Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 2020

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución25 de Junio de 2020
EmisorPrimera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Primera de lo Civil

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 25 de junio de 2020

Materia: Civil

Casación

Expediente: 249-17

VISTOS:

Corresponde a esta Sala Civil resolver el recurso de Casación corregido formalizado por el Licenciado B.G.G., en su condición de apoderado judicial de la ejecutante (fs.191-207 y 236-240), contra la sentencia de 14 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en la Excepción de Pago presentada dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario con Renuncia de Trámites propuesto por GLOBAL BANK CORPORATION contra J.D.M.B. y E.A.M.B..

Las constancias procesales reflejan que el actor presentó Proceso Ejecutivo Hipotecario con Renuncia de Trámites contra J.D.M.B. y E.A.M.B., a fin de hacer efectivo el pago de la suma de B/.57,796.25 en concepto de capital, más costas y gastos.

Mediante Auto N°776 de 19 de agosto de 2013 (fs.18-23 del expediente principal), el Juzgado Segundo de Circuito Civil del Circuito Judicial de Coclé ordenó a los ejecutados pagar a GLOBAL BANK CORPORATION la suma de B/.67,193.64 en concepto de capital, intereses, costas y gastos provicionales del proceso, y decretó embargo sobre la finca N°30468, documento 246354, código de ubicación 9903, de la Sección de la propiedad de la provincia de Verguas, perteneciente a E.A.M.B..

Pendiente de notificar a los ejecutados del auto de libramiento de pago, la actora presentó escrito comunicando "que desisto de la medida de embargo decretada", y se dejara sin efecto la referida resolución, debido a "que las partes están en la fase de formalizar un acuerdo extrajudicial que busca poner fin al presente proceso de ejecución" (f.61).

El J. de la causa, a través de Auto N°711 de 23 de julio de 2015 (fs.62-64), accedió a ordenar el levantamiento del embargo decretado sobre la finca N°30468, comunicó lo resuelto al Registro Público, dio salida al expediente y lo remitió a la Sección de Archivo de Coclé y Veraguas (fs.65-66).

Con posterioridad, previa devolución del expediente por petición del juzgado de conocimiento, la entidad bancaria presentó memorial denunciado otros bienes para asegurar el pago de un saldo insoluto (fs.68-69), petición que provocó se dictara el Auto N°265 de 18 de marzo de 2016 (fs.74-76), acogiendose la solicitud de embargo sobre la cuota parte de la finca N°366784, código de ubicación 9904, sección de la propiedad de la provincia de veraguas, y la cuota parte de la finca N°404531, código de ubicación 9904, sección de la propiedad de la provincia de veraguas, ambas de propiedad de J.D.M.B..

Los ejecutados al comparecer al proceso presentan en su defensa, en escritos separados, Excepción de Pago y Excepción de Inexistencia de la Obligación, las cuales, previo cumplimiento de los trámites correspondientes, fueron declaradas no probadas mediante sentencia N°81 de 24 de noviembre de 2016 (fs.137-153 del presente cuaderno) y sentencia N°82 de 25 de noviembre de 2016 (fs.139-156 del cuaderno de Excepción de Inexistencia de la Obligación), respectivamente.

Ambas decisiones fueron apeladas por los excepcionantes, dando lugar a que fueran de conocimiento del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, quien atendió ambas alzadas por conducto de fallo fechado 14 de junio de 2017 (fs.172-183), disponiendo:

"PRIMERO: ACUMULAR las excepciones presentadas por la Licenciada M.d.P.R., dentro del presente Proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía, al fin que sean resueltas dentro de una sola resolución.

SEGUNDO

DECLARAR PROBADA la Excepción de Inexistencia de la Obligación presentada por M.d.P.R., apoderada judicial de J.D.M.B. y E.A.M.B..

TERCERO

DECLARAR PROBADA la Excepción de Pago Total de la Obligación presentada por M.d.P.R., apoderada judicial de J.D.M.B. y E.A.M.B..

CUARTO

REVOCAR la Sentencia 81 fechada 24 de noviembre de 2016, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito Civil de la Provincia de Coclé.

QUINTO

REVOCAR la Sentencia 82, fechada 25 de noviembre de 2016, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito Civil de la Provincia de Coclé."

SEXTO

REVOCAR el contenido del Auto No.265, emitido por el Juzgado Segundo de Circuito Civil de Coclé y, en consecuencia, se ORDENA decretar el levantamiento del embargo sobre los bienes de los señores J.D.M.B. y E.A.M.B..

SÉPTIMO

Se fijan las costas de segunda instancia en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.250.00), a cargo de la parte vencida." (fs.182-183)

RECURSO DE CASACION Y DECISION DE LA SALA

Tres fueron las causales admitidas a GLOBAL BANK CORPORATION: violación directa y error de hecho en la existencia de la prueba (fs.191-207), así como error de derecho en la apreciación de la prueba (fs.236-240).

La causal por "infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", cuenta con los siguientes motivos:

"Primer motivo: Al emitir la sentencia, sin número, de catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (17) (sic), que es la resolución recurrida en casación, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial violó en forma directa, por omisión o falta de aplicación, la norma de derecho sustantivo contenida en el Código Civil que establece que las obligaciones se extinguen por el pago que el deudor haga de las mismas, habida cuenta que al pronunciar el referido fallo y revocar la sentencia de primer grado no tomó en cuenta, y consecuentemente no dictaminó, que en el proceso se constató fehacientemente que los demandados-ejecutados no han pagado la obligación que contrajeron para con la demandante.

El yerro cometido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, consistente en no aplicar un norma sustantiva de texto claro y explícito a un caso que requería su aplicación, es decir, violando directamente una norma sustantiva, influyó en lo dispositivo de la sentencia recurrida pues, de haber aplicado dicha disposición sustantiva, habría fallado en forma distinta a como lo hizo.

Segundo motivo: Al emitir la sentencia, sin número, de catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (17) (sic), que es la resolución recurrida en casación, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial quebrantó en forma directa, por omisión o falta de aplicación, la norma de derecho sustantivo contenida en el Código Civil que establece que las deudas u obligaciones no se consideran pagadas o canceladas sino cuando se haya entregado completamente la cosa debida, habida cuenta que al pronunciar el referido fallo y revocar la sentencia de primer grado, no tomó en cuenta, y consecuentemente no dictaminó, que en el proceso se constató fehacientemente que los demandados-ejecutados no han cumplido ni entregado completamente lo que deben a la demandante-ejecutante.

El yerro cometido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, consistente en no aplicar una norma sustantiva de texto claro y explícito a un caso que requería su aplicación, es decir, violando directamente una norma sustantiva, influyó en lo dispositivo de la sentencia recurrida pues, de haber aplicado dicha disposición sustantiva, habría fallado en forma distinta a como lo hizo.

Tercer motivo: Al emitir la sentencia, sin número, de catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (17) (sic), que es la resolución recurrida en casación, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial violó en forma directa, por omisión o falta de aplicación, la norma de derecho sustantivo contenida en el Código Civil que establece que quien alega la extinción de una obligación debe probar dicha extinción, puesto que al emitir la señalada sentencia y revocar la sentencia de primer grado, no tomó en cuenta, y consecuentemente no dictaminó, que los demandados-ejecutados no han probado que pagaron completamente lo que deben a la demandante-ejecutante.

El yerro cometido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, consistente en no aplicar una norma sustantiva de texto claro y explícito a un caso que requería su aplicación, es decir, violando directamente una norma sustantiva, influyó en lo dispositivo de la sentencia recurrida pues, de haber aplicado dicha disposición sustantiva, habría fallado en forma distinta a como lo hizo.

Cuarto motivo: Al emitir la sentencia, sin número, de catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (17) (sic), que es la resolución recurrida en casación, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial violó en forma directa, por omisión o falta de aplicación, la norma de derecho sustantivo contenida en el Código Civil que establece que las pruebas para acreditar la extinción de las obligaciones son, entre otras, los instrumentos públicos o privados y la confesión de parte, habida cuenta que al emitir la comentada sentencia y revocar el fallo de primera instancia, no tomó en cuenta, y consecuentemente no dictaminó, que los demandados-ejecutados no han aportado ningún instrumento públicos (sic) ni privado para demostrar que pagaron completamente la obligación que contrajeron para con la demandante, y tampoco tomó en cuenta ni dictaminó que la parte demandante-ejecutante no ha confesado que los demandados extinguieron por vía del pago dicha obligación." (fs.194-195)

El recurrente señala como normas infringidas los artículos 1043, 1044, 1100 y 1101 del Código Civil.

La infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa puede ocurrir de dos maneras, cuando el Tribunal deja de aplicar una disposición clara y específica a un caso en concreto, o cuando aplicada la norma se soslaya el derecho que consagra. Su configuración requiere, en ambos casos, que la norma regule el tema controvertido.

Cuando se acusa a una resolución de infringir normas sustantivas por violación directa, lo que se censura es el desconocimiento del derecho que el ordenamiento jurídico reconoce. Por ello, en el fallo impugnado debe haberse dejado por sentado, de manera clara, que el hecho del cual deviene el derecho que se reclama o que se considera infringido está plenamente probado.

Tal como se indicó en párrafos precedentes, a través de la resolución cuestionada en casación, el Tribunal Superior, previa revocatoria de las sentencias de primer grado, declaró probada la Excepción de Inexistencia de la Obligación y la Excepción de Pago, y como consecuencia de esto, dispuso el levantamiento del embargo decretado sobre las cuota parte de las finca N°366784 y N°404531, pertenecientes a J.D.M.B..

En la motivación que sostiene la decisión del Tribunal de segunda instancia, advierte la Sala dos puntos medulares, alrededor de los cuales desarrolla su razonamiento.

Primero, basándose en la copia de la escritura pública N°8442 de 25 de agosto de 2015 de la Notaria Tercera del Circuito de Panamá -a través del cual, entre una serie de actos, GLOBAL BANK COPORATION canceló la hipoteca y anticresis existente a favor del banco sobre la finca N°30468 de E.A.M.B.-, estimó que la obligación quedó extinguida por el pago de lo adeudado.

Por otro lado, también considera el tribunal de segundo grado que el proceso ejecutivo hipotecario finalizó por voluntad del ejecutante al requerir no solo el levantamiento del embargo dictado sobre el bien hipotecado, sino también se dejara sin efecto el auto de libramiento de pago, ambas peticiones aceptadas por el juez de la causa.

En ese sentido, se asevera en el fallo que "la ejecución hipotecaria se extinguió", por tanto, no era viable acceder al embargo de nuevos bienes si el auto de libramiento de pago "había sido invalidado a solicitud del propio abogado de la parte demandante" (f.181), lo que evidencia la inexistencia de la obligación.

En el primer motivo se le endilga a la sentencia impugnada la vulneración de la regla de derecho concerniente a que entre los modos de extinción de la obligación está el pago (artículo 1043 del Código Civil), mientras que en el segundo motivo se alude al precepto concerniente a que solo el cumplimiento integro de la prestación debida libera al deudor (artículo 1044 del Código Civil).

Ahora bien, ambos cargos se cimentan en una realidad fáctica que no está reconocida en la sentencia: que en el proceso se comprobó la falta de pago de la obligación. El Tribunal Superior, con soporte en la escritura pública N°8442 de 25 de agosto de 2015 de la Notaria Tercera del Circuito de Panamá, sí concluyó que la deuda fue pagada en su totalidad.

La revisión de la causal de violación directa limita el conocimiento de la Sala a determinar si efectivamente se inaplicó una regla de derecho pertinente al caso, sin que le sea permitido hacer el juicio con sujeción a hechos distintos a los reconocidos en la sentencia de segunda instancia.

Salvo cuando se trate de causales probatorias, al tribunal de casación no le está permitido variar los hechos consignados en el fallo, por tanto, no hay lugar a que por la causal de violación directa se haya infringido los artículos 1043 y 1044 del Código Civil.

La misma suerte corren los cargos en torno a los artículos 1100 y 1101 del Código Civil, al tener como premisa hechos distintos a los aceptados en el fallo, aunado a que se tratan de normas de naturaleza eminentemente adjetivas, ya que regulan temas de carácter probatorio, no sustantivo.

Descartada la causal por violación directa, procede la Sala a estudiar la segunda causal admitida, la "infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", que comprende un solo motivo:

"Al emitir la sentencia, sin número, de catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (17) (sic), que es la resolución recurrida en casación, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial cometió el error probatorio de ignorar o desconocer en forma absoluta la existencia -y, por consiguiente, tampoco valoró- las siguientes pruebas: --- (a) La prueba documental consistente en una certificación emitida por el banco Global Bank Corporation, debidamente revisada por contador público autorizado, la que reposa en el folio setenta y tres (73) del cuaderno principal del proceso ejecutivo hipotecario propuesto por GLOBAL BANK CORPORATION contra E.A.M.B. y J.D.M.B., en la que se hace constar que al día seis (6) de enero de dos mil dieciséis (2016) el demandado J.D.M.B. adeudaba a dicho banco la suma de dieciséis mil ciento seis balboas con sesenta y nueve centésimos de balboa (B/.16,106.69) en concepto de saldo del mismo préstamo cuyo cumplimiento es la causa de pedir en esta litis ejecutiva hipotecaria; --- (b) La prueba pericial en contabilidad que se practicó el vientitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), cuya acta reposa en los folios sesenta (60) y sesenta y uno (61) del cuaderno contentivo de la excepción de pago introducida por los demandados-ejecutados, y los correspondientes informes perciales presentados por los peritos contables que participaron en la misma, los contadores públicos autorizados J.M.R.C., cuyo informe reposa en los folios sesenta y dos (62) a ciento diecinueve (119) del referido cuaderno contentivo de la excepción de pago introducida por los demandados-ejecutados, y M.E.C.A., cuyo informe consta en los folios ciento veintiuno (121) a ciento treinta y cuatro (134) del mencionado cuaderno.

Las mencionadas pruebas, ambas ignoradas en la sentencia recurrida, patentizan y ponen en evidencia que los demandados E.A.M.B. y J.D.M.B. adeudan a la demandante GLOBAL BANK CORPORATION el dinero que esta les reclama por vía del presente proceso ejecutivo.

El error cometido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, consistente en ignorar la existencia de la referidas pruebas, y consecuentemente no valorarlas, influyó en lo dispositivo de la sentencia recurrida pues, de haber tomado en cuenta y valorado dichas pruebas, habría fallado en forma distinta a como lo hizo." (fs.198-199)

Se denuncia como normas infringidas los artículos 780, 1613 (numeral 15) del Código Judicial, así como los artículos 1043 y 1044 del Código Civil.

El error de hecho sobre la existencia de la prueba puede presentarse de dos maneras, cuando el juzgador aprecia una prueba que no existe en el proceso (suposición), o cuando omite valorar una prueba que consta en el expediente (preterición).

En el caso que nos ocupa, el yerro probatorio denunciado por la censura es la preterición de pruebas. Esta ocurre cuando el sentenciador ignora, pasa por alto, un medio probatorio específico, siendo esta omisión trascendental en la decisión, puesto que de haberla tomado en cuenta la sentencia hubiese concluido de otra manera.

Lo antes anotado significa que para la procedencia del concepto probatorio de la causal de fondo invocado, deben concurrir dos elementos fundamentales: que el medio de prueba sea ignorado en la sentencia y que su omisión afecte sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Examinados los cargos, y confrontados con la resolución impugnada, la Sala advierte que en la sentencia cuestionada no se ignoró una de las pruebas documentales descritas en el motivo.

Se trata de la certificación expedida por la ejecutante, revisada por contador público autorizado -título ejecutivo a la luz del numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial-, donde se indica que J.D.M.B. mantiene una deuda con el banco por B/.16,106.69. (f.73 del expediente principal).

Manifiesta el Tribunal Superior en su fallo:

"Es argumento del banco frente a las excepciones y recursos de apelación presentados en este caso, que nunca se ha desistido del proceso ejecutivo y aduce como nuevo recaudo ejecutivo la certificación de los contadores públicos autorizados del banco, lo cual no guarda relación con el título ejecutivo presentado en principio.

Ante esta observación, debe advertirse que elude el apoderado del banco aceptar que en aquella oportunidad donde se había librado mandamiento de pago incluyendo costas, gastos e intereses, termina con la petición del propio actor solicitando que se deje sin efecto la ejecución que habría sido librada" (f.181).

Lo transcrito desmiente a la casacionista, pues la aludida certificación de saldo sí fue valorada en la segunda instancia, por tanto, no puede tener lugar la causal probatoria por error de hecho, debido a que su configuración requiere, de manera impertativa, que se hubiese soslayado por el Tribunal de alzada.

Distinto es el caso de los informes presentados por los peritos contables J.M.R.C. (fs.62-119 del presente cuaderno) y MANUEL E. CANDELARIA APOLAYO (fs.121-134), pues no observa la Sala su mención por el Tribunal Superior.

Los peritos coinciden en que los libros de contablidad (sistema financiero contable) de GLOBAL BANK CORPORATION reflejan que J.D.M.B. debe a dicha entidad bancaria la suma de B/.16,082.57, monto derivado del préstamo garantizado con hipoteca y anticresis que dio lugar a la ejecución del cual accede el presente cuaderno.

Los dictámenes periciales desvirtuan la opinión del Tribunal Superior de que la deuda fue cancelada en su totalidad, por tanto, no es plausible concluir que la obligación fue cumplida integramente.

Es importante destacar que a través de las dos excepciones interpuestas en escritos separados por los ejecutados, la inexistencia de la obligación y el pago, se alega el mismo hecho exceptivo, el pago. Esto implica que su reconocimiento requiera que los deudores logren demostrar la ejecución de su deber jurídico.

Valga resaltar, el Tribunal Superior, como una argumento adicional para justificar que la obligación está extinguida, aduce que al momento de presentarse la denuncia de nuevos bienes para su embargo, el proceso ejecutivo hipotecario ya había finalizado por voluntad del propio ejecutante.

Dicha apreciación obedece a que dictado el auto ejecutivo y la orden de embargo sobre el bien hipotecado, sin haberse surtido la notificación de los ejecutados, el actor presentó escrito solicitando el "desistimiento del embargo", haciendo énfasis en "dejar sin efecto el auto número 776 de 19 de agosto de 2013", es decir, el auto ejecutivo (ver foja 61 del expediente principal).

Advierte la Sala, aún cuando la ejecutante, el J. de la causa ni el Tribunal Superior lo identifican debidamente, que se trató de un desistimiento del proceso, el cual se caracteriza por ponerle fin, pero sin afectar los derechos del demandante, quien podrá plantear nuevamente su reclamo, pero a través de otro proceso (artículo 1094 del Código Judicial).

Obsérvese que el denominado "desistimiento del embargo" provocó el archivo del expediente. Incluso, el propio actor en su memorial destaca su interés que se deje sin efecto jurídico el auto de libramiento de pago y embargo.

Los procesos ejecutivos hipotecarios tienen la peculiaridad de que en una sola resolución concurren dos actos distintos propios de las ejecuciones, la orden de pagar y el embargo de bienes. Esto se debe naturalmente a que el acreedor cuenta con una garantía real para la realización de su derecho de crédito.

Todo acreedor hipotecario cuenta con un derecho de persecución y de venta con preferencia sobre el inmueble afectado, el cual podrá ejecutar directamente sin importar quien tenga su posesión.

Es por ello que el propósito de una ejecución hipotecaria es la venta judicial del bien gravado, para con el producto del remate el acreedor satisfaga su acreencia. No se entiende la existencia de la orden de mandamiento de pago sin el embargo, por ende el" desistimiento de éste" representa el del proceso.

Reconoce esta M. que en atención al referido medio excepcional de terminación del proceso, presentado por la ejecutante y aceptado por el Juzgado de la causa, no ha debido tramitarse la denuncia de nuevos bienes para cubrir el remanente de lo debido; empero, tal irregularidad no acredita lo reconocido por el Tribunal de Apelación al declarar probadas las excepciones, esto es, la inexistencia de la obligación.

Si el desistimiento del proceso no supone la renuncia de los derechos de la demanda -esto es propio del desistimiento de la pretensión- no es de recibo colegir que la obligación se extinguió.

Conviene recordar que en los procesos ejecutivos, a diferencia de los de conocimiento -salvo cuando se trate de la prescripción de la acción o compensación-, el juez no está facultado para declarar excepciones de oficio, de manera que solo puede pronunciarse sobre las que se hayan alegado oportunamente.

Dicho esto, si los ejecutados en su defensa contra el auto que decretó el nuevo embargo, optaron por atacar el derecho sustancial reclamado -la extinción de la obligación mediante el pago-, por muy infundado que encontremos la decisión del juez primario de embargar otros bienes, pasando por alto los efectos del desistimiento del proceso que previamente había admitido, dicho argumento no es pertinente con el hecho invocado por los propios ejecutados.

En resumidas cuentas, no hay conexión entre el error procedimental incurrido por el juzgador y lo alegado por los deudores en su defensa. Nótese que en los respectivos escrito de las Excepciones, el susodicho levantamiento del primer embargo es mencionado como elemento que confirma la cancelación de la deuda (foja 4 de ambos cuadernos), inferencia errónea, toda vez que no es lo mismo la extinción del proceso que la extinción de la pretensión.

Dado que los informes periciales ignorados en la segunda instancia, rendidos por los contables J.M.R.C. y M.E.C.A., reflejan que J.D.M.B. mantiene un saldo insoluto que asciende a B/.16,082.57, y que las excepciones ensayadas se cimentan precisamente en el cumplimiento íntegro de la prestación, salta a la vista que las experticias ignoradas en la segunda instancia tiene influencia sustancial en lo dispositivo de la resolución impugnada.

Por tal motivo, la Sala procederá a invalidar el fallo del Tribunal de Segunda Instancia -así lo preceptúa el segundo párrafo del artículo 1195 del Código Judicial-, por lo que asumirá la posición de Tribunal de Instancia, lo que nos lleva atender los recursos de apelación propuestos contra las sentencias desestimatorias de las excepciones, proferidas por el J. Segundo de Circuito Civil del Circuito Judicial de Coclé.

Como se expuso en párrafos precedentes, las excepciones ensayadas, sostenidas en un mismo hecho medular, el pago, fueron presentadas en escritos separados. Esto dio lugar a que fueran atendidas, en el fondo, mediante sentencia N° 81 de 24 de noviembre de 2016, la de pago (fs.137-153), y la sentencia N°82 de 25 de noviembre de 2016, la de Inexistencia de la Obligación (fs.139-156)

Las razones para considerar que no se configuraban las excepciones son las mismas, y las podemos sintetizar así: 1) por tratarse de un proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámites, al deudor solo le es permitido alegar en su defensa el pago total de la obligación o su prescripción; 2) las pruebas apuntan a que los ejecutados adeudan a la actora la suma de B/.16,082.57.

En los escritos de apelación, idénticos en su contenido, la censura concentra su disconformidad, a grandes rasgos, en el contenido de la Escritura Pública N°8442 de 25 de agosto de 2015 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá.

Narran los recurrentes, luego que GLOBAL BANK CORPORATION instaurara en su contra proceso ejecutivo hipotecario, ante la incertidumbre de que el producto de la venta judicial del inmueble dado en garantía cubriera la deuda, le solicitaron a la entidad bancaria les permitiera vender el bien, de manera que con el precio se lograra cancelar el saldo.

Con el consentimiento y participación de la ejecutante, mediante Escritura Pública N°8442 de 25 de agosto de 2015, se realizaron tres actos: a) GLOBAL BANK CORPORATION canceló el gravámen hipotecario y anticrético sobre la finca N°30468, perteneciente a E.A.M.B.; b) Este último traspasó mediante compraventa el referido inmueble a M.S., S.; c) GLOBAL BANK CORPORATION le entregó B/.103,000.00 a la representante legal de M.S., S., M.G., en concepto de préstamo para la compra de la finca N°30468, y de esta manera terminar la relación obligacional entre el banco y los ejecutados.

Reprochan los apelantes el razonamiento del juez, al concertarse en las reglas que rigen las excepciones para los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámite, dejando de lado los mencionados actos celebrados, cuyos perfeccionamientos, en especial la cancelación de la deuda, estaban a cargo exclusivamente de la ejecutante.

Arguyen que ningún banco va liberar su garantía hipotecaria, sin lograr cobrar la totalidad de su crédito; y de no haber desembolsado debidamente el préstamo al tercero comprador del inmuble -y con ello cubrir lo debido por los ejecutados-, es responsabilidad de la parte actora.

Califica como un error operativo del banco, conceder el préstamo a M.S., S. -a sabiendas que la finalidad de la transacción era realizar la prestación que generó el proceso de ejecución-, y no resultar saldada su acreencia con los ejecutados; y que del cumplimiento de los actos jurídicos elevados a escritura pública, dependía la liquidación de la deuda, y así evitar se persiguiera nuevos bienes para su venta judicial.

Por su parte, en sus escritos de réplica, GLOBAL BANK CORPORATION, en concreto, fundamenta su posición en la certificación expedida conforme a sus registros de contabilidad, así como los dictámenes periciales entregados por J.M.R. y M.C., probanzas que reflejan una deuda pendiente de B/.16,082.57.

Vistos en síntesis los argumentos de las partes, procede la Sala, como Tribunal de Instancia, atender la alzada promovida por los ejecutados contra las sentencias de primer grado.

Como punto de partida, conviene recordar que, siendo el tema en discusión un hecho extintivo de la pretensión, la carga de su prueba le corresponde a la parte que se benificiaría de su confirmación, o sea, los ejecutados. En consecuencia, de no lograr comprobrase el hecho que cimenta la excepción, deberán sufrir sus consecuencias negativas.

La prueba que en consideración de los recurrentes-excepcionantes respalda su opinión de que la prestación dineraria debida a GLOBAL BANK CORPORATION se extiguió mediante el pago, es la Escritura Pública N°8422 de 25 de agosto de 2005 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá (fs.12-27).

Como se puede apreciar de su contenido, en él se recogen varios actos juridicos, celebrados por otras tantas personas. Para el caso que nos ocupa, importan los siguientes: GLOBAL BANK CORPORATION canceló una serie de gravámenes constituidos a su favor, entre ellos sobre la finca N°30468, perteneciente al ejecutado E.A.M.B.; éste traspasó en venta la finca N°30468 en favor de M.S., S.; y GLOBAL BANK CORPORATION celebra contrato de préstamo con M.G..

La hipoteca cancelada sobre la finca N°30468, fue precisamente la que había permitido la ejecución contra J.A.M.B. y E.A.M.B., proceso desistido con posterioridad por la actora, y que ha sido continuado -inexplicablemente- por decisión del juez de conocimiento, al acoger solicitud de embargo sobre otros bienes de los ejecutados.

Constata esta Superioridad que bajo la denominación de "CANCELACIÓN DE GRVÁMENES I (ver foja 12 y reverso), la actora canceló la primera hipoteca y anticresis constituída sobre la finca N°30468, perteneciente a E.A.M.B.. Dichos contratos accesorios servían de garantía al pago del préstamo debido por J.D.M.B..

La razón por la cual el banco canceló los gravámenes, y sustenta la postura de los apelantes de que la obligación reclamada fue cumplida, la encontramos en la cláusula que se transcribe a continuación:

"CUARTO: Declara EL BANCO que hace esta cancelación de gravámenes en virtud de que J.D.M. cancelará sus obligaciones por medio de un nuevo préstamo que GLOBAL BANK CORPORATION le concederá a M.G. según se detalla más adelante, y que dicho préstamo debe inscribirse conjuntamente con esta cancelación; y de no ser así está cancelación no surtirá sus efectos legales." (reverso foja 13)

S. a su contenido literal, no se advierte que GLOBAL BANK COPORATION haya declarado la realización completa de la prestación debida. Lo que se aprecia mas bien es que el cumplimiento se daría después, a través de un préstamo que el propio banco haría a un tercero -quien compraría el bien que estaba gravado con hipoteca y anticresis-, y que de no darse la inscripción de este contrato conjuntamente con la cancelación de gravámenes, el mismo no surtiría efectos legales.

No podemos tener certeza de la cancelación de la deuda, únicamente, con lo pactado en la cláusula cuarta, máxime cuando la actora alega, y demuestra, precisamente lo contrario, al sostener que las sumas dadas en préstamo al tercero-comprador de la finca N°30468, no alcanzaron para abarcar la totalidad de lo debido por los ejecutados.

Aunado a la falta de otros elementos de convicción que confirmen el pago total de la obligación, la ejecutante aporta pruebas que muestran un saldo, como son la certificación revisada por contrador público autorizado, consultable a foja 73 del expediente principal -documento que el numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial consagra como título ejecutivo-, y los ya mencionados informes presentados por los peritos contables J.M.R.C. y M.E.C.A., quienes para responder a los puntos objeto de la experticia examinaron el sistema de información utilizado por el banco como soporte y control de sus operaciones financieras y contables.

En esa línea de pensamiento, la fuente de la obligación reclamada, el contrato de préstamo, en su cláusula decimotercera, las partes dispusieron que "se tendrá como líquida la suma adeudada que resulte de los libros de EL BANCO, según certificado que extenderá EL BANCO, certificado que hará plena prueba en juicio" (f.10), lo que concede mayor fuerza probatoria -de la que por si gozan- a la certificación de saldo y los informes periciales contables.

Ante la ausencia de elementos probatorios que demuestren la extinción de la relación obligacional entre las partes, mediante el pago íntegro de la prestación debida por los ejecutados, y que sobre éstos pesaba la carga de probar el hecho que servía de fundamento a las excepciones aducidas, esta M., como Tribunal de Instancia, confirmará la decisión del juez de primera de instancia de declararlas no probadas.

No obstante, consideramos que la actuación de los excepcionantes-ejecutados ha sido de buena fe en los términos del artículo 1071 del Código Judicial, por lo que se le eximirá del pago de costas, siendo tan sólo de su cuidado los gastos del proceso, que deberán ser liquidados por la Secretaría del Juzgado de origen.

Parar llegar a tal consideración, toma en cuenta esa Superioridad el contenido de la mencionada cláusula cuarta de la CANCELACIÓN DE GRAVÁMENES realizada por GLOBAL BANK CORPORATION. Aún cuando no basta para demostrar que J.D.M.B. y E.A.M.B. cancelaron la deuda, sí nos revela que, mediante la venta del inmueble con el consentimiento y participación del banco, esa era la intención.

No podemos soslayar que la operación de compraventa sería inviable sin la contribución vital, y beneficiosa, del banco, al otorgar el préstamo mediante el cual un tercero adquirió por compraventa el inmueble, por tanto, la ejecutante estaba en inmejorable posición de saber, y asegurarse, que el precio de venta cubríera su crédito. Asimismo, es lógico inferir la seguridad y entendimiento de los deudores, en que a través de la transacción finiquitarían su vínculo obligacional con la actora. Por algo, como manifiestan los recurrentes, GLOBAL BANK CORPORATION accedió a cancelar la hipoteca y anticresis que tenía sobre la Finca N°30468, que pertenecía a E.A.M.B..

Tampoco podemos obviar que fue la solicitud de la parte actora, a pesar de previamente haber desistido del proceso, lo que generó que el juez de la causa, apartándose de normas básicas de procedimiento, dispusiera el embargo de nuevos bienes.

En razón de ello, procederemos a modificar las sentencias apeladas, a fin de exonerar a J.D.M.B. y E.A.M.B. del pago de costas, manteniendo lo decidido en lo demás, si bien por motivos diferentes, no sin antes hacer un llamado de atención al J. Segundo de Circuito Civil del Circuito Judicial de Coclé.

Como se advirtió en párrafos precedentes, dicho operador de justicia incurrió en una irregularidad al tramitar una denuncia de nuevos bienes para su embargo, a pesar que el proceso había terminado por desistimiento. Nótese que para acceder a la petición presentada por la ejecutante, el juzgado tuvo que solicitar el expediente a la oficina de archivos judiciales de su circunscripción territorial, el cual ya contaba, obviamente, con fecha y número de salida, tal como se desprende de la carátula del expediente principal.

El J. de la causa, con su impropio actuar, ha generado una insólita ejecución. Dentro de un caso terminado por desestimiento, incluso archivado, embarga nuevos bienes, como si estuviera ante el escenario que plantean los artículos 1724 y 1725 del Código Judicial. A la luz de estas disposiciones, si verificada la venta judicial, su producto no logra cubrir la deuda y las costas, el acreedor podrá, sin necesidad de iniciar otro proceso, perseguir otros bienes para con ello satisfacer su derecho de crédito.

Salta a la vista que dicha hipótesis no se ajusta a la causa que nos ocupa.

Dada la anomalía cometida por el juzgador de primera instancia, estimamos oportuno advertirle que en casos posteriores, se maneje cuidadosamente en el ejercicio de sus actuaciones, así como en su deber de cumplir con los trámites legales y procedimientos regulares establecidos en nuestro ordenamiento jurídico civil para los distintos procesos, haciendo una correcta aplicación de la ley, con el propósito de evitar perjuicios y salvarguardar el derecho de defensa de las partes, tal como lo establece el artículo 465 del Código Judicial, es decir, en aras de proteger el principio de seguridad o certeza jurídica, como pilar de un correcta administración de justicia.

Por último, observamos que en las sentencias de primera instancia se copian, textualmente, tantos los hechos en que se apoyan las excepciones como la contestación a los mismos por el opositor. Se le recuerda al J. de primera instancia que el artículo 990 del Código Judicial, precepto legal conforme al cual debe emitirse toda sentencia, dispone que únicamente se puede transcribir lo esencial del texto de la demanda y su contestación. Dicha regla, para conocimiento del juzgador, incluye los fallos que resuelven excepciones dentro de los procesos ejecutivos, por lo que se le exhorta a que la acate.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 14 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en la Excepción de Pago presentada dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario con Renuncia de Trámites propuesto por GLOBAL BANK CORPORATION contra J.D.M.B. y E.A.M.B., y convertida en Tribunal de Instancia, MODIFICA la sentencia N°81 de 24 de noviembre de 2016 y la sentencia N°82 de 25 de noviembre de 2016, dictadas por el Juzgado Segundo de Circuito Civil del Circuito Judicial de Coclé, a través de las cuales se resuelven, respectivamente, la Excepción de Pago y de Inexistencia de la Obligación, tan solo para liberar a los excepcionantes del pago de costas, por considerar su actuar de buena fe, siendo tan sólo de su cuido los gastos del proceso, los cuales deberán ser liquidados por la Secretaría del Juzgado de origen.

En lo demás se mantiene lo decidido en ambos fallos.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO - OMEDO ARROCHA OSORIO

LIA M. DEL ROSARIO CLARKE (Secretaria Interina)

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