Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Junio de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución30 de Junio de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 30 de junio de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 791-2020

VISTOS:

Mediante Resolución de fecha veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, dispuso NO ADMITIR,la Acción de A. de Garantías Constitucionales, propuesta por la Firma Forense A., F.&.F., en representación de las sociedades FRAMAIRE, S., y DON ADOLFO, S., y contra la Orden de Hacer contenida en la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas.

La citada Orden, es emitida dentro del Proceso de Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio de Predio Agrario, y a través del cual, la Autoridad judicial acusada, dispuso negar un Incidente de Tasación de Honorarios Profesionales, y admitió la pretensión de la parte actora, declarando al señor NOMBRE 1, como ganador por Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio de Predio Agrario, de la totalidad de la Finca No. 470, Código de Ubicación 9901, que estaba a nombre la sociedad FRAMAIRE, S., y de la Finca No. 463648 Código de Ubicación 9901, que estaba a nombre la sociedad DON ADOLFO, S., ambas de la Sección de Propiedad del Registro Público de la Provincia de Veraguas (Cfr. fojas 73 a 119 del expediente judicial).

Así la cosas, tal y como lo hemos advertido, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, mediante la Resolución de veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), dispuso NO ADMITIR, la Acción de Tutela contra la citada Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas, la cual es objeto del A. de Garantías Constitucionales, que ocupa nuestra atención, en grado de Apelación.

En ese sentido, inconforme con la decisión del Tribunal A-quo, la apoderada judicial de las sociedades amparista, interpuso en tiempo oportuno el Recurso de Apelación que el Pleno, se aboca a conocer.

  1. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA.

    Tal y como se señaló en párrafos precedentes, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, como Tribunal Constitucional en Primera Instancia, dispuso, a través de la Resolución de veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), no admitir la Acción Constitucional que ocupa nuestra atención, presentada por la Firma Forense A., F.&.F., en representación de las sociedades FRAMAIRE, S., y DON ADOLFO, S., por razón de la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, emitida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas. Al respecto, el Tribunal A-quo fundamentó su decisión advirtiendo que:

    "...

    Ahora bien, aunque se ha indicado una presunta vulneración de derechos y garantías fundamentales en la orden de hacer contenida en la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, emitido por el Juez Primero Agrario de la Provincia de Veraguas, lo cierto es, que si bien el amparista dentro de los antecedentes agregados a la presente acción constitucional, ha aportado copia de la Resolución fechada 20 de febrero de 2020, emitida por este Tribunal Superior, en donde se confirma la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, no es menos cierto, que conforme al principio de notoriedad judicial, contenido en el artículo 1032 del Código Judicial, podemos observar en el expediente principal, que ha fojas 472 la firma forense A., F. y F., en representación de la Sociedad FRAMAIRE, S., Anuncia Recurso de Casación, para la fecha de 6 de marzo de 2020; de igual manera dicha firma para la fecha de 10 de marzo de 2020, presente solicitud de Aclaración y Corrección de la Resolución emitida por este Tribunal de fecha 20 de febrero de 2020, la cual está pendiente de pronunciamiento y finalmente Anuncia Recurso de Casación en contra de la resolución antes señalada, en representación de la Sociedad ADOLFO, S.

    ...

    Visto lo antes expuesto, queda claro para este Tribunal, que el hoy actor constitucional, ha presentado diversos recursos (Aclaración y Casación) los cuales no se ha resuelto en la actualidad, por lo cual la resolución atacada aún no se encuentra en firme y ejecutoriada, requisito indispensable para interponer un A. de Garantías.

    ...

    Efectivamente, el principio de definitividad, contenido en el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, además de procurar un orden procesal dentro de las causas, busca evitar que esta acción de carácter extraordinario sea utilizada como un medio ordinario de impugnación de las decisiones judiciales, en detrimento de la seguridad jurídica y la independencia judicial.

    ...(Cfr. fojas 192 y 194 del expediente judicial).

    En este contexto, al Tribunal A-Quo manifiesta, que la existir los Recursos de Casación, así como la solicitud de Aclaración de Sentencia de Segunda Instancia, pendientes por resolver, es, a su juicio, improcedente la admisión de la Acción Constitucional presentada.

  2. RECURSO DE APELACIÓN.

    El 15 de septiembre de 2020, la Firma Forense A., F.&.F., apoderada judicial de la sociedades amparistas presentó y sustentó, el Recurso de Apelación en contra de la Resolución de 22 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas.

    En ese sentido, advierte el activador constitucional lo siguiente:

    "...

    En efecto, debemos advertir que la Resolución Apelada, pese a ser emitida por un Tribunal que actúa en sede constitucional y, por ello, con el deber de velar que se mantenga la integridad de la constitución, desconoce el principio in dubio pro actione, según el cual los dispositivos procesales deben aplicarse en el sentido que favorezca su mayor efectividad protectora respecto de los derechos fundamentales, máxime cuando la violación de tales derechos de orden superior, en el caso que subyace, son ostensiblemente vulnerados, puesto que en el caso que nos ocupa, evidentemente se infringen los derechos al Debido Proceso y el Derecho a la Propiedad Privada en perjuicio de FRAMAIRE, S. y DON ADOLFO, S.

    ...

    Por otro lado, llama la atención que en la Resolución Apelada se haga mención al principio de la Notoriedad Judicial sólo para los efectos de tener por probado que se encontraban pendientes de resolución solicitud de aclaración y corrección de la sentencia de segunda instancia y recurso de casación, pero, a la vez, se desconozca tener, igualmente, por probado conforme a dicho principio, que las antes referidas articulaciones procesales habían sido resueltas y negadas previamente por el propio Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, Coclé y Veraguas, los cual ha sucedido mediante resolución de 22 de mayo de 2020 y resolución de fecha 26 de junio de 2020, respectivamente.

    ...

    En efecto, el recurso de casación no se admite mediante decisión de 26 de junio de 2020 y es casi un mes después, el 22 de julio de 2020, cuando el propio Tribunal Superior que no admitió la casación niega la admisión del amparo bajo el argumento que estaba pendiente el recurso de casación (recurso este que no estaba pendiente pues el propio Tribunal Superior, un mes antes, ya lo había rechazado).

    Es entonces evidente que la Resolución Apelada se contradice ella misma y va en contra del principio de la notoriedad judicial que es el principio evocado por la Resolución Apelada. Adicionalmente, el único argumento utilizado por la Resolución Apelada para no admitir el amparo (el argumento de que se estaba pendiente un recurso de casación y una solicitud de aclaración- argumento que no se apega al a (Sic) realidad pues el propio Tribunal Superior ya había negado dicho recurso y solicitud un mes antes) va en contra de las constancias procesales. Adicionalmente, incluso si este argumento fuera cierto (que no lo es, tal y como hemos demostrado con los edictos que se incluyen en este recurso), este argumento sigue siendo contrario a la ley, la doctrina constitucional y contrario al principio in dubio pro actione (en caso de duda, siempre debe admitirse la acción constitucional).

    ...

    Debemos reiterar que la Resolución Apelada ha desconocido el principio de notoriedad judicial que dice aplicar pues ha resuelto no solo negativamente a los intereses de FRAMAIRE, S. y DON ALDOLFO, S., sino que también lo ha hecho desconociendo la propia realidad de su despacho, puesto que desconoce como probado que el día 22 de mayo de 2020, mediante resolución de esa fecha, rechaza de plano, por improcedente, la solicitud de aclaración y corrección de la sentencia de segunda instancia y luego mediante resolución de fecha 26 de junio de 2020, Niega el Recurso de Casación, puesto que declara que su resolución de 20 de febrero de 2020 no es susceptible del Recurso de Casación.

    Por tanto, resulta grave y preocupante que mediante resolución de fecha de 22 de julio de 2020, notificada a través del Edicto No. 327, fijado casi mes y medio después de admitir la resolución que notifican, esto es, el día 10 de septiembre de 2020, decidan No Admitir la Acción de A. bajo el argumento equivoco de que no se cumple el principio de definitividad debido a que existían recursos de aclaración y casación pendientes por resolver.

    ..." (Cfr. Fojas 197, 200, 201, 202, 203 y 204 del Cuadernillo Constitucional).

  3. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO.

    En virtud de la promoción del Recurso de Apelación, corresponde a este Pleno pronunciarse al respecto de la decisión vertida por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas; y, por tanto, determinar en alzada lo dispuesto en las normas constitucionales y legales sobre la materia; es decir, si la Orden o Acto impugnado, lesiona Derechos Humanos y Fundamentales reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado panameño es parte.

    Así las cosas, la Acción de A. de Garantías Constitucionales, es el Instrumento Jurídico que ha dispuesto el Constituyente, dentro del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, a fin que cualquier persona pueda acudir en Sede Judicial y reclamar la Tutela de su Derecho o Garantía Fundamental que haya sido infringida por un Acto, ya sea por acción u omisión que, siendo emitido por un servidor público, contravenga los postulados esenciales, Principios y V. en los que se sostiene el conjunto de Derechos Fundamentales reconocidos en el Sistema Constitucional Panameño.

    Así tenemos que, el Instituto del A. está consagrado a nivel Constitucional en el artículo 54, mismo que establece lo siguiente:

    Articulo 54. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales.

    Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece lo siguiente:

    "Artículo 25. Protección Judicial.

    1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

    2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." (Lo resaltado es nuestro).

    En relación con las normas citadas, se extrae, que el A. de Garantías Constitucionales fue diseñado con el fin de salvaguardar los Derechos Fundamentales y, sobre todo, para garantizar la efectiva intervención judicial a favor de la restauración del Derecho vulnerado.

    Ahora bien, para los efectos de lograr una mejor aproximación al tema objeto de este análisis, esta Superioridad ha hecho un detenido examen de las pretensiones de las sociedades recurrentes, vía A. de Garantías Constitucionales de cara a las constancias procesales y las normas aplicables.

    En ese orden de ideas, las violaciones Constitucionales argüidas por la amparista en su libelo de Demanda, van dirigidas a la infracción de los artículos 17, 32 y 47 de la Constitución Política de la República de Panamá, que consagran la obligación de proteger la vida, honra y bienes de nacionales y extranjeros, así como asegurar la efectividad de sus derechos y deberes individuales y sociales; del debido proceso y el derecho a la propiedad privada.

    En este contexto, los antecedentes del caso revelan que la Orden impugnada vía Acción de Tutela Constitucional, lo constituye la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, emitida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas, dentro del Proceso de Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio de Predio Agrario promovida por NOMBRE 1, contra las sociedades amparistas FRAMAIRE, S., y DON ADOLFO, S., misma que fue confirmada mediante la Resolución de 20 de febrero de 2020, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas.

    En relación con lo anterior, a través de la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, y su Acto confirmatorio, se resolvió admitir la pretensión del parte actora, y declarar que el señor NOMBRE 1, ha ganado a las sociedades FRAMAIRE, S. y DON ADOLFO, S., por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio del Predio Agrario, la totalidad de la superficie que constituyen los Folio Reales (fincas) 470 y 463648 ambas con código de ubicación 9901, de la Sección de la Propiedad de la provincia de Veraguas; y se ordena al Registro Público, cancelar la inscripción de las citadas propiedades, a nombre de las ahora sociedades amparistas.

    Motivados por tales decisiones, la apoderada judicial de las actoras, recurre a través de la Demanda de A. de Garantías Constitucionales, en contra la citada Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas, misma que, a través de la Resolución de 22 de julio de 2020, no fue admitida y que motiva el Recurso de Apelación, que ocupan nuestra atención.

    Cabe agregar, que las activadoras constitucionales al referirse en su escrito de Demanda de Tutela Constitucional, sobre su admisibilidad, advierten que:

    "...

    Si bien en el proceso donde se profirió la resolución judicial contra la cual ejercemos la presente acción constitucional, nuestras representadas ha presentado escrito de Solicitud de Aclaración de Sentencia, Escrito de Anuncio de Recurso de Casación, lo cierto es que las referidas articulaciones procesales no constituyen trámites y medios ordinarios de impugnación. Por un lado, la solicitud de aclaración, en estricto derecho, no es un medio de impugnación y, por el otro, el Recurso de Casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia, por lo que la vía, en el presente caso, ha quedado agotada con la resolución de 20 de febrero de 2020, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), decidiendo el Recurso de Apelación oportunamente anunciado y sustentado en contra del Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, emitida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas, que constituye la resolución judicial que contiene la orden de hacer que por este medio, se impugna.

    ..." (Cfr. foja 7-8 del expediente judicial).

    Ahora bien, las proponentes sustentan su Recurso impugnativo contra la Resolución de 22 de julio de 2020, que no admitió la Acción de Tutela Constitucional presentada, advirtiendo, que esa decisión resulta indiferente a los modernos y actuales principios y criterios que aplican a la admisión del A. de Garantías Constitucionales de forma flexible, garantizando su efectividad protectora respecto de los Derechos Fundamentales; aunado a que, el Tribunal A-quo está desconociendo sus propias actuaciones y decisiones; es decir, el Principio de Notoriedad Judicial, pues, contrario a los señalado en la citada Resolución acusada, a su juicio, las sociedades amparistas si han cumplido con el Principio de Definitividad contemplado en el artículo 2615 (numeral 2) del Código Judicial.

    Sostienen las activadoras Constitucionales, que la Resolución apelada, contiene graves errores, y contradicciones obvias, al indicar que no se cumplió con lo informado en el artículo 2615 (numeral 2) del Código Judicial, al concluir que existen Recursos de Casación y una Solicitud de Aclaración y Corrección de Sentencia de segunda instancia, pendientes por resolver, cuando expresa, en su parte Motiva, que: "Por tanto, al existir sendos recursos de casación, así como (Sic) aclaración de la sentencia de segunda instancia por ser resueltos, es improcedente la admisión de la presente Acción Constitucional" (Cfr. foja 194 y 197 el expediente judicial).

    Visto lo anterior, constata el Pleno que el motivo principal para inadmitir la presente acción de Tutela, descansa en el concepto que las activadoras constitucionales no agotaron los trámites o medios de impugnación. En ese sentido, refiere la Resolución de 22 de julio de 2020, lo siguiente:

    "...

    Ahora bien, aunque se ha indicado una presunta vulneración de derechos y garantías fundamentales en la orden de hacer contenida en la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, emitido por el Juez Primero Agrario de la Provincia de Veraguas, lo cierto es, que si bien el amparista dentro de los antecedentes agregados a la presente acción constitucional, ha aportado copia de la Resolución fechada 20 de febrero de 2020, emitida por este Tribunal Superior, en donde se confirma la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, no es menos cierto, que conforme al principio de notoriedad judicial, contenido en el artículo 1032 del Código Judicial, podemos observar en el expediente principal, que ha fojas 472 la firma forense A., F. y F., en representación de la Sociedad FRAMAIRE, S., Anuncia Recurso de Casación, para la fecha de 6 de marzo de 2020; de igual manera dicha firma para la fecha de 10 de marzo de 2020, presente solicitud de Aclaración y Corrección de la Resolución emitida por este Tribunal de fecha 20 de febrero de 2020, la cual está pendiente de pronunciamiento y finalmente Anuncia Recurso de Casación en contra de la resolución antes señalada, en representación de la Sociedad ADOLFO, S.

    ..." (Cfr. foja 192 del expediente judicial) (Lo resaltado es del Pleno).

    Al respecto, las sociedades amparistas reconocen haber promovido tanto el Recurso de Casación contra el Acto Jurisdiccional, emitido por el Tribunal Superior que confirmó la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas, así como la solicitud de Aclaración de la misma.

    Así la cosas, vale la pena recordar que esta Acción de Tutela de la Constitución, es extraordinaria e independiente del Proceso dentro del cual se origina, toda vez que, no se constituye en una Instancia más, puesto que lo que corresponde determinar, es si se ha producido o no una vulneración en el plano Constitucional. Por tales motivos, es imprescindible que en caso de haberse presentado contra A.J., se hayan agotado, previamente, los medios Ordinarios de Impugnación que el ordenamiento jurídico dispone para ejercer el Derecho de Defensa respecto a su pretensión.

    Sobre este particular, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia observa, que si bien el Tribunal A-quo, advierte en la Resolución de 22 de julio de 2020,que las amparistas habían anunciado para la fecha del 6 de marzo de 2020, un Recurso de Casación y, sucesivamente, el 10 de marzo del mismo año, presentaron una solicitud de Aclaración de la Resolución de 20 de febrero de 2020, emitida por ese Tribunal Superior, en donde se confirma la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, y que las mismas se encuentran pendientes de pronunciamiento; sin embargo, conforme a lo señalado por las activadoras constitucionales en su escrito de Apelación, los citados Recursos fueron resueltos con anterioridad a la emisión de Resolución apelada, que ocupa nuestra atención; es decir, antes del 22 de julio de 2020.

    Dentro de este contexto, podemos apreciar que, la apoderada judicial de las sociedades apelantes, advierte que mediante el Edicto No. 185 de 30 de junio de 2020, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, Coclé y Veraguas, les notificó que la Resolución de 20 de febrero de 2020, por medio de la cual se Confirma la Sentencia de No. 27 de 22 de agosto de 2020, emitida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas, no era susceptible del Recurso de Casación (Cfr. foja 201 y 205 del expediente judicial y foja 513 de los antecedente)

    Asimismo, señala que mediante el Edicto 125 de 8 de junio de 2020, el precitado Tribunal Superior, les notificó su decisión Rechazar de Plano, por Improcedente, la solicitud de Aclaración de Resolución de Segunda Instancia, dentro del Proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesta por NOMBRE 1 en contra de FRAMAIRE, S., y DON ADOLFO, S. (Cfr. Foja 202 del expediente judicial y foja 506 de los antecedente).

    En relación con lo anterior, las amparistas advierten, en el libelo de la Alzada que ocupa nuestra atención, que las citadas actuaciones procesales habían sido resueltas por el propio Tribunal A-quo, con anterioridad a que emitiese la Resolución de 22 de julio de 2020, hecho que, a juicio de esta Superioridad, se encuentra acreditado en el expediente judicial, contentivo del Proceso de Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio de Predio Agrario (Cfr. fojas 505, 506 y 513 de los antecedentes).

    Lo expresado es así, en virtud que el apoderado judicial de las sociedades amparistas, respalda su argumentación, a través de unas reproducciones escaneadas de los citados Edictos, e incorporados al libelo del Recurso de Apelación en estudio; mismas que han sido confirmadas por este Tribunal, a través de la revisión de las constancias procesales contenidas en los antecedentes; quedando probado, ciertamente, que se agotaron los medios Ordinarios de Impugnación, por lo que, no contraviene al Principio de Definitividad contemplado en el artículo 2615 (numeral 2) del Código Judicial.

    En efecto, de conformidad con el Principio de Definitividad, consagrado en el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, la Acción de A. de Garantías Constitucionales podrá interponerse contra Resoluciones Judiciales, cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la Ley para la impugnación de la Resolución que se trate.

    En este contexto, esta Corporación de Justicia comparte la postura de los apelantes, pues, contrario a lo planteado por el Tribunal Superior, al señalar la falta de agotamiento de la Vía, para interponer la Acción de Tutela Constitucional en estudio; no obstante, se comprueba que efectivamente, se agotaron los medios Ordinarios de Impugnación, puesto que, hubo un pronunciamiento por parte del A-quo, en cuanto a las actuaciones procesales propuestas, dentro del Proceso de Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio de Predio Agrario.

    En consecuencia, al cumplirse con los requisitos de admisibilidad, esta Superioridad es del criterio que resulta VIABLE admitir la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales. Por tanto, lo procedente es Revocar la Decisión recurrida, y en su lugar, ORDENAR la tramitación de este Proceso Constitucional a partir de su admisión.

    Por las consideraciones previamente expuestas, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución de veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, y en su lugar ORDENA CONOCER, la Acción de A. de Garantías Constitucionales incoado en contra de la Sentencia No. 27 de 22 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Primero Agrario de la Provincia de Veraguas.

    N.;

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARIBEL CORNEJO BATISTA -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- LUIS R. FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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