Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 17 de Julio de 2013

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución17 de Julio de 2013
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Corresponde a esta S. Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, resolver el recurso de casación formalizado por FUNDACIÓN GREEN SEASON y K.D.C. WING DE DO, contra la resolución de 5 de enero de 2011 (fs.159-180), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario instaurado por R.E.C.G., actuando en nombre y representación de sus hijos menores de edad S.Y.W. CASTILLO y C.A.W.C.F.G.S. y K.D.C. WING DE DO.

ANTECEDENTES

La señora R.E.C., en representación de sus menores hijos, S.Y.W. CASTILLO y C.A.W.C., compareció a los estrados del Juzgado Undécimo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, con el propósito que se decrete la Nulidad de la donación de fincas pertenecientes a C.W.U. (Q.E.P.D.), realizada por medio de la Escritura Pública No.9438 de 27 de octubre de 2004, y la venta de derechos hereditarios de C.W.U. (Q.E.P.D.), efectuada mediante la Escritura Pública No.9439 de 27 de octubre de 2004, ambas extendidas por la Notaría Pública Duodécima del Circuito de Panamá, así como la condena a los demandados al pago de costas y los gastos del proceso.

Expone la parte actora que el 8 de octubre de 2004, la Notaria Tercera del Circuito de Chiriquí, concurrió al centro médico donde se encontraba hospitalizado el señor C.W.U. (Q.E.P.D.), a efecto de tomar su huella digital, "para hacer valer una minuta de P. General previamente entregada a ella por K.D.C. WING DE DO." Acota que la aludida minuta fue elevada a escritura pública, y en ella se incorpora un certificado médico sobre la condición del poderdante.

En esa línea de pensamiento, denota que a través de la Escritura Pública No.1512 de 18 de octubre de 2004, expedida también por la Notaría Tercera, se constituyó la FUNDACIÓN GREEN SEASON, estableciendo en la cláusula séptima del Pacto que la beneficiaria de la fundación es su miembro inicial y presidente del Consejo, la señora K.D.C. WING DE DO.

Por otra parte, señala la demandante que conforme a la Escritura Pública No.9438 de 27 de octubre de 2004, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, K.D.C.W.D.D., actuando en nombre y representación de C.W.U. (Q.E.P.D.), donó a título gratuito a la FUNDACIÓN GREEN SEASON las Fincas 3220 y 4262 pertenecientes a éste, cuyo valor supera los B/.200,000.00. De igual manera, mediante la Escritura Pública No.9439, de la misma fecha, vendió a la citada Fundación los derechos hereditarios que correspondían a C.W.U. (Q.E.P.D.), en la sucesión de M.U.V. o M.U. de Wing, afectando la adjudicación de las Fincas No.6850, 3220 y 4262.

Concluye manifestando que actuando como mandataria, K.D.C. WING DE DO, adquirió para sí, por medio de una persona jurídica intermediaria (FUNDACIÓN GREEN SEASON), y a través de venta y donación, bienes inmuebles pertenecientes a la persona que dice representar, lo que generó como resultado que los actos efectuados dejen sin derecho a heredar a los hijos menores de C.W.U. (Q.E.P.D.).

Surtidos los trámites inherentes al proceso, la Juzgadora de la causa resolvió la controversia por medio de la Sentencia N°34-08 de 5 de mayo de 2008, consultable a fojas 139-145 del expediente, en la que absolvió a los demandados de la pretensión incursada contra ellos. Ante la decisión en referencia, interpuso recurso de apelación el apoderado judicial de la parte actora, lo que motivó que el Primer Tribunal Superior, del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de 5 de enero de 2011 (fs.159-180), revocara la decisión de primera instancia, de forma que su parte resolutiva quedara así:

DECLARA DE OFICIO la nulidad absoluta del contrato de donación de las cuotas partes pertenecientes a C.W.U. (Q.E.P.D.) de la Finca N°3220 inscrita al tomo 277, folio 382 y de la Finca N°4262 inscrita al tomo 333, folio 192 de la Sección de la Propiedad del Registro Público, que consta en la Escritura Pública N°9438 del 27 de octubre del 2004 de la Notaría Pública Duodécima del Circuito de Panamá; y la venta de los derechos hereditarios de C.W.U. que consta en la Escritura Pública N°9439 del 27 de octubre del 2004 extendida por la Notaría Pública Duodécima del Circuito de Panamá.

SE ORDENA al Registro Público que cancele las inscripciones de las enajenaciones hechas en las escrituras públicas previamente descritas a favor de FUNDACIÓN GREEN SEASON para que quede vigente la inscripción anterior donde aparece C.W.U. como propietario de una cuota parte de cada finca antes descritas.

SE CONDENA a la parte demandada al pago de costas por el trabajo en derecho y dada la naturaleza de la pretensión declarativa se fijan en la cantidad de B/.8,509.80.

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA.

Como se expresara en párrafos precedentes, el apoderado judicial de FUNDACIÓN GREEN SEASON y K.D.C. WING DE DO, promovió recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior, siendo admitidas las tres (3) modalidades de fondo invocadas, a saber: aplicación indebida de la ley, violación directa e interpretación errónea de la norma de derecho, las cuales pasamos a examinar en el orden enunciado.

En cuanto al concepto de aplicación indebida de la ley, el casacionista lo funda en cuatro (4) motivos, que son del tenor siguiente:

"PRIMERO: No obstante que aparece de manifiesto que en el Contrato de Mandato o P. Amplio de Administración y Disposición (foja 10) otorgado por el señor C.W. a favor de su hija K.W.D.D., aquél facultó a esta última para comprar, vender, enajenar y transferir todos sus bienes, concurriendo en dicho acto los elementos de consentimiento, objeto, causa y solemnidades, el Tribunal de Segunda Instancia procede a Declarar de Oficio la Nulidad Absoluta de dicho contrato, manifestando erróneamente que la mandataria no tenía facultades expresas para donar las cuotas partes de las fincas del mandante a favor de la FUNDACIÓN GREEN SEASON, cuando es estentóreo que dicha facultad sí fue conferida expresamente. Al declarar de Oficio la Nulidad Absoluta del Contrato de Mandato, aplicó las normas concernientes a la Nulidad Absoluta a un hecho no conforme a su hipótesis.

SEGUNDO

Pese a que el Tribunal Superior reconoció que en el Contrato de Mandato o P. General Amplio de Administración y Disposición conferido por C.W. a favor de K.W. DE DO (foja 10) incluía las facultades de administración, compra, venta, adquisición, transferencia y enajenación en cualquier forma de todos sus bienes presentes o futuros, equivocadamente condicionó la validez de estas facultades al hecho de que se mencionara expresa o literalmente en dicho contrato que el mandante facultaba a la mandataria para donar sus bienes, lo que condujo a dicho Tribunal a considerar, erróneamente, que la mandataria K.W. DE DO no tenía la capacidad legal para celebrar el contrato de donación de los bienes inmuebles del mandante a favor de la FUNDACIÓN GREEN SEASON (fojas 21-25) y, por tanto, Aplicó Indebidamente las normas relativas a la Nulidad Absoluta, declarando de Oficio dicha sanción. Si el Tribunal hubiese observado el contrato de mandato y específicamente las facultades conferidas a la mandataria, habría colegido que la facultad de donar los bienes del mandante estaba comprendida en la facultad de transferir, comprar o enajenar en cualquier forma todos sus bienes (incluyendo en esas facultades la de donar sus bienes) y, por ende, no hubiese aplicado impropiamente las normas y principios relativos a la Nulidad Absoluta y no hubiese declarado de Oficio dicha Nulidad.

TERCERO

Al considerar el Tribunal Superior de Justicia que K.W.D.D., en su condición de mandataria, incumplió la prohibición legal de comprar para sí o por interpuesta persona los derechos hereditarios del mandante C.W., procede a decretar de Oficio la Nulidad Absoluta del Contrato de Venta de Derechos Hereditarios (fojas 27 y 28), aplicando indebidamente normas típicas de esta clase de Nulidad, lo cual hace violando la ley por cuanto dicho supuesto nunca acarrea la Nulidad Absoluta. De manera que, con yerro inexcusable, el Primer Tribunal Superior de Justicia ha aplicado indebidamente normas de Nulidad Absoluta a una hipótesis sobre la cual jamás puede recaer dicha sanción debida a que el supuesto de hecho, al extremo conllevaría incapacidades relativas, no absolutas. Por ende, decretó ilegalmente dicha Nulidad Absoluta de manera Oficiosa ignorando, al unísono, la capacidad y la facultad expresa que tenía la mandataria para vender o enajenar de cualquier forma los bienes del mandante y para comprar los mismos.

CUARTO

Si bien, en términos generales, cabe que el Primer Tribunal Superior de Justicia reconozca en la sentencia la existencia de una nulidad contractual absoluta al tenor de las disposiciones legales vigentes, tal circunstancia ha de aparecer manifiesta en el expediente, y en la controversia desatada no se acreditó la ausencia de los elementos esenciales para la formación y validez de esos contratos. Por tanto, al haber aplicado normas que consagran la Nulidad Absoluta a actos que no la padecen, y al haberla declarado de Oficio, ha incurrido en indebida aplicación de la ley, la cual ha influido sustancial y decididamente en lo sustantivo del fallo. En concreto, el Tribunal recurrido aplicó indebidamente normas de Nulidad Absoluta y procedió a decretarla de Oficio, a presupuestos no subsumidos en dichas normas o no regulados por ella." (fs.191-192)

Como normas de derecho infringidas, el recurrente indica los artículos 1141, 1143 y 1229 numeral 3 del Código Civil.

Es importante tener presente, que la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de aplicación indebida se configura cuando la norma, pese a ser entendida correctamente, es aplicada a un hecho probado, pero no regulado en ella.

En tal sentido, asevera el recurrente que el Tribunal Superior incurrió en el error de declarar la nulidad absoluta del contrato, con base en que la mandataria no tenía facultad expresa para donar las cuotas partes de las fincas, cuando sí contaba con ella; en similar sentido, sostiene que en la resolución impugnada se reconoció la existencia de facultades, pero condicionando su validez a que estuvieran mencionadas expresa o literalmente, soslayando que la potestad de donar está comprendida en la de transferir, comprar o enajenar.

Por otro lado, el casacionista manifiesta que el Tribunal se equivocó al decretar la nulidad absoluta de manera oficiosa, ignorando la capacidad y facultad expresa de la mandataria de vender o enajenar de cualquier forma los bienes del mandante, amén de que el comprar los derechos hereditarios de C.W. (Q.E.P.D.), para sí o por interpuesta persona, no acarrea la nulidad absoluta, sino que podría conllevar incapacidades relativas.

El último cargo, alude a que en el expediente no se acredita la ausencia de los elementos esenciales para la formación y validez de los contratos, de allí que la censura estime que se incurrió en la aplicación indebida de normas que consagran la nulidad absoluta, a actos que no la padecen.

Ahora bien, acerca del tópico abordado, la resolución impugnada en casación expresa:

"Al examinar dicha pretensión, este Tribunal Colegiado estima que es viable desatar la presente litis con fundamento en las normas sobre las nulidades de los actos y contratos contenidas en los artículos 1141 y siguientes del Código Civil, al igual que con el tercer numeral del artículo 1229 de la misma excerta legal, porque esta última norma no excluye la aplicación de las primeras, sino que es concordante con ellas sobre la nulidad de los contratos; y, en esa medida, esta Sede Judicial no coincide con la parte actora recurrente al manifestar, en su impugnación, que el fallo de primera instancia se fundamentó en una norma legal que regula un supuesto distinto al que recoge el numeral tercero del artículo 1229 del Código Civil.

...

Si bien la solicitud de nulidad de los contratos que celebró la señora K.D.C. WING DE DO, actuando como mandataria, se hizo bajo la fundamentación fáctica de que dicha demandada obtuvo para su beneficio personal, por intermedio de la Fundación demandada, los bienes de su mandante, mediante el ejercicio de un poder general amplio de administración y disposición, calificado de espúreo por la parte actora, dadas las circunstancias que rodearon su otorgamiento, y porque dicho beneficio le estaba prohibido por mandato del inciso tercero del artículo 1229 del Código Civil, que establece la limitación a los mandatarios de adquirir en 'compraventa', ya sea por sí o por persona intermediaria, aquellos bienes cuya administración o enajenación estuviesen encargados, lo cierto es que al examinar las facultades otorgadas en dicho poder, indistintamente que al proceso no se haya acreditado que, en el momento de su otorgamiento, el señor C.W.U. (Q.E.P.D.) no estaba en plenitud de sus facultades mentales para dar el consentimiento, esta Superioridad observa que al celebrar la demandada los contratos de donación y de venta de derechos hereditarios con la persona jurídica también demandada, FUNDACIÓN GREEN SEASON, existió en dichos actos jurídicos la presencia de causales de nulidad absoluta por la falta de requisitos esenciales para su formación y que el Tribunal de primera instancia debió reconocer, con fundamento en el artículo 1143 del Código Civil.

En ese orden, al examinar las facultades otorgadas en la cláusula primera del discutido P. General Amplio de Administración y Disposición, para el proceso tienen especial interés las indicadas en el acápite a), que están fijadas literalmente de la siguiente forma:

'a) Administrar, comprar, vender, hipotecar, adquirir, transferir, y en cualquier otra forma enajenar todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros, que pertenezcan al EL PODERDANTE, así como recibir los precios de dichas enajenaciones;'

Conforme a estas facultades, la señora K.D.C. WING DE DO no tenía capacidad para donar los bienes del señor C.W.D.U. (Q.E.P.D.), ya que a pesar de lo amplio como parece otorgada la facultad para disponer de los bienes del poderdante, los mandatarios no pueden, sin facultad especial y expresa, donar los bienes del mandante de cuya administración estuvieren encargados, ya que ese es el sentido que debe dársele al inciso segundo del artículo 1404 del Código Civil, cuando señala que para 'ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio', como es la donación, 'se necesita mandato expreso'." (fs.173-175)

De lo transcrito, se colige que al resolver el conflicto el Tribunal Superior aplicó el contenido de los artículos 1141, 1143 y 1229 numeral 3 del Código Civil, tal y como afirma el casacionista, los que para mayor ilustración se reproducen seguidamente:

Artículo 1141. Hay nulidad absoluta en los actos o contratos:

1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia;

2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene;

3. Cuando se ejecuten o celebren por personas absolutamente incapaces, entendiéndose únicamente por tales, los dementes, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y los menores impúberes.

Artículo 1143. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, puede igualmente pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por la prescripción extraordinaria.

"Artículo 1229. No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona intermediaria:

  1. ...

  2. ...los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados.

  3. ...

  4. ...

Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones hereditarias entre coherederos, o de cesión en pago de créditos, o de garantía de los bienes que posean.

La prohibición contenida en el número 5 comprenderá a los abogados respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio."

Al explicar las infracciones a las disposiciones, el casacionista señala que se aplicó indebidamente el numeral 1 del artículo 1141 del Código Civil, puesto que en el contrato de donación de bienes inmuebles y de venta de derechos hereditarios de C.W. (Q.E.P.D.), convergen los elementos esenciales para la formación y existencia de los contratos, y que la donación se efectuó con base en las amplias facultades de disposición otorgadas a la mandataria, K.W., razón por la cual, no se configura la falta de consentimiento.

Sobre el particular, advierte la S. que en la copia autenticada de la Escritura Pública No.1443, expedida por la Notaría Tercera del Circuito de Chiriquí (ver fs.10-11), por la cual C.W.U. concede P. General amplio de administración y disposición a favor de K.D.C. WING DE DO, el M. es claro al disponer las facultades que le confiere a la Mandataria, sin que en el recuento mencione la potestad de donar los bienes que se le entregan en administración, por el contrario, se hace la salvedad que la Apoderada podrá recibir los precios de las enajenaciones que lleve a cabo, con base en el poder a ella otorgado, situación que es a todas luces incompatible con una donación, habida cuenta que las donaciones son actos jurídicos que se realizan como una mera liberalidad, transmitiendo gratuitamente algo propio, para que otra persona lo acepte.

Valga acotar que definitivamente se trata de un acto de riguroso dominio, como lo denotó el Tribunal Superior, mas no se requiere que la facultad de donar se señale expresamente entre las que se confieren mediante mandato (poder general de administración), ya que la donación constituye de por sí una enajenación, potestad conferida a la Mandataria.

Por otro lado, en lo tocante al numeral 3 del artículo 1141 lex cit., que según el casacionista fue vulnerado debido a que K.W. no es demente, sordomuda que no pueda darse a entender, ni es impúber, condiciones que describe la norma para proceder a la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos, a criterio de esta Corporación, del contenido de la resolución impugnada en casación no se desprende que esa sea una de las razones empleadas para decretar la nulidad absoluta de lo actuado, de allí que mal pueda emitirse pronunciamiento alguno sobre su aplicación indebida.

En lo atinente a la alegada concurrencia de los elementos esenciales para la formación y existencia del contrato de venta de derechos hereditarios, que en opinión del casacionista impide su declaratoria de nulidad absoluta, la S. se pronunciará al referirse acerca de la infracción del artículo 1229 del Código Civil.

En cuanto al artículo 1143 del mismo cuerpo legal, indica la censura que la sentencia de segunda instancia violó dicha disposición por comisión, ya que los hechos no corresponden con la hipótesis que contiene, debido a que existen todas las condiciones esenciales para la validez y formación de los contratos de donación y venta de derechos hereditarios.

Al respecto, siendo que en el mandato se enunciaron las potestades que C.W. (Q.E.P.D.) confirió a K.D.C.W., estableciendo que ésta debe percibir los beneficios generados de las enajenaciones efectuadas, estima esta Superioridad que, como lo dice la sentencia de segunda instancia, el contrato de donación carece de consentimiento y, por lo tanto, es nulo, ya que si bien es cierto que la Mandataria está facultada para enajenar los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del P., no puede soslayarse que la instrucción fue recibir los precios generados de las enajenaciones que llevara a cabo, es decir, recibir una contraprestación, lo que no sucede tratándose de una donación.

La última disposición cuya aplicación indebida se invoca, es el numeral 3 del artículo 1229 del Código Civil, exponiendo la censura que el Tribunal Superior incurrió en error al considerar que la prohibición contenida en él provoca la nulidad absoluta del contrato de venta de derechos hereditarios, cuando lo que ocasiona es la nulidad relativa, "ya que los mandatarios no están incapacitados absolutamente para celebrar contratos en general." Además, denota que las causales establecidas en la norma, corresponden a incapacidades relativas, lo que configura la acción de rescisión de los actos o contratos a petición de parte interesada, y no puede ser declarada oficiosamente.

A propósito de lo anterior, es menester tener presente que nuestra legislación preceptúa que para que un contrato sea válido deben concurrir tres (3) requisitos esenciales, a saber: consentimiento de los contratantes, objeto cierto materia del contrato y causa (cfr. art.1112 del Código Civil), y que la falta de alguno de ellos acarrea la nulidad absoluta del convenio (ver art. 1141 lex cit.).

Con fundamento en lo expresado, corresponde a la S. determinar si el contrato de venta de los derechos herenciales pertenecientes a C.W.U. (Q.E.P.D.), a favor de FUNDACIÓN GREEN SEASON, cuya copia autenticada obra a fojas 27-30 del expediente, reúne los elementos esenciales para su formación y existencia, como afirma el casacionista, o si se ha configurado alguna causal de nulidad, sea absoluta o relativa.

En esa línea de pensamiento, advierte la S. que el actuar de K.D.C.W.D.D., obedece a un poder general de administración otorgado por su padre, en el cual se establecen a su favor las facultades de administrar, comprar, vender, hipotecar, etc., los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros que le pertenezcan, entre los que se encuentran los derechos hereditarios del poderdante en el Proceso de Sucesión Intestada de M.U. de Wing (Q.E.P.D.), que recaen específicamente sobre la cuota parte de tres fincas, es decir, se trata de un contrato de mandato.

De igual manera, observa esta Corporación que la adquirente de los aludidos derechos hereditarios, FUNDACIÓN GREEN SEASON, fue constituida a través de la Escritura Pública No.1512 de 18 de octubre de 2004, expedida por la Notaría Tercera del Circuito de Chiriquí (fs.12-19), la que según señala el documento fue fundada por K.D.C.W.D.D., quien la preside, nombra los miembros del Consejo de la Fundación (órgano supremo), y es su beneficiaria.

Ahora bien, el referido numeral 3 del artículo 1229 del Código Civil, dispone que los mandatarios no podrán adquirir por compra (subasta pública o judicial), por sí o a través de intermediario, los bienes cuya administración o enajenación le han sido confiados; se trata de una limitación impuesta expresamente a quienes se encargan de decidir cuál será el destino de determinado patrimonio, cuyo objetivo es evitar que el mandatario pueda obtener un beneficio personal o aprovechar ciertas ventajas, en detrimento de la confianza depositada en él por el mandante, o respecto a otros posibles adquirentes.

Vemos, entonces, que en el caso que ocupa la atención de la S. existe una Mandataria, quien preside y es beneficiaria de una Fundación, a la que, en uso de la facultad otorgada en el poder de administración, le vendió derechos hereditarios que pertenecían al M.. La situación planteada, en opinión de esta Corporación, se ajusta claramente a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1229 lex cit.

Con base en lo anterior, deviene imperativo determinar si el convenio de compra está viciado de nulidad absoluta o relativa, a lo que esta Corporación debe indicar que el contrato que ampara la adquisición de los derechos hereditarios que correspondían a C.W.U. (Q.E.P.D.), por la FUNDACIÓN GREEN SEASON, está viciado de nulidad absoluta por carecer de causa lícita, toda vez que el fin de la compraventa realizada es que los bienes que conforman el caudal hereditario de M.U. de Wing (Q.E.P.D.), pertenezcan a la fundación cuya beneficiaria es la Mandataria, lo que implica que K.D.C. WING DE DO, en contravención a lo normado en el artículo 1229 numeral 3 del Código Civil, adquirió por compra bienes de cuya administración fue encargada.

En otras palabras, como quiera que la causa de la obligación contractual, específicamente del convenio suscrito para obtener los derechos hereditarios del M., es la adquisición por compra de la Mandataria a través de la FUNDACIÓN GREEN SEASON, encontrándose dicha gestión prohibida expresamente en nuestra legislación, se constituye en causa ilícita, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1126 lex cit.

Al ser ilícita la causa de la aludida obligación contractual, no produce efecto alguno, por lo que se reputa inexistente y, al faltar uno de los requisitos esenciales para la existencia y validez de los contratos, en acatamiento a lo normado en el artículo 1141 del mismo texto legal, el acuerdo resulta nulo de nulidad absoluta.

Confrontadas las normas citadas, con los cargos que el recurrente endilga a la sentencia de segunda instancia y la motivación del Tribunal Superior, la S. considera que los artículos 1141, 1143 y 1229 numeral 3 del Código Civil, no han sido aplicados indebidamente, razón por la cual, se desestiman las imputaciones y se procede al examen de la siguiente causal, violación directa de la norma, la que está basada en tres (3) motivos, que son del siguiente tenor:

"PRIMERO: Con desconocimiento de la regla de derecho que recoge la santidad de los contratos y que expresa que los contratantes están en capacidad de establecer las cláusulas y estipulaciones que estimen convenientes siempre que no sean lesivas a la moral y al orden público, el Primer Tribunal Superior de Justicia sancionó con la Nulidad Absoluta los contratos de donación (fs. 21-25) y venta de derechos hereditarios (fs.27-28) suscritos por la mandataria K.W. en nombre y representación del mandante C.W., a pesar de que ambos fueron celebrados circunscribiéndose a las facultades otorgadas a aquélla por éste dentro del Contrato de Mandato o P. General y Amplio de Administración y Disposición (f.10).

SEGUNDO

Con infracción de la regla de derecho que indica que los contratos generalmente se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes y que obligan, no sólo al cumplimiento de lo pactado, sino también a las consecuencias que se deriven de él, el Tribunal Superior de Justicia replicado le desconoció validez a las facultades otorgadas por el mandante C.W. a favor de la mandataria K.W. DE DO y, por ende, procedió a declarar de Oficio, la Nulidad Absoluta de los contratos de donación y de venta de derechos hereditarios, aduciendo falsamente la carencia de consentimiento y la ausencia de capacidad de la mandataria para celebrar estos contratos en nombre del mandante.

TERCERO

Con violación del principio de derecho que establece que se puede contratar a nombre de otro siempre que se esté expresamente autorizado por éste para celebrar los respectivos contratos, el Tribunal Superior de Justicia dejó de reconocer este principio y decretó la Nulidad Absoluta de los contratos de donación y de venta de derechos hereditarios del mandante C.W., a pesar de que la mandataria K.W. tenía autorización y facultad expresa para celebrarlos y, por ende, comprometer al mandante C.W. y sus bienes." (fs.195-196)

Las disposiciones identificadas como vulneradas por el casacionista, son los artículos 1106, 1109 y 1110 del Código Civil, todos por omisión.

Antes de proseguir, cabe acotar que la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa, se origina cuando el Tribunal deja de aplicar una disposición jurídica, clara y específica, a un caso en particular, o cuando aplicada la norma, desconoce el derecho que consagra.

De igual forma, es menester señalar que en esta modalidad debe prescindirse de cualquier análisis o ponderación probatoria, habida cuenta que la infracción esgrimida es estrictamente de derecho y no guarda relación con valoración de pruebas, conforme a lo preceptuado en el artículo 1169 del Código Judicial. Además, no puede soslayarse que lo censurado es el desconocimiento del derecho consagrado en el ordenamiento jurídico, de allí que en la decisión impugnada debe haberse dejado por sentado, de manera clara, que el hecho del cual deviene el derecho que se reclama o que se considera infringido, está plenamente probado.

En el negocio bajo examen, se observa que los cargos expresados en los motivos que soportan la causal de fondo, se refieren al desconocimiento por parte del Tribunal Superior de las facultades otorgadas a K.W., en el "Contrato de Mandato o P. General y Amplio de Administración y Disposición"; la infracción de la regla que dispone que generalmente los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento de los contratantes, y que los obliga al cumplimiento de lo pactado y a las consecuencias que se deriven del mismo; y que se puede contratar a nombre de otro, al estar expresamente autorizado para ello, todo esto al sancionar con nulidad absoluta los contratos de donación y venta de derechos hereditarios suscritos por la demandada en nombre y representación de C.W. (Q.E.P.D.), debido a que se soslayó que los contratantes tienen capacidad para establecer las cláusulas y estipulaciones que a bien tengan, siempre que no contravengan la moral y el orden público, que la mandataria tiene capacidad (autorización y facultad expresa para comprometer al mandante y sus bienes), aunado a que hubo consentimiento al celebrar los convenios.

De la lectura de la decisión proferida por el Tribunal Superior, se colige que partió de la premisa que la mandataria actuó sin tener capacidad, específicamente para realizar la donación de las cuotas partes de las fincas pertenecientes a C.W.U. (Q.E.P.D.), razón por la cual, dicho acto está viciado de nulidad absoluta, por haberse llevado a cabo sin consentimiento expreso del poderdante.

En lo atinente a la compraventa de derechos hereditarios, denota la sentencia que:

"... el vicio de nulidad absoluta se configura ante los indicios graves que surgen de las pruebas documentales que obran en el proceso y que convergen en la apreciación de esta Superioridad de que la señora K.D.C. WING DE DO, por intermedio de la FUNDACIÓN GREEN SEASON, incumplió con la prohibición legal establecida en el artículo 1229 del Código Civil, numeral 3, al adquirir por compraventa los bienes cuya administración o enajenación le fueron encargados por su mandante.

...

Frente a esta realidad, los actos prohibidos por la ley son nulos y de ningún valor, establece el artículo 5 del Código Civil, por lo que la prohibición para adquirir por compra, por sí o por interpósita persona, establecida en la ley a los mandatarios tiene su fundamento en que los 'encargados por la ley o por el propio interesado para representarlos en la defensa de sus intereses, no pueden o no deben mezclar el contenido del cargo ejercido con la intención de lograr un provecho propio,... " (fs.176-177)

Al contrastar los señalamientos del casacionista, con las conclusiones a las que arribó la resolución de segunda instancia, ésta Corporación estima que los cargos alegados carecen de soporte, habida cuenta que si bien es cierto que en la decisión no se hace mención de los artículos 1106, 1109 y 1110 del Código Civil, no puede obviarse que las normas aplicadas por el Ad quem para resolver la litis eran las que se ajustaban a la situación planteada.

Contrario a lo aseverado por la censura, en la sentencia no se desconocen las facultades conferidas a K.W., en su condición de Mandataria de C.W. (Q.E.P.D.), sino que se hace un análisis del propósito del M. al otorgarle un poder general de administración, que lo constituye la disposición de sus bienes presentes y futuros, a cambio de una retribución (recibir los precios), de allí que, a pesar que puede reconocerse que las potestades concedidas a la demandada son amplias, resulta necesario que perciba una contraprestación por los actos de dominio ejercitados por la Mandataria en nombre del poderdante, lo que no ocurre cuando se efectúa una donación, en consecuencia, mal podría afirmarse que fueron desconocidas las cláusulas, condiciones establecidas en el contrato de mandato (artículo 1106 del Código Civil).

En cuanto a la regla de que los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento, y que son obligatorios para los suscriptores, instituida en el artículo 1109 lex cit., es oportuno señalar que los convenios obligan al cumplimiento de lo acordado, en la medida en que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez (cfr. art. 1129 en concordancia con el art.1112 del Código Civil), por lo tanto, siendo que el pacto de venta de derechos hereditarios celebrado entre K.D.C. WING DE DO, en nombre y representación de C.W.U. (Q.E.P.D.), y la FUNDACIÓN GREEN SEASON, carece de causa lícita de la obligación contractual, deviene en nulo de nulidad absoluta, tal y como se expuso en el apartado referente a la causal de fondo aplicación indebida, previamente abordada.

Finalmente, en relación al cargo que se desconoció la potestad de contratar a nombre de otro, si se está expresamente autorizado para ello, principio contenido en el artículo 1110 lex cit., la S. considera que el derecho preceptuado en la aludida disposición, no fue soslayado, puesto que la nulidad absoluta declarada, en el caso del contrato de donación, obedece a que si bien se otorgó la facultad de enajenar los bienes, ello no implica que se contaba con autorización para traspasarlos sin recibir un ingreso, y, tratándose del convenio de venta de los derechos hereditarios que correspondían a C.W., a la falta de causa lícita de la obligación contractual, es decir, no se adujo como razón para declarar la nulidad absoluta de los convenios, la imposibilidad de contratar a nombre de otro.

Siendo así, al no tener sustento los cargos de violación directa de los artículos 1106, 1109 y 1110 del Código Civil, son desestimados, y procede la S. a examinar la última causal de fondo invocada, interpretación errónea de la norma de derecho, que está fundada en tres (3) motivos, a saber:

PRIMERO: El Tribunal de Segunda Instancia erróneamente ha interpretado que para que el mandatario pueda donar los bienes sobre los cuales se les ha otorgado poderes de administración y de disposición, es imperioso que en dicho poder o mandato conste expresamente y de manera literal la facultad de donar, no siendo suficiente que en dicho mandato se exprese genéricamente las potestades del mandatario para transferir o enajenar los bienes del poderdante, muebles o inmuebles, presentes o futuros, dándole a la norma legal aplicada un sentido y un alcance que pugna con dicho texto, puesto que de haber interpretado correctamente la norma de derecho habría colegido que no se exige tal facultad específica para transferir por donación los bienes del mandante y, por tanto, no hubiese decretado de Oficio la Nulidad Absoluta del Contrato de Donación entre K.W. DE DO y la FUNDACIÓN GREEN SEASON.

SEGUNDO: El Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, al interpretar erróneamente la disposición legal que consagra que el mandatario puede, si tiene mandato expreso del mandante, transferir o ejecutar cualquier acto de dominio sobre sus bienes, sin que sea imprescindible que se mencione literalmente el término o acepción donación, desnaturaliza y desvía su finalidad y propósito, desconociendo que el principio cardinal de que la parte está en el todo, lo cual lo llevó también erróneamente a concluir que K. WING DE DO no tenía capacidad para celebrar en representación de C.W. el contrato de donación de las cuotas partes pertenecientes a éste de las Fincas Nos.3220 y 4262 de la Provincia de Chiriquí a favor de la FUNDACIÓN GREEN SEASON, declarando, de Oficio, nula dicha donación por falta de consentimiento. De haber comprendido correctamente el sentido e inteligencia de la norma, le habría concedido plena validez al contrato de donación referido, por haberlo celebrado una persona con capacidad y haber prestado su consentimiento.

TERCERO: Al interpretar erróneamente la norma de derecho que estatuye que se requiere mandato expreso a fin de que el mandatario pueda enajenar o transferir los bienes del mandante, sin que se precisen o listen los actos mediante los cuales dicho mandatario puede hacer efectiva dicha enajenación o transferencia, y que la norma no distingue entre actos que impliquen onerosidad o gratuidad, el Tribunal Ad Quem recurrido incurre en el error de conceptualizar que para que el mandatario pudiese celebrar una DONACIÓN de los bienes descritos dentro de un poder o mandato que implicaba no sólo la administración, sino también la disposición de dichos bienes del mandante, éste tenía que haberlo reflejado expresa o literalmente en el poder o mandato y dicha confusión o inexactitud lo arribó a sostener, equivocadamente, que se habían traspasado los límites del mandato.

Como disposiciones infringidas, el casacionista señala los artículos 9, 10, 1132 y 1404 del Código Civil.

Es menester recordar que la modalidad de interpretación errónea de la norma de derecho, se refiere a un error en cuanto al contenido de la disposición y no a su existencia, es decir, a la inadecuada interpretación del precepto a pesar que su aplicación es correcta.

De las motivaciones reproducidas, se desprende que la censura estima que el Tribunal se equivocó al considerar insuficiente que en el mandato se expresen genéricamente las potestades de administración y disposición, exigiendo que se confiera de manera literal la de donar, dándole a la norma un sentido y alcance contrario a su texto, puesto que ella no requiere que dicha facultad sea específica.

Un segundo cargo alude a que se desnaturaliza la finalidad y propósito de la disposición que permite que el mandatario, que cuenta con mandato expreso, pueda transferir o ejecutar cualquier acto de dominio sobre los bienes a su cargo, sin que sea indispensable mencionar el término donación, error que motivó que se concluyera que K. WING DE DO carece de capacidad para donar y se declarara la nulidad por falta de consentimiento.

Por último, el casacionista indica que se incurrió en errónea interpretación debido a que la norma no distingue entre actos que sean onerosos o gratuitos, y que el mandatario puede llevar a cabo la enajenación o transferencia de bienes, sin que tales actos sean listados.

Ahora bien, como quiera que la modalidad de fondo invocada es la interpretación errónea de ciertas disposiciones, la S. estima conveniente transcribir su contenido, para mayor ilustración, en el orden en que fueron enunciadas en el recurso.

Artículo 1404. El mandato concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración.

Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.

La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores.

Artículo 9. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.

Artículo 10. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estos casos su significado legal.

"Artículo 1132. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas."

Explica la censura que a pesar de que el Tribunal Superior acepta que K.W. tiene facultades para administrar, vender, transferir y en cualquier forma enajenar todos los bienes pertenecientes al poderdante, afirma que no se incluía expresamente la potestad de donar, lo que resulta una contradicción, debido a que en el mandato se señala que la mandataria puede actuar sin limitación alguna, acordando los términos y condiciones que estimase convenientes respecto a los bienes, ello según la cláusula primera del poder en referencia.

En similar sentido, denota que la facultad de donar está comprendida entre los actos de enajenación o de riguroso dominio, por lo que mal puede concluirse que la demandada carece de capacidad para realizar una donación y que, en consecuencia, se otorgó sin consentimiento válido, traspasando los límites del mandato. Además, afirma que a K.W. se le concedió expresamente la facultad de comprar los bienes del mandante, de allí que el contrato de compraventa de los derechos hereditarios sea válido.

Por otro lado, expone que el poder general otorgado es amplio, abarca la administración y disposición de todos los bienes de C.W., presentes y futuros, sin establecer limitación alguna, por lo que "no hay razón lógica para interpretar que la facultad de donar no está comprendida en la facultad de enajenar o traspasar bienes." (fs.200)

Adicionalmente, alega el casacionista que la donación es un acto de riguroso dominio, y que cuando la ley se refiere a todos y cada uno de los actos que impliquen enajenación, transferencia, incluye la donación (regla de derecho que señala que la parte está en el todo), es decir, deviene innecesario mencionar expresamente tal potestad en el poder general, bastando que se indique que la mandataria tiene facultades para enajenar y transferir todos los bienes del mandante.

Concluye el casacionista acotando que el Tribunal Superior interpretó deficientemente el poder amplio de administración y disposición conferido a K.W., debido a que es un contrato de mandato que emplea términos claros que no dan margen a dudas, que permite a la mandataria disponer de los bienes del mandante sin limitaciones, por lo que mal puede sostenerse que no tenía facultad para celebrar los contratos de donación y de venta antes aludidos.

Luego de exponer los cargos que sostienen la modalidad de fondo bajo examen, así como el texto de las normas identificadas como infringidas, compete a la S. determinar si efectivamente fueron erróneamente interpretadas, al considerar el Tribunal Superior que la facultad de donar no se encuentra implícita cuando se otorga un poder general de administración, que permite al Mandatario traspasar los bienes confiados.

En el propósito señalado, y como punto de partida, esta Corporación estima pertinente acotar que el concepto enajenar, implica la transferencia del dominio que se tiene sobre algo, conlleva que alguien se prive y que otro reciba el bien o derecho que está siendo objeto de la enajenación.

Decantado lo anterior, es menester indicar que el artículo 1404 del Código Civil, reproducido en párrafos que anteceden, preceptúa que para enajenar o llevar a cabo "cualquier otro acto de riguroso dominio" es requerido el mandato expreso, siendo que en términos generales, el mandato comprende actos de administración; es decir, la potestad de enajenar (trasladar el dominio) debe estar enunciada entre las facultades que se confieren al Mandatario, para que éste pueda realizar actos distintos a la administración de los bienes que le han sido confiados.

En el P. General conferido por C.W.U. a K.D.C. WING DE DO, advierte la S. que en la cláusula primera se dispone lo siguiente:

"Declara EL PODERDANTE que por este medio otorga PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN, a favor de LA APODERADA, para que lo ejerza sin limitación alguna en la República de Panamá, y para que en nombre y representación de C.W.U., ejerza las siguientes facultades: - a) Administrar, comprar, vender, hipotecar, adquirir, transferir, y en cualquier otra forma enajenar todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros, que pertenezcan a EL PODERDANTE, así como recibir los precios de dichas enajenaciones; ..." (fs.10)

Vemos, entonces, que tal y como lo manifiesta el casacionista, en el pacto examinado se otorgó a la Mandataria la facultad de enajenar los bienes pertenecientes al P.; sin embargo, en la cláusula transcrita se señala que recibirá los precios de las enajenaciones que realice, razón por la cual, las transferencias de bienes que lleve a cabo deben causar un resarcimiento, lo que no ocurre tratándose de una donación, puesto que se trata de una mera liberalidad.

Así, pues, a pesar de que el poder general otorgado a K.D.C. WING DE DO, es amplio y enuncia entre sus facultades la de enajenar los bienes propiedad de C.W.U., lo cierto es que no contempla la potestad de donar, ya que procura, tiene como objetivo, la obtención de un beneficio económico proveniente de la enajenación, resultando la donación contraria al querer del M. y, en consecuencia, que la Mandataria actuara sin tener el consentimiento del P., sobreviniendo la nulidad de lo convenido.

Similar situación se observa respecto al contrato de compraventa de derechos hereditarios, debido a que, a diferencia de lo alegado por el casacionista, no consta en el poder general que se autorice expresamente a la Mandataria a comprar para sí los bienes sometidos a su administración y disposición, independientemente que en la cláusula primera se ponga de manifiesto que puede ejercer el poder sin limitación alguna. En todo caso, la S. no puede soslayar que existe una disposición que taxativamente prohíbe a los Mandatarios adquirir por compra los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados (cfr. art. 1229 del Código Civil), de allí que el acuerdo en referencia carezca de validez, como lo declaró el Tribunal Superior.

Con fundamento en lo expresado, estima la S. que no prospera el cargo de interpretación errónea de los artículos 9, 10, 1132 y 1404 del Código Civil, porque la disquisición que se hace en la resolución impugnada sobre la situación bajo estudio, es acorde con el tenor de las normas cuya infracción se invoca.

Lo anterior es así, debido a que en la sentencia no se interpretó ninguna de las disposiciones de forma incongruente con su sentido y alcance, al emplearlas al acuerdo que es ley entre las partes (en este caso el poder general de administración y disposición que sirvió de soporte a los contratos declarados nulos), sino que se atendió su contenido, lo que produjo como consecuencia lógica la declaratoria de nulidad de los convenios de donación y compra de los derechos hereditarios aludidos en párrafos que anteceden, dada la ausencia de alguno de los elementos esenciales del contrato.

Siendo que las normas indicadas fueron correctamente interpretadas, no se configura la causal alegada, resultando imperativo no casar la decisión recurrida en casación.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema, S. de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 5 de enero de 2011, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Las obligantes costas a cargo de la demandada recurrente y a favor de la parte actora, se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

N..

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR