Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Junio de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución 4 de Junio de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 04 de junio de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 823-2020

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Recurso de Apelación promovido por el Licenciado Julio Leal, actuando en nombre y representación deNOMBRE 1, contra la Resolución de 23 de septiembre de 2020, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se resolvió lo siguiente: "NO CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la señora NOMBRE 1, en representación de sus menores hijas C.D.L., y V.D.L., contra el TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, integrado por: el Licenciado R.T., el Licenciado (Sic) VITERBO QUINTERO MONTENEGRO y la Licenciada MARYSOL OSORIO" (Cfr. fojas 89-100 del expediente judicial).

  1. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA.

    Tal y como se señaló en el párrafo precedente, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, como Tribunal Constitucional en Primera Instancia, no concedió la Acción de A., promovida contra la Decisión del Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, al declarar la Nulidad Absoluta de la Causa Penal identificada con el número 201700058360, contentiva del Proceso Penal seguido a NOMBRE 2, por la presunta comisión del Delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en la modalidad de Delito contra la Familia, en el Acto de Audiencia de 11 de agosto de 2020,

    El Tribunal a quo fundamenta su Sentencia señalando, lo siguiente:

    "...

    Conforme a lo plasmado en el libelo de demanda, el primer motivo de infracción del artículo 32 de la Constitución Política, se produce por la inobservancia, del Tribunal de Juicio del contenido de los artículo 342 y 345 del Código Procesal Penal, pues consideran las gestoras constitucionales que la defensa del señor NOMBRE 2 no podía alegar Excepción de Cosa Juzgada por doble juzgamiento, en la etapa de Juicio Oral.

    ...

    De acuerdo el contenido de los preceptos legales antes transcritos, el momento procesal para la interposición, por parte de la defensa, de excepciones y de nulidades previas o coexistentes con la iniciación de la causa penal, lo constituye la etapa intermedia, como bien lo exponen las amparistas, ello siempre que no se traten de actuaciones que hayan sido convalidadas, en los términos del artículo 198 del Código Procesal Penal.

    No obstante lo anotado, debe dejarse claramente establecido que, respecto de la nulidades que sobrevengan luego de la fase intermedia, las mismas pueden ser propuestas en la audiencia de juicio oral, al disponer el numeral 1 del artículo 372 del Código Procesal Penal, que esta audiencia podrá suspenderse '1. Cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente', lo que, en opinión de este cuerpo colegiado, implica que tanto la defensa como los querellantes y el Ministerio Público, podrán promover en la audiencia de juicio oral, cuestiones incidentales, como lo sería la declaratoria de nulidad y más aun, tratándose de una nulidad procesal de carácter absoluta, la cual es de carácter insubsanable, a tenor de lo previsto en el citado artículo 199 del Código Procesal Penal.

    Al respecto, conviene aclarar que si bien, la figura jurídica de cosa juzgada puede ser promovida como excepción, en virtud de que la misma tiene por finalidad enervar la pretensión punitiva, es del caso, que la prohibición del doble juzgamiento, por razón de la cosa juzgada, constituye a su vez, una causal de nulidad procesal absoluta de todos los procesos, por lo tanto, sabido es que esta prohibición se erige como un derecho fundamental de todo individuo sometido a los rigores de un juicio.

    ...

    De ahí, que no resulta contrario a derecho la obligación en la etapa de juicio oral y que la misma fuere atendida por el Tribunal de Juicio, el cual, como bien lo establece el artículo 200 del Código Procesal Penal, está facultado para declarar, de oficio, la nulidad absoluta de todo acto que restrinja los derechos que, constitucionalmente y convencionalmente, le son reconocidos al acusado.

    Ahora bien, según lo indicado por las accionantes en su libelo de amparo, en el proceso penal al que accede el presente amparo, no operó el doble juzgamiento, debido a que la causa No. 201700058360 es distinta a la causa No. 201700056459, ya que las conductas seguidas al señor NOMBRE 2, están contenidas en diversos tipos penales.

    Sobre el particular, vemos, en relación con la carpeta No. 201700056459, que mediante Sentencia Absolutoria No. 18 de fecha cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019) (fs. 50-62) la Juez Segunda Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, Suplente, declaró no culpable al señor NOMBRE 2, de los cargos formulados por el supuesto delito de quebrantamiento de medidas de protección y de sanciones, argumentando, para tales efectos, que 'Las pruebas examinadas dentro de esta causa, acreditaron que el señor NOMBRE 2 (Sic), efectuó los pagos de las pensiones alimenticias correspondientes al año dos mil diecisiete (2017), por consiguiente el Juzgado Primero Municipal de Familia levantó los desacatos aplicados en su contra'.

    En torno a la carpeta No. 201700058360, tenemos que, de acuerdo a las copia del Auto de Apertura a Juicio Oral No. 282 de fecha 13 de agosto de 2019 (fs.20-24), lo hechos relevantes que soportan la acusación presentada por la señora NOMBRE 1, en representación de sus menores hijas, por la supuesta comisión de delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, hacen referencia a que el señor NOMBRE 2, incurrió en incumplimiento del pago de la pensión alimenticia de sus menores hijas V.D.L., y C.D.L., desde el mes de febrero hasta el mes de julio de 2017.

    De cara a la documentación presentada por las hoy amparistas, concluye este Tribunal Constitucional que, en efecto, los delitos seguidos en uno y, en otro proceso penal, eran distintos; sin embargo, los hechos que soportaban ambos ilícitos, presentan identidad fáctica, toda vez que ambas causa penales se sustentan en el incumplimiento por parte del señor NOMBRE 2, del pago de la pensión alimenticia de sus menores hijas V.D.L., y C.D.L., para el año 2017.

    Así las cosas, resulta evidente para esta corporación de justicia que si habían sido juzgados los hechos que se endilgan al señor NOMBRE 2, para el momento en que se lleva a cabo la audiencia objeto del presente amparo (11 de agosto de 2020), pues, si bien, el apoderado judicial de la señora NOMBRE 1, promovió recurso de apelación en contra de la Sentencia Absolutoria No. 18 de fecha cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019), la decisión impugnada se mantuvo, pues, contrario a lo señalado por el Licenciado JULIO LEAL, el Tribunal Superior de Apelaciones al resolver la alzada, lo único que dispuso es la nulidad de la resolución que admite la querella y el rechazo de la apelación, como puede corroborarse de la escucha del soporte de audio allegado al presente cuaderno, de los 23:09 a los 23:29 minutos y segundos, aproximadamente (f. 63).

    ..." (Cfr. fojas 94-98 del expediente judicial).

    Se señala además, que en cuanto a la infracción de los artículos 56 y 59 contenidos en la Carta Magna, que si bien, ambas disposiciones constitucionales están orientadas a proteger el derecho de los menores, entre otras cosas, en cuanto a manutención, no puede perderse de vista, que conforme a lo indicado por el Juez Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, Suplente, en la Sentencia Absolutoria No.18 de 5 de julio de 2019, ese Derecho que le asiste a las menores hijas, fue satisfecho por NOMBRE 2, quien hizo efectivo el pago de las pensiones alimenticias adeudadas, concerniente a los meses febrero a julio de 2017, motivando, a que se dejaran sin efecto, las Resoluciones emitidas por la Juez Primera Municipal de Familia, que ordenaba el desacato del prenombrado, por razón del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la patria potestad que éste ejerce sobre las menores (Cfr. fojas 98-99).

    Aunado a lo anterior, se expresó, que si bien el Pleno de la Corte Suprema, como Tribunal Constitucional, emitió la Sentencia de 12 de junio de 2019, en la que concedió el A. de Garantías Constitucionales, revocando la Decisión tomada en el Acto de Audiencia de 12 de febrero de 2019, a través del cual se declaró al extinción de la Acción Penal por aplicación del Principio de Oportunidad y contenida en la Carpeta No. 201700058360; sin embargo, la citada Resolución Judicial, es de fecha anterior a la Sentencia Absolutoria No. 18 de fecha 5 de julio de 2019, además, que el debate, se dirigió en determinar si era ajustada a los preceptos constitucionales y convencionales, la Decisión de extinguir la Acción Penal, por considerarse la intervención de NOMBRE 2, de menor relevancia, pues, en ese momento, mantenía el incumplimiento en cuando al bien jurídico tutelado (Cfr. fojas 99-100 del expediente judicial).

  2. RECURSO DE APELACIÓN (SUSTENTACIÓN).

    Así las cosas, el 2 de octubre de 2020, el Licenciado Julio Leal, actuando en nombre y representación de NOMBRE 1, presentó y sustentó, el Recurso de Apelación en contra de la Resolución de 23 de septiembre de 2020, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

    En ese sentido, advierte el activador constitucional, lo siguiente:

    "...

    El Tribunal de amparo no advierte que la Causa No.201700058360 es distinta a la Causa No.201700056459, ya que las acusaciones que se hicieron en su momento fueron por DELITOS CONTRA EL ORDEN JURÍDICO FAMILIAR Y EL ESTADO CIVIL, en la modalidad de DELITO CONTRA LA FAMILIA, en perjuicio de las víctimas menores de edad C.D.L. Y V.D.L., que obligó al Agente del Ministerio Público a presentar la acusación No.143 de 15 de julio de 2019, y, la otra, acusación No. 061 de 2019, se hizo por DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, en la modalidad de QUEBRATAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE SANCIONES, en perjuicio de las víctimas menores de edad C.D.L. Y V.D.L.

    En uno u otro proceso, las acusaciones se hicieron por conductas típicas diferentes, es decir, que el objeto material de la conducta descrita en el tipo contenido en el artículo 397 del Código Penal, consistió en el incumplimiento de la resolución judicial (Sentencia 324/101-16) de 30 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado Primero Municipal de Familia, del Distrito de Panamá, que fijó la pensión de alimentos definitiva, cuya efectividad de dicho pronunciamiento judicial en materia de alimentos se vio frustrada producto de su incumplimiento por parte del señor señor NOMBRE 2, a quien le fue imputada dicha conducta típica en la causa No. 201700056459. Sin embargo, el objeto material de la conducta descrita en el tipo contenido en el artículo 211 del Código Penal, lo constituyó el incumplimiento por parte del señor NOMBRE 2 de la obligación alimentaria como parte de los deberes y facultades que comprende la patria potestad con respecto a las menores C.D.L. y V.C.L., quienes tenían derecho a recibir los alimentos y que fue la conducta imputada en la causa No. 201700058360.

    Por lo tanto, el Tribunal de A., no podía considerar probada la excepción de cosa juzgada por doble juzgamiento porque aunque exista identidad de partes y la situación fáctica se idéntica, no hay identidad en cuanto a la causa o razón de pedir, por ser hechos cuyas acusaciones vertidas en las Causas No. 201700058360 y 201700056459, llevan aparejada pretensiones punitivas distintas, por lo que no se cumplen los presupuestos procesales para considerar la excepción de cosa juzgado material para considerar que hubo doble juzgamiento y, por lo tanto, la violación al principio non bis in ídem.

    ..." (Cfr. foja 104-105 del expediente judicial).

    Conforme a lo expresado, advierte que el Tribunal Constitucional de Primera Instancia, debió inferir, que el señor NOMBRE 2, en calidad de padre de las menores de edad, tenía una serie de deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad que tutela el artículo 211 del Código Penal, lo que implicaba que ese Tribunal, debió otorgar la protección debida, en virtud del interés superior de los menores a C.D.L., y V.D.L, debido a la falta de capacidad de éstas, para actuar defendiendo sus intereses de recibir la pensión alimenticia en la forma y condiciones, previamente decretada por un Juzgado competente (Cf. foja 105-106 del expediente judicial).

    En este contexto, solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se sirva a Revocar, la Resolución de 23 de septiembre de 2020, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales, promovida por NOMBRE 1, a favor de las menores C.D.L., y V.D.L., contra la Decisión del Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en su defecto, se Conceda (Cfr. foja 106 del expediente judicial).

  3. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO.

    Examinado el criterio del Tribunal a-quo y los argumentos de la parte recurrente, procede el Pleno de esta Corporación de Justicia a resolver la Alzada en estudio.

    Adentrándonos a resolver el Recurso de Apelación interpuesto dentro de la presente iniciativa Constitucional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera indispensable resaltar la naturaleza y objetivo de la Acción de A. de Garantías Constitucionales, como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado Democrático y Social de Derecho, a fin que cualquier persona pueda acudir ante la Sede Judicial y reclamar la Tutela de su Derecho infringido por una Acción o Acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los Derechos y Garantías que la Constitución consagra, a fin de que sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

    Dicha Garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por nuestro país, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece además, que dicha Acción de Tutela de Derechos Fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el Acto, se requiere de su revocación inmediata.

    Como se ha indicado, el Recurso de Apelación que nos ocupa, es contra de la Resolución de 25 de septiembre de 2020, mediante la cual el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, resolvió NO CONCEDER la Acción de A. de Garantías Constitucionales, promovida por NOMBRE 1, contra la Decisión del Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, en la Audiencia Oral de 11 de agosto de 2020 que, a partir del minuto diecisiete (17) de la grabación, Declaró la Nulidad Absoluta la Causa Penal, contenida dentro de la Carpeta No. 201700058360, seguida a NOMBRE 2, por los presunto Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en la modalidad de Delito contra La Familia, dispuesto en el artículo 211 del Código Penal(Cfr. fojas 89-100 del expediente judicial).

    Observa este Tribunal Constitucional, que lo cuestionado por el Amparista, en el citado Recurso de Apelación, recae, en que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, no podía considerar probada la Excepción de Cosa Juzgada y Doble Juzgamiento, pues, a su juicio, aunque existiera identidad de partes, así como un situación fáctica idéntica en las CarpetasNo. 201700056459 y No. 201700058360; no obstante, tanto la causa, como sus pretensiones, son distintas, por lo que no se cumplen los presupuestos para considerar un doble juzgamiento (Cfr. foja 105 del expediente judicial).

    Al respecto, se destaca en la Resolución de 25 de septiembre de 2020, recurrida V.A.,que si bien, los Delitos en las causas señaladas y seguidas a NOMBRE 2, eran distintos; es decir, en la CarpetaNo. 201700056459, Delito de Quebrantamiento de Medidas de Protección y de Sanciones, y en la Carpeta No. 201700058360, Delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, a la que en esta oportunidad accede al presente A., sin embargo, los hechos que soportaban ambos ilícitos, presentan identidad fáctica, toda vez que, ambas Causa Penales, se sustentan en el incumplimiento por parte del señor NOMBRE 2, del pago de la pensión alimenticia de sus menores hijas V.D.L., y C.D.L., para el año 2017 (Cfr. foja 97-98 del expediente judicial).

    Ahora bien, se hace necesario indicar, para lograr una mejor aproximación al tema objeto de este análisis, que la Decisión adoptada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, de declarar la NULIDAD ABSOLUTA del Proceso Penal contenido en la Carpeta No. 201700058360, en la Audiencia de 11 de agosto de 2020, es como consecuencia, de la Excepción de Cosa Juzgada y Doble Juzgamiento presentada por la Defensa del señor NOMBRE 2 y la de Nulidad presentada por la F. Adjunta, Región Metropolitana, Sección Especializada de Familia.

    En ese contexto, tal como lo hemos expresado, el apoderado judicial de NOMBRE 1, interpuso el A. de Garantías Constitucionales, que ocupa nuestra atención, contra de la Decisión adoptada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, en la Audiencia de 11 de agosto de 2020, y que, en virtud de lo establecido en la Resolución de 23 de septiembre de 2020, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, hoy revisamos en Alzada.

    En ese sentido, a juicio de la activadora constitucional, a través de la Decisión adoptada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, se vulneraron los artículos 17, 32, 56 y 59 de la Constitución Política. Así las cosas, señala en cuanto a la infracción del artículo 17 Constitucional, que fue transgredido de manera directa por omisión, pues, el Tribunal demandado, debió considerar el artículo 211 del Código Penal, respecto a "quien sin justa causa..., incumpla..., su(s) obligaciones inherentes a la patria potestad" (Cfr. foja 8 de expediente judicial).

    Por su parte, al referirse al artículo 32 de la Carta Magna, advierte la violación directa por omisión, al considerar que el Tribunal de Juicio Oral, estableció un trámite distinto al previsto en la Ley, indicando, que la defensa técnica del señor NOMBRE 2, conforme a lo dispuesto en el artículo 342 del Código Procesal Penal, podía haber propuesto, en tiempo oportuno, las excepciones que estimare pertinentes; sin embargo, no hizo uso de la facultad concedida por el artículo 345 del citado cuerpo normativo, por lo que considera, que esa posibilidad había precluido, vulnerándose de esta manera, el Principio al Debido Proceso (Cfr. fojas 8-9 del expediente judicial).

    Por último, refiere la Demandante como conculcados, los artículos 56 y 59 de la Constitución Política, así como el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, en virtud, de la infracción del Derecho Fundamental de los menores, a recibir los alimentos como parte de los deberes y obligaciones inherentes a la Patria Potestad, de conformidad con el artículo 211 del Código Penal (Cfr. fojas 12-16 del expediente judicial).

    En relación a lo anterior, resulta importante indicar, que el artículo 17 de la Constitución Política, constituye un ámbito universal de protección, al enunciar los fines estatales esenciales, que deben estar presente en todo el ordenamiento jurídico, al prescribir que las Autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los Derechos y Deberes individuales y sociales, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Además, la norma amplía el radio de protección de los Derechos Fundamentales y la Dignidad de la persona como Derecho Universal.

    Por su parte, y como es sabido, el artículo 32 de nuestra Carta Magna, consagra la Garantía del Debido Proceso, del cual el Pleno ha entendido que esta garantía comprende tres (3) Derechos, a saber: el Derecho a ser juzgado por Autoridad competente; el Derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales pertinentes; y el Derecho a no ser juzgado más de una vez por una misma causa penal, policiva o disciplinaria. Por tanto, la garantía del Debido Proceso que incorpora la Constitución Política, tiene un justificado reconocimiento en nuestro Estado de Derecho, constituyéndose en una verdadera Garantía Constitucional.

    Y es que la Acción de A. de Garantías Constitucionales, cuando lo que se reclama es la violación al Debido Proceso, tiene como fin enervar cualquier afectación a las partes en la defensa efectiva de sus Derechos.

    Además de estos Derechos, se ha reconocido que como parte del Debido Proceso, las partes gozan de una serie de Garantías Procesales como lo son: la oportunidad de acceder válidamente a los Tribunales de Justicia y obtener una decisión o resolución judicial en base a lo pedido; ser juzgados en un Proceso previamente determinado por la Ley y por motivos o hechos definidos con anterioridad; ser escuchado en el Proceso, la posibilidad de aportar pruebas lícitas y contradecir las de la contraparte; Derecho a obtener Resoluciones debidamente motivadas y hacer uso de los medios de impugnación que otorga la Ley, de tal manera que puedan hacer valer sus Derechos o ejercer los mecanismos de defensa legalmente establecidos, todas estas garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    Expresado lo anterior, y para resolver la petición de Tutela en estudio, reviste de vital importancia, la protección Constitucional contenida en los artículos 56 y 59 del Texto Fundamental, pues, si bien, del análisis de la situación fáctica y jurídica, objeto de la Acción de A., y del Recurso de Apelación en estudio, se debate, entre otras cosas, una posible omisión e inobservancia al establecerse un trámite distinto al previsto en la Ley; sin embargo, se advierte, una posible vulneración de los Derechos Fundamentales de la Niñez, por lo que, por mandato Constitucional, esta Corporación de Justicia, no puede desamparar.

    En ese orden de ideas, resulta significativo señalar, que todas las medidas y decisiones que se tomen con respecto a los niños y las niñas, están amparadas bajo el Principio del Interés Superior del Menor. En esencia este Principio rector, debe ser entendido, como el conjunto de acciones y procesos, cuya función principal, es la de garantizarles un desarrollo integral y una vida digna, así como todas las condiciones posibles; materiales y afectivas, que le permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, procurándoles, el pleno goce de todos sus derechos que le garanticen un desarrollo integral.

    Como lo expresamos, el artículo 56 de la Constitución Política de la República, incorpora este Principio, así como la preponderancia de sus intereses al indicar:

    "Artículo 56: El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.

    El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales..." (El resaltado es del Pleno).

    Así mismo lo hace el artículo 59 de la Carta Magna, mismo que advierte que:

    "Artículo 59: La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con los hijos.

    Los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que obtengan una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual, y estos a respetarlo y asistirlos.

    ...". (El resaltado es del Pleno).

    Aunado a lo indicado, el Código de la Familia en su artículo 488, señala que el Principio del Interés Superior del Menor, debe orientar la interpretación de las normas que atañen directa o indirectamente a las personas menores de edad.

    El artículo mencionado, señala que:

    "Artículo 488. Las disposiciones del presente Libro deben interpretarse fundamentalmente en interés superior del menor, de acuerdo con los principios generales aquí establecidos y con los universalmente admitidos por el Derecho de Menores. (Resaltado del Pleno).

    En este marco de ideas, se observa que la activadora constitucional, a través de la Acción de A., que ocupa nuestra atención, aduce que la Decisión proferida por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, transgrede las citadas disposiciones Constitucionales, y otras de carácter Convencional, vulnerando el Interés Superior del Menor.

    Del escenario planteado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, trae a colación, el citado artículo 17 de la Carta Política, invocado por la amparista como infringido, pues, en el mismo se señala que: "Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona".

    Y es que, precisamente, Panamá es signataria de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificado mediante la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990, y en su artículo 3, numeral 1, dice:

    "Artículo 3.

    · En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

    ... (Lo destacado es del Pleno).

    Tal y como se aprecia, la norma citada establece la prevalencia del Interés Superior del Menor y, justamente, esta Corporación de Justicia, ha expresado que representa un complemento del texto Constitucional; es decir, del artículo 56, al establecer que: "...en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor."

    Vale la pena señalar, que el referido numeral 1 del artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, fue objeto de una interesante interpretación por parte del Comité de los Derechos del Niño, mediante la Observación General No, 5, la cual, en lo pertinente, se indicó que:

    "Artículo 3 (párrafo 1): El interés superior del niño como consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños.

    El artículo se refiere a las medidas que tomen "las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos". El principio exige la adopción de medidas activas por el gobierno, el parlamento y la judicatura. Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el principio de interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente."

    Dentro del contexto conceptual expresado, observa el Tribunal Constitucional, que el Principio Constitucional del Interés Superior del Menor, está dirigido a proteger los Derechos Fundamentales de las personas menores de edad, sin dilaciones, ni formalidades excesivas, que constituyan un detrimento a su integridad física como emocional (Psicológica).

    Así la cosas, es deber de esta Superioridad, determinar, la posible vulneración de alguna medida en donde, en todo caso, debía prevalecer el Interés Superior del Menor.

    Al respecto, es evidente que la supuesta infracción se circunscribe, al Derecho con el que cuentan las menores V.D.L., y C.D.L., de recibir el pago de la pensión alimenticia por parte del señor NOMBRE 2, pues, tal y como se ha advertido, la protección Constitucional y Convencional, está orientada, entre otras cosas, a proteger el Derecho de las menores de edad a recibir alimentos de sus padres.

    Dicho esto, resulta relevante advertir, lo expresado en la Resolución de 23 de septiembre de 2020, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, recurrida en Apelación, que no Concedió el A. de Garantías Constitucionales presentado, cuando señala que:

    "...

    De otro lado y, en cuanto a la supuesta infracción de los artículo 56 y 59 de la Constitución Política de la República, importante es señalar que, a pasar de que ambas normas constitucionales van orientadas a proteger el derecho de los menores a recibir alimentos de sus padres, establecido en el citado artículo 59 del texto constitucional, que es una obligación de los padres alimentar, educar y proteger a sus hijos, para que tengan una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual, no puede perder de vista este Tribunal de A., que, conforme lo indicado por la Juez Segunda Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, Suplente, en la meritada Sentencia Absolutoria No. 18 de fecha cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019),ese derecho que le asiste a las menores V.D.L., y C.D.L., ya fue satisfecho por el señor NOMBRE 2, quien hizo efectivo el pago de las pensiones alimenticias adeudadas, concerniente a las meses de 2017, lo que motivó que se dejaran sin efecto las resoluciones emitidas por la Juez Primera Municipal de Familia del Primer Distrito Judicial, que ordenaba el desacato del prenombrado, por razón del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la patria potestad que éste ejerce sobre sus menores hijas.

    ..." (Cfr. fojas 98-99 del expediente judicial) (Lo destacado es del Pleno).

    En ese sentido, al efectuar una revisión detalla de la Sentencia Absolutoria No. 18 de 5 de julio de 2019, aprecia este Tribunal, con relación a lo expresado en la Resolución de 23 de septiembre de 2020, lo siguiente:

    "...

    Cabe destacar, que el artículo 17 del Código Procesal Penal, plasma lo siguiente: que 'Solo tiene valor las pruebas obtenidas por medio lícito y practicadas ante los organismos jurisdiccionales' y en el caso que hoy nos atañe se apreció que los desacatos fueron cancelados y por consiguiente la esfera jurisdiccional es decir la esfera de Familia dejo sin efecto todos los desacatos del 2017.

    ...

    Como pudimos apreciar, dentro del Acto de Audiencia de Juicio Oral, dado el día 27 de julio de dos mil diecinueve (2019), ya la Juez Primera Municipal de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, dejó sin efecto todos los desacatos, toda vez que fueron efectuados los pagos correspondientes.

    ..." (Cfr. foja 78-79 del expediente judicial) (Lo subrayado es del Pleno).

    De lo anterior, se desprende que no existe una vulneración de los artículos 56 y 59 de la Constitución Política, así como del artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, en el Acto de Audiencia de 11 de agosto de 2020, pues, en la Decisión adoptada, no se aprecia una infracción al Derecho Fundamental de las menores de edad, a recibir los alimentos, en virtud que, tal y como se ha señalado, fueron satisfechas por NOMBRE 2, el obligado de proporcionarlas.

    La situación jurídica planteada, nos permite establecer que fue primado el Principio del Interés Superior del Menor, protegido tanto en la Constitución Política, como en el Derecho Convencional, siendo un buen ejemplo de la razonabilidad y coherencia con la que deben actuar los Administradores de Justicia, máxime que se ha demostrado que, precisamente, el bien jurídico tutelado; es decir, el Derecho a la Alimentación, no se encontraba en peligro, al haber sido pagado por el acusado, las pensiones que, por medio de Causa Penal, cuya nulidad absoluta se debate, e identificada con la Carpeta No 201700058360, se pretendían reclamar.

    Por otro lado, otro aspecto que plantea la activadora constitucional es, que a su juicio, no operó el "doble juzgamiento", advertido por el Tribunal de A. de Primera Instancia, de conformidad con lo expuesto por el Tribunal de Juicio Oral, en la Audiencia de 11 de agosto de 2020, pues, indica; en primer lugar, que ese Tribunal, inobservó el contenido de los artículos 342 y 345 del Código Procesal Penal.

    Al respecto, señala que la Defensa Técnica del acusado, no podía alegar la Excepción de Cosa Juzgada por Doble Juzgamiento, en la Etapa de Juicio Oral; y por la otra, que el Ministerio Público, no podía solicitar la Nulidad del Proceso con fundamento en el artículo 199 de la citada excerpta procesal.

    Y en segundo lugar, expresa que contrario a lo señalado por el Tribunal de Juicio Oral, en la Audiencia de 11 de agosto de 2020, la Causa Penal No. 201700058360, es distinta a la Causa No. 2017000569459, pues, las conductas seguidas al señor NOMBRE 2, están contenidas en diversos tipos penales.

    Vista las consideraciones expuestas por la gestora constitucional, el Pleno procede a desarrollar las siguientes consideraciones, indicando, que la norma Fundamental que alega la amparista ha sido vulnerada, lo es el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que consagra una serie de Derechos a favor de la persona sujeta a un Proceso Penal, dentro de los cuales se encuentra la prohibición del Doble Juzgamiento, como uno de los Derechos contenidos en el Debido Proceso.

    En este contexto, es preciso indicar, que esta Corporación de Justicia ha sostenido a través de su Jurisprudencia Constitucional que, cuando se invoca la conculcación del Debido Proceso Legal, "debe tratarse de violaciones evidentes, ostensibles y manifiestas a las garantías delimitadas por este Tribunal como componentes de la tutela constitucional, como los son la falta de competencia del juzgador, el doble juzgamiento, o la pretermisión de los trámites legales esenciales del proceso (v. g. la comunicación del libelo al demandado conforme a lo establecido en la Ley, las garantías de incorporación de los medios probatorios lícitos, y la utilización de los medios impugnativos legalmente autorizados, de tal manera que puedan ser defendidos efectivamente sus derechos".

    Así las cosas, el Pleno de la Corte ha manifestado que el Principio del Doble Juzgamiento, es objeto de análisis vía A. de Garantías Constitucionales, entendiéndose el mismo, como un elemento del Debido Proceso, al señalar que:

    "...

    ... el activador puede recurrir a la figura del A. si advierte que existe un derecho constitucional aparentemente vulnerado, ello en razón a que la Acción de A. es un medio de defensa de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho a ser juzgado por un Tribunal competente, a la observancia y respeto de los trámites inherentes del Proceso, así como la prohibición del doble juzgamiento, según lo dispone el artículo 32 de la Constitución..."

    Cabe agregar, que el Principio de Prohibición de Doble Juzgamiento, se encuentra igualmente desarrollado en el artículo 7 del Código Procesal Penal de Panamá, cuando señala que "nadie puede ser investigado ni juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque a éste se le dé una denominación distinta".

    Para lograr una mejor aproximación al tema objeto de este análisis, creemos importante compartir, lo expresado en la Jurisprudencia Internacional, pues, además de ser didáctico, demuestra la unificación de criterios, en cuando a las Garantías y Principios Fundamentales básicos, dentro de los Proceso Penales en el Continente. Veamos.

    "Como es sabido, el artículo 29 de la Carta Política establece, como una de las garantías propias del debido proceso, el derecho de toda persona 'a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho'. Esta prohibición del doble enjuiciamiento, conocida por la ciencia jurídica como principio del non bis in ídem, ha sido objeto de un amplio análisis por parte de esta Corporación, la cual se ha ocupado de definir su alcance y verdadero ámbito de aplicación.

    En innumerables pronunciamientos sobre la materia, la Corte le ha reconocido al principio del non bis in ídem el carácter de derecho fundamental de aplicación directa e inmediata, destacando igualmente que el mismo cumple una función específica y clara: evitar que las personas sean sometidas por el Estado a permanentes y sucesivas investigaciones y sanciones a partir de un mismo comportamiento, colocándolas en estado de absoluta indefensión y de continua ansiedad e inseguridad.

    En ese contexto, ha señalado que la importancia del non bis in ídem radica en que, a partir de su vigencia, cualquier individuo puede tener la confianza y la certeza de que las decisiones definitivas dictadas en su contra, fruto de los procesos que definen su responsabilidad en la comisión de conductas contrarias a derecho, realizan la justicia material en cada caso concreto e impiden que tales comportamientos ya juzgados puedan ser objeto de nuevos debates sin distinta formula de juicio.

    Conforme con su significado, el propio órgano de control constitucional sostiene que el fundamento de existencia del non bis in idem son los principios de seguridad jurídica y justicia material, los cuales a su vez encuentran pleno desarrollo en la institución jurídica de la cosa juzgada, que, precisamente, le reconoce carácter inmutable a las decisiones de los jueces que se encuentran debidamente ejecutoriadas y, por tanto, impide 'que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en un juicio posterior'

    ...".

    Ahora bien, respecto al planteamiento esbozado por la amparista, en cuanto a que la Causa Penal No. 201700058360, es distinta a la Causa No. 2017000569459, pues, las conductas seguidas están contenidas en diversos tipos penales, resulta importante para los efectos que nos ocupan, advertir, que para que haya Doble Juzgamiento se debe tratar de los mismos hechos y no de los mismos Delitos, pues, es una cosa distinta.

    Tal y como se observa, la demandante aspira, a que esta Instancia Superior, declare la inexistencia de un Doble Juzgamiento, pues, a su criterio, las acusaciones efectuadas contra el señor NOMBRE 2, distan de ser iguales, pues, la Causa Penal identificada como No. 201700056459, era por la supuesta comisión del D. de Quebrantamiento de Medidas de Protección y se Sanciones, y la Causa Penal No. 201700058360, es por la supuesta comisión de los Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en la modalidad de Delito Contra la Familia.

    De conformidad con lo expuesto, esta Superioridad hace la siguiente interrogante: ¿qué persigue la amparista, al momento de presentar las acusaciones penales, contra el señor NOMBRE 2?

    Veamos lo siguiente, el Doble Juzgamiento o Doble Investigación, requiere para su configuración de tres (3) elementos que deben coincidir en las dos causas: a) la identidad en el sujeto que comete la conducta; b) que se trate de un mismo hecho y c) que se trate del mismo motivo de persecución, o dicho de otra manera, debe tratarse del mismo tipo de delito.

    En el caso bajo examen, se presentan dos (2) de las tres (3) identidades, la identidad de persona y la identidad de hechos; sin embargo, no se configura el aspecto sobre la identidad de hecho punible.

    En este escenario, observa el Pleno en las constancias procesales contenidas en el Expediente que ocupa nuestra atención, que en el Auto de Apertura a Juicio Oral No 285 de 14 de noviembre de 2018, Carpeta 201700056459, se indica que:

    "SEGUNDO: En este acto de audiencia el F. expuso como acusación que será objeto de Juicio Oral lo siguiente:

    'Que el Juzgado Primero Municipal de Familia, mediante el Auto No. 324 del 30 de septiembre de 2016, resolvió fijar la suma de B/:1,200.00 mensuales a razón de B/.600.00 quincenales en concepto de pensión alimenticia definitiva, que debe suministrar el señor NOMBRE 2, a favor de sus hijas habidas con la señora NOMBRE 1, sin embargo, incumplió la orden jurisdiccional.

    "... (Cfr. foja 43 del expediente judicial).

    En la mencionada Causa Penal, se emitió, en su momento, la Sentencia Absolutoria No.18 de 5 de julio de 2019, en donde se dispuso declarar como No Culpable al señor NOMBRE 2, y de la cual queremos destacar lo siguiente:

    "...

    Cabe destacar que el artículo 17 del Código Procesal Penal, plasma lo siguiente: que 'Solo tiene valor las pruebas obtenidas por medio lícito y practicadas ante los organismos jurisdiccionales' y en el que caso que nos atañe se apreció que los desacatos fueron cancelados y por consiguiente la esfera jurisdiccional es decir la esfera de familia dejó sin efecto los desacatos del 2017.

    Tras examinar las pruebas, este Tribunal es del criterio que el testimonio de la señora R., fue de mucha importancia ya que es la madre de las menores..., y al ser Contrainterrogada por la defensa, quien le preguntó (Sic) a la testigo que cuántos (Sic) desacatos tenía pendiente el señor NOMBRE 2, para el año dos mil diecisiete (2017), la testigo respondió 'ASUMO YO QUE NINGUNO'.

    ...

    Como pudimos apreciar, dentro del Acto de Audiencia de Juicio Oral, dado el día 27 de julio del dos mil diecinueve (2019), ya la Juez Primera de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, dejó sin efecto todos los desacatos, toda vez que fueron efectuados los pagos correspondientes.

    ..." (Cfr. fojas 58-59 del expediente judicial) (Lo destacado es del Pleno).

    Por su parte, en el Auto de Apertura a Juicio Oral No. 282 de 3 de agosto de 2019, Carpeta No. 201700058360, se señala que:

    "TERCERO: Los hechos de la acusación que deberá ser objeto del juicio:

    La señora NOMBRE 1 presentó querella penal Contra la Familia en contra del señor NOMBRE 2 por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia de sus menores hijas V.D.L. y C.D.L., desde el mes de febrero hasta el mes de julio de 2017.

    ..." (Cfr. foja 20 del expediente judicial).

    Analizado lo anterior, se evidencia que los hechos constitutivos en ambas acusaciones, comparten una identidad fáctica, y que si bien, como se ha expresado no se configura el aspecto sobre la identidad del delito; sin embargo, la hipótesis planteada en ambos Procesos, es la misma; es decir, "el incumplimiento por parte del señor NOMBRE 2, del pago de la pensión alimenticia de sus menores hijas, para el año 2017".

    En este contexto, basta recordar, que los hechos, "son el elemento que constituye la hipótesis del Proceso, para que haya doble investigación en este caso, debe existir identidad en las dos hipótesis planteadas, para lo cual es necesario que se mantenga la estructura básica de dichas hipótesis fácticas, de lo contrario, no estamos frente a una infracción de la garantía constitucional".

    En este escenario, es importante señalar lo expresado por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el Informe de A., cuando señala que:

    "...

    En ese sentido, el día 11 de agosto de 2020, a las 9:00 A.M., se constituyó el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, conformado por M.O. como Tercera Juez, R.T. como J.R., y quien suscribe V.Q. en calidad de J.P., siendo que luego de las presentaciones iniciales de la Defensa Técnica del señor NOMBRE 2, propone una excepción de cosa juzgada, para lo cual aporta copia de la Sentencia Absolutoria No 18 de 5 de julio de 2019, emitida por el Juzgado Segundo Municipal de Panamá, aludiendo que lo hechos de aquella causa son los mismos por los que se pretende juzgar a su defendido nuevamente, y por los cuales fue absuelto. En tanto el Ministerio Público, invocando el principio de lealtad y buena fe, señaló que no tenía conocimiento de la referida sentencia, siendo hasta el 5 de agosto que la Defensa les hace llegar una copia, que se percatan que son los mismo hechos y las mismas pruebas que se pretendían presentar ante el Tribunal de Juicio...solicita se declare la nulidad absoluta de lo actuado.

    ...

    Ante tal escena, el Tribunal de Juicio pudo conocer que efectivamente, al señor NOMBRE 2, se le pretendía juzgar nuevamente por los mismos hechos, a pesar de que la querella señala que (Sic) se trata de otro tipo penal la situación fáctica no varía ya que se trata del presunto incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias de las menores V.D.L. y C.D.L., desde el mes de febrero hasta julio de 2017...

    ..." (Cfr. foja 68 del expediente judicial) (Lo resaltado es del Pleno).

    Del examen de los criterios enlistados en líneas superiores, versus las constancias probatorias, permiten colegir, que la Decisión emitida en oralidad por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, el día 11 de agosto de 2020, dentro de la Causa Penal No. 201700058360, seguida a NOMBRE 2, no se materializa la vulneración del artículo 32 de la Constitución Política, tal como lo propuso la amparista; toda vez que, a juicio de esta Superioridad, se observan los presupuestos necesarios para arribar a la conclusión que, efectivamente, ha operado el Doble Juzgamiento.

    En ese mismo orden de ideas, pero ahora, en cuanto a la vulneración alegada por la gestora constitucional, por la supuesta inobservancia del Tribunal de Juicio Oral, del contenido de los artículos 342 y 345 del Código Procesal Penal, al considerar; en primer lugar, que la Defensa Técnica del acusado, no podía alegar la Excepción de Cosa Juzgada por Doble Juzgamiento, en la Etapa de Juicio Oral; y por la otra, que el Ministerio Público, tampoco podía solicitar la Nulidad del Proceso con fundamento en el artículo 199 de la citada excerpta procesal, este Tribunal Constitucional, advierte lo siguiente.

    Respecto a lo expresado por la amparista, esta Superioridad debe advertir, que de acuerdo con el artículo 342 del Código Procesal Penal, el momento Procesal oportuno de la Defensa, para presentar excepciones, corresponde a las alegaciones previas de la Fase Intermedia.

    Con base a lo anterior, y de conformidad con el artículo 345 del misma excerpta Procesal, en la etapa de "alegaciones previas" en la Audiencia de Acusación, el Juez de Garantías dará la palabra a la defensa, al F. y al querellante, para posibles alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones.

    A., ambas disposiciones de procedimiento penal, resulta evidente, que el momento oportuno para alegar nulidades procesales, lo constituye la Etapa Intermedia, de conformidad con los dispuesto en los artículos 342 y 345 del Código Procesal Penal, citados.

    En ese aspecto, esta Superioridad ha señalado que:

    "...

    Mencionado lo anterior, se tiene entonces por sentado, sin margen de dudas, que luego de la fase de investigación ejercida naturalmente por el Ministerio Público (o querellante), quien durante el recorrido de esa fase, en algunos casos requiere autorización para actos de investigación y en otros el control posterior, sigue la fase intermedia ante el Juez de Garantías, la cual se caracteriza por su naturaleza jurisdiccional, misma que mantiene entre sus principales características el saneamiento de todos los actos de investigación, es decir, el Juez de Garantías le corresponde el control de la acusación, la legalidad de las pruebas y la resolución de las incidencias antes del juicio.

    Sobre este último punto, entre las incidencias encontramos las nulidades, las cuales deberán ser alegadas, exclusivamente, durante esta fase intermedia, así lo contemplan las normas específicas del Código Procesal Penal en sus artículos 342 y 345... ... Contrario a lo indicado por el tribunal primario, en cuanto a que las nulidades pueden ser presentadas incluso antes o después de la fase intermedia, la norma específica no deja interrogante de cuál es la fase para tales efectos, máxime cuando en el juicio oral no puede retrotraerse esos aspectos...

    ..." (Lo resaltado es del Pleno).

    Sin embargo, en relación con el asunto bajo análisis, esta Superioridad, es del criterio, que si bien la figura jurídica de cosa juzgada fue promovida como excepción, con base al criterio expresado anteriormente; no obstante, en el caso que nos ocupa, no podemos soslayar, que el Doble Juzgamiento, provoca, por si solo, la nulidad absoluta del Proceso, prohibición, que se establece, como un Derecho Fundamental, a favor de todas persona que es sometida a los rigores de un juicio, y que su inobservancia adquiere, incluso, el carácter de cuestión prejudicial para recurrir a la Jurisdicción Interamericana de Protección de los Derechos Humanos.

    Así las cosas, el artículo 372 (numeral 1) del Código Procesal Penal, señala que el Tribunal de Juicio Oral podrá suspender la Audiencia: "1. Cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente"; es decir,alguna incidencia que ocurra durante el y cuya sea absolutamente necesaria, o , para decidir sobre la continuación del mismo; aspecto que, ocurre cuando la defensa del señor NOMBRE 2, invoca una Excepción de Cosa Juzgada (Prohibición del Doble Juzgamiento), siendo, pues, que su inobservancia, de comprobarse, generaba una nulidad procesal de carácter absoluto, insubsanable, en virtud de la Sentencia Absolutoria No. 18 de 5 de julio de 2019, aducida por la defensa, y referente a la Causa Penal No. 201700056459.

    En ese sentido, y en virtud de la cuestión incidental, sometida ante el Tribunal de Juicio Oral, en la Audiencia Oral de 11 de agosto de 2020, el Ministerio Público, institución que, conforme a lo dispuesto en el artículo 220 de la Constitución Política, y 68 del Código Procesal Penal, está llamada a perseguir los Delitos, señaló en la misma que: "no tenía conocimiento de la referida sentencia, siendo hasta el 5 de agosto que la Defensa les hace llegar una copia, que se percatan que son los mismo hechos y las mismas pruebas que se pretendían presentar ante el Tribunal de Juicio...solicita se declare la nulidad absoluta de lo actuado" (Cfr. foja 68 del expediente judicial).

    Sobre este punto, se hace relevante señalar, que si bien la dirección o gestión de la Audiencia corresponde al Juez (Tribunal de Juicio Oral), no puede soslayarse que el carácter natural de las Causas Penales, son de índole dispositivo, de Justicia rogada; es decir, el poder de disposición del que gozan las partes, sobre el Derecho de acción, como el objeto del mismo Proceso.

    En ese sentido, las partes se constituyen como titulares de los Derechos e intereses materiales que se discuten, llegando, incluso, a decidir acerca de la continuidad o no del mismo, aunado a que, a través de las pretensiones que se ejercen, pueden producir un efecto vinculante sobre la Decisión que adopte el Juez, en el litigio.

    Así la cosas, el artículo 63 del Código Procesal Penal, señala, entre otras cosas, como deberes de los Jueces: "evitar la dilación procesal, así como actuaciones improcedentes o inconducentes, debiendo rechazarlos de plano; y corregir las actuaciones irregulares" .

    Por su parte, las partes o intervinientes, de conformidad con el artículo 65 de la excerpta de Procedimiento Penal, advierte, entre otras cosas, que las partes deben: "actuar con transparencia, lealtad y buena fe en todas sus actuaciones".

    Al efectuar un juicio valorativo de lo actuado por el Tribunal de Juicio Oral, en la Audiencia Oral de 11 de agosto de 2020, de Declarar la Nulidad Absoluta de la Causa Penal 201700058360, esta Superioridad es del criterio, que el mismo respondió a una clara limitante, en cuanto a la prohibición del Doble Juzgamiento, pues, tal situación, fue advertida, por la defensa del acusado, y en donde el Ministerio Público, precisamente, al tener conocimiento de la misma, solicitó la nulidad absoluta de lo actuado, invocando los Principios de Lealtad y de Buena Fe (Cfr. foja 68 del expediente judicial).

    Visto lo anterior, hay que recordar que el "non bis in ídem", opera como una Garantía que salvaguarda que nadie sea juzgado por más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria; lo cual implica:

    "...la imposibilidad de ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es un instrumento procesal que busca garantizar los derechos y proporciona seguridad jurídica, al evitar que un mismo asunto obtenga más de una respuesta de diferentes autoridades judiciales, en procesos que tengan identidad de sujeto, objeto y causa, siendo su finalidad última la de racionalizar el ejercicio del poder sancionatorio en general, y especialmente del poder punitivo".

    Lo expuesto hasta aquí, nos permite afirmar, que las situaciones planteadas, como cuestiones incidentales en la Audiencia de 11 de agosto de 2020, ilustran una afectación de Derechos Fundamentales del imputado, siendo de aquellas que dan lugar a la nulidad absoluta de todo lo actuado, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del Código Procesal Penal, pues, impiden el pleno ejercicio de las Garantías y de los Derechos reconocidos en la Ley, la Constitución Política, así como en los Tratados o Convenios Internacionales, ratificados por la República de Panamá.

    Precisamente, el artículo 8 (numeral 4) de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece respecto al Derecho a las Garantías Judiciales que "4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos"; derecho reconocido, a su vez, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 (numeral 7), que expresa que: "7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país".

    Conforme a lo indicado, se evidencia la protección internacional a los Derechos Humanos de las personas sometidas a un Proceso Penal, en cuanto a la Prohibición del Doble Juzgamiento; es decir, a la vulneración del Principio conocido como "non bis in ídem".

    En el marco de los hechos cuya relación hemos expuesto, este Tribunal Constitucional no tiene mayor reparo que señalar, que conforme a las constancias procesales contenidas en autos, el Derecho Fundamental de las menores de edad, a recibir los alimentos, fueron satisfechas por NOMBRE 2, por lo menos, la concerniente al año 2017, que es en el caso que nos ocupa; aunado a que, lo que se pretendía reclamar a través de la Causa Penal identificada con la Carpeta No. 201700058360, constituían los mismos elementos fácticos, de la Causa No. 201700056459, en cuanto al presunto incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias que, tal como lo hemos señalado, desatiende el Principio de Prohibición del Doble Juzgamiento.

    Conforme a lo anterior, y respecto al "incumplimiento de sus deberes", alegado por la activadora constitucional, al advertir que el Tribunal demandado, no consideró lo contemplado en el artículo 211 del Código Penal, vulnerando a su juicio, el artículo 17 Constitucional, el Pleno luego de analizarlo, efectivamente, no puede más que desestimarlo.

    Hechas estas consideraciones, esta Colegiatura comparte la decisión del Tribunal A-quo, y considera que en el caso bajo estudio la actuación del Tribunal de Juicio Oral, a través de la Sentencia de 11 de agosto de 2020, que Declaró la Nulidad Absoluta de la Causa Penal No. 201700058360, no produce vulneración alguna a los artículos 17, 32, 56 y 59 de la Constitución Política, ni las disposiciones internacionales de protección de Derechos Humanos, aducidas por la amparista.

    Por tanto, siendo que la Acción de A. de Garantías Constitucionales tiene como finalidad examinar Actos arbitrarios o sin sustento legal que constituyen posibles lesiones de Derechos Fundamentales contenidos en la Constitución, situación que no se configura en el presente Proceso, procedemos a confirmar la Decisión impugnada.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de 23 de septiembre de 2020, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la cual decide NO CONCEDER la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la señora NOMBRE 1, en representación de sus menores hijas C.D.L., y V.D.L., contra el Acto de Audiencia Oral celebrado el 11 de agosto de 2020, por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro de la Carpeta N°201700058360.

    N.;

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    OLMEDO ARROCHA OSORIO --- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARIBEL CORNEJO BATISTA -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- LUIS R. FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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