Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 24 de Enero de 2014

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:24 de Enero de 2014
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

M.K. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO UNIVERSAL DE QUIEBRA PROPUESTO POR DORAL ZONA LIBRE, S.A. (M.P.). PONENTE: H.A. DE LEÓN BATISTA. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2014). (5 ocurrencias)
M.K. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO UNIVERSAL DE QUIEBRA PROPUESTO POR DORAL ZONA LIBRE, S.A. (M.P.). PONENTE: H.A. DE LEÓN BATISTA. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (
2014).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Primera de lo Civil

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2014

Materia: Civil

Casación

Expediente: 226-11

La Licenciada AMELIA ISABEL GANOZA AICARDI, apoderada judicial de M.K., formalizó recurso de Casación corregido contra la resolución de 27 de julio de 2010, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Universal de Quiebra de DORAL ZONA LIBRE, S.A.

ANTECEDENTES DEL CASO

Con ocasión al referido Proceso de Quiebra, durante la celebración de la Junta General de Acreedores convocada el día 15 de enero de 2009 (fs.1048-1050), M.K. solicitó al Juez Primero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que se ordenara a la acreedora CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) que hiciera entrega de los dineros que le fueron pagados como consecuencia del remate de la Finca No.8204, de forma tal que M.K. recibiera el porcentaje que le corresponde producto del prorrateo realizado (fs.1049).

El Juez de conocimiento, considerando que CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA), como acreedora hipotecaria participante en el concurso de acreedores, no sólo renunció a su privilegio, sino que estaba en la obligación de incorporar su crédito a la masa de la quiebra, para que los demás acreedores cobren conjuntamente sus créditos, dictaminó lo siguiente, mediante Auto No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009:

"Siendo ello así, el suscrito JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando Justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, ORDENA a la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) restituir a la masa de la quiebra de la empresa DORAL ZONA LIBRE, S.A las siguientes sumas de dinero, que le fueron entregadas producto de la venta de la Finca No.8204, inscrita al Tomo 1350, Folio 498, Sección de la propiedad de Registro Público de la provincia de C., a fin de que sean satisfechos los créditos de los acreedores:

ACREEDOR CUANTÍA %

CHASE MANHATTAN BANK N.A. B/168,087.70 37,27

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST AND SAVINGS B/112,118.60 24,86

ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V B/12,222.10 2,71

BANK CONTINENTAL DE PMA. S.A. B/73,062.00 16,20

SONY CORPORATION B/12,222.10 2,71

MORDECHAI KRASELNICK B/26,654.10 5,91

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ B/.5,547.30 1,23

COFINA (MEF) B/41,086.10 9,11

TOTAL B/451,000.00 100

Para llevar a cabo el pago de las sumas descritas debe darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 570 del Código Judicial.

Una vez ejecutoriada la presente resolución, se ordena comunicar a quien corresponda."

(fs. 1053-1056)

Contra lo resuelto, la FISCALÍA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN ASUNTOS CIVILES, y el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, entidad que se subrogó en todos los derechos y obligaciones de la extinta CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA), anunciaron recursos de apelación, los cuales fueron sustentados oportunamente, según se aprecia a los folios 1067-1076 y 1082-1086 del presente cuaderno.

Concedida en el efecto suspensivo la apelación que comprendió los Autos No.144 y No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009 (fs.1093), siguió la interposición de un recurso de hecho por parte del acreedor M.K., contra la providencia que concedió ambos recursos, impugnación que fue objeto de pronunciamiento por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a través de resolución de 23 de junio de 2009, en los siguientes términos:

"En mérito de lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley; RESUELVE, lo siguiente:

PRIMERO: NO ADMITIR el Recurso de Hecho presentado por la licenciada A.I.G.A., apoderada judicial sustituta de M.K. contra el Auto No.144/528-85 dictado en el marco del Proceso Universal de Quiebra de Doral Zona Libre, S.A.

SEGUNDO: CONCEDER el Recurso de Hecho instaurado por la licenciada A.I.G.A., apoderada judicial sustituta de M.K., contra el Auto No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009 proferido dentro del Proceso Universal de Quiebra de Doral Zona Libre, S.A.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado de la causa conceda la apelación interpuesta por los licenciados Eduardo Enrique Guevara Cueto, F. Superior Especializado en Asuntos Civiles y J.A., apoderado judicial del Ministerio de Economía y Finanza (sic) (Corporación Financiera Nacional) contra el Auto No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009, en el efecto diferido.

CUARTO: COMUNÍQUESE al Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá lo resuelto por este Tribunal." (fs.1103-1109)

Acatada la orden impartida por ese despacho jurisdiccional, y surtidos los trámites de la alzada, el Ad quem, por intermedio de la resolución de 27 de julio de 2010, impugnada en sede de Casación, revocó el Auto No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009 y declaró no probada la excepción de prescripción propuesta por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (fs.1127-1139).

RECURSO DE CASACION

I. CASACIÓN EN LA FORMA

Es necesario señalar que M.K. recurrió en Casación invocando una causal de forma y una causal de fondo, las cuales serán atendidas por esta Corporación de Justicia en el orden que fueron presentadas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1168 y 1192 del Código Judicial.

El censor ha invocado la causal de forma "Por haber sido dictada en apelación ilegalmente concedida", contenida en el numeral 5 del artículo 1170 del lex. Cit., la cual sustentó en un solo motivo, que reza así:

"PRIMERO: La decisión objetada entró a conocer el fondo y dispuso la revocatoria del auto venido en apelación, sin considerar que la resolución recurrida fue concedida fuera de los casos señalados por la ley, conforme mandato expreso de las normas de orden público." (fs.1220)

Por lo anterior, estima el impugnador que la resolución de segunda instancia infringió los artículos 1131 y 1151 del Estatuto Procedimental.

DECISIÓN DE LA SALA

Destacado el cargo formulado por el casacionista, bajo la causal de forma invocada, corresponde a este Tribunal Colegiado estudiar el recurso interpuesto.

Como esta Sede de Decisión adelantó, la causal de forma en examen corresponde al supuesto "Por haber sido dictada en apelación ilegalmente concedida".

Este error in procedendo hace referencia a la concesión de un recurso de apelación sin que concurran los presupuestos establecidos en la ley, y en consecuencia a la emisión de una resolución de segunda instancia, resolviendo la impugnación concedida en desapego a las normas correspondientes.

En el caso que nos ocupa, el casacionista objeta que la decisión habida en sede de alzada entró a conocer el fondo y dispuso la revocatoria del auto recurrido, sin considerar que la apelación fue concedida fuera de los casos señalados por la ley.

Producto de lo anterior, el gestor del presente medio de rebatimiento, al explicar la infracción de las disposiciones, asevera que el artículo 1131 del Código Judicial fue transgredido de forma directa, por omisión, pues el fallo cuestionado no consideró que dicho precepto estatuye taxativamente las resoluciones susceptibles de ser apeladas, dentro de las cuales no se encuentra el auto que ordena la restitución de una suma de dinero a la masa de la quiebra, puesto que la Junta de Acreedores es soberana en sus decisiones.

Igualmente, el promotor del recurso manifiesta que el artículo 1151 del Estatuto Procedimental fue vulnerado directamente, por omisión, debido a que la decisión atacada no cumplió con el saneamiento previsto en esa disposición, pese a que el Tribunal Superior se encontraba advertido de la inconducencia de la apelación del Auto No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009.

La resolución cuya recurribilidad a través de alzada somete a discusión el casacionista, identificada como Auto No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009 (fs.1053-1056) dispone, en su parte resolutiva, ordenar la entrega de una suma de dinero, por parte de CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) a la masa de la quiebra de la empresa DORAL ZONA LIBRE, S.A., activos que le fueron entregados producto de la venta del bien raíz dado en garantía, esto es, la Finca No.8204, inscrita al Tomo 1350, Folio 498, Sección de la propiedad del Registro Público de la provincia de C..

Un ejercicio de búsqueda, contentivo de normas que regulan este tipo de procesos universales lleva a esta M. a observar que, en lo tocante a disposiciones del Código Judicial, y del Código de Comercio, particularmente referentes a la quiebra, no existe ningún precepto que señale que una resolución de ese tipo sea susceptible de ser atacada vía recurso de apelación, requisito necesario para que opere esta clase de impugnaciones.

Ahora bien, si se fija la atención en el artículo 1139 del Estatuto Procedimental, norma que regula los efectos en los cuales se conceden las apelaciones, dependiendo de la resolución de que se trate, se advertirá que la misma consagra:

"Artículo 1139. Salvo expresamente lo establecido para casos especiales, las apelaciones se concederán:

1. En el efecto suspensivo, cuando se trate de sentencias o autos que pongan término a procesos de conocimiento;

2. En el efecto diferido, cuando se trate de resoluciones que ordenen la entrega de una suma de dinero, de un bien, la ejecución de un acto, el levantamiento o la sustitución de una garantía o medida cautelar. Cuando según la Ley deban concederse en el efecto diferido, el recurrente podrá pedir que se otorgue en el devolutivo;

3. El devolutivo, cuando se trate de cualquier otro auto o resolución que ordene, decida o imprima tramitación; y

4. En el efecto que designe el Juez, en casos de procesos no contenciosos." (énfasis suplido por la Sala)

La lectura atenta de la disposición precitada hace que esta Corporación de Justicia concluya que el Auto cuya susceptibilidad de ser apelado es cuestionada, se encuentra contenido en el catálogo de decisiones respecto de las cuales se concede este medio de impugnación, debido a que se subsume en la hipótesis de una resolución que ordena la entrega de una suma de dinero, misma que admite apelación en el efecto diferido.

De allí que, no le asiste la razón al casacionista cuando aduce que la resolución venida en grado de alzada no aparece consignada como apelable en el Código Procedimental, y tampoco se configura la infracción del artículo 1131 de dicho cuerpo normativo, máxime cuando ese precepto, en su último numeral establece la posibilidad de recurrir mediante alzada, resoluciones no incluídas en su catálogo, siempre y cuando la ley reconozca esa oportunidad de forma taxativa.

Siendo así las cosas, el artículo 1151 del Código Judicial, relativo al deber de saneamiento en la apelación, tampoco fue vulnerado por omisión, habida cuenta que, no habiéndose producido el error in procedendo imputado al fallo de segunda instancia, no cabe concluir que el Tribunal Superior haya descuidado esta obligación, en el sentido de examinar los procedimientos y devolver el expediente al juez del conocimiento, por no ser apelable el Auto No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009.

De modo que, las circunstancias advertidas en las líneas que preceden, conducen a esta Sala de Decisión a concluir que no se materializa la causal de forma invocada, ni la infracción de los artículos 1131 y 1151 del Código Judicial.

Seguidamente, este Tribunal Colegiado se ocupará del estudio del recurso de casación en el fondo alegado por el censor, infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

II. CASACIÓN EN EL FONDO

Como fuera expresado en párrafos precedentes, M.K. interpuso recurso de casación contra la resolución de 27 de julio de 2010, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revocó el Auto No.149/528-85 de 13 de febrero de 2009, expedido por el Juzgado Primero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La modalidad de la causal de fondo aducida, se sustenta en un sólo motivo, que guarda el siguiente tenor:

"PRIMERO: Sostiene el Primer Tribunal Superior de Justicia, en resolución recurrida, que el auto impugnado en apelación vulnera los intereses de la Nación, toda vez que estima que se impone a favor de COFINA el carácter de privilegio de crédito, frente a los demás acreedores en el proceso universal de quiebra en contra de Doral Zona Libre, S.A., pero no tiene en cuenta el Tribunal Superior que al haber presentado su crédito COFINA al proceso universal de quiebra, renunció al privilegio de su crédito, violentando la resolución impugnada (sic) norma sustantiva referente a la renuncia de los créditos hipotecarios, por lo que de haber aplicado precepto legal que rige habría fallado en forma distinta a como lo hizo en la resolución recurrida." (fs.1223)

Por lo anterior, estima el recurrente que la decisión de segunda instancia infringió el artículo 1849 del Código Judicial, los artículos 1591 y 1594 del Código de Comercio, así como el artículo 1662 del Código Civil.

Agotados estos extremos, la Sala procede al examen del concepto de la causal de fondo invocada.

La infracción de normas sustantivas de derecho en la modalidad de violación directa, es un error in iudicando que se produce cuando el administrador de justicia ignora una norma jurídica perfectamente aplicable al caso en debate, o cuando una disposición es utilizada desconociendo un derecho consagrado en ella de forma clara.

Desde el punto de vista del promotor de este medio de rebatimiento, al adoptarse la resolución impugnada, se incurrió, por omisión, en la violación directa de normas sustantivas de derecho, lo que influyó de forma sustancial en lo dispositivo de la decisión cuestionada.

Como primera norma que el censor asevera fue objeto de violación directa, por omisión, figura el artículo 1849 del Estatuto Procedimental, que señala:

"Artículo 1849. Los acreedores hipotecarios, los pignoraticios, los que tuvieren derecho de retención y todos los demás que gozaren de igual derecho que los anteriores en cosa determinada, sin perjuicio del derecho que les asista de exigir el pago de sus créditos por separado, pueden presentarlo en el concurso y se someterán entonces a lo dispuesto en el Capítulo anterior, aunque en las votaciones carecerán de voto."

La norma jurídica precitada reconoce el derecho a presentar su crédito en el concurso de acreedores, a los acreedores hipotecarios, pignoraticios, a los que tuvieren derecho de retención, y a los demás que gocen de igual derecho, sin perjuicio de la potestad que tienen de exigir el pago de sus acreencias por separado. Además, somete a tales acreedores a lo establecido en el Capítulo V, relativo a la Junta General de Acreedores, y al examen y reconocimiento de créditos en los concursos de acreedores, y adicionalmente señala que los mismos carecerán de voto en la Junta de Acreedores.

Por su parte, la resolución bajo escrutinio se fundamentó de la siguiente manera:

"....al concurrir COFINA para seguir cobrando la acreencia que ostenta, tal situación no implica el desconocimiento del crédito preferencial por ella ejercitado, máxime cuando mantiene un excedente en su crédito que debe cobrar con preferencia sobre los acreedores quirográficos.

En ese mismo orden de ideas, es dable señalar y dejar claro, que bajo ninguna circunstancia, debe entenderse, que COFINA, pese a someter al concurso de acreedores su crédito, el mismo pierda la categoría de crédito privilegiado, tal cual lo reconoce el artículo 1661 del Código Civil, que reza:

"Artículo 1661. Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:

....

1.

2.

3. los créditos hipotecarios y anticréticos inscritos en el Registro Público, sobre bienes hipotecados y sujetos a anticresis;

4."

Es por ello, que al ser como lo contempla la norma antes transcrita, un crédito privilegiado, al mismo le asiste la razón de cobrar su acreencia en primer lugar, ya que si bien, se adelantó el pago a la extinta COFINA al no habérsele aplicado en su momento el procedimiento correspondiente, nada cambia el resultado, al imponerse el carácter de privilegiado del crédito, frente a los demás acreedores que tiene el deudor, y así, con el producto de la venta de los bienes, COFINA al mantener un excedente en su crédito concurra con los demás acreedores quirográficos en la distribución del activo de la quiebra, pero manteniendo su preferencia.

Lo anterior se refuerza en el hecho, de que el crédito en comento fue debidamente reconocido por los acreedores en la Junta de Acreedores celebrada el día 15 de enero de 2009, tal cual se aprecia a fojas 1049 del infolio, en donde se reconoció el crédito de COFINA de la siguiente manera: Cuantía: B/.899,967.40; Intereses: B/.241,300.89; Abono: B/.400,000.00, es decir, que en la actualidad, COFINA, hoy día MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, mantiene un crédito a su favor de: B/.658,666.51.

Sumado a lo anterior, el artículo 1849 del Código Judicial señala que:

....

Siendo así las cosas, mal puede este Tribunal confirmar la resolución venida en apelación, ya que la misma vulnera los intereses de la Nación, al contar con un crédito privilegiado que hizo exigible en esta quiebra."(fs.1136-1138)

El casacionista afirma que el artículo 1849 del Código Judicial, a su juicio no aplicado por el Ad quem, consagra que la presentación de un acreedor privilegiado en un concurso de acreedores, conlleva la renuncia y consecuente pérdida del privilegio de su crédito, por lo que éste debe someterse a lo dispuesto en el examen y reconocimiento de los créditos.

De la confrontación de esa disposición con el contenido del fallo cuestionado, esta Colegiatura concluye que no se configura el cargo de violación directa por omisión aducido por el censor, puesto que, a todas luces, ese artículo, siendo aplicable a la situación, fue empleado en la decisión proferida por el Tribunal Superior, contrario a lo afirmado por el casacionista, para quien se incurrió en violación directa, por desconocimiento del citado texto jurídico.

Huelga recordar que el tipo de violación directa aducida por el proponente del recurso, se produce cuando un precepto aplicable al caso debatido es ignorado por el juzgador de segunda instancia, supuesto que indubitablemente no se cumple, al haber sido empleada la norma en el fallo cuya juridicidad se discute.

Otra disposición que el recurrente asevera fue objeto de violación directa por omisión, corresponde al artículo 1591 del Código de Comercio, que consagra:

"Artículo 1591. Todo crédito calificado en el concurso sea cual fuere su fecha, dará derecho al acreedor para ser pagado con el producto de los bienes del fallido en el orden y con la prelación que establece el Código Civil.

Exceptúanse de esta disposición los créditos garantizados con prenda, hipoteca u otra garantía real, los cuales no entrarán al concurso sino previa renuncia de su privilegio o cuando seguida ejecución y verificado el remate de los bienes gravados, hubiere quedado un saldo sin cubrir, y en tal caso concurrirán con los acreedores quirográficos en la distribución del resto del activo."

El precitado precepto reconoce a todo acreedor, el derecho a ser pagado con el producto de los bienes del fallido, en el orden y con la prelación que establezca el Código Civil, siempre y cuando su crédito haya sido calificado en el concurso. Adicionalmente, esa norma contempla que tal regla no aplicará para el supuesto de que se trate de créditos con garantía real, en cuyo caso será necesario que exista una renuncia previa de su privilegio por parte del acreedor, o si habiendo sido objeto de venta judicial esos haberes, existiera un saldo sin cubrir, en cuyo caso el acreedor privilegiado concurrirá con los quirografarios en la distribución del resto del activo.

Según el parecer del impugnador, esa disposición fue violada directamente, por omisión, ya que al haber presentado su crédito CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, al proceso universal de quiebra, renunció a su privilegio, lo cual fue ignorado por el Ad quem, por no aplicar esa norma jurídica.

Vista la resolución que ocupa a esta M., en esta se expresa que fue por mandato judicial que CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL compareció ante la Junta de Acreedores de DORAL ZONA LIBRE, S.A., aunado al hecho de que no se manifestó que esa persona jurídica haya renunciado a su privilegio, requisito para que los créditos respaldados con garantía real puedan hacer parte de la masa del concurso, consecuencia que el casacionista pretende atribuir a la concurrencia de CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL a la Junta General de Acreedores.

De este modo, fue la falta de acaecimiento de ese supuesto de hecho (renuncia al privilegio), lo que llevó al Tribunal Superior a no aplicar el artículo 1591 del Estatuto Mercantil, con lo cual se hace patente que esa norma no pudo ser infringida en concepto de violación directa por omisión, por cuanto ello supone, en primer lugar, la configuración de la hipótesis que da base a que el precepto sea de aplicación obligatoria, requerimiento con el cual no se cumple en el caso sometido al conocimiento de este despacho jurisdiccional, al no constar como un hecho probado, que CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL haya renunciado a la garantía que respalda su crédito.

Otra disposición que el censor entiende fue violada de forma directa, por omisión, corresponde al artículo 1594 del Código de Comercio, que dice así:

"Artículo 1594. No podrá hacerse pago alguno a los acreedores antes de la clasificación y graduación del crédito respectivo. Los acreedores no conformes con la clasificación y orden de prelación establecidos en la Junta respectiva, podrán impugnarlos en juicio ordinario seguido con el curador; y mientras éste no termine por sentencia, el crédito respectivo será incluido en el estado general que se forme, pero quedarán depositadas las cantidades que pudieran corresponderles, salvo que se rindiere fianza para recibirlas y para cubrir las cuotas del juicio que resultaren a cargo del demandante."

El texto transcrito, en primer lugar contempla la prohibición de que se realicen pagos a los acreedores de la quiebra, con antelación a la clasificación y graduación de los créditos del concurso. Seguidamente fija la forma en que los acreedores pueden impugnar las decisiones que tome la Junta de Acreedores respecto a los créditos y la consecuencia de tal impugnación, en cuanto al estado del crédito mientras dure el litigio.

Según expone el recurrente, el juzgador de segunda instancia estimó que CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL no debió restituir los dineros recibidos producto de la ejecución, debido a que concluyó que resultaba irrelevante el momento en que esa persona jurídica debía recibir el pago a cuenta de su crédito.

Desde el punto de vista de ese litigante, ello conlleva que ese precepto fuera violado, pues CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL se hizo de los dineros antes de la clasificación y graduación de su crédito, habiendo renunciado expresamente a su privilegio, al haber concurrido al concurso de acreedores en proceso universal de quiebra, siendo por tanto improcedente que recibiera pagos con anticipación al resto de los acreedores, ignorando esa norma sustantiva.

No comparte esta Sede de Decisión la posición del proponente del recurso, a razón de que el artículo bajo examen no fue aplicado en el fallo surtido en apelación, como consecuencia de que esa disposición regula los créditos que forman parte de la masa del concurso, cualidad que no le fue reconocida al crédito de CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, por tratarse de una acreencia respaldada con una garantía real, de la cual su titular no dispuso renunciar, según cabe extraer de la lectura de tal resolución, cuando afirmó que bajo ninguna circunstancia debe entenderse que ese crédito ha perdido su categoría de privilegiado, por haber sido sometido al concurso de acreedores, por parte de CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.

En consecuencia, siendo que ese precepto no era aplicable, por las razones antes expresadas, no prospera el cargo de violación directa del artículo 1594 del Código de Comercio.

Como colofón, otra disposición vulnerada en idéntico sentido al manifestado en los párrafos que preceden, resulta ser el artículo 1662 del Código Civil, que señala:

"Artículo 1662. Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia:

1. Los créditos a favor del Municipio por los impuestos que adeude el fallido no comprendidos en el artículo 1661, numeral 1°,

2. Los devengados:

a. Por gastos de justicia y administración del concurso en interés común de los acreedores hechos con la debida autoridad o aprobación;

b. Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y también los de su mujer y los de sus hijos constituídos bajo su patria potestad, si no tuviesen bienes propios;

c. Por gastos de la última enfermedad de las mismas personas, causadas en el último año, contado hasta el día del fallecimiento;

d. Por jornales y salarios de dependientes y criados domésticos, correspondientes al último año;

e. Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia, constituída bajo su autoridad, en comestibles, vestidos o calzados, en el mismo período de tiempo;

f. Por pensiones alimenticias durante el juicio de concurso, a no ser que se funden en un título de mera liberalidad;

3. Los créditos que sin privilegio especial consten:

a. En escritura pública;

b. Por sentencia ejecutoriada, si hubiesen sido objeto de litigio; y

c. En documentos privados que contengan fecha cierta.

Se tendrá por fecha cierta de un documento privado, aquella que resulte desde el día en que las firmas de los otorgantes hubiesen sido puestas o reconocidas ante Notario Público que así lo haya certificado en el mismo documento.

Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras, de las sentencias y de los documentos."

La norma prenombrada contiene un catálogo de créditos, en orden de preferencia, extensivo a los bienes muebles e inmuebles del deudor no comprendidos en los artículos 1660 y 1661 del Código Civil.

Entre esas deudas se encuentran los créditos que sin ningún tipo de privilegio consten en escritura pública, consignados en el tercer numeral, literal a; esto es, la prelación al cobro de ese crédito se encuentra supeditada al orden establecido en esa disposición, en cuanto atañe a los bienes descritos en ella.

El casacionista reclama la violación directa, por omisión, del artículo 1662 del Estatuto Civil, ya que a su juicio, al no aplicarlo, el Ad quem le reconoció a CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL la condición de acreedor privilegiado, contrariando el numeral 3 de ese artículo, según el cual no existe privilegio de los créditos, aún cuando consten en escritura pública.

El recurrente insiste en afirmar que, por haber presentado su crédito en el proceso universal de quiebra, el acreedor renunció al privilegio del mismo, contenido en escritura pública.

Sobre el particular, esta M. ha manifestado reiteradamente que en la resolución objeto del presente medio de impugnación no se advirtió que CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, haya renunciado a su privilegio, pues al solo acto de haber sido llamada a concurrir a la Junta General de Acreedores, mediante mandato judicial, no se le extendió tal efecto.

Adicionalmente, el artículo 1662 del Código Civil no fue empleado en la resolución de 27 de julio de 2010, debido a que la existencia del crédito a que hace alusión el impugnador, es decir, aquél que sin privilegio especial consta en escritura pública, no fue reconocida en el citado fallo, por considerar que CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL no renunció al cobro privilegiado de su acreencia, o dicho en otras palabras, se contempló que el crédito ostentado por esa persona jurídica goza de preferencia para el cobro, contrario a lo señalado por el censor.

De allí que, no siendo aplicable ese artículo en la decisión de segunda instancia, en función de que ninguno de los créditos comprendidos en el mismo fue objeto de reconocimiento por el Tribunal Superior, no se produce el error in iudicando advertido por el casacionista (violación directa por omisión), que requiere la falta de aplicación de un precepto, pese a haberse admitido la configuración de la situación de hecho que constituye el presupuesto de su utilización.

Así las cosas, como quiera que esta Corporación de Justicia no advierte que se configure la violación directa de las disposiciones referidas por el recurrente, al igual que como aconteció con la causal de forma invocada, debe desecharse el cargo expresado en el único motivo que sustenta la causal de fondo aducida.

En mérito de lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 27 de julio de 2010, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, con ocasión al Proceso Universal de Quiebra de DORAL ZONA LIBRE, S.A.

Sin imposición de costas con fundamento en el artículo 1077 del Código Judicial.

N.,

H.A. DE LEÓN BATISTA

HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)


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