Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Marzo de 2016

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución 2 de Marzo de 2016
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: A.Q.V. de MANCILLA, por intermedio de apoderado judicial, formalizó recurso de casación en el fondo contra la resolución de fecha 28 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual confirmó el contenido de la sentencia Nº 37 de 21 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado Primero de Circuito de H., Ramo Civil, en el proceso ordinario declarativo instaurado por A.Q.V. de MANCILLA, en representación de la sucesión intestada de R.A.Q.O. (q.e.p.d.) y C.E.O. de QUINTERO (q.e.p.d.), contra A.Q.O. y F.M.V.C.. La parte resolutiva de la sentencia de primera instancia dispuso lo siguiente: "Por los motivos antes expuestos, quien suscribe Juez Adjunta del Circuito Civil de H., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, en el proceso Ordinario de Nulidad de Escritura Pública, formulado por A.Q.V. DE MANCILLA contra A.Q.O. y F.M.V.C.. RESUELVE: PRIMERO: NEGAR LA PRETENSIÓN, con la imposición de costas al actor por la suma de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000.00). SEGUNDO:..." Ante la decisión adversa en primera instancia, y al ser confirmada en grado de apelación, se anunció y sustentó recurso extraordinario de casación en el fondo, para ser atendido en este nivel jurisdiccional. Atendiendo a las reglas de reparto, y previo estudio de los conceptos alegados, la S. estimó a través de resolución de fecha 4 de febrero de 2015 la corrección del libelo, señalando las falencias presentadas. Vencido el plazo otorgado de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1181 del Código Judicial, el letrado recurrente presentó oportunamente el escrito contentivo del recurso de casación corregido (ver fojas 304 a 319), el cual hallado conforme es admitido por esta Corporación mediante resolución de fecha 08 de abril de 2015, lo cual apertura la fase de alegaciones finales. RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA Cumplida la fase de admisibilidad, corresponde a la S. pronunciarse con relación al recurso propuesto, el cual se fundamentó en las denominadas causales probatorias: error de derecho en la apreciación de la prueba y el error de hecho en la existencia de la prueba. Veamos seguidamente cada una de ellas, así como los motivos que lo sustentan. El primer concepto alegado, recae en la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que ha influido en lo dispositivo de la resolución recurrida, sustentado en tres motivos a saber: "PRIMER MOTIVO: El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en la sentencia impugnada no apreció correctamente la Escritura Pública Nº 1416, de 18 de agosto de 2003, extendida en la Notaría del Circuito de H., visible en fojas 215 y 215 (v.), la cual contiene supuestamente un contrato de donación celebrado entre C.O. de QUINTERO como Donante, y por A.Q.O., como Donataria y en la cual no se llenaron los requisitos exigidos por la Ley sustantiva al carecer de la firma autógrafa de C.O. de QUINTERO y haber sido firmada a Ruegos de la Notaría actuante, por un tercero (REYES MARCEL y SAUCEDO VALDES) desconocido por los otorgantes de dicha Escritura Pública y pese a que C.O. de QUINTERO sabía y podía firmar para la fecha del mencionado instrumento público, tal como lo afirma I.D.Q.S. fs. 107 a 109 y lo confesó La Demandada A.Q.O., en declaración de parte rendida el día 10 de abril de 2013, fs. 134 a 137, con lo cual, valoró incorrectamente, insistimos el contenido de la Escritura en cuestión y le dio el valor de la plena prueba, a este instrumento, cuando no lo tiene, por los vicios ya anotados. SEGUNDO MOTIVO: El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en la sentencia impugnada no le dio el valor probatorio que merece la declaración jurada de I.D.Q.S., quien a fs. 107 de autos, como nieto de C.O.Q., fue firme al contestar que su abuela sabía firmar y gozaba de buena salud para la fecha de la Escritura Pública Nº 1416, de 18 de agosto de 2003, extendida en la Notaría de H., lo que para un buen entendedor, nada le impedía firmar dicho documento pública (sic), cosa que no hizo, por lo que este testimonio constituye un indicio grave, según las reglas de la sana crítica que le permiten al juzgador darle valor de prueba plena si le hubiese confrontado con las otras pruebas obrantes en autos y que le permiten concluir con el instrumento cuestionado era nulo por haberse pretermitido las formalidades legales contenidas por nuestra ley sustantiva para la validés (sic) de los contratos y los actos que extrañan (sic) la existencia de obligaciones a cargo de las partes signantes. TERCER MOTIVO: El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en la sentencia impugnada no apreció correctamente la declaración de parte rendida por la Demandada, A.Q.O. de fs. 134 a 137 que contiene una confesión judicial al expresar que su madre C.O. de QUINTERO, sabía firmar y que gozaba de buena salud para la fecha de la Escritura Pública Nº 1416 de 2003, de la Notaría de H. y que ella como Donataria, ni la Donante conocieron a R.M.S.V., quien firmó se dice a ruegos de la Notaría y de haberse apreciado de manera correcta la confesión de parte rendida por A.Q.O., el Tribunal de alzada debió haber llegado a la conclusión de que efectivamente C.O. de QUINTERO, sabía y podía firmar y que no le pudo solicitar firma a ruegos a una persona desconocida tal como lo confesó D.A.Q.O. foja 136, por lo cual, este yerro valorativo influyó sustancialmente en la sentencia impugnada al aceptar la valides (sic) formal y el contenido del contrato de donación recogido en dicho instrumento público demandado de nulidad. "(fs. 305 - 306) Entre las disposiciones legales infringidas señaló los artículos 781, 836, 886, 896 y 917 del Código Judicial y los artículos 1112, 1735 y 1738 del Código Civil. Para iniciar con el estudio del recurso, se observa que en el primer motivo alegado, manifestó la incorrecta apreciación de la escritura Pública No. 1416 de fecha 18 de agosto de 2003, que contiene el contrato de donación celebrado entre C.O. de QUINTERO y A.Q.O., al haber incumplido los requisitos exigidos por Ley, careciendo el referido documento de la rúbrica de C.O. de QUINTERO, siendo un tercero quien firma a ruego, a pesar que ella podía y sabía firmar. Lo anterior, se apoya en las declaraciones rendidas por I.D.Q. (nieto de C.) y A.Q.O. (hija de C., quienes afirman que sabía y podía firmar. En cuanto al segundo y tercer motivo, indicó la errónea valoración de los testimonios de I.D.Q. (nieto de C.) y A.Q.O., quienes afirmaron que la señora C.O. de QUINTERO, gozaba de buena salud, y que sabía y podía firmar, por lo que no era necesario solicitar a ruego a un tercero que firmara por ella. De la lectura de los referidos motivos, encuentra la S. que en el primero de ellos se alega la errónea valoración de la escritura pública Nº 1416 de 18 de agosto de 2003, en asocio con sendas declaraciones rendidas por I.D.Q.S. y A.Q.O., con el propósito de acreditar que la prenombrada C.O. de QUINTERO, sabía y podía firmar, siendo éstas mismas declaraciones las pruebas que alega como indebidamente apreciadas por el sentenciador Ad-quem en los subsiguientes motivos. En atención a ello, consideramos prudente realizar para este concepto de fondo, un examen conjunto de los cargos, debido a la relación existente entre los elementos probatorios que estima el recurrente fueron indebidamente valorados por el sentenciador de segunda instancia, y verificar el yerro cometido o no en la sentencia objeto de censura. Para iniciar con este examen, y tal y como lo señaló el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial en la resolución que examinamos, la pretensión del actor- recurrente es obtener la declaratoria de nulidad del contrato de donación de la finca Nº 14333, rollo complementario 3574, documento 1, sección de la propiedad de la Provincia de H., entre C. OSORO de QUINTERO y A.Q.O., protocolizada en la escritura pública Nº 1416 de 18 de agosto de 2003, ante la Notaría del Circuito de H., al haberse incumplido los requisitos exigidos por la Ley sustantiva, ya que el documento carecía de la firma de C.O. de QUINTERO. Para ello, el casacionista alegó la indebida valoración de la prueba documental consistente en la Escritura Pública Nº 1416 de 18 de agosto de 2003, protocolizada ante la Notaria del Circuito de H., la cual se aprecia en foja 215 y reverso, la cual contiene el contrato de donación celebrado entre C.O. de QUINTERO y A.Q.O., al no haberse llenado los requisitos exigidos por la Ley. Al respecto, el letrado recurrente indicó que la señora C.O. de QUINTERO, no firma el citado documento, por lo tanto se produce el incumplimiento de uno de los requisitos que establece la legislación sustantiva, contenida en el artículo 1735 del Código Civil, cuyo texto vigente a la fecha de la protocolización se transcribe seguidamente: "Artículo 1735: Todo acto o contrato que deba quedar en el protocolo, deberá suscribirse con la firma usual por los otorgantes, por dos testigos mayores de veintiún años, vecinos del Circuito de la Notaría y de buen crédito, que dará fe de todo; los dos testigos se llaman testigos instrumentales. Los testigos instrumentales deberán estar presentes al tiempo de leerse el instrumento a los otorgantes, oír que estos lo aprueban y ver que lo firmen. Si alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego un testigo diferente de los instrumentales, que reúna las circunstancias que en estos se requieren." Conforme el texto de la norma citada, queda claro que constituye un requisito indispensable para la protocolización de una escritura pública, que en ella figure la firma de los otorgantes, entre ellas, la señora C.O. de QUINTERO; no obstante, la misma disposición prevé una excepción a la regla general, permitiendo la participación de un tercero a ruego, en lugar del otorgante que no sepa o no pueda firmar. En esa línea de pensamiento, el instrumento público (escritura) que señala el recurrente como indebidamente valorado, cumplió cabalmente con el requerimiento de Ley, ante la manifestación de la otorgante de no poder firmar del documento. Con esto claro, la resolución que examinamos si apreció el contenido de la Escritura Pública Nº 1416 del 18 de agosto de 2003, al determinar que de las pruebas que allegan al proceso, no es posible determinar que el contrato que se pretende anular, este viciado por falta de su rúbrica, y señaló además: "De la propia Escritura Pública que se pretende anular se puede colegir con meridiana claridad que el contrato de donación fue otorgado con consentimiento de la señora C.O. de Q., toda vez que allí consta que la misma se apersonó a la Notaría del Circuito de H. para donar a su hija A.Q. un bien inmueble y que dijo la Notaría que no podía firmar por lo que se cumplió con las formalidades exigidas por el artículo 1735 del Código Civil, es decir, la participación de un testigo a ruego y vale agregar que también lleva la firma de la Notaria y no como se indica en el escrito de apelación que carece de la misma." (fs. 263). Al tenor de lo expuesto por el sentenciador Ad-quem, se observa que el consentimiento, requisito indispensable para que la contratación sea válida, al igual que la firma a ruego del testigo instrumental fueron satisfechos debidamente, tal cual se aprecia en el documento, por lo tanto, a juicio de esta S. no hay mérito para acceder a la nulidad de la escritura pública que contiene el contrato de donación a título gratuito de un bien inmueble propiedad de C.O. de QUINTERO, a favor de su hija A.Q.. Por otro lado, y con el propósito de acreditar que la señora C.O. de QUINTERO, sabía y podía firmar, alegó las declaraciones rendidas por I.D.Q. (fs. 107 a 109) y A.Q.O.. (fs. 134 a 137), las cuales considera no fueron justipreciadas por el Tribunal Ad-quem. Así pues, I.D.Q., quien se identifica como nieto de la señora C.O. de QUINTERO, manifestó que le consta que su abuela sabía firmar, y que no padecía de impedimento alguno para requerir de un testigo a ruego, ya que gozaba de buena salud. Por su parte, A.Q.O., indicó que su madre no había sufrido accidente alguno que le impidiese firmar, pero que hace mucho tiempo había dejado de firmar. Ante lo manifestado, observa la S. que lo señalado por la testigo, es contrario a lo expuesto por el letrado en el tercer motivo, quien indicó que la prenombrada había realizado una confesión judicial, al expresar "que su madre C.O. de QUINTERO sabía firmar y que gozaba de buena salud para la fecha de la Escritura Pública No. 1416 de 2003, de la Notaría de H...." Ante tales señalamientos, es indudable que ambos testimonios son contradictorios para determinar si la señora C.O. de QUINTERO, sabía o no firmar y no requería de un testigo a ruego para ello, pero coinciden en afirmar el buen estado de salud de que gozaba, por lo que la ausencia de lucidez no constituye un impedimento para la realización del contrato. En esa línea de pensamiento, y valiéndose del sistema de la sana crítica, se valoró el reporte de solicitud del Tribunal Electoral de Panamá, remitida al Juzgado de la causa en copia debidamente autenticada con su original, en respuesta al oficio Nº 145 de fecha 31 de enero de 2013, en el cual solicita tarjeta base de la señora C.O.E.D.Q., portadora de la cédula Nº 6-6-66, en el cual se lee claramente que NO FIRMA, cuya fecha de emisión es anterior a la protocolización de la citada escritura pública. Atendiendo a estos hechos, esta Corporación de Justicia coincide con lo planteado por el Juzgador Ad-quem, al confirmar la sentencia en grado de apelación (niega la pretensión), al no haberse incumplido con lo dispuesto en el artículo 1735 del Código Civil. En tal sentido, se desestiman los cargos expuestos para la modalidad de error de derecho. Prosiguiendo con el recurso, veamos ahora la infracción de normas sustantivas por concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en el fallo, el cual se fundamenta en dos motivos a saber: "PRIMER MOTIVO: El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en la sentencia impugnada, tomó en cuenta a pesar de no constar en autos legalmente, el documento público consistente en renovación de cédula, remitido por el Tribunal Electoral (ver fs. 91 de autos); ya que dicha renovación de cédula no fue aducida, ni ordenada su práctica al mencionado Tribunal, por cuanto la prueba aducida por la Parte Demandada, se refería a la solicitud de una copia autenticada de la cédula 6-6-66 de la señora C.O.E. de QUINTERO y no a la solicitud de renovación de cédula, que fue lo que envió al Tribunal requerido (ver fs. 67) y, en consecuencia, tal prueba por no haber sido aducida por Las Partes Procesales, ni ordenada su práctica, no debió tomarse en cuenta en la sentencia atacada, lo cual, ha influido en lo sustancial de la parte dispositiva del fallo impugnado. SEGUNDO MOTIVO: El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en la sentencia impugnada, no tomó en cuenta la Escritura Pública No. 1103 de 23 de septiembre de 1985, (fs. 217 a 220), expedida en la Notaría de H., la cual contiene una adjudicación de bien inmueble hecha por el Municipio de P. a favor de C.O. de QUINTERO, y que fue firmada por esta última, con lo cual se evidencia, una vez más, que, C.O. de QUINTERO, sabía firmar desde el 23 de septiembre de 1985 hasta el 17 de octubre de 2003, que contiene la Escritura Pública No. 2370 de 17 de octubre de 2003, de la Notaría de Los Santos, lo cual consta a fs. 212 a 213, circunstancia desconocida en la sentencia impugnada, lo cual influyó sustancialmente en el fallo impugnado." (fs. 315 a 316) Para esta modalidad de fondo, se citaron como normas infringidas, los artículos 780 y 1265 del Código Judicial y los artículos 1141 y 1735 del Código Civil. Antes de iniciar con el examen de la modalidad de fondo alegada, precisa señalar que los cargos sobre los cuales se sustentan los motivos, deben ser congruentes con el concepto. En ese sentido, el jurista J.F., en su libro Casación Civil (1985), establece cuando nos encontramos frente a esta modalidad de fondo, como sigue: "El error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba está relacionado directamente con elemento probatorio. Al error de hecho algunas veces se le califica como afirmativo o negativo; así se considera que el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba es afirmativa cuando en la sentencia o auto impugnado se considera una prueba que no existe, o se atribuye a un perito o testigo una afirmación no formulada por ella; por otra parte será negativo cuando por cualquier circunstancia se deja de apreciar una prueba existente en el proceso. Ello no significa, naturalmente, que el recurso tenga que valerse de las expresiones "positivo" "negativo" para que prospere el recurso, ya que la Ley no contiene tal exigencia. Basta con que ello surja del recurso". (J.F.P.C.C., E.J.P., Panamá, 1985, Págs. 353-354). De lo transcrito se infiere entonces, que el concepto de error de hecho se fundamenta en que el Juzgador Ad-quem ignoró una determinada prueba al momento de realizar su labor valorativa y emitir su decisión. En atención a ello, vemos que en el primer motivo, el casacionista alega que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, "tomó en cuenta a pesar de no constar en autos legalmente, el documento público consistente en renovación de cédula", visible en foja 91 del expediente. De lo manifestado, observa la S. que el cargo alegado por el recurrente, difiere de los requerimientos establecidos para que se configure el concepto de error de hecho. Y es que, si el sentenciador Ad-quem valoró el documento visible en foja 91 del infolio, no estaríamos ante la referida causal de fondo. Lo anterior, quedó evidenciado en la resolución objeto de censura, en fojas 263 y 264, indicó: " ...en la escritura pública número mil cuatrocientos dieciséis (1416) hace constar que por motivo de impedimento físico la señora C. OSORIO DE QUINTERO dice no poder firmar lo hace a ruego el señor REYES M.S.V., y ello se encuentra respaldado con el reporte de solicitud emitida por autoridad pública, y en este caso el Tribunal Electoral de Panamá y en el cual consta en el cuadro de firma existente que "NO FIRMA", y como fecha de solicitud indica 11 de agosto de 2003, por lo tanto, contrario a lo que expresa el recurrente, esta prueba merece que se le otorgue el valor que le corresponde aunado a que este documento es la cédula base o tarjeta base que custodia el Tribunal Electoral." Atendiendo a lo transcrito, es claro que la prueba que se cuestiona fue valorada, cuando ha sido objeto de pronunciamiento por el Ad-quem, siendo contradictorio su señalamiento. Por otro lado, el casacionista indica que la prueba de informe que adujo la parte demandada y dirigida a la Dirección General del Registro Civil, no consta en autos legalmente, ya que no fue pedida, ni ordenada su práctica. Frente a tales planteamientos, la S. advierte que en foja 150 del infolio, consta el libelo contentivo del escrito de pruebas de la parte demandada, quien en uso del término conferido por Ley, adujo pruebas a su favor, oportunidad en la cual peticionó a la Dirección del Registro Civil copia auténtica de la cédula de C.O.E. de QUINTERO, portadora de la cédula de identidad personal Nº 6-6-66, en cuya respuesta la entidad en cuestión, remitió copia autenticada de la última solicitud que consta en sus archivos con relación a la señora C.O.D.E., en la cual se aprecia que la prenombrada no firma, por tanto, no es dable lo indicado por el recurrente, con relación a la prueba cuestionada, cuando fue legítimamente solicitada, admitida e integrada al expediente, lo cual le otorga plena validez. Con apoyo a estas razones, esta Corporación de Justicia concluye que el cargo alegado no se adecua al concepto de fondo alegado, y en virtud de ello, se desecha el mismo. Para el segundo motivo, el recurrente señaló que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial no tomó en cuenta la Escritura Pública No. 1103 de 23 de septiembre de 1985, expedida por la Notaría de H., contentiva de la adjudicación del bien inmueble realizada por el Municipio de P., a favor de C.O. de QUINTERO, la cual demuestra que la prenombrada sabía firmar. Al tenor del cargo, y previa lectura de la sentencia bajo examen, se observa que la Escritura Pública que señala el recurrente no fue objeto de análisis por el sentenciador Ad-quem, lo cual se ajusta al concepto de fondo. No obstante, debemos tener presente que es indispensable que la omisión en la valoración o que se haya ignorado una prueba, debe influir en la parte dispositiva del fallo. Veamos el contenido del referido instrumento, al tenor de lo pretendido. Conforme lo plasmado en el libelo contentivo del recurso, tenemos que la pretensión es evidenciar el incumplimiento de uno de los requisitos para la validez de los contratos, es decir, el consentimiento de uno de los contratantes, en este caso, la señora C.O. de QUINTERO, la cual al decir del recurrente sabía firmar. En ese sentido, verifica la S. que si bien en la parte final de la Escritura Pública Nº 1103 de 23 de septiembre de 1985, protocolizada ante la Notaría del Circuito de H., se observa que la prenombrada figura entre los firmantes, es decir, que sabía firmar. No obstante, es fácil observar que el documento en cuestión data de más de 25 años desde que fue protocolizado, y que a pesar de haberlo rubricado, ello no significa que a la fecha de la suscripción de la escritura pública Nº 1416 de 18 de agosto de 2003, la señora C.O. de QUINTERO, ya sea por causas de salud o de otra índole, tuviese la capacidad para rubricar disminuida, a tal grado de no poder firmar en la actualidad, lo que parece ser un hecho demostrado con la práctica de la prueba de informe dirigida a la Dirección General del Registro Civil, cuya copia auténtica de la tarjeta base de la señora C.O. de QUINTERO, apreciable en foja 165 del infolio, indica claramente, que NO FIRMA. En ese orden de ideas, esta Corporación considera que la omisión por el sentenciador de segunda instancia con relación al citado instrumento, no influye en forma alguna en la decisión adoptada, toda vez que ello no acredita que la señora C.O. de QUINTERO, no haya prestado su consentimiento al momento de realizar el contrato de donación, o que se haya incumplido con lo dispuesto en el artículo 1735 del Código Civil, ya que para la fecha en que se efectuó el mismo, confrontándolo con la tarjeta base de la prenombrada, la misma no firmaba, razón por la cual lo que correspondía era que un testigo a ruego firmase por ella. Así las cosas, el motivo alegado debe desestimarse. En mérito de lo antes expuesto, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia civil Nº 103 de fecha 28 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en el proceso ordinario propuesto por A.Q.V. de MANCILLA contra A.Q.O. y F.M.V.C.. La condena en costas se fija en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/. 200.00).0 Notifíquese, HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR