunal y no compareció, siendo el F. quien, unilateralmente, se sustrajo de su obligación legal y constitucional de intervenir, así como ser oído en un proceso de familia.

    También esgrime el recurrente que, el Tribunal A-quo indicó que no se requería de la intervención del defensor del Menor en este tipo de Procesos de Guarda, Crianza y Reglamentación de Visitas, pues son procesos de familia, y que además este defensor no existe en la realidad, por lo que se trata de letra muerta. Al respecto señala que, lo que debe plantearse como interrogante es cuál es el bien protegido en los Procesos de Guarda, Crianza y Educación, entendiendo el recurrente que son las personas menores de edad.

    Pues bien, en este punto el Pleno de esta Corporación de Justicia debe manifestar que le asiste razón en parte al recurrente cuando cuestiona lo dicho por el Primer Tribunal Superior de Justicia al referirse al tema del defensor del Menor, pues si bien es cierto que no existe la figura como tal, la Defensoría Pública se ha esforzado por crear un equipo que colabore de forma permanente y exclusiva con estos procesos de familia y menores, para lo cual en cada sede del Instituto de la Defensa Pública existe un defensor que cumple con ese rol de defensor del menor, hasta tanto se nombre al titular de ese cargo.

    Por tanto, un Tribunal de justicia en nuestro país no puede expresar a la ligera que no existe la figura y que por ello se trata de letra muerta, sin hacer las aclaraciones correspondientes, o sin que ello sea objeto de aclaración por esta Alta Superioridad Judicial que, en numerosas ocasiones, ha resuelto recursos presentados por los defensores públicos en ejercicio de ese rol de defensor del menor. Permanecer en silencio, sería tanto como permitir la propagación de imprecisiones o confusiones, en la mente de los usuarios de la administración de justicia, y desconocer, el esfuerzo de estos funcionarios judiciales, como el compromiso de la Institución en hacer frente a las necesidades con los pocos recursos con que se cuenta, tanto de índole económica como de personal.

    Dicho esto, resulta importante señalar que, pese a los planteamientos del amparista, quien invita a la reflexión acerca de cuál es el bien jurídico protegido, en los Procesos de Guarda, Crianza y Reglamentación de Visitas, el legislador patrio al elaborar el Código de la Familia estableció que los procesos de guarda y crianza y reglamentación de visitas son procesos en los que se busca proteger el orden familiar, lo que va dirigido a fortalecer y asegurar los vínculos paterno/materno-filiales, y que tanto, los adultos como los menores de edad disfruten de un ambiente familiar lo más sano, pacífico y estable posible, con la menor intervención del Estado.

    Sin embargo, debe tomarse en cuenta el principio rector del interés superior del menor, reconocido en el artículo 56 de la Constitución Política, cuya letra nos indica:

    "ARTICULO 56.

    El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales..." (El resaltado es del Pleno)

    El principio del interés superior del menor tiene su principal fundamento en "la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño". Opinión Consultiva Oc-17/2002 de 28 de agosto de 2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. P.. 61. (El resaltado es del Pleno)

    Por otra parte, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) a la letra dice:

    "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño." (El resaltado es del Pleno)

    En ese mismo orden de ideas, este importante principio también lo podemos observar en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); a saber:

    "1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." (El resaltado es del Pleno)

    Al respecto, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969) en su artículo 19, señala lo siguiente:

    "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado." (El resaltado es del Pleno)

    Ahora bien, como observamos tenemos varios instrumentos internacionales que se refieren a la protección especial que a las personas menores de edad debe brindar el Estado, la Sociedad y la Familia, sin embargo, la interpretación correcta debe darse con un sentido integral, por supuesto, en favor de la persona menor de edad.

    Frente a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, debe reconocer y aplicar la normativa internacional, en lo que se refiere a garantizar la protección eficaz de la persona menor de edad, dentro del Proceso de Guarda y Crianza y Régimen de Comunicación y Visita, a través de un defensor cuyo exclusivo propósito sea la defensa de los intereses de la persona menor de edad G.A.G.B., dentro del contexto, de tratar a la persona menor de edad como una persona en situación de vulnerabilidad, por su condición especial, y en el marco de las obligaciones que nuestro país como Estado soberano ha adquirido en favor de los niños.

    En ese sentido, las condiciones especiales de la persona menor de edad, colocan en mayor riesgo de "vulnerabilidad" sus derechos fundamentales, porque "en su individualidad, debido a su fragilidad física y su inmadurez (personal y jurídica), es considerado como un sujeto vulnerable debido a que estos aspectos son la base para la privación de los medios para la defensa efectiva de sus derechos." (ESTUPIÑAN-SILVA, R.. La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esbozo de una tipología. Derechos Humanos y Políticas Públicas. Manual. Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014. P.. 216)

    Y es que, las personas menores de edad, por su condición de tales, requieren de la protección del Estado (a través de Defensor que no es más que su Abogado) no solo dentro de los Procesos de Protección, sino dentro de los Proceso de Guarda y Crianza y del Régimen de Comunicación y de Visitas, en los cuales también se toman medidas de protección.

    Concluir lo contrario, es decir, que no se requiere de la figura del Defensor de una persona menor de edad, en un Proceso de Guarda y Crianza, porque solo dicha figura fue dispuesta por la normativa jurídica procesal para los Procesos de Protección, equivale a establecer que las personas menores de edad, que serán afectadas por la decisión que emane de un Proceso de Guarda y Crianza y del Régimen de Comunicación y de Visitas, en la jurisdicción de familia, ocupan un rol secundario, al no contar con su Abogado.

    En virtud de lo expuesto, la actuación demandada vulnera el artículo 56 de la Constitución Política, al igual que contraviene el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, artículo 3 la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando no le reconoce a todas las personas menores de edad, su derecho a una defensa técnica, a través de un defensor, cuya función exclusiva, no debe ser otra que ser el Abogado de esa persona que por su edad, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, reconocido y protegido por el ordenamiento constitucional e internacional, por lo que no puede valerse por sí sola y que requiere de la protección especial, contra cualquier violación a sus derechos ejercida incluso por sus padres y/o por el propio Estado representado por cualquier funcionario público.

    Por otra parte, sobre esta temática, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Panamá (28 de febrero de 2018) elaborada por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidades, se recomienda a nuestro país, entre otras medidas las dos siguientes:

    "c)Investigue para determinar la manera en que se escucha la opinión de los niños y los adolescentes cuando se adoptan decisiones familiares que afectan a su vida y los canales por los que pueden y podrían ejercer la máxima influencia en la adopción de decisiones a nivel nacional y local;

    ...e)Implante sistemas o procedimientos dirigidos a que los trabajadores sociales y los tribunales respeten el derecho del niño a ser escuchado". (El resaltado es del Pleno)

    En este marco de ideas, con el propósito de tutelar los derechos de las personas menores de edad, conforme nuestra legislación y los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, a través de diversos tratados y convenciones sobre derechos del niño, el Juez debe garantizar que en todo proceso, cuyo resultado pueda afectar o vincular, jurídicamente, a una persona menor de edad, aun cuando el mismo no sea demandante ni demandado, se designe a un curador ad litem, conforme una interpretación extensiva del artículo 586 del Código Judicial, necesaria bajo el entendimiento que el nivel de vulnerabilidad de este grupo especial de personas, hace imperioso un grado mayor de protección eficaz que se traduce en la obligatoriedad de la designación de un defensor, con el exclusivo rol de proteger los derechos de la persona menor de edad, y deberá velar única y esencialmente porque se respeten los derechos e intereses de la persona menor de edad, porque repetimos, nos estamos refiriendo a un "colectivo que debe ser protegido de manera "preferencial o calificada" en razón de su particular vulnerabilidad", precisamente porque:

    "Por su condición diferencial a raíz del proceso de desarrollo que experimentan, y porque constituyen las generaciones que dentro de algunos años estarán a cargo de la toma de decisiones en el país; la protección, defensa, restitución y garantía de los derechos de la niñez y la juventud debe ser una preocupación fundamental para los Estados. Deben proporcionárseles los espacios y condiciones adecuadas para que gocen plenamente de sus derechos fundamentales." (Acceso a la justicia y derechos humanos de grupos vulnerables y excluidos en Guatemala / Instituto Interamericano de Derechos Humanos. S.J., Costa Rica, 2009. P.. 59). El resaltado es del Pleno)

    Para finalizar, estima el Pleno que, no puede pasar inadvertido el comentario de la letrada, cuando tacha de incoherente, contradictoria y de ignorancia inexcusable de la ley la actuación del Tribunal A-quo, y añade que con ella evidencia que resguarda a una jurisdicción que en materia de procedimiento hace lo que le da la gana y no lo que establece la Ley, porque la justicia puede verse afectada por la desconfianza o los prejuicios infundados de una de las partes en la labor del Tribunal que, hasta el momento, no ha mostrado señales de descrédito que hagan dudar de su labor jurisdiccional, ni que permitan tolerar el irrespeto a la majestad del cargo jurisdiccional.

    Nuestra lucha, como órgano de poder del Estado, está dirigida a lograr que los ciudadanos comprendan que la luz y el norte de nuestras actuacionesse resumen en los principios de imparcialidad, transparencia, efectividad y calidad de nuestro trabajo, con el propósito de adelantar las causas atendiendo sólo a la Ley y a la conciencia; pero sobre todo, teniendo presente el imperativo categórico de hacer justicia como valor intrínseco, sin temer a la censura mediática y sin esperar el aplauso público.

    Por tanto, es necesario que el sistema se pronuncie cuando es atacado de manera injusta, para aclarar y corregir los agravios a través de la única herramienta de expresión posible para exigir respeto a nuestros Jueces y Magistrados: nuestros fallos debidamente motivados y fundamentados.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia de 15 de junio de 2016, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, y en su lugar, CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, promovida contra el Auto No.105 de 28 de enero de 2015, dictado por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá,y en consecuencia, REVOCA el precitado Auto No.105 de 28 de enero de 2015, dictado por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, a efectos que se subsane la pretermisión previamente mencionada y se cumpla con lo que se expone en la parte motiva de esta Sentencia.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    OYDÉN ORTEGA DURÁN --- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO --- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS CECILIO CEDALISE RIQUELME --- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA --- HARRY A. DÍAZ --- EFRÉN C. TELLO C. --- JERÓNIMO MEJÍA E.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)