Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 12 de Noviembre de 2015

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:12 de Noviembre de 2015
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS: El L.. J.I.R., en su condición de apoderado judicial sustituto de la parte demandada BANCO NACIONAL DE PANAMA y el F.S. Superior Especializado en Asuntos Civiles interpusieron Recursos de Casación contra la Resolución de dieciséis (16) de marzo de 2009 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario que J.S.R. le sigue a BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, R.G. (y) B.R.. Esta S. Civil de la Corte Suprema, mediante Resolución de 23 de junio de 2010 (fs. 1349 a 1357), inadmitió la primera Causal y ordenó la corrección de la segunda Causal del Recurso de Casación interpuesto por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. Así mismo, admitió el Recurso de Casación interpuesto por la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles. El Recurso interpuesto por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ fue corregido por el C. y admitido por esta S. a través de Resolución de 27 de septiembre de 2010 (fs.1374). Finalizada la fase de alegatos de fondo, la cual fue aprovechada por los apoderados judiciales de ambos recurrentes, visibles de fs. 1380 a 1390 y de fs. 1400 a 1402, procede la S., a decidir los Recursos, previas las consideraciones que se expresan a continuación. Mediante escrito de Demanda (fs.2 a 4), J.E.S.R., por intermedio de su apoderado judicial presentó Proceso Ordinario contra el BANCO NACIONAL DE PANAMA, R.G. y BELYS R. con el fin que sean obligados a cumplir con las obligaciones solidarias contenidas en el contrato de compraventa con garantía hipotecaria sobre la Finca N°60141 inscrita al Tomo 1351, F. 44 de la Sección de la propiedad, provincia de Panamá, del Registro Público y actualizada al Documento 30385, de la misma Sección en el Registro Público, por la suma de B/.21,600.00, más las costas, los intereses que genere la obligación hasta el pago final de lo adeudado y gastos que ocasione el presente Proceso. Por su parte, los demandados R.G. y B.R. contestaron la Demanda (fs.23 a 28), negando los hechos, las pruebas y el derecho invocado. Así mismo, presentaron Demanda de Reconvención con el objeto que se acceda a las siguientes declaraciones: 1. Se declare que hubo vicio en el consentimiento de R.G. y B.R. en el Contrato denominado Promesa de Compraventa, que suscribieron con el señor J.E.S.R., de fecha 30 de enero del 2001 y que por lo tanto es nulo. 2. Se declare que hubo vicio en el consentimiento de R.G. y B.R. en el Contrato denominado "Compraventa", que suscribieron con el señor J.E.S.R., de fecha 23 de marzo de 2001. Y que por lo tanto es nulo. 3. Se declare que hubo vicio en el consentimiento de R.G. y B.R. en el Contrato de Compraventa y Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria, consignados en la Escritura Pública No.3289 de fecha 9 de abril de 2001, otorgada en la Notaría Primera del Circuito de Panamá. Y que, por tanto, es nulo. 4. Se declare que el Banco Nacional de Panamá, no tiene obligación de honrar ni pagar el compromiso adquirido en Carta de Compromiso de Pago, que constituye el precio de la Compraventa mencionada en la pretensión No.3 de esta Demanda. 5. Se declare que al haber actuado de mala fe el demandante, está obligado a indemnizar a R.G. y BELYS R.. 6. Se declare además que la Demanda que en este mismo memorial se contesta fue promovida de manera temeraria, por lo que debe ser condenado al pago de costas ejemplares a favor de R.G. y BELYS R.. 7. Se condene al demandado al pago de los gastos y costas del presente Proceso. Por su parte, el BANCO NACIONAL DE PANAMA contestó la Demanda admitiendo los tres primeros hechos y negando el resto, las pruebas y el derecho invocado. A su vez, el demandado presentó Demanda de reconvención a fin de que se hagan las siguientes declaraciones: 1. Que el vendedor no informó a los compradores, antes de la celebración del contrato de compraventa, las condiciones reales del inmueble vendido. 2. Que los Compradores otorgaron su consentimiento por error, ya que de haber conocido las condiciones reales del inmueble, no habrían celebrado el contrato. 3. Que los compradores tienen derecho de arrepentirse de la compraventa antes de que se haya ejecutado el pago al Vendedor. 4. Que el error en el consentimiento de una de las partes produce la nulidad absoluta del contrato y, por tanto, procede la declaratoria de resolución del contrato de compraventa y el de hipoteca y anticresis sobre la misma finca; o, en su defecto, la rescisión del citado contrato. 5. Que el Banco Nacional de Panamá está facultado para revocar la promesa de pago hecha al Vendedor, de acuerdo con las instrucciones recibidas de los Compradores y al incumplimiento de una de las condiciones de la referida promesa. 6. Que el Vendedor es responsable de la nulidad del contrato y, por tanto, está obligado a pagar los perjuicios causados a las partes, las costas y gastos del Proceso. Luego de cumplidas las etapas procesales correspondientes, el Juzgado A quo mediante la Sentencia No.41 de 19 de agosto de 2005 no accedió a las declaraciones solicitadas por el demandante J.S.R. y en consecuencia absolvió a los demandados, dejó sin efecto la inscripción provisional que pesaba sobre la Finca 60141 inscrita al Tomo 1351, F. 44 de la Sección de propiedad de la Provincia de Panamá del Registro Público y actualizada al Documento 30385 de la Sección; declaró nulos por vicio en el consentimiento de los compradores R.G.B. y B.R., los contratos que suscribieron con J.E.S. R., a saber: Promesa de Compraventa de fecha 23 de marzo de 2001, Contrato de Compraventa y Contrato de Préstamo con garantía Hipotecaria consignada en Escritura Pública N°3289 de fecha 9 de abril de 2001 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá; NO accedió a las declaraciones solicitadas por el BANCO NACIONAL DE PANAMA y en consecuencia absolvió a J.S. de la Demanda en reconvención. Disconformes con lo resuelto, la representación judicial de la parte demandante interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia descrita y al surtirse la alzada, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a través de Resolución de 16 de marzo de 2009, REFORMÓ la Sentencia N°41 de 19 de agosto de 2005, dictada por el Juez Decimocuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 1239 a 1267); condenando al BANCO NACIONAL DE PANAMÁ a B.R. DE GRACIA y R.G.B. a pagar a J.S.R. la suma de B/21,600.00 en concepto de capital, por precio de venta de la Finca No.60141, la suma de B/11,232.00 en concepto de intereses vencidos, sin imposición de costas por razón de lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 1077 del Código Judicial. Así mismo, negó las pretensiones de B.R.Y.R.G.B., manteniendo igual la decisión primaria respecto a la Demanda de reconvención presentada por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. Al motivar su decisión, el Tribunal Superior explicó lo siguiente: "Sin embargo, siendo que, según lo pactado por los señores GRENALD y R. con el BANCO NACIONAL DE PANAMA, en la citada cláusula séptima del contrato de préstamo, quedaba entendido que por la emisión del cheque de gerencia a favor del vendedor, señor J.S.R., se entendía hecha la entrega del dinero a los prestatarios y perfeccionado el contrato, el argumento del Banco es inconsistente, ya que dice lo siguiente: que no aceptó haber dejado de cumplir la promesa y que la entrega del cheque de gerencia al vendedor, por el importe del precio, servía tanto para perfeccionar el préstamo como para materializar el cumplimiento de la promesa de pago. El resto de las consideraciones exteriorizadas por el Banco, respecto al temor de los compradores, prestatarios y garantes, y al suyo propio, como acreedor de éstos, constituyen razones secundarias, tendientes a justificar la falta de pago, por medio de situaciones no contempladas en la carta promesa de pago, y que, como ya analizamos, no legitiman el "desistimiento" o la revocación unilateral de la compraventa por parte de los compradores y, mucho menos, la revocación que, unilateralmente, acordaron el Banco y los prestatarios, de la promesa de pago que, aceptada como había sido por el vendedor, señor J.S.R., era irrevocable. El derecho del señor J.S. R., como vendedor, frente a los señores B.R. y R.G., es que le paguen el precio de venta acordado. Como acreedor o beneficiario de la promesa de pago irrevocable emitida por el BANCO NACIONAL DE PANAMA, su derecho es que el Banco cumpla lo prometido, que, así mismo, fue el pago del precio. La consecuencia del cumplimiento por parte del Banco será la liberación de los compradores, puesto que esa fue la fórmula pactada en la venta. No obstante lo anterior, hasta tanto el BANCO NACIONAL DE PANAMA realice el pago, los compradores están igualmente obligados a pagar, de modo que el señor J.S. puede dirigirse contra ellos, por el pago de la totalidad del precio, puesto que la adquisición de la totalidad del derecho de propiedad fue por ambos y por cada uno, o, al mismo tiempo, contra el Banco, porque asumió para con el vendedor la obligación de pagar por completo el precio, y, en vista que la obligación de pagar el precio era exigible desde la fecha de inscripción de la Escritura Pública que contiene la compraventa, o sea desde el 24 de abril de 2001, y que el demandante reclama el pago de intereses, a los que también tiene derecho por el incumplimiento de los ahora demandados, se impone condenar a éstos al pago en ese concepto, calculado sobre la base del 6% anual, que establece el artículo 993 del Código Civil." Es contra esta Resolución de segunda instancia que el apoderado judicial de la parte demandada BANCO NACIONAL DE PANAMA, así como la Físcalía Superior en Asuntos Civiles han formalizado sus Recursos de Casación, de los que conoce en esta ocasión la S. y en consecuencia, procede a examinarlos en el orden en el que fueron presentados. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ El Recurso de Casación presentado por la parte demandada, es en el fondo y consta de una Causal consistente en "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido". Los Motivos que le sirven de fundamento son los que se transcriben a continuación: "PRIMERO: El Tribunal de Segunda Instancia, al dictar la Sentencia impugnada reformó la decisión de Primera Instancia, negó la nulidad de los contratos celebrados entre las partes y condenó a la parte demandada, lo cual hizo ignorar o desconocer la prueba documental, que consta de fojas 43 a 48 del Primer Tomo y 176 a 183 del Segundo Tomo, la cual consiste en la Querella Penal interpuesta por la Señora Guadalupe Aritmice Z. Cajal contra el demandante y su Abogado, J.F.S.; a quienes acusó de haberla despojado de la propiedad de una tercera parte de la Finca No. 60141, objeto del contrato de Compra-Venta y garantía del Contrato de Préstamo. El vendedor no informó a los compradores de los problemas legales que pesaban sobre la mencionada finca, ya que de haberlos conocido no habrían consentido en su compra, tal como lo manifestaron en la nota de 14 de junio de 2001 (Fs.38, 39), en la contestación de la demanda (Fs. 23 a 28) y en las declaraciones rendidas en el Juzgado de Primera Instancia (Fs.134 a 144 y 159 a 166). Estas pruebas demuestran el vicio en el consentimiento y, al no haberlo reconocido el Tribunal influyó en lo dispositivo del fallo. SEGUNDO: El Tribunal de Segunda Instancia ignoró las pruebas documentales, que constan a las fojas 900 a 1002 y de 1015 a 1020, que consisten en documento público, expedido por el Registro Público de Panamá, donde constan los sucesivos traspasos de la Finca No. 60141, a partir de la fecha del Proceso de Sucesión Intestada de la Señora Eunice América Cajal Dusaire, en los cuales han participado los señores J.E.S. y F.S.. También constan los precios irrisorios en que S. traspasó la Finca a Casa de E.S. y S., S. A. por B/. 5,000.00 y esta sociedad a J.S.R., por B/.3,000.00, cuando el valor del traspaso en el proceso de sucesión había sido de B/.27,910.75. Todo ello denota actos simulados o fraudulentos, en los cuales participó el demandante, que debieron ser tomados en cuenta por el Tribunal, para declarar la nulidad de los contratos, ya que existen visos de ilegalidad en dichos traspasos, todo lo cual influyó en lo dispositivo del fallo. TERCERO: El Tribunal Superior ignoró la prueba trasladada visible a fs. 286-294 y 618-621 (Tomo II) del infolio, consistente en la declaración rendida por el propio vendedor de la finca (y demandante) ante la Fiscalía Segunda de Circuito de Panamá, donde confesó que compró la finca No. 60141 a Casa de E.S. y S., S.A., y la vendió a los señores B.R. y R.G., por instrucciones del señor J.F. S.. Esta pretermisión indujo al Ad-Quem a considerar que el señor J.S. no participó en el negocio mediante el cual la señora Z. traspasó su derecho, y que la querella fue presentada con posterioridad al perfeccionamiento de la Compraventa, concluyendo que ese hecho de tercero no pudo haber sido oculto por el vendedor, y que por ello el comprador tuvo que tener conocimiento del mismo. De haber considerado la declaración en comento, el Tribunal habría concluído que el señor S. no podía ser considerado como un tercero, y el señor S. no podía ser considerado como un ignorante de los problemas legales de la finca a partir del juicio de sucesión de la madre del querellante. Esto comprueba el vicio de nulidad de los contratos, omisión que influyó en la parte dispositiva de la resolución recurrida. CUARTO: El Tribunal de Segunda Instancia ignoró la prueba documental que consta a fojas 49 del expediente (Tomo I), que consiste en la Nota de 18 de octubre de 2000, mediante la cual la Sociedad Inversiones Panamá Florida remite al S.J.F.S. el avalúo de la Finca No. 60141, cuando la misma aparecía registrada como de propiedad de Casa de E.S. y S., S.A.; lo cual demuestra que el S.S. ejercía control sobre la misma. En igual sentido, el Tribunal ignoró la prueba documental que consta de fojas 592 a 597, (Tomo II), que consiste en la declaración rendida por el Señor R.G.B. ante la Fiscalía Segunda de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual manifestó que toda la operación de compra de la Finca No. 60141 la izo con el S.F.S., quien también se encargó de conseguir el financiamiento en el Banco Nacional de Panamá y que al S.J.S. lo conoció posteriormente, cuando se presentó la querella por la Señora Guadalupe de N.. Todo ello demuestra la asociación que existía entre los Señores S. y S. para vender la finca a pesar de los problemas legales que existían sobre la misma, lo cual denota mala fe y falsedad de información, que produce vicio del consentimiento y que, al no ser reconocido por el Tribunal influyó en lo dispositivo del fallo. QUINTO: El Tribunal de Segunda Instancia , omitió o ignoró las pruebas documentales que constan a fojas 417 y 418 del Tomo II, que consiste en la fotocopia autenticada de la Escritura Pública NO. 8536 de 31 de julio de 1997, de la Notaria Quinta del Circuito de Panamá. En igual sentido, las fojas 1119, 1127, 1128, 1139, 1140, 1148, 1154 y 500 del Tomo II, las cuales consisten en fotocopias autenticadas del Proceso de Sucesión Intestada de Eunice América Cajal Dusaire (Madre de la Querellante), la cual se tramitó en el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde consta que el S. J.E.S. R. (Vendedor y Demandante), intervino o participó como PERITO Y PASANTE de la parte actora, dentro del citado proceso de sucesión. También consta en dichos documentos que el bien más valioso de la Sucesión era Finca No. 60141, la cual terminó siendo de propiedad del S.J.E.S.R., contraviniendo una posición legal de derecho sustantivo, que prohíbe a los jueces, Abogados, P., Etc., que adquieran los bienes de un proceso en el cual hayan intervenido, ya sea directamente o por interpuesta persona. Probado como está la violación de la prohibición legal, se incurrió en otra causal de nulidad absoluta por causa ilícita de los contratos y que, al no ser declarada por el Tribunal Superior, influyó en lo dispositivo del fallo y causó perjuicio a la parte que representamos. Como consecuencia de los Motivos descritos, el Recurrente alega como normas legales infringidas los Artículos 780, 795, 834, 895, 896, 904, 982 del Código Judicial; los Artículos 1141, 1143, 1156 y 1229 del Código Civil, así como el Artículo 29 de la Ley N°20 de 22 de abril de 1975, Orgánica del Banco Nacional de Panamá. RECURSO DE CASACIÓN DE LA FISCALÍA SUPERIOR ESPECIALIZADO EN ASUNTOS CIVILES El Recurso de Casación presentado por la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, es en el fondo y consta de una Causal consistente en "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido". Los Motivos que le sirven de fundamento son los que se transcriben a continuación: "PRIMERO: En la sentencia fechada 16 de marzo de 2009, el Primer Tribunal Superior de Judicial, establece que en los contratos de promesa y de compraventa suscrito entre J.E. S.R. y R. G.B. y B.R. De Gracia, sobre la Finca N°60141 no se produjo vicio del consentimiento por dolo-precontractual, por no haber participado el señor J.E. S.R. en el negocio por el cual la señora G.Z.C. traspasó su tercera parte de la Finca 60141, inscrita en el Registro Público al tomo 1351, folio 44 de la sección de propiedad provincia de Panamá, al señor J.F.S.O. De no haber el Primer Tribunal Superior ignorado y desconocido las pruebas admitidas y practicadas que obran en autos de foja 288 a 294 y de foja 618 a 621, que consisten en las declaraciones juradas rendidas por el señor J.E. S.R. en la Fiscalía Segunda de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro de las sumarias por la supuesta comisión de delitos contra la Fe Pública y contra el Patrimonio denunciado por la señora G.Z.C. en contra de J.F.S., hubiese concluido el Ad quem que en los contratos de promesa y de compraventa suscrito entre J.E.S.R.G.B. y B.R. De gracia, hubo dolo omisivo por parte del señor J.E. S.R. ya que en todo momento conoció la situación irregular por la cual se traspaso la tercera parte de la Finca 60141 propiedad de G.Z.C.. Este error de hecho, al ignorar los elementos probatorios antes señalados, influyó en los dispositivo del fallo. SEGUNDO: El Primer Tribunal Superior de Justicia ignoró y desconoció las pruebas que obran en autos de fojas 410 a 412, de 417 a 426, 1137 a 1140 y 1154 que son pruebas admitidas y practicadas conforme a la ley que guardan relación con el proceso de sucesión intestada de E.A.C.D. (q.e.p.d.), donde se constata que el señor J.E.S.R. desde el año 1998 tuvo conocimiento que la señora G.Z.C. fue declarada heredera de la señora C. D. y adjudicataria de la tercera parte de la Finca 60141, inscrita en el Registro Público al tomo 1351, folio 44 de la sección de propiedad, provincia de Panamá. Por tanto, al ignorar y desconocer dichas pruebas el Tribunal Ad-quem toma la decisión errónea de no reconocer la existencia de vicio en el consentimiento por dolo omisivo en los contratos de promesa y de compraventa suscrito entre J.E. S.R. y R.G.B. y B.R. De Gracia, lo que influyó en lo dispositivo de la sentencia. Como consecuencia de los Motivos descritos, el Recurrente alega como normas legales infringidas los Artículos 780, 834 y 986 del Código Judicial así como los Artículos 1116, 1120 y 1141 del Código Civil. CRITERIO DEL TRIBUNAL Inicia esta S. con el estudio del Recurso de Casación ensayado por el C. BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. La Causal invocada por el C., consiste en la infracción de normas de derecho en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, la cual se produce cuando el Juzgador desconoce el medio o elemento probatorio, lo ignora o da por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente. El cargo de injuridicidad que le imputa el C. BANCO NACIONAL DE PANAMA en los Motivos expuestos a la Sentencia de segunda instancia, radica en que el Juzgador Ad quem ignoró las pruebas documentales que reposan en el expediente, las cuales acreditan la existencia de un dolo-precontractual en el actuar del demandante J.E.S.R. durante la negociación del contrato de compra venta de la Finca N°60141 y que se describen a continuación: · Poder Especial y escrito de Querella penal presentada por GUADALUPE ZAPATEIRO contra J.F.S. y J.S.R., visible de fs. 43 a 48 y de fs.176 a 183. · Traspasos de la Finca No. 60141 a partir de la fecha del Proceso de Sucesión Intestada de la Sra. E.A.C.D. (Q.E.P.D.), visible de fs. 900 a 1002 y de fs. 1005 a 1020. · Declaración rendida por el demandante J.S.R., visible de fs. 286, 294 y de fs. 618 a 621. · Nota de 18 de octubre de 2000, por la cual la Sociedad INVERSIONES PANAMÁ FLORIDA, S.A. remite al Sr. J. F.S. el avalúo de la Finca No. 60141, visible a fs. 49. · Copia autenticada de la Escritura Pública No. 8536 de 31 de julio de 1997 de la Notaria Quinta del Circuito de Panamá, visible a fs. 417-418. Los cargos de injuridicidad se fundamentan en la presunta violación directa por omisión del Artículo 780 del Código Judicial, que establece cuáles son los medios de prueba admitidos por la Ley y que se dicen inobservados por el Tribunal Ad quem. Una vez revisada la Sentencia objeto de censura, observa la S. que efectivamente, como señala el C., los medios de prueba descritos en el primer Motivo que sustenta la Causal probatoria fueron ignorados por el Tribunal Ad quem, puesto que al motivar su decisión de Reformar la Sentencia de primera instancia no hace referencia alguna a dichos medios de prueba. Estas pruebas según expone el C. , acreditan la existencia de una denuncia por el supuesto delito contra el patrimonio del vendedor, lo cual genera un vicio en el consentimiento del contrato de compra venta del bien inmueble suscrito entre las partes, generando en su opinión la nulidad del contrato. Véase a continuación lo que se desprende de cada una de las pruebas que se dicen ignoradas por el Ad quem, en ese primer Motivo: Obra en el expediente, Querella Penal interpuesta por la Sra. GUADALUPE ZAPATEIRO contra J.F.S. y J.S.R. (vendedor de la Finca objeto del contrato de compra-venta), el 24 de abril de 2001 ante el Centro de Recepción de Denuncias, por el delito de estafa. Esta Querella según se aprecia, fue presentada por la Sra. GUADALUPE ZAPATEIRO posterior a la fecha en la cual aparece inscrito y vigente el Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria sobre la Finca No. 60141 propiedad de J.S.R. y en virtud de la cual se sustenta la pretensión del demandante. Los documentos que de dicho Proceso penal fueron ignorados por el Ad quem y que influyen a criterio del C. en lo dispositivo de la Resolución recurrida, son el escrito de Querella Penal, presentado el día 24 de abril de 2001 (fs. 43 a 48), Poder Especial conferido por la Sra. GUADALUPE ARISTNICE ZAPATEIRO CASAL DE NÚÑEZ al L.. T.L.A. y otra copia del escrito de Querella penal interpuesta por la Sra. GUADALUPE en contra de J.F.S. y J.S.R., el 24 de abril de 2001 (fs.176 a 183). Una vez analizadas la pruebas señaladas, evidencia la S., que las mismas, contrario a lo expuesto por el C., solo acreditan la facultad otorgada por la Sra. GUADALUPE ZAPATEIRO al L.. L.Á. para interponer una Querella penal contra el Sr. J.F.S. y J.S.R., así como la correspondiente Querella penal, la cual según sello de recibido fue presentada en fecha posterior a la inscripción del Contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre la Finca No. 60141 en la Dirección del Registro Público, en la cual se exponen los hechos en los cuales se sustenta el delito denunciado, y que no guardan relación alguna con la titularidad de la Finca en mención. La existencia de un error o dolo en el consentimiento para la compra de la finca, la sustenta el C. en que el Sr. J.S.R. no informó a los compradores y ahora demandados de los problemas legales en los que estaba involucrada la Finca. Sin embargo, es criterio de la S. que dichos hechos no se acreditan con la sola presentación de la Querella penal, sino que estos deben ser debidamente probados a través de los medios idóneos de prueba, lo cual no ocurre a través de los documentos analizados e inobservados por el Tribunal Ad quem. Por tanto, dichos medios de pruebas no tienen la fuerza probatoria suficiente para acreditar que hubo un vicio en el consentimiento por parte del señor J.S.R. al momento de ofrecerles en venta la Finca de su propiedad a los señores GRENALD y R., debido a la existencia de algún problema legal que mantuviese y que impedían a su propietario en ese momento darla en venta. Por tanto, se descarta el cargo de injuridicidad expuesto en el primer Motivo. En el segundo Motivo, expone el C. como pruebas ignoradas por el Ad quem los traspasos de la Finca No. 60141 a partir de la fecha del Proceso de Sucesión Intestada de la Sra. E.A.C.D. (Q.E.P.D.), visibles de fs. 900 a 1002 y de 1005 a 1020, los cuales a criterio del C. reflejan los actos simulados o fraudulentos en los cuales participó el demandante y que conllevan a la nulidad del contrato de compra venta con garantía hipotecaria. Al respecto, manifiesta la S. luego de la verificación de las fojas 990 a 1002 y de 1015 a 1020, que se comprueba que ambos documentos consisten en certificaciones emitidas por el Registro Público respecto a la propiedad de la Finca objeto de estudio. También, advierte la S., que dicho medio de prueba no fue ignorado por el Tribunal Ad quem al momento de sustentar su posición en el Fallo recurrido, pues respecto a ellas expuso lo que se cita a continuación: "El instrumento fue inscrito en el Registro Público, en la Sección de Propiedad -el título de compraventa- y en la Sección de Hipoteca y Anticresis -los gravámenes-, el 27 de abril de 2001, y, según certificación del Registro Público que se lee de foja 990 a 1002, la titularidad de los señores GRENALD y R. sobre la Finca está vigente, así como los gravámenes por ellos constituidos a favor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. Allí mismo consta que, por orden del tribunal primario de esta causa, existe anotación provisional de la demanda. Es decir, que, formalmente hablando, los señores GRENALD y R. son los propietarios del bien raíz, y sobre éste se mantienen hipoteca, anticresis a favor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, pero, el señor J.S.R. (que es el demandante) afirma que el precio no le ha sido pagado por el Banco, que extendió a su favor una carta promesa de pago irrevocable, ni por los compradores, los cuales, después de haber autorizado irrevocablemente el pago, comunicaron al Banco que desistían de la compraventa y del préstamo, y solicitaron la suspensión de la transacción, a lo cual el Banco accedió, negándose a cumplir la promesa de pago irrevocable, aduciendo que actúa por instrucciones de sus clientes y que una condición para el pago, que era la liquidación del préstamo, no se cumplió." (destaca la S.) Como se aprecia del extracto transcrito, el Tribunal Ad quem extrajo de las certificaciones expedidas por el Registro Público visibles a fs. 990 a 1002 del expediente, la titularidad que sobre la Finca en cuestión poseen los señores GRENALD y R., así como los gravámenes inscritos y vigentes que pesan a favor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, por lo que mal pudo configurarse la infracción de normas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba que se acusa. En el tercer Motivo se plantea como prueba inobservada por el Ad quem la Declaración rendida ante la Fiscalía Segunda de Asuntos Civiles por el demandante J.S.R., visible a fs. 286, 294 y de fs. 618 a 621, en la cual, según expone el C., confesó que compró la Finca No. 60141 a Casa de E.S. y S., S.A. y la vendió a los señores BELSY y R., por instrucciones del Sr. J.F.S., confesión que en su concepto impide considerar al Sr. S. como un tercero y que el Sr. J.S.R. era un ignorante de los problemas legales que mantenía la Finca luego del Proceso de Sucesión de la madre del Querellante. Para mayor comprensión, la S. procede a citar un extracto de la declaración así: "PREGUNTADO: Diga el declarante, al momento de la adquisición de la finca 60141, a nombre de quién estaba esa finca?CONTESTO: S.F., estaba a nombre de Casa de Empeños S. y S., S.A., dicha empresa no tiene vínculo con mi familia, es una mera casualidad que se llame así. El señor S. que era el propietario de la finca se la vendió a esta empresa, desconozco el motivo, y posteriormente me la traspasaron a mí para garantizar el pago a mi familia de una suma que el señor S. le adeuda, con el producto de la venta de la casa. Dicha deuda está entre los siete y nueve mil dólares, yo le devolvería la diferencia del producto de la venta del señor S., una vez finalizada la transacción de la venta de la casa. Luego de la lectura atenta de lo manifestado por el demandante J.S., se colige que el Sr. J.F.S. le vendió la Finca objeto de estudio a la empresa CASA DE EMPEÑO S. Y S., S.A. y esta su vez la vendió al Sr. J.E.S.R., no pesando sobre la misma impedimento para su traspaso, pues dicha compra consta inscrita en la Oficina Registral, sin marginal alguna que impidiera su posterior traspaso. También se comprueba que el demandante reconoce que el Sr. S. y la Sra. GUADALUPE tenían diferencias en cuanto a la Finca N°60141, pues, según expone, ellos llegaron a un arreglo y finalmente ella le traspasó su cuota parte. Luego surgieron otros conflictos entre los mismos en relación a esa Finca y ambos se interpusieron mutuamente varias denuncias y Demandas, pero se desconoce los detalles. Dichas manifestaciones, contrario a lo expuesto por el C., reflejan que efectivamente entre los señores J.F.S. y la Sra. GUADALUPE ZAPATEIRO existían diferencias en cuanto a la venta de la Finca N°60141, que sí se dieron conflictos entre ellos por ese tema, pero estas diferencias no llegaron a afectar las transacciones que sobre la misma se habían realizado, puesto que llegaban a acuerdos. Por las razones expuestas, a criterio de la S. al no darse ninguna marginal sobre la Finca por algún proceso penal o civil pendiente, nada impedía a su propietario J.S.R. dar la Finca en venta y suscribir en consecuencia el respectivo contrato de compra venta con los demandados GRENALD y R.. Lo que sí le queda claro a la S., es que luego de tres (3) años de la venta de la cuota parte de la Finca propiedad de la Sra. ZAPATEIRO al Sr. J.F.S. éste la traspasó a CASA DE E.S. y S., S.A. y ésta a su vez al Sr. J.S.R.. Que es luego de dos (2) años de haber traspasado la propiedad de la Finca, que la Sra. ZAPATEIRO interpone una acción penal en contra de J.F.S. y J.S.R. por el delito de estafa, el cual no guarda relación alguna con un acto que viole o conculque algún derecho contra tercero respecto a la propiedad de la Finca, sino que guarda estricta correspondencia con el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales la Sra. ZAPATEIRO vendió la cuota parte de la Finca al Sr. J.F.S.. Es por las consideraciones expuestas, que esta S. considera que de la declaración del Sr. J.S.R., no se extrae ningún elemento de maquinación tendiente a vender la finca, pues sobre la misma no pesaba ningún Proceso penal pendiente al momento de su venta que tuviese que comunicar a los posibles compradores y que impidiera su libre disposición que permita a la S. declarar la nulidad del Contrato de Compra venta suscrito entre las partes, por lo que a través del Motivo expuesto tampoco se configura el cargo de injuridicidad que se alega. En el cuarto Motivo, expone el C. como otro de los elementos probatorios desconocidos por el Tribunal Ad quem la Nota de 18 de octubre de 2000, por la cual la Sociedad INVERSIONES PANAMÁ FLORIDA, S.A. remite al Sr. J.F.S. el avalúo de la Finca No. 60141, visible fs. 49 y de la prueba documental visible a fs. 592 a 597 consistente en la declaración del Sr. R.G. ante la Fiscalía Segunda Especializada en Asuntos Civiles, pruebas a través de las cuales según expone, se demuestra la asociación que existía entre los señores S. Y S. para vender la finca a pesar de los problemas legales que existían sobre la misma, lo cual denota en su concepto mala fe y falsedad de información, lo cual produce vicio en el consentimiento. Respecto a la Nota visible a fs. 89, advierte la S. que al tratarse de un documento privado emanado de tercero, para que el mismo adquiera validez jurídica de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 856 del Código Judicial, este debe ser reconocido por sus suscriptores, reconocimiento que luego de una revisión del expediente no se dio, por lo que mal puede atribuírsele valor jurídico a un documento que no lo tiene. Ahora bien, respecto a la declaración rendida por el demandado Sr. R.G., según plantea el C. de la misma se desprende que quien realizó la operación de compra de la Finca No. 60141 de los Sres. R. y GRENALD fue el señor J.F.S., quien también se encargó de conseguir el financiamiento ante el BANCO NACIONAL DE PANAMA. Los aspectos que cuestiona el C., a criterio de la S. no resultan suficientes para acreditar que entre los Sres. S.Y.S. existía una clara intención de engañar a los compradores respecto a la titularidad de la Finca en estudio, pues el Sr. S. tenía la propiedad de la Finca sin limitación alguna en cuanto a su derecho de disposición, pues en el tiempo en que se realizaron las operaciones de venta y financiamiento no existía Proceso penal pendiente, por lo que el que se haya comisionado al Sr. S. para realizar las mismas no resulta contrario a derecho, pues fue autorizado para ello, por quien ostentaba la titularidad de la Finca. Además, recordemos que la Querella fue presentada por el delito de estafa, el cual de manera alguna podría afectar la propiedad del bien inmueble al que hemos hecho referencia, pues de acreditarse el ilícito el mismo daría lugar únicamente a una sanción de tipo penal. Por tanto, a través de dicha medio probatorio tampoco se configura el cargo expuesto. Finalmente, en el quinto Motivo, el C. plantea que fue ignorada por el Tribunal Ad quem la copia autenticada de la Escritura Pública N°8536 de 31 de julio de 1997, de la Notaria Quinta de Panamá, contentiva del Proceso de Sucesión Intestada de la Sra. E.A.C.D. (Q.E.P.D.), en la cual se acredita que el Sr. J.E.S.R. intervino como perito y pasante de la parte actora, por lo que al adquirir para sí el bien objeto de la Sucesión contravino con ello la disposición que prohíbe a los jueces, abogados y peritos, etc., adquirir bienes en un Proceso en el cual hayan intervenido ya sea por sí o por interpuesta persona, como en el caso referencia. Observa la S., que en la prueba descrita se acredita que en el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá se llevó a cabo el Proceso de Sucesión Intestada de la madre de la querellante GUADALUPE ZAPATEIRO. Que el bien objeto de la Sucesión consistía en la Finca N°60141 antes descrita. Que esta Finca fue adjudicada en 1/3 parte a la Sra. GUADALUPE y el resto a sus otros hermanos. Que en dicho Proceso el Sr. J.F.S. actuó solicitando a la Dirección de Catastro el valor catastral de la Finca antes referida, como P. del señor A.P. en las diligencias de inventario y avalúo a realizarse dentro de dicho Proceso. Que solicitó a la Dirección del Registro Público certificara quién es su propietario actual, valor registrado, ubicación, linderos, superficie, gravámenes inscritos y si tenía asientos pendientes de inscripción. Adicional a ello, consta que el Sr. J.E.S., fue pasante del L.. E.J.M.B., abogado que llevó todo el trámite de Sucesión Intestada de la madre de la querellante, que el Sr. S. fue designado dentro de dicho Proceso como P. y que este Proceso finalizó en el año de 1997. No le asiste duda a la S. que el Sr. J.S.R., participó como pasante y perito dentro del Proceso de Sucesión Intestada de la madre de la querellante, el cual finalizó en el año de 1997. Que las normas del Código Civil establecen una clara prohibición en cuanto a la enajenación de bienes de un Proceso a los apoderados, peritos entre otra categoría de sujetos, situación que a criterio de la S. no aplica en el presente caso, por las razones que se exponen a continuación. De acuerdo a las certificaciones expedidas por la Oficina del Registro Público la Finca fue adjudicada a los herederos declarados de la madre de la querellante, al Sr. A.P., R.P. y GUADALUPE ARISTMICE Z. DE C.. Los hermanos PIZARRO traspasaron su derecho al LICDO. J.F.S. y la Sra. GUADALUPE ARITMICE Z. DE C. le vendió al Sr. J.F.S. la propiedad de la tercera parte de la Finca, el 12 de noviembre de 1999 luego de dos (2) años de finalizado el Proceso Sucesorio. Posteriormente, el Sr. J.F.S. traspasó la propiedad de la Finca a la sociedad CASA DE E.S.Y.S., S.A. y esta a su vez la traspaso a J.E.S.R. en el año 2001. Es luego de 4 años que la Finca que le fue adjudicada a la hoy querellante GUADALUPE ZAPATEIRO que el Sr. J.S. R. adquirió la propiedad de la Finca sin limitación, ni proceso pendiente alguno. Es el criterio de esta S., que dichas pruebas no logran acreditar el supuesto de hecho contenido en el Artículo 1129 del Código Civil,que establece a determinada categoría de sujetos limitaciones en cuanto a la compra y venta de bienes. Dicha norma dispone que los mandatarios no podrán adquirir por compra (subasta pública o judicial), por sí o a través de intermediario, los bienes cuya administración o enajenación le han sido confiados; pues se trata de una limitación impuesta expresamente a quienes se encargan de decidir cuál será el destino de determinado patrimonio, cuyo objetivo es evitar que se pueda obtener un beneficio personal o aprovechar ciertas ventajas, en detrimento de la confianza depositada en él por el mandante, o respecto a otros posibles adquirentes. En consecuencia, al no configurarse los supuestos de hecho contenidos en las normas citadas como infringidas a través de las pruebas inobservadas, no procede Casar la Sentencia impugnada, bajo la Causal invocada. A continuación, la S. analizará el Recurso de Casación presentado por la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles consistente en: "Infracción de normas de derecho en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba", la cual se produce cuando el Juzgador desconoce el medio o elemento probatorio, lo ignora o da por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente. Las pruebas que señala el C. como ignoradas por el Tribunal Ad quem son: · Declaración Jurada rendida por el señor J.E.S.R., ante la Fiscalía Segunda de Circuito del Primer Circuito Judicial, el día 25 de febrero del año 2002 visible a fs. 288 a 294 y la declaración jurada rendida por el Sr. J.E.S.R., ante la misma Fiscalía el 16 de julio del año 2002, visible de fs. 618 a 621. · Documentos visibles a fs. 410 a 412, consistente en la Protocolización de la Sucesión Intestada de E.A.C.D. (Q.E.P.E.); documento de 417 a 426, consistente en Adición a la Escritura de Protocolización de la Sucesión Intestada antes referida; documento visible a fs. 1137, consistente en parte de un escrito de un Proceso Especial de Pago por Consignación; documento visible a fs. 1138, consistente en la Providencia que fija fecha de entrega de Diligencia extrajudicial de Inventario y Avalúo de los bines dejados por la madre de la querellante y documentos visibles de a fs. 1139 y 1140, consistente en la Diligencia de Inventario y Avalúo. Advierte la S. que respecto a la primera declaración jurada rendida por el Sr. J.S.R., visible de fs. 288 a 294, que la misma ya fue analizada por esta S. al momento de estudiar el primer Motivo de la Causal probatoria alegada por el demandado BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, por lo que se reitera, que la misma carece de la contundencia necesaria para incidir en lo dispositivo del fallo recurrido. Respecto a la segunda declaración rendida por el demandante ante la Fiscalía Segunda de Circuito, el 16 de julio del año 2002, visible de fs. 618 a 621, resalta la S. como aspecto nuevo a considerar la manifestación que hace el Sr. J.S.R. respecto a que CASA DE E.S.Y.S., S.A. le vendió la Finca N°60141 por instrucciones del Sr. S. y que él vendió la Finca a B.R. y R. G., también por instrucciones del Sr. J.F.S.. Las declaraciones vertidas por el demandante ante la Fiscalía, a criterio de la S. no resultan suficientes para acreditar el extremo de la maquinación incidiosa, que alega el C., hubo entre los señores S. y S. para vender la Finca, la cual reiteramos, no mantenía pendiente problemas legales con su antigua propietaria, pues para la fecha en que se dio la venta de la Finca por la cual demandó el Sr. J.S.R. su pago a los demandados en el presente Proceso, no existía Proceso penal alguno iniciado o pendiente de decisión, así como tampoco algún tipo de disputa legal por la propiedad de la misma que impidiera a su propietario ofrecerla en venta. Por ello, no tiene la prueba analizada la fuerza probatoria suficiente para acreditar el extremo expuesto, por lo que procede la S. a desechar el cargo contenido en el primer Motivo. En el segundo Motivo, la Fiscalía Segunda Especializada en Asuntos Civiles señala como cargo de injuridicidad que el Tribunal Ad quem desconoció las pruebas relacionadas con el Proceso de Sucesión Intestada de EUNICE AMERICA CAJAR DUSAIN (Q.E.P.D.), donde se evidencia que el Sr. J.S.R., desde el año 1998 tuvo conocimiento que la Sra. G.Z.C. fue declarada heredera de los bienes de la Sra. CAJAR. Luego, de la verificación de los documentos supuestamente inobservados por el Tribunal Ad quem, debe señalar la S. que no le asiste duda alguna del conocimiento que sobre los hechos que allí se suscitaron tenía el demandante, como bien se expuso al analizar la Causal probatoria presentada por el BANCO NACIONAL. Es un hecho cierto que el Sr. J.S.R. tenía pleno conocimiento de la adjudicación que en el año de 1997 obtuvo la Sra. GUADALUPE ZAPATEIRO de la tercera parte de la Finca N°60141. Sin embargo, este hecho que por sí solo no configura el tan alegado vicio del consentimiento del Contrato de promesa y de compraventa suscrito por el Sr. J.E.S. con los señores R.G.B. y B.R. DE GRACIA, suscrito en el año 2001. Debe la S. reiterar que no existía limitación alguna al derecho de propiedad que en ese momento tenía el demandante sobre la Finca, lo que permitió que dichos contratos pudieran ser perfectamente inscritos en la Oficina Registral. Luego, la Querella penal interpuesta por la Sra. GUADALUPE ZAPATEIRO se da una vez inscritos los contratos antes descritos, es decir, cuatro (4) años después que ella traspasara su derecho de propiedad sobre la tercera parte de la Finca al Sr. J.F.S.. En consecuencia, del análisis de los dos Motivos que sustentan la Causal probatoria invocada por la C., esta S. debe resolver que no se han configurado los cargos de injuridicidad expuestos, ni las violaciones a los Artículos 780, 834 y 986 del Código Judicial así como de los Artículos 1116, 1120 y 1141 del Código Civil. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 16 de marzo de 2009 emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario que J.S.R. le sigue a BANCO NACIONAL DE PANAMA, R.G. (y) B.R.. Sin condena en costas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1077 del Código Judicial. N.. OYDÉN ORTEGA DURÁN HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARLEY J. MITCHELL D. SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)