Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Agosto de 2014

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución 8 de Agosto de 2014
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: La firma forense BERRIOS & BERRIOS, en su condición de apoderados judiciales de la parte actora CÍTRICOS, S.A., interpuso Recurso de Casación contra la Resolución de 16 de agosto de 2010, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario que CÍTRICOS, S.A. le sigue a DISA SECURITIES, INC. Esta S. Civil de la Corte Suprema, mediante Resolución de 24 de mayo de 2013 (fs. 350), admitió la primera y tercera Causal del Recurso de Casación en el fondo presentado por la parte actora y ordenó la corrección de la segunda Causal, la cual fue corregida por el Casacionista y admitida por esta S. a través de Resolución de 2 de agosto de 2013 (fs.366). Finalizada la fase de alegatos de fondo, la cual fue aprovechada por los apoderados judiciales de ambas partes, visibles de fs. 372 a 375 y de fs. 376 a 380, por lo que la S. procede a decidir el Recurso, previas las consideraciones que se expresan a continuación. Mediante escrito de Demanda corregida (fs. 68), CÍTRICOS, S.A., por intermedio de su apoderado judicial interpuso Proceso Ordinario contra DISA SECURITIES, INC., con la finalidad que se acceda a las siguientes declaraciones: "a) Que la sociedad Cítricos, S.A. y el Banco de Desarrollo Industrial, S.A. (Banco Disa, S.A.), en estado de liquidación, a través de su filial D.S., Inc (sociedad disuelta), negociaron la emisión de bonos agroindustriales por la suma de B/.3,000,000.00, emitidos en forma nominativa y registrada, en nominaciones de B/.1.000.00) o sus múltiplos, con una tasa variables de LIBOR (6 meses) + 30%; mínimo 9.0% p.a. vencimiento el 27 de diciembre de 2004.b) Que la sociedad Cítricos, S.A. cumplió con todos los requisitos exigidos por D.S., Inc. (sociedad disuelta), para la emisión de bonos agroindustriales por un valor de B/. 3,000,000.00.c) Que la sociedad D.S., INC (sociedad disuelta) consintió que, su filial Banco de Desarrollo Industrial, S.A. (Banco Disa), en estado de liquidación, suspendiera, sin causa justificada y en forma unilateral, la emisión de bonos agroindustriales por la suma de B/.3,000,000.00 a cargo de la sociedad Cítricos, S.A.d) Que la sociedad D.S. Inc (sociedad disuelta), con su conducta dolosa, le ha causado daños y perjuicios, en forma solidaria con su filial Banco de Desarrollo Industrial, S.A. (BANCO DISA), en estado liquidación, a la sociedad Cítricos, S.A., por la suma de B/. 5,000,000.00, en concepto de capital, salvo mejor tasación pericia, más los intereses legales causados y los que se causen en el futuro.c) Que la demandada D.S. Inc. (sociedad disuelta) está obligada, en caso de oposición, a pagarle a la demandante Cítricos, S.A., las costas y los gastos del proceso." Por su parte, la demandada DISA SECURITIES INC. contestó la Demanda (fs. 95 a 98), oponiéndose a las declaraciones, negando la mayoría de los hechos, aceptando únicamente el tercero, cuarto, décimo, negó la cuantía, las pruebas aportadas y el derecho invocado. Luego de cumplidas las etapas procesales correspondientes, el Juzgado A quo mediante la Sentencia No.19-08 de 03 de marzo de 2008 condenó a la sociedad demandada DISA SECURITIES INC., a pagarle a la sociedad demandante la suma de B/. 15,350.00 en concepto de capital y B/. 4,605.00 en concepto de intereses, así como a la suma de B/. 4,988.75 en concepto de costas. Al fundamentar lo decidido, el J. A quo indicó respecto a la Demanda lo que cita a continuación: "... Con la otra certificación de Registro Público, se acreditó que la sociedad demandada fue liquidada forzosamente, y en consecuencia disuelta; y que mediante resolución 438-01 de 2 de noviembre de 2001 emitida por la Comisión Nacional de Valores, se designó como liquidador de D.S. Inc. al señor C.G.N.. En añadidura, nos encontramos ante documentales consistentes en: Misiva emitida por M.G. de Paredes (fs. 8), y el prospecto informativo de los bonos agropecuarios, emitido por la sociedad demandante (fs. 9-12). A juicio del tribunal, la misiva que reposa a foja 8 del infolio, carece de valor probatorio, toda vez que se trata de una copia que no fue reconocida por su suscriptora, aunado a que fue objetada por la parte demandada. Respecto al valor probatorio del prospecto de bonos agropecuarios, observa el tribunal que se trata de un documento original, que al igual que el anterior, no fue reconocido, ni autenticado, y fue objetado por la parte demandada. Por tanto, considera esta juzgadora que dichos documentos no tienen mérito para ser considerados en la decisión de este tribunal. Además, no son suficientes para llegar a la convicción de esta juzgadora, toda vez que no se acreditaron hechos fundamentales para acceder a la pretensión de la parte actora. Tales como: la aceptación por parte de la sociedad demandada de la propuesta de emitir bonos por la suma de B/. 3,000,000.00 tal como lo señala la parte actora en el hecho segundo de su demanda. Otro hecho que se probó, fue el hecho quinto, referente a los activos y pasivos de la sociedad demandante. Por lo que este tribunal, no pudo observar los supuestos problemas financieros que alegó la sociedad demandante en el hecho séptimo de su demanda, así como tampoco acreditó los daños y perjuicios. De tal manera que lo único que se probó fue el pago de B/. 15,350.00 a favor de la sociedad demandada, en concepto del contrato de emisión de bonos agroindustriales; ya que fue aceptado por la parte demandada. Por lo que debe el tribunal asumir que ambas empresas suscribieron un contrato, referente a dichos bonos. Sin embargo, dicho documento no reposa en el expediente, lo que a todas luces le impide a esta juzgadora revisar las cláusulas del mismos y si las partes pactaron algo respecto al incumplimiento de este. Otro de los hechos de la demanda que aceptó la parte demandada fue el cuarto, por lo que se acreditó que la sociedad demandada, desistió a la emisión de bonos pactada con la sociedad demandante. Por otro lado, observa el tribunal que la sociedad demandada adujo como prueba la copia del expediente contentivo al proceso ordinario incoado por la sociedad Cítricos, S.A., contra Banco Disa, S.A., que según los hechos de la demanda se ventila en el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil del Primer Circuito de Panamá. La valoración conjunta de las piezas probatorias reseñadas, a la luz del principio de la sana crítica, conduce a esta juzgadora a la ineludible conclusión de que no existen elementos de juicio que establezcan en forma contundente que se debe condenar a la sociedad demandada por la cuantía que exige la parte actora. Si no por la suma que probó, consistente en la suma que pagó a la sociedad demandada para la emisión de bonos agroindustriales, más el interés comercial de dicha cantidad, toda vez que la obligación emana de una relación de comercio." Disconforme con lo resuelto, la representación judicial de ambas partes interpusieron Recurso de Apelación contra la Sentencia descrita y al surtirse la alzada, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial mediante Resolución de 16 de agosto de 2010, REVOCA la Sentencia N°19-08 de 03 de marzo de 2008, dictada por el J. Undécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 116 a 126). Al motivar su decisión, el Tribunal Superior explicó lo siguiente: "Las únicas pruebas que la parte actora presentó, además de las certificaciones del Registro Público referentes a las partes, consisten en copia simple de una carta con membrete de la demandada, y un documento denominado "PROSPECTO INFORMATIVO BONOS AGROPECUARIOS". A la copia de la carta antes mencionada se le puede reconocer valor probatorio, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 857 del Código Judicial, y conforme lo indicado en dicha carta, con fecha 25 de noviembre de 1999, la demandada le adjuntó a alguien de una empresa de nombre M. &D., los balances generales de la sociedad demandante correspondientes a los años 1997 y 1998, para ser publicados en dos diarios, así como una leyenda, y le solicitaba que le permitiera copia del arte y cotización para su elaboración y publicación. En vista de que no están acreditadas las obligaciones contractuales de cada parte, no podemos saber si la única obligación que la actora contrajo con la demandada era tener listos sus balances generales, por lo que la carta antes aludida no acredita el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de la actora. Lo mismo podemos decir de la otra prueba presentada por la actora, consistente en un documento denominado "PROSPECTO INFORMATIVO BONOS AGROPECUARIOS." En atención a todo lo antes explicado lo procedente era negar la pretensión de la actora. En la Sentencia apelada la J. condenó a la parte demandada a pagarle a la actora una suma equivalente al abono que la actora indicó le entregó a la demandada en virtud del contrato que celebraron, abono que esta última aceptó haber recibido, lo que consideramos que no procedía por las razones que expondremos a continuación. En primer lugar, debido a que en ninguna parte de su demanda la actora solicitó la devolución de dicho abono, y sabido es que el J. no puede condenar por cantidad superior ni por objeto distinto del pretendido en la demanda (art. 991 del Código Judicial). Y si vemos la condena en mención como el reconocimiento de una indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, tal condena tampoco procedía pues, reiteramos, no puede exigir el cumplimiento de un contrato, la parte que no ha cumplido. Por lo anterior la Sentencia apelada debe ser revocada y, en su lugar, no acceder a la pretensión de la parte actora, así como condenar a esta parte al pago de las costas de ambas instancias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1074 del Código Judicial." Es contra esta Resolución de segunda instancia que el apoderado judicial de CÍTRICOS, S.A., ha formalizado el Recurso de Casación que conoce en esta ocasión la S. y en consecuencia, procede a examinar la Causal invocada y los Motivos que la sustentan. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN El Recurso de Casación presentado por la parte actora, es en el fondo y consta de tres C. consistente la primera en "infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido". Los Motivos que le sirven de fundamento son los que se transcriben a continuación: "PRIMERO: El Tribunal de la alzada, al dictar la sentencia atacada, no tomó en cuenta, a pesar de contar en autos, las pruebas documentales allegadas al proceso (fojas 42, 47, 91, 94, 160, 161, 162 y 167) dan cuenta de que la parte demandada dejó de existir antes de la admisión de la demanda, con lo cual, se debió declarar la no viabilidad del proceso, puesto que, un ente social extinguido no tiene derechos y tampoco obligaciones (fojas 94); ya que, la sociedad DISA SECURITIES, INC., tenía más de tres años extinguida, esto es, ya se habían producido todos los efectos de la disolución y la muerte civil de la sociedad en cuestión demandada. SEGUNDO: El Tribunal de apelaciones al dictar la decisión cuestionada no tomó en cuenta, o pesar de contar en autos, las pruebas documentales allegada al proceso (fojas 160 a la 167) las cuales dan cuenta de que la demandada dejó de existir antes de la admisión de la demanda, con lo cual, se debió decretar la terminación ipso jure de este negocio, puesto que, la parte demandada ya no existía jurídicamente y el proceso de la parte demandada, esto es, no se podía reconocer derecho alguno a dicha parte y tampoco podían constituirse obligaciones a su cargo, por lo que, se debió inadmitir la presente demanda por la desaparición jurídica de la sociedad demandada (se disolvió el 31 de diciembre de 2003). TERCERO: El Tribunal de segunda instancia, en la sentencia que desató la alzada ignoró a pesar de constar en autos , las pruebas documentales allegadas a la encuesta (fojas 93 y 94), que dan cuenta de que la parte demandada no podía otorgar poder alguno después de transcurridos 3 años a partir del momento en que se declaró disuelta la sociedad demandada, puesto que, el curador rindió su informe final (fojas 42 a 44), con lo cual, esa Superioridad no se percató que se había producido la muerte civil de la parte demandada y, que, por lo tanto no debió continuarse con esta demanda por haber desaparecido jurídicamente el ente social demandado. Como consecuencia de los Motivos descritos, el Recurrente alega la violación de los Artículos 780, 834 numerales 2, 3 y 4, Artículo 85 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927; Artículo 241, 253 y 247 del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999. CRITERIO DEL TRIBUNAL Esta Superioridad desea señalar respecto a la primera Causal invocada por el Casacionista, que la infracción de normas de derecho en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, se produce cuando el Juzgador desconoce el medio o elemento probatorio, lo ignora o da por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente. En este sentido, se infiere que el cargo de injuridicidad que le imputa el Casacionista en el primer, segundo y tercer Motivo contra la Sentencia de segunda instancia radica en que el Juzgador Ad quem ignoró las pruebas documentales visibles a fs. 42, 47, 91, 94, 160, 161, 162 y 167, que consiste en: · Resolución CNV N° 318-03 de 31 de diciembre de 2003, que ordena la Liquidación Forzosa administrativa de BANCO DISA, S.A. (fs. 42 a 47); · Auto N°1879-06 de 22 de noviembre de 2006 mediante el cual el Juzgado Undécimo de Circuito Civil admite la Demanda ordinaria declarativa contra DISA SECURITIES, INC. (fs. 91); · F. de notificación del Centro de Comunicaciones Judiciales del Auto N°1978 de 6 de noviembre de 2011 (fs. 94); · Nota CNV-11821-LEG (11) de 24 de noviembre de 2008 emitida por J.M.M.S., Comisionado Presidente de la Comisión de Valores de Panamá (fs. 161 y 162); · Nota CNV-AL-46-04 de 7 de septiembre de 2004, emitida por R.J. De León de Alba Comisionado Vicepresidente de la Comisión de Valores de Panamá (fs. 162 y 163); · Resolución N°478-01 de 11 de diciembre de 2001, mediante la cual la Comisión Nacional de Valores ordena la Liquidación Forzosa (Administrativa) de la Casa de Valores DISA SECURITIES, S.A. (fs. 166 y 167). Estas pruebas según expone el Recurrente, acreditan que la sociedad demandada DISA SECURITIES, INC. es un ente social extinguido que no tiene derechos y tampoco obligaciones, ya que tenía mas de tres años de extinguida, es decir, ya se habían producido todos los efectos de la disolución y muerte civil de la sociedad demandada. Adicional a ello, plantea el Casacionista que estas pruebas acreditan que la parte demandada no podía otorgar poder alguno después de transcurridos 3 años a partir del momento en que se declaró disuelta la sociedad DISA SECURITIES, INC. Este cargo de injuridicidad se fundamenta en la presunta violación directa por omisión del Artículo 780 del Código Judicial, que establece los medios de prueba admitidos por la Ley y del Artículo 784 numerales 2, 3 y 4 que establece el valor probatorio otorgado a los documentos públicos. Una vez revisada la Sentencia objeto de censura, observa la S. que efectivamente como señala el Casacionista, los medios de prueba descritos en los Motivos que sustentan la Causal probatoria, fueron ignorados por el Tribunal Ad quem, puesto que al M. su decisión de Revocar la Sentencia de primera instancia no hace referencia alguna a dichos medios probatorios, todos los cuales constituyen documentos públicos que cuentan con el valor probatorio que de los mismos se desprenda al tenor de lo dispuesto en el Artículo 784 del Código Judicial. Estos documentos, según aprecia la S. acreditan los extremos que a continuación se puntualizan: · El documento visible a fs. 42 a 47, acredita que la Superintendencia de Bancos mediante Resolución S.B. No. 03-2002 de 15 de enero de 2002, ordenó la liquidación Forzosa (administrativa) de BANCO DISA, S.A., quien debe aclarar la S. no ha sido demandado dentro de la presente causa. · Los documentos visibles a fs. 91 y 94, acreditan que el Proceso Ordinario Declarativo interpuesto por CÍTRICOS, S.A., fue admitido por el Juzgado Undécimo de Circuito del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Auto N°1879-06 de 22 de noviembre de 2006, el cual fue debidamente notificado por el Centro de Comunicaciones Judiciales a la parte demandada DISA SECURITIES, INC., el día 26 de enero de 2006. · A fs. 166 y 167, se acredita que mediante Resolución N°478-01 de 11 de diciembre de 2001, la Comisión Nacional de Valores ordenó la Liquidación Forzosa (Administrativa) de la Casa de valores DISA SECURITIES, INC., parte demandada en la presente causa. · A través del documento visible a fs. 160 a 161, consta Nota de contestación de la Comisión Nacional de Valores a la prueba de informe solicitada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el cual se certifica entre otras cosas: "1. Mediante resolución No.478-01 de 11 de diciembre de 2001, la Comisión Nacional de Valores resuelve ordenar la Liquidación Forzosa (Administrativa) de la Casa de Valores DISA SECURITIES INC., en base a la facultad expresa contenida en el artículo 236 del Decreto ley 1 de 1999. 2. Tal como ordenó la citada Resolución se fijó en un lugar visible y público del establecimiento de DISA SECURITIES, INC., el 11 de diciembre de 2001 y el 18 de diciembre de 2001 a las 11:01 AM se desfija, quedando debidamente notificada de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 237 del Decreto ley 1 de 1999. 3.Mediante Resolución CNV No.318-03 de 31 de diciembre de 2003, La Comisión Nacional de Valores resuelve decretar la conclusión del proceso de liquidación forzosa administrativa de DISA SECURITIES, INC.; ordena la disolución de la sociedad, con fundamento en el artículo 253 del Decreto Ley 1 de 1999 y cancela la Licencia de Casa de Valores concedida a DISA SECURITIES, INC.,mediante Resolución CNV No. 345-2000 de 6 de diciembre de 2000. El 7 de septiembre de 2007, mediante Nota CNV-AL-46-04, la Comisión Nacional de Valores comunica al Registro Público las decisiones tomadas mediante esta resolución y se adjunta copia autenticada de esta resolución. La Resolución No. 318-03 de 31 de diciembre de 2003, fue ejecutoriada el 16 de febrero de 2004 cuando la misma fue notificada." · El documento visible a fs.162 y 163, evidencia la comunicación remitida por la Comisión Nacional de Valores al Registro Publico de Panamá de la Resolución CNV N0. 318-03 de 31 de diciembre de 2003 que ordena la disolución de la sociedad DISA SECURITIES, INC. El cargo expuesto en líneas anterior, se sustenta en la supuesta violación directa por omisión del Artículo 85 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927, sobre sociedades anónimas, que es del tenor siguiente: "Artículo 85: Toda sociedad anónima cuya existencia termina por vencimiento del período fijado en el pacto social o por disolución, continuará no obstante por el término de tres años desde esa fecha para fines específicos de iniciar y defender sus intereses como demandada, arreglar sus asuntos, traspasar y enajenar sus bienes y dividir su capital social; pero en ningún caso podrá continuar negocios para los cuales fue contratada". De acuerdo con el Casacionista, el Tribunal Ad quem infringió esta norma, al notificar de la Demanda a la sociedad demandada DISA SECURITIES INC., pues esta sociedad ya había sido disuelta por la Comisión Nacional de Valores desde hacía más de tres años, por lo que la Sentencia de segunda instancia absolvió a un ente social inexistente, cuando lo correcto debió ser la conclusión y cierre del proceso por falta de parte demandada. En atención a la citada norma, una sociedad disuelta puede perfectamente ser objeto de derechos y obligaciones por el término de 3 años luego de ordenada su disolución. En este sentido, observa la S. que la disolución de la sociedad DISA SECURITIES, INC. de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CNV No. 318-03 emitida por la Comisión Nacional de Valores se dio el 31 de diciembre de 2003 y la interposición de la demanda ordinaria declarativa se interpuso el día 23 de agosto de 2005 cuando aún no había vencido el término de tres años planteados por la norma para los fines específicos de defender sus intereses como demandada. Lo anterior resulta del hecho cierto comprobado mediante el documento visible a fs. 160 a 161, a través del cual la Comisión Nacional de Valores da respuesta a la prueba de informe solicitada por el Tribunal Superior en el cual certifica que la disolución de la sociedad DISA SECURITIES, INC. se dio el 31 de diciembre de 2003, por lo cual se contaba hasta el día 31 de diciembre de 2006, (3 años), para defender sus derechos de cualquier Demanda interpuesta en su contra. Así, queda debidamente acreditado que la Demanda interpuesta en su contra se presentó el 23 de agosto de 2005 y debidamente notificado a la sociedad demandada el 26 de enero de 2006 cuando aún, reiteramos, no había vencido el término al cual hicimos referencia en el párrafo anterior. Además, el Artículo 86 de la Ley 32 de 1927, establece que cuando la existencia de una sociedad anónima termine por disolución, los directores actuarán como fiduciarios de la sociedad con facultades para arreglar asuntos, cobrar sus créditos, vender y traspasar sus bienes de toda clase, dividir sus bienes entre sus accionistas, una vez pagadas las deudas de la sociedad; teniendo facultad para iniciar procedimientos judiciales en nombre de la sociedad con respecto a sus créditos y bienes y para representarla en los procedimientos que se inicien contra ella. Por consiguiente, es viable, de acuerdo a la norma citada que contra la sociedad disuelta pudiese interponerse la Demanda que hoy nos ocupa y que por lo tanto, pueden emitirse los poderes correspondientes para defender los derechos de la sociedad disuelta. También alega el Casacionista que la Sentencia objeto de censura violó directamente por omisión de los Artículos 241, 253 y 247 del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, al absolver un ente social inexistente el cual había dejado de existir, con lo cual se imponía la conclusión y cierre del Proceso por faltar la parte demandada. Dicha aseveración, como se pudo observar bajo el análisis de la norma anterior resulta contrario a derecho, puesto que la sociedad demandada disuelta se encontraba dentro del término concedido por la Ley para defender sus derechos ante las Demandas interpuestas en su contra a través de sus fiduciarios, tal como quedó debidamente registrado en la Oficina del Registro Público de Panamá, a través de Nota CNV-AL-46-04 de 7 de septiembre de 2007, por lo que no existe mérito alguno para invalidar la Sentencia objeto de censura bajo esta Causal. En consecuencia, procede la S. a analizar la segunda Causal de fondo probatoria consistente en: "Infracción de las normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo recurrido". Los Motivos que sustentan la Causal son los que se citan a continuación: PRIMERO: El Tribunal de la alzada, no le dio valor de plena prueba, al dictar la sentencia cuestionada, a la confesión que emana de la contestación de los hechos de la demanda (fojas 95 a 97); ya que, en la aceptación de éstos la propia demandada acepta la existencia de contrato mercantil de emisión de bonos, con lo cual, relevó a la parte demandante de la carga de la prueba sobre este extremo y, por lo tanto, le correspondía a ella como demandada probar el incumplimiento de la actora en cuanto a la excepción que ella alegó, por lo que, al valorarse erradamente ésta prueba, afectó lo dispositivo del fallo atacado por el presente recurso. SEGUNDO: El Tribunal de segundo grado, al valorar erradamente, en la sentencia atacada, la confesión analizada en el motivo anterior, no le dio el valor de plena prueba a esta prueba, considerada la reina de las pruebas (fojas 95 a 97), puesto que, descartó la condena en daños y perjuicios, que emana de la propia conducta desplegada por la demandada (actos propios), que dan margen a la indemnización reclamada por la actora, por su incumplimiento contractual, con lo cual, en el caso de que proceda la demanda por haberse extinguido la demandada, debe condenarse en abstracto, puesto que, el yerro valorativo anotado desconoce -insistimos- todo valor probatorio a la confesión in examine lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo atacado. Como disposiciones legales infringidas el Casacionista cita los Artículos 781, 897 del Código Judicial; el Artículo 1105 y 1109 del Código Civil. La prueba que se dice mal valorada por el Ad quem, en ambos Motivos consiste en la confesión que emana de la contestación de la Demanda visible a fs. 95 a 97, en la cual el demandado acepta la existencia de un contrato mercantil de emisión de bonos, con lo cual, según plantea el Casacionista se relevó a la parte demandante de la carga de tener que probar este extremo, correspondiéndole por tanto al demandado tener que probar el incumplimiento de la actora. Con el fin de determinar si el medio de prueba descrito fue mal valorado por el Ad quem, se procede a citar un extracto de las motivaciones expuestas en la Sentencia recurrida relacionadas con el medio probatorio que se dice mal valorado y que constan a fs. 16 y 17 así: "...la parte demandada hizo unos señalamientos de los que se infiere que reconoce que el contrato relacionado con la emisión de bonos se dio con ella, y, por ende, considerásemos acreditada la existencia de dicho contrato, no podemos decir lo mismo respecto a las condiciones del mismo, y mucho menos respecto a que la actora hubiese cumplido con sus obligaciones contractuales para poder tener derecho a reclamarle a la demandada la responsabilidad correspondiente, toda vez que la parte demandada justamente sostiene que decidió no continuar con los trámites para la emisión de los bonos, alegando que la actora no cumplió con una serie de obligaciones y requisitos necesarios para la referida emisión, y la parte actora no presentó elemento alguno que logre demostrar estos extremos. Del extracto de la Sentencia transcrita, evidencia la S. que el Tribunal Ad quem al momento de analizar el medio de prueba citado por el Casacionista y en el que sustenta las conclusiones a las cuales arriba en su decisión, le reconoce fuerza probatoria de conformidad con lo que dispone el Artículo 897 del Código Judicial. Este medio de prueba, le permitió al Juzgador reconocer la existencia del contrato de emisión de bonos agroindustriales entre las partes, en el cual fundamentó el actor su solicitud de indemnización de daños y perjuicios producto del incumplimiento por el demandado. Sin embargo, al analizar la S. detenidamente el escrito de contestación de Demanda se acreditan otros extremos controvertidos que no fueron reconocidos por el Ad quem, específicamente al dar contestación el demandado al hecho tercero de la Demanda (fs. 96) que se transcribe a continuación: Tercero. Este hecho es cierto, tal como lo señala la demanda, por tanto se acepta. Al tema agregamos que, no bastaba con el pago de los gastos de la emisión y la publicación de los estados financieros de la demandante para garantizar una saludable y confiable emisión de bonos agroindustriales, tal como se había convenido; sino que, otros elementos esenciales de esta emisión no fueron cumplidos o la demandante no reunía tales requisitos y elementos para considerar viable la emisión de estos bonos. Como se desprende del escrito de contestación de la Demanda, la sociedad DISA SECURITIES, INC., reconoció que el demandante realizó el pago de los gastos de diligencia del contrato de emisión de bonos agroindustriales así como la publicación de los balances financieros de la sociedad CÍTRICOS, S.A. en los diarios de la localidad. Este reconocimiento, a criterio de esta S. acreditó el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el contrato por parte del demandante. Si bien es cierto, el demandado sostuvo que decidió no continuar con los trámites para la emisión de los bonos, alegando que la parte actora no cumplió con una serie de obligaciones y requisitos necesarios para la referida emisión, le correspondía al demandado que alegó la excepción de contrato no cumplido acreditarlo a través de los medios de prueba correspondientes. En la Sentencia de segunda instancia, el Ad quem simplemente trasladó la carga de la prueba, es decir, de tener que demostrar que cumplió con los términos y condiciones del contrato a quien demostró haber cumplido con el pago de los gastos de emisión del contrato y la publicación de los estados financieros, obligaciones que reiteramos se relacionan con el contrato de emisión de bonos agroindustriales. Por ello, de requerir dicho contrato del cumplimiento por el actor de otras obligaciones cuyo incumplimiento motivó el desistimiento del contrato por parte de la sociedad demandada, le correspondía a ella acreditarlas mediante las pruebas idóneas correspondientes. El fallo impugnado, a criterio de la S. no realizó mayor análisis de los hechos aceptados por el demandado en su escrito de contestación de Demanda, sustentando su decisión de Revocar la Sentencia de primera instancia en conclusiones que no se acreditan a través de los medios de prueba aportados por las partes, pues le restó a dicho medio probatorio el valor que la norma le confiere, violándose así los derechos consagrados en los Artículos 1105 y 1109 del Código Civil; por lo cual, la S. considera que se configura la Causal invocada de errada valoración probatoria y en consecuencia, procede a Casar la Sentencia recurrida y colocada en posición de Tribunal de segunda instancia, dictar la Sentencia de reemplazo que corresponda. Consta en el expediente, que ambas partes interpusieron Recurso de Apelación en tiempo oportuno contra la Sentencia N° 19-08 de 3 de marzo de 2008 emitida por el J. A quo. La sociedad demandada DISA SECURITIES INC. sustentó su alzada (fs.171 a 178) en que la parte actora no acreditó que cumplió las obligaciones a él exigidas por el Contrato de emisión de bonos así como tampoco probó los daños alegados y que fueron reconocidos mediante Sentencia No. 19-09 de 3 de marzo de 2008, que declaró probada la cantidad de B/.24,943.75. También, aduce la demandada excepción de prescripción con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 1650 del Código de Comercio, el cual establece que las acciones en materia comercial prescribirán a los cinco años y si se toma como fecha de partida el 20 de diciembre de 1999 cuando se comunicó por parte de la empresa demandada el deseo y voluntad de desistir de la emisión de bonos al momento en que se presentó la encuesta civil el 23 de agosto de 2005, dicha acción estaba prescrita. Por su parte, la demandante en su escrito de alzada (fs. 179 a 182) señala que cumplió con todos los requisitos exigidos por el Banco de Desarrollo Industrial, S.A., a través de la demandada DISA SECURITIES, INC. para perfeccionar el Contrato de Emisión de Bonos, como es: exigencia del "Due Diligence" y, en adición, se publicaron los balances financieros (sic) de la actora en los diarios de la localidad. Adicional a ello, señala que la emisión de los bonos corporativos agroindustriales, habían sido autorizados por llenar los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores. Continúa señalando el Recurrente, que Banco Disa a través de la demandada suspendió abrupta y unilateralmente la emisión de los referidos bonos, causándole graves problemas a la actora, lo que se explica por el estado de iliquidez en que se encontraba dicha entidad. Como fundamento de lo pretendido, la parte actora cita lo dispuesto en los Artículos 976 y 1109 del Código Civil, que hacen referencia a que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre la partes contratantes y que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza sean conforme a la buena fe, al uso y a la Ley. Por lo expuesto, solicita que la sociedad DISA SECURITIES, INC., en virtud de su conducta dolosa sea condenada al pago de los daños y perjuicios, en forma solidaria con su filial el Banco de Desarrollo Industrial, S.A. (Banco Disa), a la sociedad CÍTRICOS, S.A., por la suma de B/. 1,227,452.05 en concepto de capital, salvo mejor tasación pericial, más los intereses legales causados y los que se causen en el futuro. Como se desprende de lo hasta aquí expuesto, nos encontramos frente a una reclamación de naturaleza contractual derivada del incumplimiento de un Contrato de Emisión de Bonos Agroindustriales suscrito entre CÍTRICOS, S.A. y DISA SECURITIES, INC., quienes por ser personas de Derecho Comercial al momento de la suscripción del mismo, deberán serle aplicables las normas del Código de Comercio así como supletoriamente las normas del Código Civil. De las constancias obrantes en el expediente se logró acreditar los hechos que nos permitimos puntualizar a continuación: · La existencia del Contrato de emisión de bonos agroindustriales, mediante la aceptación por parte del demandado en el escrito de contestación de Demanda (ver hecho primero y segundo). · El pago efectuado por el actor en concepto de gastos de la emisión de bonos por la suma B/. 15,530.00, así como la publicación de los estados financieros de la demandante (ver hecho tercero del escrito de contestación de Demanda fs. 96 y 97). · Que el 20 de diciembre de 1999 DISA SECURITIES, INC. comunicó a CÍTRICOS, S.A., la intención, deseo y voluntad de desistir de la emisión de los bonos en mención y de dar por terminada la relación contractual hasta esa fecha. (ver hecho cuarto del escrito de contestación de Demanda fs.97). Ante los hechos reconocidos por el demandado, debe señalar la S. que no existe duda alguna que entre CITRICOS, S.A. y DISA SECURITIES, INC., se suscribió un contrato para la emisión de bonos agroindustriales. Sin embargo, no consta dentro de las constancias probatorias aportadas prueba alguna que acredite las condiciones o cláusulas a las cuales se encontraban sujetados ambas partes y que le permitan a la S. establecer con la claridad que se requiere el cumplimiento o no de las mismas por parte de sus suscriptores. Ahora bien, la parte demandante logró acreditar mediante prueba visible a fs. 95 a 97, el pago de la suma de B/.15,530.00 en concepto de pago de emisión de bonos, hecho que como señalamos en líneas anteriores fue aceptado por el demandado y el cual constituyó una obligación para el actor derivada del Contrato suscrito entre ellos. Otro hecho reconocido por el demandado y que se configura en una obligación para el demandante fue la publicación de los estados financieros de la sociedad CÍTRICOS, S.A., en los diarios de circulación nacional. De los hechos acreditados, advierte la S. que el demandante cumplió con dos obligaciones que claramente se derivan del Contrato de emisión de bonos, lo cual nos indica que sí hubo cumplimiento de parte del actor. Otro hecho de vital importancia, que se acredita mediante el reconocimiento que hace el demandado en el escrito de contestación de Demanda, es que la relación contractual suscrita entre ellos se dio por terminada a través de la Nota de 20 de diciembre de 1999 que fuera enviada por la sociedad demandada DISA SECURITIES, INC. en la cual pone en conocimiento de CÍTRICOS, S.A., su deseo e intención de dar por terminada la relación contractual, sin que se aporte prueba alguna que establezca las razones que sustentan dicha decisión. Bajo estos hechos, considera la S. que al constar en el expediente que el demandante cumplió con dos obligaciones derivadas del Contrato de emisión de bonos, correspondía al demandado al alegar la excepción de contrato no cumplido y acreditar que el demandante no cumplió con todas las obligaciones a las que se había comprometido de conformidad con los términos del contrato, para que el demandado procediera a dar cumplimiento a las suyas y ello por disponerlo así el Artículo 236 del Código de Comercio que a la letra dice: "Artículo 236: Aquel a quien se exigiere el cumplimiento de un contrato bilateral, no podrá ser obligado a ello sino en tanto que la otra parte hubiere cumplido el contrato en lo que le concierne o se declare dispuesta a cumplirlo, a no ser que tenga a su favor un plazo según las cláusulas o la naturaleza del contrato." La norma legal transcrita, contempla aquellas circunstancias relacionadas con la petición o exigencia que se haga en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, la Corte ha sostenido en fallos anteriores que para exigir la indemnización por daños y perjuicios deben configurarse dos supuestos básicos: la naturaleza sinalagmática o bilateral de la relación contractual y la omisión en que haya incurrido la parte contra la cual se reclama el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Por ello, al no existir en la legislación mercantil ninguna disposición equivalente al Artículo 1009 del Código Civil, por mandato expreso de los Artículos 5 y 194 del Código de Comercio la materia relativa a la facultad de resolver las obligaciones de contenido mercantil con indemnización de daños y perjuicios se tiene que ventilar a la luz de lo dispuesto por el Artículo 1009 del Código Civil, que al respecto señala: Artículo 1009: La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que lo autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1159, 1160 y 1161, y a las disposiciones contenidas en el Título del Registro Público. Del análisis de la norma transcrita debe advertir la S. que al acreditar la parte demandante que cumplió con sus obligaciones contractuales, le asiste el derecho a reclamarle a la demandada la responsabilidad correspondiente. Ahora bien, al alegar el demandado la excepción de contrato no cumplido, invierte con ello la carga de la prueba, pues le correspondía acreditar mediante los medios de prueba idóneos que la actora no cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato en el que fundamentan su pretensión, hecho que no acreditó, dado que no fue aportado por ninguna de las partes el tan citado Contrato, el cual existe aún en el evento que no haya prueba escrita del mismo ante el reconocimiento que del mismo hicieron las partes. Resulta, luego del examen del caso, que el primer obligado, o sea, CÍTRICOS, S.A., cumplió con obligaciones emanadas del Contrato de emisión de bonos agroindustriales, tales como: en emitir un pago por la suma de B/. 15,350.00 a favor de DISA SECURITIES, INC. y de publicar los balances financieros de CÍTRICOS, S.A., en los diarios de la localidad. Sin embargo, al acreditarse que la parte demandada fue quien de forma unilateral decidió desistir de la solicitud de aprobación presentada del Contrato de emisión de bonos agroindustriales, no podía la demandada interponer en su defensa la excepción de contrato no cumplido, como lo hizo. A juicio de la S., la excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus) invocada por el demandado, no es procedente, pues de los hechos reconocidos en el expediente el único que cumplió con las obligaciones dimanantes del Contrato fue el demandante CÍTRICOS, S.A. El demandado DISA SECURITIES, INC. no logró acreditar el incumplimiento contractual de la sociedad demandante así como tampoco acreditó haber cumplido con la obligación que le imponía el pacto que era continuar con los trámites del Contrato de bonos agroindustriales. Finalmente en cuanto a la excepción de prescripción alegada por DISA SECURITIES, INC., debe señalar la S. que al encontrarnos frente a una sociedad cuya disolución fue ordenada por la Comisión Nacional de Valores el 31 de enero de 2003, el Artículo 240 de la Ley 1 de 8 de julio de 1999 de la Comisión Nacional de Valores establece respecto a los términos de prescripción de las acciones dentro de los cuales sea titular la sociedad disuelta, lo que se transcribe a continuación: Artículo 240: "Cuando una institución registrada se encuentre en estado de liquidación forzosa, se entenderán suspendidos hasta por séis (6) meses los términos prescriptivos de todo derecho y de toda acción de que sea titular la institución registrada, así como los términos en los juicios o procedimientos en que la institución registrada sea parte". La norma transcrita establece claramente, respecto a los términos prescriptivos de las sociedades disueltas, que los mismos serán suspendidos hasta por seis (6) meses en todos aquellos juicios en que sea parte la institución registrada. En base a ello, si el demandado comunicó a través de Nota de 20 de diciembre de 1999, su interés de desistir del contrato y la demanda fue interpuesta el 23 de agosto de 2005, dicho término vencía de conformidad con la norma citada el 23 de febrero de 2006, fecha en la cual ya había sido notificado el demandado DISA SECURITIES, INC por el Centro de Comunicaciones Judiciales de acuerdo a las constancias del expediente. En consecuencia, el término de prescripción que consagra el Artículo 1650 del Código de Comercio dentro de la presente acción se interrumpió por el término de séis (6) meses por razón de la intervención de la sociedad demandada, no configurándose así el término de prescripción previsto por la norma y alegado por el demandado. Es por ello, que esta S. ante el reconocimiento del derecho que le asiste al demandante por los daños y perjuicios solicitados en el petitum de la Demandagenerados producto del incumplimiento contractual de DISA SECURITIES, INC., por la emisión de bonos agroindustriales y ante la falta de elementos probatorios que nos permitan establecer la cuantificación de los daños y perjuicios generados, procederá esta Colegiatura a ordenar la condena en abstracto de los daños y perjuicios que sufrió el demandante producto del incumplimiento contractual, pues por el tipo de relación contractual que consistía en la emisión de bonos para ser comercializados en la Bolsa de Valores y habiendo cumplido CÍTRICOS, S.A. con su obligación del pago de la suma de B/15,530.00, ello generaba una expectativa favorable a la situación financiera de dicha empresa, lo que no se dio por culpa del incumplimiento contractual de DISA SECURITIES, INC. Para estos efectos, se deberá tomar en cuenta como base que la suma de dinero que resulte de dicha condena no podrá ser superior a la cantidad de B/. 1,227,452.05, que es la cantidad señalada por el demandante como cuantía de la obligación en el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia de primera instancia visible a fs. 182 del expediente. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia dictada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá de fecha 16 de agosto de 2010, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario que CÍTRICOS, S.A. le sigue a DISA SECURITIES, INC. y actuando como Tribunal de instancia, REVOCA la Sentencia N°19-08 de 3 de marzo de 2008 dictada por el J. Undécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y en su lugar RESUELVE: PRIMERO: CONDENA EN ABSTRACTO al demandado DISA SECURITIES INC., a pagarle los daños y perjuicios al demandante CÍTRICOS, S.A., por el incumplimiento del Contrato de emisión de bonos agroindustriales cuya cuantía será determinada de acuerdo al procedimiento de liquidación de condena en abstracto establecido en el Artículo 996 del Código Judicial. Para estos efectos, se tomará en cuenta como base que la suma de dinero que resulte de dicha condena no podrá ser superior a la cantidad de B/1,227,452.05, que es la cantidad señalada por el demandante como cuantía de la obligación en el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia de primera instancia visible a fs. 182 del expediente. SEGUNDO: La condena en costas de primera instancia deberá fijarse una vez liquidada la condena en abstracto. La imperativa condena en costas de segunda instancia y de Casación, contra la parte demandada y a favor del actor, se fija en la suma de B/. 600.00. TERCERO: Una vez liquidada la condena en abstracto, calcule la Secretaría del Juzgado de primera instancia, los gastos del proceso a tenor de lo contenido en los Artículos 1069 y siguientes del Código Judicial y los intereses legales conforme el Artículo 993 del Código Civil. N.. OYDÉN ORTEGA DURÁN HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA ---HARLEY J. MITCHELL D. SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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