Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Noviembre de 2020

PonenteAngela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución20 de Noviembre de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: A.R. de Cedeño

Fecha: 20 de noviembre de 2020

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 761-2020

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce de la Acción de A. de Derechos Fundamentales, en Grado de Apelación, formulada por la firma forense MDL M. & De León, Abogados, apoderados judiciales de K.F.C. en su condición de hija de D.F.M., contra la Resolución N° 594 de 22 de mayo de 2020, expedida por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí.

RESOLUCIÓN APELADA

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, emitió la resolución de fecha 15 de septiembre de 2020, en la cual DENIEGA el A. de Garantías Constitucionales interpuesto por el licenciado Á.M. Fuentes de la Firma Forense MDL M. & De León, actuando en nombre y representación de K.F.C. en su condición de hija de D.F.M. contra la orden de no hacer dictada mediante resolución 594 de 22 de mayo de 2020, por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí, L.. R.M..

Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia, expuso lo siguiente:

"Se ha procedido al estudio de la situación que se presenta en este caso y podemos manifestar que no se observa conculcación del artículo 32 de la Constitución Política de la República, pues el auto emitido por la Jueza de Cumplimiento es un acto propio de las funciones de dicha funcionaria y se dictó en audiencia donde hubo la participación de la fiscalía, querellante y la defensa.

Más aún, se evacuaron pruebas testimoniales y surtió el trámite previsto en estos casos, acorde a lo dispuesto en el artículo 508, 509 y 512 del Código Procesal Penal.

Por otra parte, tampoco se evidencia vulneración del contenido del artículo 17 de nuestra Carta Magna, debido a que, en dicha audiencia se valoraron las pruebas aportadas a la luz del artículo 108 del Código Penal y luego de explicar las razones que hacían inviable lo pedido, -sustitución de cumplimiento de pena en el establecimiento carcelario por arresto domiciliario-, se negó la petición.

Ahora bien, vemos que para arribar a dicha conclusión se valoraron las circunstancias que rodearon el hecho, tal como lo contempla el artículo 108 del Código Punitivo, porque se consideró que no hay peligro inminente para la vida del sentenciado; la índole del delito, pues se trata de la violación de una menor de edad discapacitada con un embarazo producto del hecho; unido a que tanto el domicilio ofrecido para el cumplimiento de la pena como en las residencias de los vecinos, habitan menores de edad y no existe prueba de si el procesado constituye un peligro para ellos.

También apreció la demandada que al hoy amparista se le está brindando una dieta adecuada y medicamentos que ha permitido mantenga sus niveles normales, unido a que no hay casos de COVID-19 en el penal y tampoco consta que sufra de otra enfermedad grave; todo lo anterior permite constatar que la Jueza fundamentó la negativa de la medida y se pretende utilizar esta acción como una tercera instancia revisor de la decisión.

...

Finalmente como sabemos, nuestro país aprobó por Ley 15 de 1977 la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 8 de esta ley único al artículo 32 de la Constitución Política, forman parte de los elementos del bloque de la Constitucionalidad, pero la negativa a sustituir el cumplimiento de la pena en prisión por arresto domiciliario no violenta el artículo citado por las razones anotadas, además de que, las recomendaciones de la OMS y otros organismos no son de cumplimiento automático, debe evaluarse cada caso, como ellos sugieren y lo prevé el artículo 108 del Código Penal; fue esa ponderación que efectuó la Juez de cumplimiento, la que permitió concluir que debía negarse lo pedido."

RECURSO DE APELACIÓN.

La resolución proferida por el Tribunal A-quo fue apelada por la firma MDL MUÑOZ & DE LEÓN, ABOGADOS, apoderados judiciales de K.F.C. en su condición de hija de D.F.M., quienes indicaron lo siguiente:

PRIMERO

La sentencia apelada, no concede el A. de Garantías, en violación al debido proceso, porque sin analizar los fundamentos del A. de Garantías Constitucionales sin entender la resolución objeto de amparos mediante la cual la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí, no accedió a la solicitud de prisión domiciliaria a favor de D.F.M., infringió la garantía constitucional establecida en el artículo 17 de la Constitución Nacional, de proteger la vida y asegurar la efectividad de los derechos que tiene D.F.M., que se le otorgue prisión domiciliaria, por el inminente peligro que corre al estar en la cárcel pública de D. que tiene un alto hacinamiento, sufriendo de una enfermedad crónica, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución N° 1/2020 adoptada el 10 de abril de 2020, fundamentada en el artículo 106 de la Carta de OEA, artículo 41 B de La Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 106 del Estatuto de la Comisión, que en su recomendación N° 46 recomienda otorgar prisión domiciliaria a las personas que sufren prisión en una cárcel con riesgo de contagio de COVID-19.

SEGUNDO

La sentencia impugnada pasó por alto que resolución objeto de A. niega el derecho que tiene D.F.M., de cumplir su pena en prisión domiciliaria o mientras exista el peligro de la pandemia en las cárceles, al incumplir con lo que establece los artículos 63 y 108 del Código Penal y con lo que establece la resolución No. 1/2020 adoptada el 10 de abril de 2020, fundamentada en el artículo 106 de la Carta de la OEA, artículo 41 B de La Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 106 del Estatuto de la Comisión, toda vez que sufre de una de las enfermedades determinadas como susceptibles de ser afectadas por el COVID-19 causar la muerte.

TERCERO

Que la sentencia de amparo impugnada, violenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que han establecido lo siguiente:

...

CUARTO

La sentencia impugnada viola el debido proceso, toda vez que, mediante una insuficiente motivación, desconoce que el médico que atiende a DEMTERIO FUENTES en la Cárcel Pública de D. recomendó su reubicación, por los diagnósticos que tiene y porque en dicha cárcel no se puede cumplir los derechos de una debida atención (obsérvese que el último laboratorio practicado a DEMETRIO FUENTES es de 10 de enero 2020) y alimentación que se ha recomendado, por ser una cárcel hacinada con muchos detenidos y contaminada por el COVID, por las grandes fallas en los controles sanitarios que han hecho posible que varias cárceles en la Capital, C., Veraguas, Chiriquí, estén contaminadas del CORONA VIRUS y que uno de los detenidos de la Cárcel Pública de D. murió por Covid-19.

QUINTO

La sentencia de amparo impugnada al no aplicar las recomendaciones de la OMS y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasa por alto la evidente (sic) la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad cuando ya han fallecido privados de libertad en las cárcel (sic) de Veraguas y D. por Coronavirus, uno que por padecer de una enfermedad crónica (diabetes) falleció el 31 de mayo de 2020, en la Cárcel Pública de Veraguas, tal y como lo certifica el comunicado del Ministerio de Gobierno y Justicia fecha 31 de mayo de 2020, que indica que debido a la condición crónica de salud, la DGSP había solicitado su depósito domiciliario, cosa que fue negada por las autoridades competentes, nada menos que los tribunales de la provincia de Veraguas y otro falleció en la Cárcel Pública de D. por las mismas circunstancias, todo ello por no acatar las recomendaciones de la OMS y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la presencia del COVID-19 en las cárceles y la vulnerabilidad de privados de libertad con enfermedades crónicas..."

Señala que el acto amparado infringió los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional en concepto de violación directa por omisión; así como los artículos 4 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, igualmente por violación directa por omisión.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL AD-QUEM

Este Pleno luego de examinar el fallo de Primera Instancia, lo argumentado en el Recurso de Apelación y las constancias incorporadas al cuadernillo, procede a emitir su pronunciamiento.

Es menester indicar, que la acción de amparo es el instrumento jurídico que ha dispuesto el constituyente, dentro del Estado democrático y constitucional de derecho, a fin que cualquier persona pueda acudir en sede judicial y reclamar la nulidad de cualquier acto, que siendo patrocinado por servidor público, contravenga los postulados esenciales, principios y valores en los que se sostiene el conjunto de derechos fundamentales reconocidos en el sistema constitucional panameño.

En ese sentido, el Instituto del A. está consagrado a nivel constitucional en el artículo 54, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 54. "Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona".

El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales".

La interpretación sistemática de lo dispuesto por el artículo 54 de la Constitución en concordancia con el artículo 4 de la Norma Fundamental que señala que Panamá acata las normas del Derecho Internacional, obliga a tomar en cuenta el contenido del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece el A. de derechos fundamentales, en los términos siguientes:

"Artículo 25. Protección Judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.".

En congruencia con las normas de carácter constitucional citadas, el A. de Garantías Constitucionales fue diseñado por el constituyente para salvaguardar los derechos fundamentales, y sobre todo, para garantizar la efectiva intervención judicial a favor de la restauración del derecho vulnerado, por lo que conforme las últimas posturas jurisprudenciales que ha tenido esta Máxima Corporación de Justicia, se ha dado preponderancia a la supremacía de la Constitución Política, a través de los mecanismos de control, y en Sentencia 28 de abril de 2015, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

"...En efecto, la Constitución reconoce (no otorga) una serie de derechos fundamentales que, incluso, se encuentran ampliados y complementados en Convenciones Internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutele efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho.

El sistema de protección no consiste exclusivamente en la incorporación al ordenamiento jurídico de normas dirigidas a garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales.

La tutela judicial efectiva se consigue cuando se logra el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionado".

Dicho lo anterior este Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el A. constituye un verdadero mecanismo o instrumento dispuesto a asegurar la defensa de los derechos fundamentales, frente a todo acto emitido por servidor público que pueda menoscabar, vulnerar, transgredir o afectar derechos y garantías fundamentales, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.

Por su parte el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 21 de agosto de 2008 concluyó que mediante la interpretación sistemática de los artículos 4 y 17 constitucionales y el 1, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se amplía el catálogo de derechos y garantías fundamentales previstos en nuestra Constitución como mínimos y se reconoce que la admisibilidad del amparo está determinada por el hecho de que el acto impugnado sea capaz de "...lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Nacional sino en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la ley", por lo cual es perfectamente viable que exista vulneración de derechos fundamentales que involucren el desconocimiento de normas legales.

Explicado lo anterior, advierte esta Corporación de Justicia, que el acto que se acusa es la orden dispuesta en la audiencia realizada el día 22 de mayo de 2020, por la Juez de cumplimiento de la provincia de Chiriquí, en la cual negó la solicitud de prisión domiciliaria peticionada a favor del señor D.F.M., quien fue condenado mediante Sentencia N° 592 de 21 de noviembre de 2019, a la pena de 96 meses de prisión, como autor del delito de violación agravada, en perjuicio de una menor de edad con discapacidad cognitiva.

A fin de conocer los motivos en que la Juez de Cumplimiento sustentó el acto atacado pasamos a transcribir parte del audio correspondiente a la audiencia en la cual se validó el acuerdo de pena y se emitió la sentencia correspondiente:

".....

La Juez: Tenemos que entender que efectivamente se han dado recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo las personas que se encuentran privadas de la libertad, lo que representa para ellos una doble vulnerabilidad, no sólo por estar dentro del Sistema Penitenciario sino también en este momento de pandemia que todos estamos siendo afectados; se han dado ciertas recomendaciones, sobre todo en aquellos pacientes que padecen enfermedades crónica; pero tenemos que hacer mención que son recomendaciones y que se ha establecido que cada caso debe ser evaluado individualmente, respetando las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad....

...

Para este tipo de prisión domiciliaria se debe acreditar 1. La certificación médica que el señor esté..., se debe acreditar a través de un certificado médico un padecimiento de enfermedad.

...Al señor se le ha diagnosticado por el Centro Penitenciario que padece de diabetes mellitus, que es insulino dependiente.

Se ha hecho referencia que el mismo se le hizo una atención por parte del médico licenciado A.S., se evidencio la enfermedad de asma crónica, pero sin embargo ese es el único documento que existe, que haya manifestado que padece otro tipo de enfermedad y que solamente fue atendido ese día por el D.A..

...

Bueno, he, debemos establecer que ya se ha acreditado una enfermedad al menos la de la diabetes, la que él considera como una, he, sobre todo con el COVID-19 que le da complicaciones al grave estado de salud de las personas que se vean contagiados con este virus.

...

Debemos establecer que dentro del oficio de fecha 19 de mayo de 2020, en el cual se hizo toda la interpretación del historial clínico del señor se hizo todos los pormenores de los momentos en que fue atendido, existen referencias de doctores, de la diferentes oficinas que han suministrado, todo lo que sería de la licenciada M...., se ha manifestado que se le ha dado los medicamentos necesarios para la insulina, se ha recomendado se le dé una dieta proporcional a su enfermedad, y han hecho recomendaciones que el mismo se mantenga haciendo ejercicios, porque este tipo de enfermedades suelen estar relacionadas con la obesidad también...

Tenemos que decir, que en base a las peticiones realizadas en este acto de audiencia, he podido corroborar que existen las garantías que se le han dado al señor sancionado, se le ha brindado alimentación, también se le ha dado los medicamentos; se puede observar las conclusiones realizadas por el Instituto de Medicina Legal, que puede permanecer en el Centro Penitenciario, siempre y cuando se mantengan las condiciones de darle sus medicamentos, alimentación adecuada a su enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud nos ha hecho ciertas recomendaciones como las que indicamos anteriormente, de personas que padezcan COVID-19, pero cada caso debe ser analizado individualmente.

En este caso se trata de un delito de violación en perjuicio de una menor de edad, con una discapacidad cognitiva, con resultado de un embarazo de la misma. El lugar que se nos ofreció por parte del señor, se ha manifestado que existen muchos menores de edad, que no se ha hecho una evaluación de junta técnica, no se ha hecho un cómputo del tiempo que le falta por cumplir al sentenciado, lo cual se va a corregir.

Pero lo cierto, que para dar este tipo de medida se requiere cumplir con ciertas condiciones: 2. Que posea una enfermedad crónica, 2. Que el mismo no se encuentre recibiendo tratamiento dentro del Centro Penitenciario.

Se ha evidenciado que el Centro Penitenciario está brindando los cuidados y paliativos necesarios para beneficio del señor; dentro del Centro Penitenciario no se ha dado ningún tipo de contagio que se haya acreditado de caso de COVID-19.

... No se han cumplido con los requisitos de ley, específicamente los establecidos en los artículos 108, 110 del Código Penal, ya que el mismo se encuentra dentro de la edad de 55 años, como sabemos la edad promedio que se ha recomendado para la sustitución es la de 60 años; si bien es cierto, padece una enfermedad crónica, se le está dando la atención necesaria para que el mismo mantenga su calidad de vida dentro del Sistema Penitenciario".

Advierte el Tribunal Constitucional, que el amparista sostiene que su patrocinado cumple con los requisitos de forma para que se le concediera la prisión domiciliaria (ver fs.4), y además, que otro elemento a valorar para dicha concesión, es que su patrocinado padecía de una enfermedad crónica (diabetes), que por encontrarnos en pandemia por el COVID-19 lo hacía vulnerable a adquirirlo, poniendo así su vida en riesgo; por ello, la Juez de cumplimiento de la provincia de Chiriquí no podía negar la concesión del sustitutivo penal, consistente en la prisión domiciliaria.

La controversia planteada es determinar si hubo violación a garantías fundamentales, por el hecho de negarle al señor D.F.M. la solicitud de prisión domiciliaria.

Al respecto los artículos 63 y 64 del Código Penal señalan cuándo procede la prisión domiciliaria y dicen:

Artículo 63. La prisión domiciliaria consiste en la privación temporal de la libertad y se cumplirá en el domicilio o la residencia del imputado o en cualquier otro lugar que el Juez de Conocimiento determine.

Para determinar el lugar donde se cumplirá la prisión domiciliaria, el Juez de Cumplimiento tomará en consideración la seguridad de la víctima y la ubicación de la casa o habitación en que se cumplirá; además, señalará a la persona que, suficientemente identificada, deberá comprometerse en garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la persona sancionada.

Artículo 64. La prisión domiciliaria impedirá que el sentenciado salga del lugar previamente establecido; no obstante, previa autorización del Juez de Cumplimiento, podrá asistir a su trabajo, al médico o a un centro hospitalario o educativo o atender alguna otra circunstancia debidamente comprobada.

La prisión domiciliaria será revocada si el beneficiario infringe las obligaciones de la prisión.

En este caso cumplirá la pena originalmente impuesta.

Se advierte entonces, que la prisión domiciliaria consiste en la privación temporal de libertad y se cumplirá en el domicilio o la residencia del imputado o en cualquier otro lugar que el Juez de Cumplimiento determine.

Para determinar el lugar donde se cumplirá la prisión domiciliaria, el Juez de Cumplimiento tomará en consideración la seguridad de la víctima y la ubicación de la casa o habitación en que se cumplirá; además, señalará a la persona que, suficientemente identificada, deberá comprometerse en garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la persona sancionada.

Cabe agregar que esta norma se encuentra dentro del Capítulo III, Libro I, del Texto Único del Código Penal vigente, relativo a las P.S..

Ahora bien, la figura de la prisión domiciliaria debe analizarse de manera concatenada con lo expuesto en el artículo 108 del Código Penal, disposición que se encuentra dentro del Capítulo IV, del Título IV, Libro I del Código Penal, relativo al aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal y que indica lo siguiente:

Artículo 108. Cuando el sancionado sea una persona de setenta años de edad o más, una mujer grávida o recién dada a luz, una persona que padezca enfermedad grave científicamente comprobada que le imposibilite el cumplimiento de la pena en el centro penitenciario, o que tenga una discapacidad que no le permita valerse por sí misma, el Juez, siempre que sea posible, y atendiendo las circunstancias del caso, podrá ordenar que la pena de prisión, de arresto de fines de semana o de días-multa se cumpla en prisión domiciliaria.

En el caso de enfermedad o discapacidad se aplicará la medida sobre la base de un dictamen médico-legal.

Esta disposición no será aplicable cuando se trate de delitos contra la Humanidad o del delito de desaparición forzada de personas.

La norma transcrita señala, que el juzgador de la causa tiene la posibilidad decidir que el sentenciado o sentenciada en un proceso pueda cumplir la pena impuesta en su propio domicilio, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: ya sea por ser una persona de setenta años de edad o más; que se trate de una mujer en estado de gravidez o que este recién dada a luz; sea una persona que padezca enfermedad grave científicamente comprobada que le imposibilite el cumplimiento de la pena en el centro penitenciario, o que tenga una discapacidad que no le permita valerse por sí misma.

Cabe agregar además, que de las normas transcritas, se puede observar que el otorgamiento de la sustitución de la pena de prisión por la prisión domiciliaria, es una potestad que tiene el juez de la causa o el juez de cumplimiento, una vez cumplidos los requisitos legales establecidos y atendiendo a las circunstancias del caso; es decir, que el otorgamiento de este beneficio es una potestad del juez de la causa y no un derecho del procesado, de obligatorio reconocimiento por el tribunal.

Explicado lo anterior, de los argumentos expuestos por el amparista, y de la revisión de la Resolución N° 594 de 22 de mayo de 2020, emitida por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí, este Pleno en función de Tribunal Constitucional de alzada, es del criterio que el acto atacado se encuentra debidamente motivado, la autoridad demanda realizó una explicación jurídica congruente y clara sobre los motivos por los que consideró negar la solicitud de prisión domiciliaria al señor D.F.M..

Se constata que la autoridad demandada motivó de manera clara y concisa que, el señor D.F.M., no cumplía con los requisitos de forma establecidos en la ley penal para que se le concediera el sustitutivo penal consistente en la prisión domiciliaria, ello en razón que el señor D.F.M., fue declarado culpable por el delito de violación agravada, en perjuicio de una menor de edad, que producto del ilícito quedó embarazada; además que en el lugar ofrecido como residencia habían muchos menores de edad, contaba con 55 años de edad; y si bien, padece de una enfermedad crónica (diabetes mellitus), se le está dando la atención necesaria para que el mismo mantenga su calidad de vida dentro del Sistema Penitenciario.

Del examen de las constancias acopiadas, con la presente demanda de amparo de garantías constitucionales, el Pleno concluye que no se ha podido observar infracción alguna al debido proceso, ni violaciones a convenios internacionales en materia de derechos humanos, dentro de la audiencia de solicitud de sustitución de cumplimiento de la pena de prisión, realizada por la autoridad demandada; toda vez, que la resolución atacada por vía de A. se encuentra motivada, en base a los hechos planteados por quienes participaron en dicha audiencia, y la autoridad demandada resolvió en los términos previstos como disponen las normas sustantivas que regulan la figura de la prisión domiciliaria.

Es importante señalar, que en el caso bajo estudio la medida adoptada por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí de negar la prisión domiciliaria al señor D.F.M., se da en una causa cuyos hechos hacen referencia a la comisión de un delito de violación agravada, en perjuicio de una menor de edad con discapacidad cognoscitiva y que producto del delito resultó embarazada; delito por el cual fue acusado y sentenciado el señor D.F.M. a la pena de 96 meses de prisión.

En este punto debemos señalar que el delito por el cual fue condenado el señorDemetrio Fuentes M., violación agravada, se considera como un acto de violencia contra la mujer de acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), por consiguiente, al ser Panamá signataria de esta convención tiene la obligación y el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos.

La Convención Belém Do Pará en su artículo dos (2) entiende que la violencia contra la mujer incluye:

Artículo 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y; que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

La particularidad del caso en estudio, y motivo por el cual la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí negó la prisión domiciliaria, es el hecho que el señor D.F.M., fue declarado culpable por el delito de violación agravada, en perjuicio de una menor de edad, que producto del ilícito quedó embarazada; además que en el lugar ofrecido como residencia había muchos menores de edad, contaba con 55 años de edad; y si bien, padece de una enfermedad crónica (diabetes mellitus),se le está dando la atención necesaria para que el mismo mantenga su calidad de vida dentro del Sistema Penitenciario.

Debe indicar el Pleno de la Corte, que si bien el demandante señaló en su libelo de demanda que su patrocinado en principio cumplía con los requisitos para que se le concediera la prisión domiciliaria (criterio que no fue acogido por la autoridad demandada); cabe advertir, que al evaluar la aplicación de la prisión domiciliaria, debe realizarse una valoración de todas las circunstancias que rodean cada causa en particular de manera objetiva, tal y como lo expuso la Juez de cumplimiento de la provincia de Chiriquí al emitir el acto demandado; por ello, no se puede conceder un sustitutivo penal, como si fuese una simple operación aritmética, ya que cada caso tiene sus variables particulares y deben ser analizadas dentro del contexto del incidente en estudio.

En este punto observa el Pleno, que el análisis, que llevó a la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí a no conceder la prisión domiciliaria al señor D.F.M., se ajusta a derecho y los estándares internacionales, que en materia de derechos humanos y convenciones internacionales que protegen a la mujer, ha firmado la República de Panamá.

Como indicamos en párrafos precedentes, el Estado Panameño al ser signatario de la Convención Belém Do Pará, tiene la obligación de realizar una actuación orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacía la mujer.

En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al emitir la Sentencia del 30 de noviembre dentro de 2016 en la causa denominada "CASO I.V. VS. BOLIVIA", señaló:

295. En casos de violencia contra la mujer, las obligaciones genéricas establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, exige de los Estados una actuación orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, a través de la adopción de una serie de medidas y políticas públicas que incluyen:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

[...]

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

296. La Corte ha afirmado que, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.

Queda claro entonces, que al encontrarnos ante un proceso penal de violencia contra la mujer, la Convención de Belém Do Pará exige a los Estados Partes establecer mecanismos judiciales para asegurar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; elementos éstos que fueron valorados por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí para no conceder el sustitutivo penal solicitado.

En este sentido las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por el Órgano Judicial, versión actualizada, mediante Acuerdo N° 368-A del 8 de julio de 2019, señalan en su regla 12 lo siguiente:

12. Se alentará la adopción de medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos de la infracción del ordenamiento jurídico (victimización primaria).

Se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).

Se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito.

Analizados los hechos expuestos, por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí, para negar la prisión domiciliaria solicitada a favor de D.F.M. en conjunto con la regla transcrita, concluye el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en función de Tribunal Constitucional de Alzada, que la juez demandada evitó que la menor víctima, en su condición de vulnerabilidad como víctima del delito de violencia agravada, fuese objeto de una victimización reiterada, por cuanto su agresor deberá cumplir una pena de prisión, así como las penas accesorias de suspensión de la patria potestad y el ejercicio de la tutela del hijo habido con la víctima; a su vez, se protege la integridad física de la víctima ya que el ofensor no podrá acercársele durante el tiempo que dure el internamiento en el centro carcelario.

En otro aspecto, si bien el amparista también argumenta como condición para que se acceda a la prisión domiciliaria el hecho que el señor D.F.M. sufre de una enfermedad crónica (diabetes), la cual ha sido determinada como susceptible, para ser afectado por el COVID-19, situación que se podría complicar por estar en la cárcel pública de D. que tiene un alto hacinamiento; debemos advertir, que el tema de la pandemia por COVID-19 pudiera ser uno de los argumentos a valorar al resolver un sustitutivo penal como el que nos ocupa, siempre y cuando esa valoración vaya acompañada de otras circunstancias analizadas como la edad de la persona, el factor salud, las condiciones físicas del recinto carcelario, entre otras; permitiendo así, que el tribunal de instancia, después de realizar una evaluación íntegra de todos los factores y circunstancias que rodean el proceso, tome una decisión sobre si otorga o no la prisión domiciliaria.

En este sentido debemos advertir, que la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí realizó una evaluación íntegra de todos los factores y circunstancias que rodean el proceso, entre ellos la evaluación realizada al sentenciado D.F.M., por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como los informes remitidos por el Centro Carcelario, que determinaron que el accionante podía permanecer en el Centro Penitenciario, siempre y cuando recibiera sus medicamentos y una adecuada alimentación para su enfermedad; además se le informó, que el Centro Carcelario le estaba brindando los cuidados y paliativos necesarios para beneficio del sentenciado; y que en dicho Centro Penitenciario no se había dado ningún tipo de contagio de COVID-19.

Visto lo anterior, el Pleno advierte, contrario a lo expuesto por el amparista hoy recurrente, que la Juez de cumplimiento de la provincia de Chiriquí tomó todas las previsiones posibles, a fin de garantizar que dentro del Centro Carcelario de la provincia de Chiriquí se dieran todas las condiciones adecuadas (alimentación, medicamentos, espacio físico, atención médica), para que el señor D.F.M. pudiese seguir cumpliendo con su reclusión, debido a la pena de prisión impuesta (96 meses), en el marco del respeto a su dignidad humana, garantizando así, que cuente con las condiciones dignas y adecuadas para el cumplimiento de su detención en dicho centro carcelario.

En atención a lo anterior, esta Corporación Judicial es del criterio que los cargos invocados por el amparista no infringen normas de rango constitucional ni convencional.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que lo procedente es confirmar la decisión de primera instancia que deniega el amparo solicitado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, que DENIEGA el A. de Garantías Constitucionales interpuesto por el licenciado Á.M. Fuentes de la Firma Forense MDL M. & De León, actuando en nombre y representación de K.F.C.,en su condición de hija de D.F.M., contra la orden de hacer dictada mediante Resolución 594 de 22 de mayo de 2020, por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí, L.. R.M..

N.,

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES - OLMEDO ARROCHA OSORIO --JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARIBEL CORNEJO BATISTA -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- LUIS R. FÁBREGA S. -- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS.

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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