Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Octubre de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución18 de Octubre de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 18 de octubre de 2021

Materia: A. de G. Constitucionales

Apelación

Expediente: 70283-2021

Entrada N°70283-2021

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en grado de apelación la Sentencia del 2 de julio del 2021, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual no concede la Acción de A. de G. interpuesta por la Firma Forense Jiménez - Soriano & Asociados en nombre y representación de M.S.C. contra lo decidido en la Audiencia Intermedia celebrada el 27 de mayo del 2021, por el J. de G. de la Provincia de Los Santos.

  1. ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO

    En el acto atacado el J. decidió, entre otras cosas, acceder a la petición del Abogado Defensor, y en ese sentido establecer que la Acusación Autónoma fue presentada de forma extemporánea, lo que tuvo como consecuencia excluir del Proceso a la representación de la Querella.

  2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    Mediante Sentencia del 2 de julio del 2021, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, decidió no conceder la Acción de A. de G. Constitucionales promovida, basado en que el artículo 341 del Código Procesal Penal concede un término de cinco (5) días contados desde que el F. comunica su intención de acusar a la víctima o Q., mediante la entrega de copias; una vez vencido dicho plazo, sin la intervención del Q. se tendrá por no presentada; sin embargo, según el J. de G., el último correo enviado al Q. tiene fecha 5 de abril del 2021, venciendo el plazo el 12 de abril del 2021, para cumplir con lo que señala la norma, de lo contrario se tendría por no presentada; y en el caso en estudio, la Acusación Autónoma y el Resarcimiento Civil fueron interpuestas el 14 de abril del 2021, por lo que el J. accedió a la petición de la Defensa, de declarar abandonada la querella.

    Señala el Tribunal de primera instancia que el Accionante no debate su tardía presentación de la Acusación Penal Autónoma y Acción Resarcitoria, sino que, según su criterio el J. hace una indebida interpretación del artículo 345 del Código Procesal Penal, cuando les impide participar de la Audiencia Intermedia, toda vez que la norma "les permite participar de la audiencia, realizar sus alegaciones y pronunciarse oralmente, si consideran que la A.d.F. y su adhesión o acusación autónoma del querellante no reúnen los requisitos establecidos en el Código, por tanto, la negativa del J. de G. de permitirles participar de la audiencia intermedia, vulnera los derechos del querellante...".

    Sin embargo, aclara el A-quo que si la víctima no logra constituirse en Q., puede participar de la audiencia como parte, en calidad de víctima, sin voz en el juicio oral, siendo a través del F. que puede intervenir, colaborando con éste en cuanto a la información que mantiene, debiendo el representante del Ministerio Público oír al Defensor de la víctima; sin que exista otra forma en que pueda participar, al no haber cumplido con los plazos del artículo 341, en concordancia con el 345 del Código Procesal Penal.

    Finalmente, manifiesta que correspondía al Q. estar al tanto de los términos que señala la Ley para integrarse al Proceso como parte, de lo contrario la víctima será representada por el Ministerio Público; y en ese sentido, es su criterio, que el acto atacado no vulnera ningún Derecho Fundamental del Amparista y que lo procedente es negar la presente Acción de A. de G..

  3. POSICIÓN DEL RECURRENTE

    El apelante señaló en su libelo que presentó formal Querella contra el imputado, por delito de Estafa Agravada, Proceso en el cual le enviaron un correo electrónico notificándolo del escrito de Acusación, sin embargo, se omitió adjuntar el documento, por lo que la F.ía le remitió el escrito el 5 de abril, fijando como fecha para la Audiencia Intermedia, el 7 de abril del 2021; acto que fue suspendido a petición del Abogado Defensor, señalando como nueva fecha, el 27 de abril del 2021, impidiendo de esta manera que ejerciera de forma oral su derecho a adherirse u "oponerse" al escrito de Acusación, o advertir que el Acuerdo de Pena no debía ser aprobado, por indicios de banalidad y corrupción.

    Aclara que, en esa fecha, el J. de G. decretó nuevamente la suspensión, remitió la causa a Mediación, y señaló como nueva fecha el 27 de mayo del 2021, acto en el cual, a solicitud del Defensor, el J. decidió que no podía participar, ya que su escrito de "Adhesión o Acusación Particular" ( Cfr. foja 40 del expediente) era extemporáneo, y por ende, sólo participaría el Ministerio Público; decisión contra la que interpuso Recurso de Reconsideración, el cual le fue negado.

    Es su criterio que con el acto atacado se infringió el Debido Proceso, porque si la causa fue suspendida, también su derecho a participar, el cual reiniciaba al continuar el acto. Indica además que, según el artículo 128 del Código Procesal Penal, los actos procesales serán orales, por lo tanto, no se podía afectar su derecho a intervenir.

    Manifiesta que en el Proceso en estudio se formalizó un Acuerdo de Pena entre las partes, lo que significó la imposibilidad de seguir gestionando ante la jurisdicción Penal, por lo que mal puede hablarse de una presentación tardía de la "Acusación Autónoma", pues el Derecho a ser Oído no deriva de esta figura procesal, sino de la prerrogativa que tenía de oponerse al Acuerdo de Pena y el derecho que tenía de pronunciarse oralmente si consideraba que la Acusación no reunía los requisitos de Ley.

    Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y que se conceda el A. de G..

  4. CONSIDERACIONES DEL PLENO

    Corresponde en esta etapa, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en Primera Instancia, se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente, y a los hechos y constancias que reposan en el Expediente Constitucional.

    La decisión del A-quo se sustenta en que el J. de G. cumplió con lo que establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, toda vez que tanto la Acusación Autónoma como el Resarcimiento Civil fueron presentados de forma extemporánea y lo que correspondía era declarar abandonada la Querella. Aunado a que una vez ocurrida dicha situación, la víctima podía participar en la Audiencia como parte sin tener voz en el Juicio Oral, pudiendo intervenir a través del F., quien la representará; en virtud de lo cual consideró que con el acto atacado no se vulneró ningún Derecho Fundamental del Recurrente.

    Por su parte, el Apelante es del criterio que, se infringió el Debido Proceso, porque al haberse suspendido la causa, igual ocurría con su derecho a participar; que al tratarse de actos orales las circunstancias no podían afectar su derecho a intervenir y al haberse dado una forma anticipada de terminación del Proceso, no se pudo incurrir en una presentación tardía de la Acusación Autónoma, aunado a que el Derecho a ser oído derivaba de la prerrogativa que tenía de oponerse al Acuerdo de Pena y a la Acusación, si consideraba que ésta no reunía los requisitos de Ley.

    Con base en lo expuesto, pasa el Pleno a examinar si la decisión de no conceder el A., interpuesto contra lo decidido en la Audiencia Intermedia celebrada el 27 de mayo del 2021, por el J. de G. de la Provincia de Los Santos, en el sentido de declarar extemporánea la Acusación Autónoma y la Acción Resarcitoria, presentadas por M.S.C., en su condición de Q., dentro del Proceso seguido por el delito Contra el Patrimonio Económico, resulta acertada o no.

    Antes de entrar a resolver los argumentos planteados, esta Alta Corporación de Justicia considera importante resaltar la naturaleza y objetivo de la Acción de A. de G. Constitucionales, como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado Democrático y Social de Derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por un acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los Derechos y G. que la Constitución consagra, para que sea revocada, a petición suya o de cualquier persona.

    Garantía que se encuentra consagrada, no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por la República de Panamá, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece, además, que dicha Acción de Tutela de Derechos Fundamentales puede ser promovida cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

    En ese sentido, el Actor Constitucional considera violado el Debido Proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, que establece que nadie será juzgado, sino por autoridad competente, conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

    Además de estos derechos, se ha reconocido que como parte del Debido Proceso, las partes gozan de una serie de garantías procesales como lo son: la oportunidad de acceder válidamente a los Tribunales de Justicia y obtener una decisión o resolución judicial en base a lo pedido; ser juzgados en un Proceso previamente determinado por la Ley y por motivos o hechos definidos con anterioridad; ser escuchado; la posibilidad de aportar pruebas lícitas y contradecir las de la contraparte; obtener resoluciones debidamente motivadas y hacer uso de los medios de impugnación que otorga la Ley; de tal manera que puedan hacer valer sus derechos o ejercer los mecanismos de defensa legalmente establecidos.

    En cuanto a los elementos que componen el Debido Proceso, el J.O.G., enumeró los siguientes:

    "a) El derecho a ser oído, que implica el acceso a la justicia sin restricciones personales ni económicas.b) El derecho al proceso, que se fracciona en puntualizaciones como las garantías de alegación, prueba y defensa de los derechos; dentro de un esquema confiable y que le garantice seguridad personal y jurídica; a través de un abogado idóneo y de confianza, y amparado en la publicidad del proceso.c) El derecho al plazo razonable, ya sea en el tiempo para ser oído, como en el tránsito por las distintas etapas judiciales, acordando al afectado un derecho indemnizatorio cuando acredite los perjuicios sufridos por la demora injustificada de los tiempos del proceso.d) El derecho al juez natural, y a que éste sea competente, independiente e imparcial, donde anidan proyecciones sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente, el derecho a que la sentencia sea fundada y razonable, dando soluciones apropiadas al objeto de la pretensión.e) El derecho a la utilidad de la sentencia, que se enlaza con el último aspecto en cuanto a darle sentido al pronunciamiento judicial a través de una decisión justa y efectiva, que pueda ser cumplida también dentro de un plazo razonable..."[1]

    En este marco de ideas se observa que la controversia planteada surge de la decisión del J. de G. de acceder a lo peticionado por la Defensa durante la Audiencia realizada el 27 de mayo del 2021, en cuanto a declarar extemporánea la Acusación Autónoma presentada por el Q. durante la Audiencia Intermedia, toda vez que, a su consideración, la misma había sido presentada fuera del término que señala la Ley.

    En ese sentido es necesario citar el artículo 341 del Código Procesal Penal, que regula el tema y en el cual se señala lo siguiente:

    "Poner en conocimiento a la víctima o querellante. Previa la presentación del escrito de acusación ante el J. de G. de la fase intermedia, el F. deberá poner la acusación en conocimiento de la víctima que así lo hubiera pedido o del querellante, quien podrá:

    1. Adherirse a la acusación del F..

    2. Presentar una acusación autónoma, en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos previstos para la acusación fiscal.

    3. Presentar acción resarcitoria.

    Para ejercer los derechos previstos en este artículo, se le concederá al querellante el plazo de cinco días, contado desde que el F. le comunique su pretensión entregándole copia de su acusación penal. Vencido el plazo, si no ha presentado adhesión a la acusación del F. o entablado una acusación penal autónoma o presentado reclamación civil, se le tendrá por desistido de la querella y el juicio seguirá adelante solamente con el F.." (el resaltado es del Pleno)

    Del contenido de la norma citada, podemos percatarnos que una vez se pone al Q. en conocimiento del escrito de Acusación por parte del Ministerio Público, este cuenta con varias opciones antes de pasar a la siguiente etapa (intermedia), entre las cuales está presentar una Acusación Autónoma y/o la Acción Resarcitoria; asimismo se establece que para ejercer este derecho el Q. cuenta con el plazo de cinco (5) días, contados desde el momento en que recibe la copia de la Acusación.

    En este punto, resulta necesario aclarar algunos aspectos ocurridos durante el acto de Audiencia Intermedia en estudio, y en ese sentido podemos indicar que se fijó una primera fecha de Audiencia para el día 7 de abril del 2021, en el cual el J. de G. cuestionó a las partes sobre su intención de explorar métodos alternos de solución de conflictos, manifestando el Abogado Defensor estar anuente a dicha opción y solicitó, además, un período de una (1) semana para ejercer su función adecuadamente, toda vez que había asumido la Defensa recientemente y el escrito de Acusación lo había recibido el día anterior; por su parte el imputado estuvo de acuerdo en explorar un método alterno para la solución del conflicto; mientras que la víctima indicó no tener interés en esa alternativa. Por su parte el representante de la Querella manifestó que una semana era suficiente para que la Defensa se preparara, aunque no consideró que estuviera en indefensión, porque solo se fijaría una fecha para el Juicio Oral. Decidiendo el J., concederle un término al Abogado Defensor para que se preparara, toda vez que había asumido recientemente la Defensa y programó para el día 27 de abril del 2021, a las 9:00 A.M., la continuación de la Audiencia.

    Llegada la fecha anterior, el J. nuevamente cuestionó a las partes sobre la posibilidad de un método alterno de solución de conflicto, señalando la Defensa que existía una posibilidad de llegar a un convenio y solicitó que se derivara la causa a mediación, lo que fue corroborado por el imputado; al cuestionar a la víctima contestó estar de acuerdo con dicha alternativa, solución que fue avalada por la representante del Ministerio Público; en virtud de lo cual, el J. de G. indicó que al tratarse de un delito contenido en el catálogo del artículo 201 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 204 de la misma excerta legal, no había objeción en remitir la causa al Centro de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, fijando el 5 de mayo del 2021, para la cesión de mediación y programó como nueva fecha para la Audiencia, el día 27 de mayo del 2021; aclarando que para esa fecha se daría la lectura del posible acuerdo o de lo contrario, procedería la continuación de la Audiencia de Acusación.

    Finalmente nos percatamos que al no haberse logrado ningún método alterno de solución de conflicto; se procedió con la continuación de la Audiencia Intermedia el 27 de mayo del 2021, que es el acto atacado en A., y durante la etapa de Alegaciones Previas, el Abogado Defensor solicitó se tuviera por no presentada la Acusación por parte del Q., toda vez que fue interpuesta fuera de los cinco (5) días que señala el artículo 341 del Código Procesal Penal; por su parte el representante del Ministerio Público indicó que la notificación del escrito de Acusación se hizo el 11 de marzo del 2021, sin tener constancia de la actuación del Q..

    Por su parte, el representante de la Querella excepcionó que, tanto del escrito de Acusación Autónoma, como el de Resarcimiento por Daños y Perjuicios fueron enviados dentro de los cinco (5) días que establece la norma, no solo por correo, sino que posteriormente fueron presentados personalmente uno (1) o dos (2) días después, situación que podía corroborar la Oficina Judicial.

    Así pues, el J. de G. señaló que la Acusación Autónoma y la Acción Resarcitoria fueron presentadas el 27 de abril del 2021, mientras que también se contaba con una impresión de un correo electrónico donde se indicaba que "se remite para agregar a la carpetilla el escrito de Acusación Autónoma y el de Acción Resarcitoria", de parte del Bufete Jiménez Soriano & Asociados, y en ese sentido, si tomaba en cuenta la fecha del 11 de marzo del 2021 (indicada por la F.ía), hasta el 14 de abril del 2021 (fecha en que se presentó el escrito de Acusación Autónoma), rebasaba con creces el término indicado en el tercer párrafo del artículo 341 del Código Procesal Penal; siendo ello así, concedió la razón a la Defensa, en cuanto a que, ya sea por vía de correo electrónico o personalmente, ambos documentos fueron presentados de manera extemporánea, dando como consecuencia, excluir del Proceso a la representación de la Querella.

    Una vez escuchada la decisión, el representante de la Querella interpuso Recurso de Reconsideración, en el cual planteó que la información le fue remitida el 5 de abril del 2021, y estaba seguro que presentó los escritos dentro del término que establece la Ley; también señaló que era probable que el día que recibió el escrito de Acusación haya sido viernes; que una cosa era la fecha de envío y otra cuando se revisaba, siendo posible que lo abriera y contestara dentro del término.

    Ante dicho planteamiento la Defensa del imputado argumentó que el artículo 341 del Código Procesal Penal es claro en señalar que es "poner en conocimiento de la víctima o del Q.", aunque considera que se puso en conocimiento el 11 de marzo, no obstante, la segunda fecha sugerida por el Q. tampoco entra en los cinco (5) días que le da la Ley para presentar la Acusación Autónoma.

    Siendo ello así, y luego de ejercido el contradictorio, el J. de G. manifestó que la F.ía envió el 11 de marzo del 2021, un correo adjuntando el escrito de Acusación a la dirección de jiménezsorianoyasociados@hotmail.com, y remitiéndolo nuevamente el 5 de abril por esa misma vía; por lo que una vez verificado en el calendario y tomando en consideración la segunda fecha de traslado (5 de abril del 2021), que fue contestado el día miércoles 14 de abril del 2021, podía percatarse que sobrepasó los días que señala la norma, por tal razón rechazó el Recurso de Reconsideración y mantuvo la decisión de excluir a la Querella dentro de la causa penal.

    Una vez hecho un recuento de lo ocurrido con relación al acto de Audiencia Intermedia atacado, podemos concluir que, tal como lo establece el artículo 345 del Código Procesal Penal, durante el período de alegaciones previas, el Abogado Defensor del imputado, utilizó su derecho de presentar excepciones oponiéndose a la pretensión de la Querella; siendo ello así, resulta importante resaltar que en esta etapael J. está obligado a pronunciarse de inmediato, en forma oral y motivada sobre dichas alegaciones, entre las que se puede argumentar que los escritos de Acusación, Adhesión o Acusación Autónoma, no reúnen los requisitos establecidos en la Ley, y en el caso en estudio la Defensa alegó que tanto la Acusación Autónoma como el Resarcimiento de Daños y Perjuicios, fueron presentados de forma extemporánea.

    En este punto, es necesario recalcar la importancia que la Acusación Autónoma sea presentada por la Querella en el término establecido por la ley, período que como ya dijimos, es de cinco (5) días, una vez tenga conocimiento de la Acusación formal que presentará el Ministerio Público, pretensión que debe cumplir los mismos requisitos previstos para la Acusación F., tal como lo señala el numeral 2 del artículo 341 del Código Procesal Penal, siendo necesario también que sea de forma escrita y no oral, como lo señala el Recurrente, esto con el propósito de ponerlo en conocimiento del acusado, a fin de que conozca el cuadro fáctico y jurídico al que se enfrenta y dentro del cual va a ejercer su derecho de defensa. No obstante, en el caso en estudio, de los argumentos de los intervinientes se logró establecer que el escrito de Acusación Autónoma fue presentado fuera del término que señala la Ley.

    Al respecto, resulta oportuno citar un Fallo de esta Corte Suprema de Justicia, en el cual se señaló lo siguiente:

    "...

    Como hemos señalado, en el caso que nos ocupa el querellante pretendía adherirse a la acusación presentada por el Ministerio Público, durante el acto de audiencia intermedia, y ante tal situación la defensa utilizó su derecho de presentar excepciones oponiéndose a lo solicitado, en virtud de lo cual la J. de G., concluyó que si bien el querellante estaba debidamente constituido, no presentó el escrito de adhesión en tiempo oportuno, por lo tanto no se habían cumplido los requisitos del artículo 341 del Código Procesal Penal.

    En este punto es necesario recalcar el deber del J. de G. de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los imputados, ejerciendo el control y vigilancia de la legalidad y objetividad sobre la actividad de las partes durante las distintas etapas del proceso, con el fin de minimizar o eliminar el abuso o la arbitrariedad, debiendo decidir el asunto sometido a su consideración y en el caso en particular la J. advirtió que admitir la adhesión a la acusación en la etapa del proceso en que se encontraban, vulneraba derechos fundamentales del imputado.

    En cuanto a lo planteado por el amparista recurrente, en el sentido que se le ha negado el derecho de participar en igualdad de condiciones, ha quedado evidenciado en este proceso que el representante de la querella tuvo la oportunidad de presentar su escrito de adhesión a la acusación en el momento oportuno; es decir, dentro de los cinco días que establece la Ley, luego que se le corrió traslado del escrito de acusación, sin embargo no lo hizo, por tanto, no estima el Pleno que el hecho que se haya rechazado la adhesión a la acusación, en la audiencia de la etapa intermedia realizada el 5 de septiembre de 2017, sea una decisión ilegal o que violente el debido proceso, pues tal como lo señala la norma, la consecuencia de no haber presentado la adhesión a la acusación, o entablado una acusación penal autónoma o presentado reclamación civil, en el plazo establecido, se tendrá por desistida la querella y el juicio seguirá adelante solamente con el F..

    Por lo anteriormente expuesto, compartimos el criterio esbozado por el Tribunal de primera instancia, de que con la decisión tomada por la J. de G., no se incurrió en violación al debido proceso, contenido en el artículo 32 de la Constitución Política, toda vez que la misma se ajusta a derecho y en sus argumentos la J. cumplió con la debida motivación, dando la explicación jurídica, congruente, clara y precisa de los aspectos de hecho y de derecho que consideró necesarios para adoptar su decisión; siendo la J. quien tenía la potestad de decidir sobre la adhesión a la acusación solicitada por el querellante. De allí que lo procedente es confirmar la decisión venida en grado de apelación..."[2]

    En este marco de ideas, y contrario a lo manifestado por el Recurrente, no consideramos que se haya violado el Debido Proceso, coartando su derecho a ser oído, toda vez que en todo momento el J. de G. aseguró a las partes la posibilidad de sostener argumentadamente sus respectivas pretensiones y rebatir los fundamentos planteados por la parte contraria, utilizando para ello el contradictorio, que dentro del Sistema Penal Acusatorio, asegura la imparcialidad del J., en la medida en que, el debate entre las partes opuestas en el Proceso, le aclaren los hechos controvertidos.

    Por otro lado, si bien la norma señala que la consecuencia jurídica de no haber presentado la Acusación Autónoma en el término que señala la Ley, es tener por desistida la Querella y seguir el juicio solamente con el F., ello no significaba que como víctima el señor M.E.S.C. perdiera su derecho a ser escuchado durante el Proceso, tal es el caso que, para poder remitir la causa a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos, el J. tomó en cuenta la opinión de la víctima en todo momento; sin embargo, y en cuanto a la prerrogativa que, según el Recurrente, tenía de oponerse al Acuerdo de Pena, podemos citar el siguiente Fallo, dictado por esta Corte Suprema de Justicia, donde se explicó claramente el tema, indicando lo siguiente:

    "...

    Así las cosas, concluimos que a pesar que la defensa de la víctima plantea la vulneración de derechos y principios (debido proceso, contradicción, inmediación, oralidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalidad del proceso y derecho de defensa) con la orden tácita de no escuchársele en el acto de audiencia donde se validó el acuerdo de pena entre el Ministerio Público y el señor imputado ..., no se configura tal vulneración. Pues, en casos como el que ocupa al Pleno en esta ocasión, la víctima si bien debe ser informada del avance del proceso y recibir las explicaciones al respecto, no cuenta con la facultad de intervenir en el acuerdo de pena, según las leyes de procedimiento vigentes, por lo que, a pesar de no ser escuchado su representante (defensa de la víctima) en el acto de audiencia, no vulnera el debido proceso.

    De esto se desprende, tal como se ha señalado, los intervinientes en un acuerdo de pena, son el Ministerio Público y la persona imputada o acusada, en tanto, no se requiere de la aprobación de la víctima para que el J. pueda acceder a ello.

    Con relación a hacer participe en el acto de audiencia a la defensa de la víctima, al validar el acuerdo de pena, cabe señalar que los intervinientes son el Ministerio Público y el imputado representado por su defensor, éste acuerdo se presenta a consideración del J. de G. conforme a lo señalado en el artículo 220 del Código Procesal Penal y; la víctima dentro del proceso, acorde con el procedimiento (artículo 80 del Código Procesal Penal), cuenta con una diversidad de derechos entre estos, el derecho a ser informado del avance del proceso y a recibir las explicaciones relacionadas al desarrollo (sic) proceso. No obstante, no se requiere de su aprobación para que el juzgador pueda acceder a validar tal acuerdo, por lo que se convierte en una facultad discrecional del J. si escucha o no a la víctima, o su representante.

    Frente a este escenario, dadas las consideraciones antes señaladas, y al no observarse la vulneración de derechos fundamentales, pues se desprende de todas las normativas señaladas con relación a los acuerdos de pena y lo relativo a los derechos de las víctimas del delito, que se trata de un pacto entre el Ministerio Público y el imputado, el cual es presentado para consideración del J. de G., quien cuenta con ciertos parámetros para aprobar o desaprobar el mismo, lo que corresponde es confirmar la resolución de 12 de abril de 2018, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a lo que se procede de inmediato..."[3]

    No está de más añadir que el Debido Proceso consiste en una serie de Derechos procesales que tienden a asegurar a las partes su efectiva defensa; de manera tal, que éste se vulnera cuando se limitan o restringen los Derechos que lo componen, lo que consideramos no ocurrió en el caso bajo examen, toda vez que el J. de G. se pronunció de inmediato, en forma oral, respecto a la petición planteada por la Defensa Técnica, y de los argumentos del Q. al oponerse; para llegar a la decisión de tener por desistida la Querella por la extemporaneidad del escrito de Acusación Autónoma; a través de un dictamen debidamente motivado, atendiendo las facultades que le han sido concedidas; por lo que, mal podría considerarse vulnerado el Debido Proceso, cuando se siguió el procedimiento dictaminado por la Ley, específicamente el artículo 345 del Código Procesal Penal que señala:

    "Artículo 345. Audiencia. El J. de G. le dará la palabra a la defensa, al F. y al querellante para posibles alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones. Si el querellante no asiste, se tendrá por desistida su acción penal.

    Las partes también podrán pronunciarse oralmente si consideran que la acusación del F. y su adhesión o la acusación autónoma del querellante no reúnen los requisitos establecidos en este Código. El J. ordenará al F. o al acusador autónomo, o a ambos, que las aclaren, adicionen o corrijan.

    El J. deberá pronunciarse de inmediato, en forma oral y motivada, sobre esas alegaciones. Su decisión sobre impedimentos o recusaciones será impugnable por la vía de la apelación y el superior jerárquico, en ese caso, deberá resolverla dentro de los cinco días siguientes al recibo de lo actuado.

    En este caso, el J. deberá citar a una nueva audiencia dentro de cinco días y se procederá como se señala en el artículo siguiente. (El subrayado es nuestro)

    Siendo así, y teniendo presente que los argumentos del Recurrente se centran en estos aspectos puntuales, los cuales han sido resueltos por esta Corporación, en los términos ya expresados, sin que se derive de la actuación del J. de G. en la Audiencia celebrada el 27 de mayo del 2021, alguna contravención a las normas legales sobre la fase Intermedia, que infrinjan el artículo 32 de la Constitución Política; el Pleno debe concluir en los mismos términos que lo hiciera el A-quo, es decir, que la Acción de A. presentada no debe ser concedida.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia del 2 de julio del 2021, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, que NO CONCEDE la Acción de A. de G. Constitucionales, interpuesta por la Firma Forense Jiménez-Soriano & Asociados en nombre y representación de M.S.C. contra lo decidido en la Audiencia Intermedia celebrada el 27 de mayo del 2021, por el J. de G. de la Provincia de Los Santos.

    N.,

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    ASUNCIÓN ALONSO MOJICA -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.-.M.C.B.-.L.R.F.S.-.M.E.L.A.-.O.A.O.-.A.R.D.C..

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

    [1] GOZAÍNI, O.A.. El Debido Proceso. Rubinzal-Culzioni Editores. Buenos Aires, Argentina. P.. 39-40.

    [2] Sentencia del 8 de enero del 2019.

    [3] Sentencia del 13 de marzo del 2019.

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