Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Abril de 2020

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución30 de Abril de 2020
EmisorPrimera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Primera de lo Civil

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 30 de abril de 2020

Materia: Civil

Casación

Expediente: 31-19

VISTOS:

La Licenciada M.Y.R.D.H., en su condición de apoderada judicial sustituta de la sociedad GRUPO H., S., interpuso recurso de casación contra la Resolución de nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de las Excepciones de prescripción, de inexistencia de la obligación y de pago presentadas por la sociedad demandada-ejecutada, GRUPO H., S., en el Proceso Ejecutivo Simple que en su contra y en contra de M.Y.R. DE H. y L.A.H.S. le sigue la sociedad CAPITAL BANK, INC.

Antes de entrar a decidir el presente recurso, daremos un breve repaso de los antecedentes que dieron lugar a la interposición de este medio impugnativo.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Mediante escrito de 22 de diciembre de 2014, la sociedad CAPITAL BANK, INC., por medio de apoderada judicial propuso Proceso Ejecutivo corregido en contra de GRUPO H., S., M.Y.R.D.H. y L.A.H.S., con la finalidad que los demandados sean compelidos a pagarle la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS BALBOAS CON 43/100 (B/.1,339.402.43), en concepto de capital e intereses, más las costas, gastos e intereses que se generen hasta la cancelación de la obligación demandada. (fs.1-8 del expediente principal)

Al explicar el fundamento de su pretensión, la demandante señaló que, el día 10 de junio de 2009, GRUPO H., S. suscribió con Capital Factoring & Finance, Inc. Contrato de Factoring, en el cual esta última se comprometió a cederle a CAPITAL BANK, INC. "los créditos previamente aprobados por la misma y documentados por facturas, entre otros documentos o títulos de crédito, a cambio de financiamiento o adelanto de suma cierta de dinero como contraprestación económica y sujeto a los términos y condiciones del mencionado contrato"; mientras que los señores M.Y.R. DE H. y L.A.H.S., suscribieron Contrato de Fianza Solidaria, convirtiéndose en garantes de las obligaciones "presentes o futuras, puras o condicionales, cambiarias o causales, que GRUPO H., S. tenga contraídas o contraiga para con CAPITAL FACTORING & FINANCE, INC." y a favor de sus cesionarios.

Sigue expresando la actora que, el día 25 de enero de 2013, Capital Factoring & Finance, Inc. suscribe con CAPITAL BANK, INC. Convenio de Cesión de Créditos, a través del cual la primera le cede y transmite a la segunda "la propiedad y pleno dominio de créditos" por la suma de B/.932,135.65; cesión ésta que, en diligencia N., fue notificada a los demandados el día 10 de octubre de 2014; y, adicionalmente, las mismas partes suscriben Contrato General de Negocios, a través del cual "se regulan todos los aspectos de la relación bancaria entre las partes, particularmente en lo relativo a todo tipo de cuentas bancarias de depósito, ahorro y corriente e información sobre saldos."

Agrega la parte actora, que el día 1 de agosto de 2013, los señores M.Y.R. DE H. y L.A.H.S., en nombre y representación de GRUPO H., S., libraron a favor de CAPITAL BANK, INC. un pagaré a requerimiento por la suma de B/.500,000.00, a una tasa del 18%.

Concluye señalando la ejecutante, que al día 22 de septiembre de 2014, los demandados adeudan a CAPITAL BANK, INC. la suma de B/.1,339,402.43; por tanto, al encontrarse en mora y a pesar de los requerimientos de pago, la obligación resulta ser clara, líquida, exigible y de plazo vencido, se procede a su cobro por la vía judicial, con la ejecución de las garantías constituidas, para lo cual se aportó Certificación de Saldo refrendada por Contador Público Autorizado, tal como así lo permite la Ley Bancaria.

A renglón seguido, el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto N°3487/652-14 de veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de CAPITAL BANK, INC. y en contra de GRUPO H., S., M.Y.R.D.H. y L.A.H.S. hasta la concurrencia de la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 52/100 (B/.1,520,275.52), que incluyen capital, costas y gastos fijados provisionalmente. (fs.54-55 del expediente principal)

Con el fin de enervar la pretensión de la ejecutante, la parte demandada, por intermedio de apoderada judicial, presentó, en escritos separados, uno a favor de GRUPO H., S. y otro a favor de los señores M.Y.R. DE H. y L.A.H.S., las Excepciones de prescripción, de inexistencia de la obligación y de pago.

Luego de cumplidas las etapas procesales correspondientes, la J.A. dictó la Sentencia N° 21/652-14 de veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016), a través de la cual declaró no probados los medios Exceptivos promovidos por los demandados y condenó a los excepcionantes al pago B/. 115,372.52, en concepto de costas de primera instancia. (fs. 210-227)

Lo así decidido obedece a que la J.A. consideró que, "para que las excepciones ensayadas prosperen es necesario demostrar que ha vencido el plazo para exigir el cumplimiento de la obligación; que el acto que originó la obligación sea inexistente y que la obligación haya sido cancelada, no obstante, estas defensas no han sido acreditadas por los excepcionantes, de acuerdo, con los documentos aportados al proceso, ya que al ejercer estos mecanismos de ley, los ejecutados deben aportar al proceso los elementos suficientes para comprobar sus afirmaciones y de esta manera enervar la pretensión de la ejecutante. En conclusión, ninguna de las excepciones propuestas ha sido demostrada."

Disconforme con lo resuelto, la representación judicial de los demandados interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita (fs.233-240), así como se presentó oposición a dicha apelación por la parte ejecutante (fs.243-245) y al surtirse la alzada, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Resolución de nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018), reformó la decisión de la a-quo y, en su lugar, dispuso lo siguiente:

"PRIMERO: DECLARA NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y DE PAGO, aducidas por la demandada GRUPO H., S.

SEGUNDO

CONDENA a GRUPO H., S. a pagarle a la demandante la suma de B/.75.00 en concepto de costas.

TERCERO

DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, aducida por los demandados M.R. DE H. y L.A.H., y, en consecuencia, ORDENA cesar la ejecución en contra de estos demandados.

CUARTO

CONDENA a la demandante a pagarle a los demandados M.R. DE H. y L.A.H. la suma de B/. 90,678.17 en concepto de costas." (fs.299-300)

Es contra esta resolución de segunda instancia que la parte excepcionante-demandada, GRUPO H., S., ha formalizado el recurso de casación en el fondo, mismo que al ser concedido a través de la Resolución de diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019), la S. procede a examinar.

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Esta S. Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de veintidós (22) de agosto de dos mil diecinueve (2019) (fs.405-409), ADMITIÓ de forma definitiva el recurso de casación propuesto por GRUPO H., S., luego de su corrección, tal como consta en escrito visible a fojas 378-390 del infolio.

Finalizada la fase de alegatos de fondo, la cual fue aprovechada por los apoderados judiciales de la parte ejecutada y ejecutante, tal como constan en escritos que obran a fojas 413-416 y a fojas 417-423 del cuadernillo, respectivamente, procede entonces la S. a decidir el recurso, de conformidad con las causales que han sido invocadas.

Al revisar el recurso de casación incoado por la sociedad demandada GRUPO H., S., se observa que el mismo señala que la sentencia de segunda instancia incurrió en la Causal de fondo "Infracción de las normas sustantivas de derecho", bajo los conceptos de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba y error de hecho sobre la existencia de la prueba, los cuales, a su juicio, han influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Como quiera que se trata de dos (2) causales, la S. entrará a resolverlas por separado y en el orden que fueron expuestas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1192 del Código Judicial, a lo que se procede.

PRIMERA CAUSAL DE FONDO

La primera causal de casación en el fondo corresponde a la "Infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", que según la recurrente, ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada, la cual se encuentra contemplada en el artículo 1169 del Código Judicial.

Como fundamento a dicha causal de fondo, la casacionista expone dos (2) motivos, los cuales se transcriben a continuación:

"PrimerO: El Tribunal Superior, dentro de la Resolución recurrida, incurrió en yerro de valoración probatoria respecto a la prueba documental que consta a foja 44 del expediente principal que consiste en un documento privado mediante el cual CAPITAL BANK, INC. certifica el supuesto saldo que le adeuda la Sociedad GRUPO H., S. En este sentido, el Tribunal Superior, pese a reconocer que los hechos de la Demanda se refieren a contratos bancarios distintos al que se refiere la certificación de saldo que consta de foja 44 y que tal situación crea dudas respecto a cuáles son las verdaderas fuentes de la obligación exigible a través del presente Proceso Ejecutivo, consideró darle valor de plena prueba a dicho documento y le otorgó mérito ejecutivo, siendo la única prueba en que se fundamentó para determinar que es exigible el saldo reclamado por la Demandante en contra de GRUPO H., S.

De haber valorado conforme a las reglas de la Sana Crítica la certificación que figura de foja 44 del expediente principal, el Tribunal Ad quem habría concluido que dicho documento carece de validez, puesto que las firmas de esta prueba no han sido reconocidas por sus firmantes y que además, no existe una congruencia entre este documento y los hechos en que se fundamenta la Demanda Ejecutiva interpuesta por CAPITAL BANK, S. (sic), con lo cual habría concluido que no existe obligación exigible en contra de GRUPO H., S., lo cual incide en lo dispositivo de la resolución recurrida.

SEGUNDO

La Resolución impugnada cometió el error de derecho en la valoración del documento contentivo del Contrato de Factoring suscrito entre Capital Factoring & Finance, Inc., y Grupo Howard, S. el día 10 de junio de 2009, que figura de fojas 14 a 22 del expediente principal, al igual que el documento que consiste en Contrato de Cesión de Crédito suscrito entre Capital Factoring & Finance, Inc., y Capital Bank, Inc., el día 25 de enero de 2013 y que figura a foja 27 del expediente principal, puesto que descartó la Excepción de Prescripción alegada por GRUPO H., S., por considerar que esta Excepción se basó en los documentos cuyo yerro de valoración se denuncia en el presente motivo, cuando dichos contratos no guardan relación con el documento que sirve de título ejecutivo que consiste en la certificación de saldo deudor emitida por CAPITAL BANK, INC. y revisada por Contador Público Autorizado, ya que este último documento hace mención a un saldo con el Banco como consecuencia de un préstamo suscrito el 10 de diciembre de 2012 y no a los referidos contratos que constan de fojas 14 a 22 y foja 27 del expediente principal.

De haberse valorado correctamente los documentos que figuran de foja 14 a 22 y de foja 27 del expediente principal, el Tribunal Ad quem habría concluido que son estos contratos los que prestan mérito ejecutivo de conformidad con los once hechos en que se fundamenta la demanda ejecutiva, por lo que habría concluido que la obligación exigida por Capital Bank contra Grupo Howard se encuentra prescrita, lo cual incide en lo dispositivo del fallo impugnado." (fs.378-379)

Como consecuencia del cargo de injuridicidad expuesto en los motivos antes transcritos y que sirven de apoyo a la causal de fondo invocada, la recurrente acusa al Tribunal de segunda instancia de haber incurrido en la infracción de los artículos 781, 783, 858 y 871 del Código Judicial; así como también el artículo 1100 del Código Civil y los artículos 1652 y 1650 del Código de Comercio.

CRITERIO Y DECISIÓN DE LA SALA

Ahora bien, tal como viene expuesta la causal en el fondo invocada en el presente recurso, la misma consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que, según la recurrente, ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Como cuestión previa, se ha de señalar que la causal invocada se configura "cuando el elemento probatorio se examina, se toma en cuenta, se le analiza, pero no se le atribuye el valor, la eficacia probatoria, los efectos que conforme a la Ley le corresponde." (F., J. y GUERRA de VILLALÁZ, Aura E. "CASACIÓN Y REVISIÓN", Panamá: Sistemas Jurídicos, S., 2001, pág. 111)

A través del primer motivo que sustenta la causal probatoria invocada, la recurrente censura que el Tribunal Ad quem valoró inadecuadamente la Certificación de Saldo de fecha 22 de septiembre de 2014, que expide la empresa CAPITAL BANK, INC. y que fuera refrendada por el Licenciado J.C.R., en su condición de Contador Público Autorizado (fs.44 del expediente principal), puesto que, aun cuando en el libelo de demanda se hace referencia a contratos distintos al mencionado en la aludida Certificación, se le reconoce mérito ejecutivo a tal documento para declarar exigible el saldo certificado en la misma, por tanto, no existe congruencia entre los documentos allegados al expediente y los hechos alegados en el libelo de demanda; adicionalmente, tal prueba no fue reconocida por sus suscriptores, por lo que la meritada Certificación de Saldo carece de eficacia probatoria.

De igual forma, acota la casacionista que el Contrato de Factoring de 10 de junio de 2009 suscrito entre Capital Factoring & Finance, Inc. y GRUPO H., S. y el Contrato de Cesión de Crédito de 25 de enero de 2013, celebrado entre Capital Factoring & Finance, Inc. y CAPITAL BANK, INC. (fs.14-22 y fs.27, respectivamente, del expediente principal) fueron mal valorados por parte del Tribunal Superior, ya que tales contratos no guardan relación con la Certificación de Saldo que sirve de título ejecutivo, puesto que, dicha Certificación hace referencia a un saldo adeudado con el Banco como consecuencia de un Contrato de Préstamo suscrito el 10 de diciembre de 2012, mismo que no corresponde a aquellos mencionados en el segundo motivo que sustenta la causal que nos ocupa. De haberse valorado correctamente los referidos contratos se hubiese concluido que la obligación demandada se encontraba prescrita.

Al valorar las pruebas documentales aportadas por la sociedad ejecutante y que están siendo cuestionadas por la ejecutada-recurrente, el Tribunal Superior manifestó lo siguiente:

"...

En el proceso al que acceden dichas excepciones, el título ejecutivo lo constituye la certificación de saldo que la demandante aportó junto con su demanda, pues así se entiende claramente de lo indicado en el Auto No.3487/652-14 del 22 de diciembre de 2014, mediante el cual la Juez primaria libró mandamiento de pago a favor de CAPITAL BANK, INC., y en contra de GRUPO H., S., M.R.D.H., y L.A.H., hasta la suma de B/.1,520,275.52, que incluye capital, costas y gastos, ya que en esta resolución se señala que la certificación aportada por la actora, revisada por Contador Público Autorizado, presta mérito ejecutivo, por lo que procedía librar mandamiento de pago, conforme lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial, y el título ejecutivo contemplado en dicho numeral es la certificación de saldo expedida por un Banco u otra entidad de ahorro y financiera, revisada por un Contador Público Autorizado.

En la mencionada certificación de saldo, la cual se encuentra a foja 44 del expediente principal, se hace constar que la sociedad GRUPO H., S. le adeuda a la demandante la suma de B/. 1,339,402.43 en concepto de préstamos suscritos el 10 de diciembre de 2012.

Como quiera que la Ley le reconoce mérito ejecutivo a una certificación de saldo deudor expedida por un Banco, o alguna otra entidad de ahorro y financiera, revisada por un Contador Público Autorizado, debemos concluir que se presume cierta esta afirmación del Banco y del Contador Público Autorizado, por lo que quien alegue lo contrario es quien debe probarlo. Es decir, que si el ejecutado afirma que no existe la obligación a que se refiere la certificación de saldo, por la razón que sea, es dicho ejecutado quien tiene la carga de probar tal inexistencia, que si bien es un hecho negativo, es de los que puede ser acreditado.

En virtud de lo antes señalado, en el caso de la demandada GRUPO H., S., a fin de enervar la pretensión ejecutiva en este proceso, dicha sociedad tenía que enfocarse en atacar la obligación derivada del préstamo o los préstamos que, según la mencionada certificación, fueron suscritos el 10 de diciembre de 2012, por lo que tenía que haber alegado y probado la inexistencia de la obligación de pagar los préstamos mencionados en dicha certificación, como por ejemplo debido a su falsedad o su cumplimiento, o haber alegado y probado que la acción para reclamar dicha obligación prescribió.

Sin embargo, vemos que las excepciones aducidas por la sociedad demandada se refieren a un contrato de factoring suscrito por GRUPO H., S. y CAPITAL FACTORING & FINANCE, INC. el 10 de junio de 2009, a un 'CONTRATO GENERAL DE NEGOCIOS' suscrito entre CAPITAL BANK, INC., y EL CLIENTE (sin especificarlo) el 31 de diciembre de 2009, y a un pagaré del 1 de agosto de 2013.

Por lo anterior, a juicio de esta Superioridad, aunque concluyéramos que están probados los hechos en que se fundamentan las excepciones aducidas por la sociedad GRUPO H., S., este no haría que terminara la ejecución en su contra, pues nada de lo indicado con motivo de dichas excepciones cambia el hecho de que el título ejecutivo se refiere a una obligación que tiene como fuente un acto diferente a los atacados mediante las referidas excepciones, es decir, unos préstamos, por lo que no habría razón para considerar que la obligación que se ejecuta en este proceso no existe en lo que respecta a dicha sociedad, y así poder cesar la ejecución en su contra. En consecuencia, lo procedente era declarar no probadas las mencionadas excepciones.

(...)

Es cierto que la propia parte actora en su demanda corregida alude a la existencia del contrato de factoring, al pagaré, y al 'CONTRATO GENERAL DE NEGOCIOS', a que se refieren las excepciones de la parte demandada, así como alude a unas fianzas solidarias, documentos estos que presentó con su demanda original, lo que crea dudas sobre cuál o cuáles son las verdaderas fuentes de la obligación ejecutada, pero tal duda no es suficiente para concluir que los préstamos a que se refiere la certificación de saldo no son ciertos, y, por ende, que no se le puede reconocer mérito ejecutivo a la certificación de saldo indicada en el Auto apelado.

Igualmente, debemos señalar que no sería correcto concluir que, en la certificación de saldo, al aludir a los préstamos suscritos el 10 de diciembre de 2012, la actora y el Contador Público Autorizado que la revisó se estaban refiriendo al contrato de factoring, que es una figura distinta al préstamo, y al negocio causal en virtud del cual se expidió el pagaré, pues, entre otras consideraciones, las fechas de estos documentos no coinciden con la fecha en que se indica fueron otorgados los préstamos, como lo manifestó la parte demandada en su alegato de segunda instancia.

" (fs. 290-294)

Antes de adentrarnos en el tema de discusión que se trae en el presente recurso de casación, debe señalar la S. que los procesos ejecutivos donde se promueven, como mecanismos de defensa, los medios exceptivos ensayados por la parte demandada, constituyen la vía utilizada para hacer valer una pretensión que tiene como fundamento una obligación no cumplida en su oportunidad por el deudor, donde, necesariamente se requiere la presentación de un título ejecutivo que supone la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor de la actora.

En ese sentido, se debe indicar que, para adelantar una ejecución se precisa la aportación de un título ejecutivo que cumpla o satisfaga los requerimientos de Ley, es decir, que se encuentre en aquellos listados en el artículo 1613 del Código Judicial; documento éste que demuestre la existencia de una obligación en favor de la ejecutante, clara y exigible, como así lo dispone el numeral 2 del artículo 1614 del citado cuerpo legal.

Dicho lo anterior, resulta oportuno señalar que CAPITAL BANK, INC., según el auto que libra mandamiento de pago, visible a foja 54-55 del expediente principal, aportó como título ejecutivo la Certificación de Saldo que rola a foja 44 del expediente principal.

En tal sentido, manifiesta esta Superioridad que, aun cuando la demandante-ejecutante allegara a los autos una serie de documentos privados auténticos, tal como así lo manifiesta la sociedad recurrente, en realidad el documento que presta mérito ejecutivo lo es la referida Certificación de Saldo que, en cumplimiento por lo dispuesto en el mencionado numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial, que a la letra dice lo siguiente:

Son títulos ejecutivos:

...

15. Las certificaciones expedidas por Bancos, Cajas de Ahorros y Asociaciones de Ahorros y Préstamos, debidamente autorizados para explotar sus actividades económicas de conformidad con la Ley, en las que dichas entidades hagan constar los saldos acreedores que arrojen sus libros de contabilidad contra el demandado, siempre que tales certificaciones sean revisadas por Contador Público Autorizado;

...

De la norma transcrita se desprende claramente que, para que preste mérito ejecutivo, las certificaciones deben ser emitidas por bancos debidamente autorizados para explotar sus actividades económicas de conformidad con la Ley, como lo es CAPITAL BANK, INC., deben constar los saldos acreedores que reflejan los libros de contabilidad del banco, como así lo certificó la señora S.P. de Polo, como Gerente Ejecutiva de Banca Comercial del Banco demandante y estar revisadas por Contador Público Autorizado, tal como así lo hizo el Licenciado J.C.R..

Como vemos, la Certificación de Saldo a la que se ha hecho referencia y que ha cuestionado la sociedad casacionista en su recurso, no ha sido desvirtuada, que era lo que correspondía, sino que ha mencionado los diversos contratos que han sido allegado al expediente y que no eran necesarios aportar, para darle la condición de título ejecutivo a dicha certificación. Y es que, contrario a lo externado por la sociedad demandada-recurrente, la tan comentada Certificación de Saldo guarda relación con lo discutido en el proceso, pues, además, es la prueba fundamental de la obligación que se reclama y, por tanto, no se infringe el artículo 783 del Código Judicial, ni mucho menos lo dispuesto en el artículo 858 del citado cuerpo legal. Esto último es así, ya que, la prueba en comento no tenía que ser reconocida por su suscriptor, como así lo manifiesta la apoderada judicial de GRUPO H., S.

En cuanto a la veracidad del documento cuestionado, esta S. de lo Civil ha señalado, en otras oportunidades, lo siguiente:

"No se pierda de vista que, en los actos propios de su profesión, los Contadores Públicos Autorizados, de acuerdo con la ley, dan fe pública respecto al registro sistemático de las transacciones económicas y financieras que realicen las personas naturales y jurídicas, sirviendo su intervención para comprobar, verificar, fiscalizar y certificar los registros de contabilidad, por lo que se debe presumir la veracidad y exactitud de sus dictámenes (art. 1, acápites a' y d' y art. 6 de la Ley N° 57 de 1978)."

(Resolución de 25 de julio de 1997 dictada en el Proceso Ordinario propuesto Por I.D.C. contra ELNIG, S. y otros)

Así las cosas, la Certificación de Saldo visible a foja 44 del proceso ejecutivo, resulta idónea para promover la ejecución en contra de la sociedad demandada GRUPO H., S., a tenor de lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial.

Ahora bien, en el segundo motivo, la casacionista cuestiona el valor probatorio que se le confirió al Contrato de Factoring de 10 de junio de 2009 suscrito entre Capital Factoring & Finance, Inc. y GRUPO H., S. y al Contrato de Cesión de Crédito de 25 de enero de 2013, celebrado entre Capital Factoring & Finance, Inc. y CAPITAL BANK, INC. (fs.14-22 y fs.27, respectivamente, del expediente principal) que fueran allegados por la actora con el libelo de demanda; sin embargo, tales documentos, si bien los aportó la demandante para demostrar la consecución de contratos que se dieron entre las partes del proceso y cómo surge al final la obligación demandada, ellos no fueron los que se aportan como título ejecutivo y para ello el Ad quem en la sentencia impugnada dejó expresado lo siguiente:

"...

Es cierto que la parte actora también aportó con su demanda original un contrato de cesión de créditos que celebró con CAPITAL FACTORING & FINANCE, INC., beneficiaria de las fianzas solidarias antes mencionadas, pero dicha cesión se refería específicamente a los créditos dimanantes de un contrato de factoring que la cedente celebró con GRUPO H., S. el día 10 de junio de 2009, no a créditos dimanantes de unos contratos de préstamo suscritos el 10 de diciembre de 2012.

(...)

En este punto resulta necesario volver a referirnos al hecho de que, en su demanda ejecutiva la parte actora aludió a la existencia del contrato de factoring, al pagaré, y al 'Contrato General de Negocios', y los aportó al proceso, pero ahora para aclarar que aunque alguno de estos documentos por sí solo prestara mérito ejecutivo, no pueden ser tenidos como fuentes de la obligación ejecutada en este proceso, pues consideramos que para esto los mismos debieron ser mencionados como tales en el Auto Ejecutivo, lo que no ocurrió, y si la parte actora no estaba de acuerdo en que solo se tuviera a la certificación de saldo que presentó, como fuente de la obligación ejecutada, entonces debió impugnar dicho Auto Ejecutivo a tal fin, pero no vemos que lo hubiese hecho.

(...)." (fs.296-298)

Como vemos, de lo expresado por el Tribunal Superior, en conjunto con lo que se ha dejado expresado con anterioridad, se advierte que la obligación demandada surge o tiene sustento legal en la Certificación de Saldo que, conforme al numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial, por sí sola, presta mérito ejecutivo y donde se dispone que la deuda por la cual se demandó surge de "PRÉSTAMOS, suscritos el día 10 de Diciembre de 2012", no directa y exclusivamente de las obligaciones dimanantes de los contratos de préstamo y de cesión que fueran aportados por la parte actora.

Ahora bien, se ha de aclarar que, aun cuando en la demanda ejecutiva corregida se indica que la suma reclamada a través de la Certificación de Saldo y que sirve de título ejecutivo, deriva de los referidos documentos que se estiman mal valorados, tal duda sobre cuál o cuáles son las verdaderas fuentes de la obligación ejecutada, no sirven en el propósito de concluir que los préstamos a los que se refiere la Certificación de Saldo no son ciertos, como así lo entendió el Tribunal Superior, lo que es avalado por esta S. Civil.

De otro lado, advierte esta Superioridad que la recurrente hace referencia a que la obligación demandada se encuentra prescrita, en razón de los documentos privados que fueron mal valorados, se debe recordar, que aun cuando tales documentos fueron mencionados por la propia ejecutante, la obligación demandada proviene del incumplimiento de "PRÉSTAMOS, suscritos el día 10 de Diciembre de 2012" y cuya información se encuentra recogida en la Certificación de Saldo aportada. De allí, pues que recordando que los documentos que se alegan no constituyen el título ejecutivo por el cual se demanda, no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 1652 del Código de Comercio, pues, el término que aplica al asunto bajo examen sería el contemplado en el artículo 1650 del Código de Comercio, el cual dispone que la prescripción ordinaria en materia comercial tiene lugar a los cinco (5) año, por lo que si los préstamos por los cuales se demanda son de fecha 10 de diciembre de 2012, para la fecha que se presentó y notificó el auto de mandamiento de pago (diciembre de 2014), no se había cumplido el término de Ley para que se estimara prescrita la obligación reclamada.

Frente a lo expresado, estima la S. que no se evidencia que se han configurado los cargos de injuridicidad alegados ni las violaciones a las normas legales endilgadas por la apoderada judicial de la recurrente a la sentencia impugnada, por lo que procede desestimar por infundada la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, objeto del presente recurso de casación.

SEGUNDA CAUSAL DE FONDO

La segunda causal invocada corresponde a la "Infracción de las normas sustantivas de derecho por el concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba" que, según la recurrente, ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida y se encuentra consagrada en el artículo 1169 del Código Judicial.

Dicha causal se sustenta en un único motivo que se transcribe a continuación:

"PRIMERO: A pesar que no existe dentro del expediente ninguna prueba que respalde la Certificación de Saldo presentada por el Banco y que se refiere a un supuesto contrato de préstamo suscrito el 10 de diciembre de 2012, aunado a que ninguno de los once hechos en que se fundamenta la demanda ejecutiva hace referencia a un contrato de préstamo suscrito el 10 de diciembre de 2012, el Tribunal Superior consideró negar las Excepciones presentadas por GRUPO H., S., manteniendo la ejecución de una obligación que se encuentra prescrita con base a pruebas que si figuran dentro del expediente, cometiendo con ello error de hecho en la existencia de la prueba, puesto que tanto la normativa especial como los usos y costumbres de la plaza exigen que todas las facilidades crediticias otorgadas por una entidad Bancaria deben ser documentadas por escrito.

De no haber incurrido en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, el Tribunal Ad quem habría exigido que la ejecución reclamada por Capital Bank, S. se encuentra prescrita, de conformidad con las pruebas que la parte demandante presentó como sustento de los hechos en que fundamentó su demanda ejecutiva, situación que incide en lo dispositivo del fallo impugnado." (fs. 384-385)

Las disposiciones legales supuestamente infringidas, según el cargo de injuridicidad contenido en el motivo transcrito, son los artículos 780 y 784 del Código Judicial, así como también los artículos 244, 194 y 245 del Código de Comercio y el artículo 196 del Decreto Ejecutivo N° 52 de 30 de abril de 2008.

DECISIÓN DE LA SALA EN LA SEGUNDA CAUSAL

Destacados los aspectos más sobresalientes de la causal invocada, esta S. considera propicio, antes de entrar a la decisión del recurso de casación interpuesto, dejar claro que "la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba" puede producirse cuando el sentenciador reconoce como existente en el proceso un elemento o prueba que no obra en el expediente o cuando ignora o pasa por alto una prueba que obra en él.

Debe entenderse, entonces, que para la procedencia de la causal de fondo alegada, es preciso que converjan dos elementos fundamentales: que el medio de prueba aplicado sea inexistente en el proceso o que el que obre en autos sea ignorado en la sentencia y que su omisión afecte sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Aclarados los supuestos en los que tiene lugar el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, esta S. advierte que, según la recurrente, el Tribunal Superior negó los medios exceptivos alegados por la demandada-recurrente, GRUPO H., S., desconociendo que "los usos y costumbres de la plaza exigen que todas las facilidades crediticias otorgadas por una entidad Bancaria deben ser documentadas por escrito."

Al respecto, debe señalar la S. que, ciertamente, lo expresado por la recurrente es cierto, en el sentido de que los contratos de préstamos o facilidades crediticias deben constar por escrito; sin embargo, para el proceso de ejecución que nos ocupa, no se requiere, necesariamente, la aportación de dicho contrato, basta con la presentación de la Certificación de Saldo como título ejecutivo que, aparte de ser de aquellos listados en el artículo 1613 del Código Judicial, además, cumple los requerimientos que exige el artículo 1614 del citado cuerpo legal.

Y es que, contrario a lo expresado por la recurrente, no puede exigírsele a la actora que para que la Carta de Saldo que fuera aportada como recaudo ejecutivo tenga pleno valor probatorio, la aportación de la fuente inmediata y directa de la pretensión ejecutiva que se demanda, puesto que, de ser así, ello sí violentaría nuestro ordenamiento jurídico al requerir un elemento adicional no contemplado en la Ley, para que la comentada Certificación de Saldo adquiera eficacia probatorio como título ejecutivo, máxime que dicha certificación, cumple, como se dejó expresado, las formalidades de Ley que exige el propio numeral 15 del artículo 1613 del Código Judicial para que se tenga como título ejecutivo.

De tal forma que, a juicio de esta Superioridad, el título ejecutivo aportado con el libelo de demanda y sirve de sustento legal para librar mandamiento de pago por parte del Juzgado de instancia, tiene pleno valor probatorio y no ha sido desvirtuado por las alegaciones presentadas por la sociedad demandada.

De todo lo expresado, advierte la S. que, en realidad, la causal probatoria que se alega por parte de GRUPO H., S. no tiene razón de ser ni sustento legal, toda vez que no es que el Ad quem le haya dado valor probatorio a alguna pruebas que no conste en autos ni se ignoró alguna que constaba en el expediente, puesto que, como se ha dicho a lo largo de la presente resolución judicial, la prueba fundamental que fuera aportada y tomada en consideración como recaudo ejecutivo fue la Certificación de Saldo que rola a foja 44 del expediente principal, misma que cumple las formalidades de Ley y que además, no fue desvirtuada de alguna forma por los excepcionantes en su momento ni a través del presente recurso de casación.

En estas circunstancias, resulta imposible, entonces, el reconocimiento por esta Superioridad del vicio de ilegalidad alegado en el presente recurso, ya que queda claro que el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba invocado por la recurrente no es compatible con el motivo que lo sustenta, por lo que siendo ello así, debe la S. mantener intangible la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el cuadernillo de Excepción promovido por GRUPO H., S. dentro del Proceso Ejecutivo que en su contra y en contra de los señores M.Y.R. DE H. y L.A.H.S. promoviera la sociedad CAPITAL BANK, INC. y, en consecuencia, desatender la solicitud de la recurrente de casar la resolución impugnada, al no producirse la alegada infracción de los preceptos legales denunciados.

En mérito de lo anterior, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución de nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de las Excepciones de prescripción, de inexistencia de la obligación y de pago presentadas por la sociedad demandada-ejecutada, GRUPO H., S., en el Proceso Ejecutivo Simple que en su contra y en contra de M.Y.R. DE H. y L.A.H.S. le sigue la sociedad CAPITAL BANK, INC.

Las costas del recurso de casación, tal como dispone el artículo 1196 del Código Judicial, a cargo de la sociedad demandada-recurrente se fijan en la suma DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00).

Notifíquese Y DEVUÉLVASE,

OLMEDO ARROCHA OSORIO

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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