Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 24 de Octubre de 2019

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2019
Emisor:Primera de lo Civil
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 24 de octubre de 2019

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 547-19

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de esta Corporación de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la Licenciada M.G., contra el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial por haber proferido el Auto Vario No. 182-18 de 24 de septiembre de 2018 mediante el cual ese Tribunal se pronuncia sobre la admisibilidad de pruebas dentro del proceso seguido a M.G. y R.R. por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio económico (estafa).

  1. Resolución Recurrida

    El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en la resolución del 8 de mayo de 2019, NO CONCEDE la acción de amparo de garantías propuesta por la Licenciada M.G. contra el Auto Vario No. 182-18 de 24 de septiembre de 2018, dictado por el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en lo medular, se dejan expuestas las consideraciones de la sentencia apelada:

    ...La omisión que reclama la proponente del amparo se refiere a la tardanza del Ministerio Público en remitir el expediente al J. de la causa luego de ser concedida la prórroga del término de investigación sumarial. El expediente fue remitido al Juzgado con la remisión de la Vista Fiscal No. 142 del 29 de abril de 2016 (fs. 522-529)...

    ...De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2036 del Código Judicial, la demora injustificada del funcionario de instrucción en la remisión del sumario al J. o Tribunal de la causa, según lo previsto en el artículo 2034 del mismo Código, le acarreará a aquel las sanciones preceptuadas en el artículo 2035 lex cit.

    ...Lo dicho hasta aquí permite concluir que la acción constitucional propuesta deviene improcedente toda vez que los cargos de agravio que se formulan a acto acusado corresponden o se refieren a actuaciones que no son emitidas por la autoridad jurisdiccional quien se limitó a admitir pruebas y a fijar fecha para la celebración de la audiencia ordinaria. Por tanto, el acto demandado en amparo no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la proponente del amparo y, por ende, lo procedente es no conceder la acción constitucional propuesta...

  2. Argumentos de la Apelación

    En su escrito de apelación (fs. 35-43), la Licenciada M.G. actuando en su propio nombre y representación, expresó en lo medular de sus argumentos que la Fiscalía que instruyó la causa se extendió en el término de la instrucción del sumario, sin autorización expresa de la autoridad competente, exactamente 358 de exceso a la prórroga otorgada por el J. de la causa para perfeccionar el sumario, situación que a su juicio ha violado sus derechos y garantías que la Constitución consagra.

    Señaló que se le han vulnerado los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Política, los artículos 2, 3 y 8 del Código Procesal Penal.

  3. Consideraciones y Decisión del Pleno

    Expuesta la inconformidad de la apelante con la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, así como el fundamento de la decisión recurrida, procede esta Corporación de Justicia a resolver el presente recurso de apelación, en atención a las siguientes consideraciones:

    Estima la apelante M.G. que la vulneración de la cual fue objeto nace del supuesto que la Fiscalía que instruyó la causa se le otorgó una prórroga para perfeccionar el sumario de cuatro (4) meses los cuales vencían el 6 de septiembre de 2015, sin embargo remitió el sumario el día 29 de abril de 2016, 358 días posterior a la prorroga otorgada.

    En tal sentido es dable indicar que la recurrente M.G. impugna el Auto Vario No. 182-18 del 24 de septiembre de 2018 en el cual el J. de la causa se pronuncia sobre la admisibilidad de las pruebas dentro del proceso seguido por el delito contra el patrimonio económico (estafa) contra M.G. y R.R. y, fija fecha para la audiencia ordinaria.

    En dicha resolución se observa que el Juzgador analiza cada una de las pruebas propuestas conforme a los artículos 780, 781 y 783 del Código Judicial, luego realiza una análisis del término en que fueron presentadas las pruebas, concluyendo que las pruebas presentadas por el Licenciado JOSÉ GOMEZ fueron presentadas extemporáneas conforme a lo normado en el artículo 2222 del Código Judicial.

    Con relación a las pruebas presentadas por la representación judicial de la señora M.G. (amparista) se pronunció realizando algunos señalamientos negando parte de las pruebas por considerarlas inconducente e ineficaces y, por no guardar relación en el proceso, de igual manera negó admitir algunos documentos como parte de las pruebas por no ostentar la calidad de original y, no cumplir con los requisitos señalados por la Ley para ello, sin embargo admite parte de las pruebas por considerarlas conducente y ceñirse al proceso.

    Asimismo el acto impugnado luego de resuelto lo atinente a las pruebas, procede a fijar fecha para la celebración de ordinaria.

    De lo antes señalado se desprende que el Juzgador al emitir el acto impugnado analizó razonadamente los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, conforme lo establece el último párrafo del artículo 781 y 783 del Código Judicial, señalando que parte de ellas no guardan relación con el proceso, resultan inconducentes e ineficaces, por lo tanto debían ser negadas.

    De igual manera concluyó que las pruebas que se ciñen al proceso y que, sirven de medio para aclarar dudas respecto a la responsabilidad penal de los procesados, serían admitidas.

    Sobre el particular concluimos que el Juzgador al emitir el acto impugnado (Auto Vario No. 182-18 del 24 de septiembre de 2018) le dio la debida fundamentación legal a tal decisión, señalando las razones por la cuales admitió o negó las pruebas aducidas por las partes, todo ello conforme lo exigen las leyes de procedimiento en materia de elementos probatorios.

    Ahora bien, luego de explicado lo anterior y, al remitirnos a los argumentos propuestos por la amparista M.G. en los que explica la vulneración de disposiciones constitucionales, debemos indicar que tales argumentos, resultan incongruentes con lo decidido en el acto impugnado, pues, refiere en su escrito que la Fiscalía que instruyó la causa se excedió, en el tiempo de prórroga que el J. le había otorgado para perfeccionar el sumario, lo cual vulnera sus garantías fundamentales.

    En relación a ello, tenemos que el proceso dentro del cual la prenombrada M.G., presenta la acción objeto de estudio, se está tramitando bajo las reglas del sistema inquisitivo, con el procedimiento establecido en el Libro Tercero del Código Judicial, que con respecto a la instrucción del sumario, se refiere en los artículos 2031 y subsiguientes, estableciendo los términos a los cuales se debe ajustar la instrucción del sumario por parte del Ministerio Público.

    De igual manera se establecen sanciones al incumplimiento de estos términos, específicamente el artículo 2035 del Código Judicial señala lo siguiente:

    Las demoras injustificadas y la falta de celo en la formación del sumario, en que incurran los funcionarios de instrucción, podrán ser sancionadas disciplinariamente por el respectivo superior jerárquico, con multas de cinco balboas (B/.5.00) a veinticinco balboas (B/.25.00), que serán descontados de sus sueldos sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan incurrir.

    La sanción impuesta, previa comprobación de la falta, en la forma que prescribe este Código o las leyes especiales.

    En concordancia a lo anterior tenemos el artículo 2036 del mismo Código que señala lo siguiente:

    Los funcionarios de instrucción que demoren, sin motivo justificado, la remisión del sumario al J. o Tribunal de la causa, en la forma prevenida en el artículo 2034 de este Código quedarán sujetos al mismo procedimiento y sanción preceptuadas en el artículo anterior.

    Dicho lo anterior se infiere que la vulneración alegada por la amparista M.G. (demora en la instrucción del sumario) no es atribuible ni a la autoridad, ni al acto atacado, puesto que no fueron emitidos, ni llevados a cabo por esta.

    La alegada vulneración se refiere a actos que son llevados a cabo por el funcionario de instrucción como parte de sus funciones y son sancionables disciplinariamente por el superior jerárquico de dicho funcionario con multa pecuniaria. En el acto atacado el Tribunal de la causa se limitó a decidir la admisibilidad de las pruebas y a fijar fecha para celebrar la audiencia ordinaria.

    Siendo así las cosas, debemos manifestar que coincidimos con el A-quo en afirmar que la acción de amparo propuesta deviene en improcedente, pues los cargos que se le formulan al acto acusado corresponden o se refieren a actuaciones que no son emitidas por la autoridad jurisdiccional quien se limitó a admitir pruebas y fijar fecha para la audiencia ordinaria, lo que conduce a concluir que el acto demandado no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la proponente del amparo.

    Antes de concluir es oportuno indicar que la amparista en el apartado en donde explica las disposiciones constitucionales infringidas y el concepto de la violación, señaló: "En el Auto Varios (sic) 114 fechado 6 del (sic) junio de 2018 se infringió nuestro (sic) Constitución Política y el derecho Sustantivo, (sic) en forma directa, por omisión, al aplicar un principio jurídico, con base en un argumento de la J. Undécima de Circuito Penal, que viola las Leyes y la Constitución con resultado de un daño permanente". Sin embargo menciona que el acto impugnado es el Auto Vario No. 182-18 fechado 24 de septiembre de 2018, por lo que en atención al principio dispositivo o de justicia rogada, no es posible entrar a examinar tales cargos o enderezar la acción contra actos que no hayan sido impugnados expresamente.

    Por las consideraciones antes señaladas concluye este Pleno en iguales términos que el A-quo puesto que la autoridad judicial a quien la amparista le atribuye los hechos y actuaciones que a su juicio vulneran sus garantías, no ejecutó tales actos, siendo ello así, lo procedente es confirmar la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que no concede el amparo de garantías constitucionales presentado por la Licenciada M.G..

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 8 de mayo de 2019, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por medio de la cual NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por M.G. contra el Auto Vario No. 182-18 del 24 de septiembre de 2018, dictado por el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

    N.,

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

    HARRY A. DÍAZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA S. -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO MAG. O.A.O.-.J.E.A.P.C.M.. C.C.R..

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)