Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Junio de 2021

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución18 de Junio de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 18 de junio de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 308542021

Vistos:

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de esta Corporación de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado H.R.U. en representación de NOMBRE 1 contra el Edicto No.282 fijado el 9 de noviembre de 2020 y suscrito por la Secretaria Judicial Ad-Hoc del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La resolución contra la cual se presenta el recurso de apelación que ocupa al Pleno, es la decisión proferida el 3 de marzo de 2021, por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual inadmitió la acción constitucional propuesta por la recurrente NOMBRE 1.

Procede el Pleno a emitir la decisión del recurso formulado, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del mismo.

Antecedentes

El acto atacado por la vía de amparo forma parte del proceso penal seguido a NOMBRE 1 y otro, por los delitos contra la Integridad y Libertad Sexual y el Patrimonio Económico, en perjuicio de la menor A.M.L., en el cual, mediante Sentencia No.86 de 14 se septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, se declaró penalmente responsable a la hoy amparista y a otro sindicado, y se les condenó a la pena de 12 años y 4 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo, una vez cumplida la pena principal, como autores de los citados delitos.

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial anunció recurso de apelación, sin embargo, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, reformó la Sentencia proferida por el juez primario, en el sentido de señalar que la condena aplicada a NOMBRE 1, es como cómplice primaria, confirmándola en todo lo demás.

Culminada la tramitación del recurso de alzada y devuelto el expediente al Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, este último a través del Edicto No.282, puso en conocimiento a las partes procesales de la decisión proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Consta en autos que el licenciado H.R.U., apoderado judicial de NOMBRE 1, promovió acción constitucional de amparo contra el Edicto No.282 fijado por el término de 5 días hábiles desde el 9 hasta el 17 de noviembre de 2020, suscrito por la Secretaria Judicial Ad-Hoc del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, licenciada D.P.O., por estimar que el mismo viola, en perjuicio de su mandante, las garantías fundamentales consagradas en el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 8 (num. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al respecto, el apoderado judicial de la amparista sostiene que el acto acusado infringe la normativa en concepto de violación directa por omisión, porque la forma en que se llevó a cabo la notificación, no le ofreció a su representada, las garantías procesales para hacer efectivo su derecho a la defensa en juicio.

Agregó, que la notificación por edicto de la providencia dictada por el Juzgado Undécimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el 6 de noviembre de 2020, no debió comenzar a surtir sus efectos jurídicos a la luz del artículo 1022 del Código Judicial, porque no fue legalmente notificada a las partes. Que la falta de un procedimiento para los casos de notificación de sentencias de segunda instancia reformatorias, pone de manifiesto la conveniencia de efectuar la notificación personal.

  1. Decisión de Primera Instancia

    El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 3 de marzo de 2021 (fs.48-51), resolvió no admitir la presente acción constitucional subjetiva, luego de considerar que el libelo de la demanda afronta dos obstáculos que impiden su admisión. En lo medular, se dejan expuestas las consideraciones de la sentencia apelada:

    "El primer obstáculo observado, es que el gestor constitucional demanda a la licenciada D.P.O., Secretaria Ad-Hoc del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, como funcionaria quien impartió la orden impugnada, circunstancia que nos lleva a precisar que dicha servidora judicial carece de mando y jurisdicción, razón por la cual no se podía promover amparo en su contra, pues, conforme al numeral 2 del artículo 2616 el Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los Jueces de Circuito, sólo conocerán de la demanda de amparo cuando se trate de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción, siendo éste, el motivo medular, por el cual debe inadmitirse la presente acción de amparo de garantías constitucionales.

    Y con relación al segundo obstáculo, este Tribunal Constitucional considera prudente aclarar, sin pretender adentrarnos en el fondo de la pretensión que trae la presente acción de carácter extraordinaria, que como disposición constitucional infringida la amparista invocó el artículo 32 de nuestra Carta Magna, que consagra la garantía del debido proceso al disponer que Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria". (lo subrayado es del Tribunal), así como también el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, advirtiendo para ello que, la notificación por edicto llevada a cabo de la sentencia de segunda instancia al no ser de manera personal, le generó a la amparista un daño grave e inminente, puesto que le impidió activar en tiempo oportuno el recurso de casación al que se refiere el artículo 2434 del Código Judicial.

    Respecto a que la sentencia de segunda instancia vertida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia debe ser notificada de manera personal, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentado por la firma forense M.&.M., en nombre y representación de O.A.M.C., contra el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, de fecha 3 de diciembre de 2013, señaló:

    "...Por su parte, esta Corporación Judicial debe advertir que los argumentos del activador constitucional carecen de fundamento legal, ya que se advierte que los cargos son indilgados (sic) contra la notificación de una sentencia de segunda instancia, la cual no se encuentra enlistada en el artículo 2301 del Código Judicial, como resoluciones que deba ser notificadas personalmente."

    En concordancia con lo anterior, claramente se infiere que la notificación de la sentencia de segunda instancia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia llevada a cabo por la Secretaria Judicial Ad-Hoc del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, a través del "EDICTO DE 5 DÍAS No.282", se compadece a nuestra normativa por cuanto la misma no debe ser notificada personalmente, ya que no se encuentra enmarcada dentro de las resoluciones judiciales que sí deben, conforme a lo establecido en el artículo 2301 del Código Judicial." (Cfr. fs. 49-51)

  2. Argumentos de la Apelación

    En su escrito de apelación (fs. 53 a 60), el apoderado judicial de la actora manifiesta que no comparte el criterio sustentado por el Tribunal A quo. Así, señala que el error del juzgador consistió en haber confundido las circunstancias previstas en el artículo 2616 del Código Judicial, para fijar los límites de la competencia funcional de los tribunales que ejercen el control difuso de constitucionalidad por vía de acción de amparo de garantías constitucionales, con los requisitos formales de estructuración de la demanda.

    Agrega, que es cierto que, para fijar los límites territoriales de competencia, el precepto legal emplea la calidad de mando y jurisdicción del servidor público que emite la orden de hacer o no hacer infractora de los derechos fundamentales, tomando como base la respectiva circunscripción territorial dentro de la cual ejerce sus funciones, sean estas de orden nacional, provincial o distrital. Sin embargo, señala que también es cierto que, el artículo en mención, no regula requisitos de admisión de la demanda de amparo, pues, los mismos se encuentran claramente dispuestos en el artículo 2619 del Código Judicial, que enuncia los requisitos formales que debe reunir la demanda.

    Adicionalmente, alega el apoderado judicial de la recurrente que el artículo 54 de la Constitución Política, establece que la acción de amparo procede contra actos expedidos o ejecutados por cualquier servidor público. Que nada en la norma constitucional, que obra como fundamento jurídico de la acción de amparo y como garantía procesal para hacer efectivos los derechos fundamentales, restringe su ámbito de cobertura únicamente a los actos emitidos por servidores públicos con mando y jurisdicción, como erróneamente lo ha interpretado el Primer Tribunal Superior al dictar la resolución impugnada que niega la admisión de la acción promovida por NOMBRE 1.

    Por otro lado, señala que el Primer Tribunal Superior, olvidando que su misión es la protección de los derechos constitucionales, no tuvo en cuenta que la notificación por edicto de la sentencia de segunda instancia, efectuada por la servidora pública demandada que ejecutó la orden de hacer, había reformando la sentencia condenatoria proferida en primera instancia contra la señora E.G., modificando su calidad de autora a cómplice primaria y también la pena accesoria. Que si hubiera observado este punto clave, habría podido concluir que, por haberse efectuado la notificación por edicto, en vez de la notificación personal, se ha lesionado gravemente los derechos fundamentales de la accionante, porque no se le ofreció la oportunidad de activar el recurso de casación previsto en la Ley procesal para revisar la legalidad del nuevo pronunciamiento judicial, limitando con esa actuación, su derecho de defensa.

  3. Consideraciones y Decisión del Pleno

    Lo hasta aquí reseñado revela que el recurso de apelación examinado se propone contra la resolución proferida, en primera instancia, por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el 3 de marzo de 2021, que no admite la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por NOMBRE 1 contra el Edicto No.282, emitido dentro del proceso penal seguido en su contra por los delitos contra la Integridad y Libertad Sexual y Patrimonio Económico.

    En primer lugar, observa esta Superioridad que el argumento empleado por el Tribunal primario para no admitir la acción constitucional, consistió básicamente en lo siguiente: 1.- Que la servidora pública que emitió el acto acusado carece de mando y jurisdicción; y 2.- Que la notificación por medio del "EDICTO DE 5 DÍAS No.282" se compadece con lo dispuesto por nuestra normativa, ya que no se encuentra enmarcada dentro de las resoluciones judiciales que sí deben, conforme a lo establecido en el artículo 2301 del Código Judicial.

    En cuanto al primer punto, es importante destacar que el Pleno de esta Corporación de Justicia ha reconocido que la acción de amparo es una institución de garantía que, de conformidad con los artículos 54 de la Constitución Política y 2615 del Código Judicial, sólo procede contra órdenes de hacer o no hacer, o contra actos expedidos o ejecutados por un servidor público con mando y jurisdicción, que viole derechos y garantías que la propia Constitución, así como otros instrumentos de protección de Derechos Humanos ratificados por la República de Panamá, consagran; cuando, por la gravedad e inminencia del daño, se requiera una revocación inmediata y se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de dicho acto.

    No obstante, esta Superioridad, en ocasiones ha puesto de manifiesto que ante vulneraciones ostensibles de las garantías constitucionales, el estudio de ésta debe primar sobre lo formal. Más aun cuando, a nuestro juicio, el aspecto formal de la no admisión de la acción constitucional, es cuestionable.

    Y es que si bien puede señalarse que un S.J. carece de mando y jurisdicción, no puede soslayarse que se trata de un servidor público que en ocasiones ejerce funciones propias por sí solo, como el acto acusado. Aunado a ello, tenemos que al ser un funcionario público, se le ubica dentro de uno de los presupuestos establecidos en el artículo 54 de la Constitución Política, que alude a poder presentar la acción de A. de Garantías Constitucionales, cuando se vulneren garantías constitucionales por parte de un "servidor público".

    Por tanto, este primer obstáculo que sostiene el Tribunal A quo, por sí sólo, no resulta de relevancia suficiente para la inadmisión de la acción constitucional ensayada, cuando el acto acusado prima facie, vulnere de manera ostensible garantías o derechos fundamentales.

    Ahora bien, un examen de esta iniciativa, pone de relieve el otro defecto formal que advirtió el Tribunal A quo. Así, vemos que en el libelo de amparo, el apoderado judicial de la parte actora advirtió la vulneración constitucional del acto acusado, sobre la base que la notificación por edicto llevado a cabo por la funcionaria demandada, por la cual pone en conocimiento de las partes, entre éstas, a la señora NOMBRE 1, la decisión dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que reforma la sentencia condenatoria proferida en su contra por el Juzgado Undécimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, es violatorio de los derechos y garantías fundamentales de la procesada.

    Al respecto, la recurrente sostiene que, ante el vacío jurídico originado por la necesidad de llevar a cabo una diligencia de notificación de una sentencia distinta a la dictada por el juez primario, la funcionaria demandada debió decantarse por la notificación personal de la persona condenada.

    Sin embargo, sobre ese aspecto, esta Superioridad considera que los argumentos del recurrente carecen de sustento jurídico y se encuentran basados en suposiciones de lo que debió realizar la servidora pública demandada con relación a la notificación de la Sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

    Es por lo anterior, que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, sin pretender adentrarse en el fondo de la pretensión, advirtió que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2301 del Código Judicial, la sentencia de segunda instancia no es de aquéllas que deban notificarse personalmente.

    Observa el Pleno que, en apoyo a su postura, el apoderado judicial de la amparista cita un fallo de esta Corporación (5 de abril de 2013), sin embargo, su lectura da cuenta que, en el mismo, se contempla una situación distinta, toda vez que en aquella ocasión la decisión de segunda instancia, en efecto, reformó la situación jurídica del procesado que, en primera instancia, fue absuelto y, posteriormente, declarado responsable penalmente e imponiendo la sanción correspondiente.

    En contraste, para el caso que nos ocupa, la amparista fue declarada penalmente responsable por el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial y se le impusieron las penas de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas, siendo modificada únicamente en cuanto a la calidad o participación de la sentenciada, es decir, de autora a cómplice primaria, manteniéndose en todo lo demás.

    Así las cosas, esta Superioridad coincide plenamente con lo vertido por el Primer Tribunal Superior, en lo referente a que la notificación de segunda instancia, dictada por el Segundo Tribunal Superior, llevada a cabo por la Secretaria Judicial Ad-Hoc del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, a través del Edicto No.282 se compadece con la normativa aplicable.

    Por consiguiente, debe recordarse que la doctrina de este Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que la acción de A. constituye una instancia extraordinaria establecida para la garantía de derechos constitucionales. De esta forma, la acción de amparo ha de estar referida a una auténtica violación de un derecho fundamental, cumplir con las formalidades generales y específicas previstas en la Constitución y el Código Judicial y observar los presupuestos delineados en la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia.

    En términos generales, esta Superioridad ha sostenido de forma sistemática y consolidada que el amparo procede: 1) siempre que exista gravedad e inminencia del daño. Es decir, que no deben haber transcurrido más de tres meses entre el momento en que se le notificó o tuvo conocimiento el amparista del acto impugnado y la presentación del amparo; 2) que no sea manifiestamente improcedente. Lo anterior implica que el acto impugnado debe presentar al menos la apariencia de vulnerar o lesionar derechos fundamentales tutelados por la Constitución que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere una revocación inmediata. En otras palabras, en el amparo no se pueden discutir temas de estricta legalidad, sino la vulneración de derechos fundamentales potencialmente afectados; y 3) que en los casos de resoluciones judiciales se hayan agotado los recursos ordinarios para la impugnación del acto, salvo que la vulneración de los derechos fundamentales sea de tal gravedad o flagrancia que la no admisión del amparo permita que se ocasione un daño imposible o muy difícil de reparar. (resalta y subraya el Pleno)

    Así entonces, del escrito de A., se puede verificar, inmediatamente, que el mismo adolece del requisito de la potencial lesividad del acto atacado o criterio de lesividad que, según jurisprudencia de este Tribunal Constitucional para la procedencia del amparo contra cualquier tipo de acto, se requiere que "prima facie" se verifiquen posibles violaciones a normas o garantías de orden constitucional; en este caso específico, de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 32 de nuestra Carta Magna y las garantías judiciales consignadas en el artículo 8 (num. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ameriten de un análisis de fondo por parte de un Tribunal Constitucional.

    La acción de amparo, tal como se expuso en párrafos precedentes, debe estar dirigido contra un acto que al menos en apariencia, parezca vulnerar o lesionar derechos fundamentales. Sin embargo, en el caso en estudio, lo que se demanda no parece tratarse de una actuación con algún potencial lesivo para el derecho fundamental invocado en el libelo de demanda, sino en consideraciones de carácter subjetivo por parte del apoderado judicial de la amparista.

    Por el contrario, se observa que el apoderado judicial de la amparista NOMBRE 1, centra su disconformidad en la posible aplicación de un procedimiento distinto al que estable la Ley, para efectos de la notificación y cumplimiento de una sentencia de segunda instancia en un proceso penal. Por ende, los derechos que estima vulnerados la proponente de la acción constitucional, carecen de rango constitucional, y se ubican, claramente, en el terreno de la legalidad respecto al actuar de la funcionaria demandada.

    Es importante destacar que, en cuanto al curso de la demanda de A., según lo dispuesto por el artículo 2620 del Código Judicial "El tribunal a quien se dirija la demanda la admitirá sin demora, si estuviera debidamente formulada y no fuere manifiestamente improcedente..."

    Frente a este escenario fáctico y jurídico, concluye el Pleno que la acción no puede ser admitida, pues, la recurrente no acredita prima facie que el acto atacado se encuentre desprovisto de sustento legal o constituya una posible violación de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política u otros instrumentos de Derechos Humanos ratificados por la República de Panamá, siendo manifiestamente improcedente, en atención a la naturaleza misma de la acción de A. de Garantías Constitucionales, establecida con el propósito de proteger a las personas contra actos u órdenes arbitrarias emanadas de una autoridad o servidor público, que violen directamente sus garantías constitucionales.

    Bajo los anteriores razonamientos, el Pleno estima que ni las constancias procesales ni los cargos que le formula la amparista al acto recurrido, permiten a esta Superioridad ubicar la controversia en el plano de infracciones a los derechos y garantías fundamentales, que pudieran conducir a esta Superioridad a revocar la decisión emitida por el A quo en la acción objeto de este recurso de apelación; y, en virtud de ello, procede a confirmar la Sentencia venida en apelación.

    En virtud de lo anteriormente expuesto, EL PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución judicial de 3 de marzo de 2021, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por la cual NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado H.R.U. en representación de NOMBRE 1 contra el Edicto No.282 fijado el 9 de noviembre de 2020 y suscrito por la Secretaria Judicial Ad-Hoc del Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

    N.,

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

    EFRÉN C. TELLO C. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO (Salvamento de Voto) C.A.V.R.-.O.A.O.-.J.E.A.P.C.C.C.R.-.M.C.B..

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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