Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Enero de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución: 6 de Enero de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: El Lcdo. Tomas M., actuando en nombre y representación de MARÍA DEL CARMEN VEGA Y OTROS, ha interpuesto Recurso de Casación contra la Sentencia de 16 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: M. delC.V. y otros vs Diócesis de D.. ANTECEDENTES DEL CASO El proceso común por diferencia de costas se origina en la reclamación de prestaciones laborales por diferencia de salario mínimo presentada por el S.T.M. en nombre y representación de M. delC.V. y otros, en contra de la Diócesis de D., Colegio de Nuestra Señora de la Caridad (antes Colegio Católico San Benito), ante las autoridades administrativas laborales. MedianteResolución 12 de 1 de abril de 2009, modificada por el auto 42 SJ/DRTCH-09 de 19 de mayo de 2009, la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, condena a la Diócesis de D. y Nuestra Señora de la Caridad (antes Colegio San Benito) a pagar a favor de M. delC.V.R., S.M.B.V., D.H.B., M.M.M., I.T.S. de A., I.P. de Castillo y L.J.G.V. la suma de ciento veinticuatro mil cuatrocientos treinta y un balboas con cincuenta y tres centésimos (B/.124,431.53), en concepto de diferencia de salario mínimo, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, prima de antigüedad; más el pago de los intereses, recargos y fijando las costas de primera instancia en 20%. Mediante Resolución DM 190-2010 de 21 de junio de 2010, y producto del recurso de apelación por parte de la Diócesis de D., la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral confirma parcialmente y modifica parcialmente la citada Resolución 12 de 1 de abril de 2009, en cuanto a los montos que la Diócesis debía pagar a los educadores precitados, aumentando el monto de la condena a ciento treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 27/100 (B/.136,484.27), fijando además en un 5% las costas de segunda instancia. Con posterioridad, a través de el auto 161-10 de 19 de julio de 2010, el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección de D., decreta formal embargo sobre la Diócesis de D., hasta la concurrencia de doscientos doce mil noventa y seis balboas con cuarenta y seis centésimos (B/.212,096.46), que incluye dentro de los montos a embargar, los intereses de los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo, las costas de primera instancia (20%), las costas de segunda instancia (5%) y las costas de ejecución (15%). Dentro de la Ejecución de Sentencia, el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, dicta el auto 36-11 de 16 de febrero de 2011, decretando formal ampliación del embargo, sobre los ocho (8) bienes inmuebles pertenecientes a la Diócesis de D., por la suma de ciento ochenta y seis mil trece balboas con ochenta y cinco centésimos (B/.186,013.85) luego de que se redujera de la suma condenada veintiséis mil ochenta y dos balboas con sesenta y un centésimos (B/.26,082.61, consignados por el Banco HBSC (B/.26,079.51) y el Banco Nacional de Panamá (3.10). Esta resolución fue corregida mediante el Auto 235 de 9 de agosto de 2011, que adiciona las costas de 35% a que condenaron a la parte ejecutada mediante sentencia de 15 de abril de 2011, por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso de nulidad interpuesto por la Diócesis de D., y señala como nueva suma del embargo la cuantía de B/.229,913.23, la que a su vez fue corregida por el Auto No.243 de 18 de agosto de 2011, que manifiesta que no se descontó de la condena la suma consignada por el Banco HSBC (B/.26,092.51) y entregada a la parte actora y determina que el embargo debe tener como base la suma de doscientos treinta y nueve mil cuarenta y uno con seis centésimos (B/.239,041.06). Posteriormente, mediante Auto No.105-12 de 9 de mayo de 2012, se corrige la suma objeto de embargo, luego de considerar que no se podían añadir las costas del 35% fijadas dentro del proceso declarativo de nulidad y una vez que fueron restadas las sumas consignadas a la parte actora, el monto a pagar por la Diócesis de D. sería de ciento ochenta y seis mil dieciséis con noventa y cinco centésimos (B/.186,016.95). El 13 de agosto de 2012, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, resuelve ampliar el auto No. 161 de 19 de julio de 2010, modificado por el auto No.30 de 1 de marzo de 2012 y la resolución judicial de 18 de junio de 2012 en el sentido de agregar a la CONDENA la suma de veintidós mil ochenta con 96/100 (B/.22,080.96) en concepto de intereses legales del artículo 169 del Código de Trabajo y se decreta embargo sobre la finca 26073 por la suma de B/.25,393.10, cantidad ésta que incluye los intereses adeudados (B/.22,080.96) más el pago de B/.3,312.14 en concepto de 15% de costas de ejecución. El Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, el 22 de febrero de 2013, declara de oficio, probada la excepción de pago total a favor de la Diócesis de D. y absolver a la misma, de la reclamación que por diferencia de costas incoara en su contra M.V.R. y Otros. Finalmente, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, el 16 de abril de 2013, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 22 de febrero de 2013. CARGOS DEL CASACIONISTA. El casacionista alega como violados los artículos 752, 754, 993, 575, 989 y el artículo 169 y 170 del Código de Trabajo referentes al carácter de documentos públicos, al carácter de las sentencias ejecutoriadas y las excepciones, y a la tasa de intereses y recargo del 10% que causan la mora o falta de pago de salarios, vacaciones, prestaciones e indemnizaciones. Con respecto a los artículos 752, 754, 993, 575 y 989 del Código de Trabajo señala el Tribunal Superior concluyó erróneamente que en el proceso por diferencia de salario mínimo, se había condenado a la Diócesis de D. al pago de B/.124, 431.53, no considerando la Resolución modificatoria del monto de la condena que lo estableció en B/.136,485.27, por lo cual son del criterio de que existe en error de hecho en la existencia y apreciación de la prueba, ya que al efectuar el recargo del 35% en costas, aplicaron este recargo a una suma que no era la final y definitiva fijada por el Tribunal de la causa, lo que trajo como consecuencia que el Tribunal Superior concluyera que la Diócesis de D. había cumplido en su totalidad con la obligación impuesta en la Condena. Con respecto a los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo referentes al 10% anual que se debe pagar por la mora en falta de pago de salarios, vacaciones, prestaciones e indemnizaciones y el caso de que en toda sentencia de condena al pago, señala el casacionista que ambos han sido violados en violación directa por omisión pues al no aplicar la norma, el Tribunal erró al no considerar que el interés por mora es una condena accesoria en toda sentencia que condene al pago de salarios y, por ello debía al ad quem haber incluido el monto de recargo que establecen dichas normas, dentro del total del monto de la condena en el precitado proceso por diferencia de salario mínimo y calcularlo sobre el monto de la condena (que incluye el monto del recargo, consistente en el 35% de la condena en costas del proceso de nulidad). EXAMEN DEL TRIBUNAL. Vencido los términos correspondientes, y en presencia de un proceso común por diferencia de costas, la Sala entrará a examinar los cargos de violación que se endilgan a la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, de fecha 16 de abril de 2013. Dicho Tribunal Superior fundamentó su decisión en lo siguiente: "...Sin embargo, no tiene razón el apoderado recurrente al referirse a la base para calcular las costas que reclama por el proceso de nulidad anterior que se resolvió a favor de los demandantes en el que se impuso 35% de costas a favor de ellos, pues se aprecia que la Resolución que se pretendía anular, que es la No.12 fechada 1 de abril de 2009, modificada por el Auto No.42 fechado 19 de mayo de 2009, proferidos ambos por la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo de Chiriquí, impone una condena de B/.124,431.53 en total como diferencia de salarios, vacaciones, décimos y prima de antigüedad a favor de los demandantes y en la sentencia de este Tribunal Superior de Trabajo, fechada 15 de abril de 2011, que niega la pretensión de nulidad, se fijan costas en 35% de la cuantía de la condena cuya nulidad se pidió. Por si la cuantía de dicho proceso es de B/.124,431.53, es ésta la que se debe tomar como base para calcular las costas de 35%, sin incluir intereses ni otras costas no mencionadas en la resolución respectiva, monto que se aprecia pagado mediante la consignación del depósito judicial de fojas 1306 por la suma de B/.43,896.28 y que según el documento de fojas 1309 "dicha suma representa las costas del 35% ordenada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, conforme al artículo 890 del Código de Trabajo...." (lo subrayado es nuestro). Lo que reclama el casacionista es la supuesta diferencia en concepto de costas que se suponen han sido mal calculadas sobre una base incorrecta, al estimar el recurrente que se debieron incluir, además de la cuantía de la condena, los intereses del artículo 169 del Código de Trabajo y las costas de la primera y de segunda instancia, por lo que alude que si se suma todo esto queda una diferencia por pagar a favor de la parte demandante. Esta Corporación de Justicia considera extraer los siguientes aspectos que se derivan del proceso en cuestión: 1. La condena a la Diócesis de D. y al Colegio Nuestra Señora de la Caridad a pagar a los trabajadores en materia de diferencia de salario, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, prima de antigüedad, corresponde al monto total de ciento veinticuatro mil cuatrocientos treinta y uno con 53/100 (B/.124,431.53). fijando las costas en 20% las costas de primera instancia (Resolución 12 de 1 de abril de 2009 modificada por el auto 42 SJ/DRTCH-09 de 19 de mayo de 2009) 2. Dicho monto fue modificado producto del recurso de apelación interpuesto, en cuanto a los montos que ésta debía pagar a los educadores precitados, aumentando el monto de la condena a ciento treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 27/100 (B/.136,484.27), fijando además en un 5% las costas de segunda instancia. (Resolución DM 190-2010 de 21 de junio de 2010) 3. Se decreta formal embargo hasta la concurrencia de doscientos doce mil noventa y seis balboas con cuarenta y seis centésimos (B/.212,096.46) que comprende capital, costas de primera, segunda instancia y de ejecución e intereses de los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo (Auto 161-10 de 19 de julio de 2010). 4. Fue embargado a la Diócesis de D. la suma de veintiséis mil setenta y nueve con 51/100 (B/.26,079.51), como parte del pago que le corresponde realizar. 5. Se le agrega a la CONDENA fijada Auto No.161 de 19 de julio de 2010), la suma de veintidós mil ochenta con 96/100 (B/.22,080.96) en concepto de intereses legales del artículo 169 del Código de Trabajo y se decreta embargo por la suma de veinticinco mil trescientos noventa y tres con 10/100 B/. (B/.25,393.10) correspondientes al monto precitado más el 15% de costas de ejecución (Resolución de 13 de agosto de 2012). 6. Consta en Autos que se consignó un depósito judicial de la Diócesis de D., visible a foja 1306, por un monto de cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis con 28/100 (B/.43,896.28), el cual en la confirmación de certificado de depósito judicial visible a foja 1309, indica que dicha suma representa las costas del 35% ordenadas por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial. De lo anterior se colige que yerra el Tribunal Superiora través de la sentencia impugnada de 16 de abril de 2013, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial confirma la Sentencia No. 22 de febrero de 2013, dictada por el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, en el proceso seguido por M. delC.V.R. y otros contra la Diócesis de D., al fundamentar el cálculo del 35% de las costas que reclama el casacionista por el proceso de nulidad, sobre la base de ciento veinticuatro mil cuatrocientos treinta y uno con 53/100 (B/.124,431.53), que fue la condena impuesta a través de la Resolución 12 de 1 de abril de 2009, modificada por el auto 42 de 19 de mayo de 2009, sin tomar en consideración que dicha Resolución de condena fue modificada y ampliada en varias ocasiones aumentando el monto de la misma, tal es así que a través de la Resolución DM 190-2010 de 21 de junio de 2010, en la cual se aumenta el monto de la condena a ciento treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 27/100 (B/.136,484.27) y mediante Auto 161-10 se decreta formal embargo hasta la concurrencia de doscientos doce mil noventa y seis balboas con cuarenta y seis centésimos (B/.212,096.46) que comprende capital, costas de primera, segunda instancia y de ejecución e intereses de los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo, finalmente se adiciona a la condena el monto de veintidós mil ochenta con 96/100 (B/.22,080.96) en concepto de intereses legales del artículo 169 del Código de Trabajo y se decreta embargo por la suma de veinticinco mil trescientos noventa y tres con 10/100 B/. (B/.25,393.10) correspondientes al monto precitado más el 15% de costas de ejecución. Todo lo anterior reafirma la posición vertida por esta Superioridad en cuanto a que el Tribunal Superior equivoca el monto sobre el cual aplica las costas del 35% fijadas, ya que el monto de referencia utilizado (B/.124,431.53). no es correcto, dichas costas debieron fijarse sobre la base de la siguiente suma: B/.136,484.27 correspondientes a capital más B/.15013.21 correspondientes a recargo e intereses vencidos desde la fecha en que la obligación se hizo exigible, hasta el 19 de julio de 2010 más B/.22,080.96 correspondientes a los intereses que corrieron desde el 19 de julio de 2010 hasta que se verificó el pago, lo que da un total de ciento setenta y tres mil quinientos setenta y ocho con 44/100 (B/.173, 578.44), sin considerar las costas de primera y segunda instancia las cuales no aplican para esta operación aritmética, al no poder cobrarse costas sobre costas. Siendo así las cosas, y confirmándose que el monto sobre el cual deben calcularse el 35% de las costas objeto del presente negocio jurídico es (B/.173,578.44), las mismas debieron ser fijadas en sesenta mil setecientos cincuenta y dos con 45/100 (B/.60,752.45) y no en cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis con 28/100 (B/.43,896.28) como fue confirmado en su sentencia por el Tribunal Superior. Esto significa que la Diócesis de D. al haber abonado, tal como consta en autos, la suma de cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis con 28/100 (B/.43,896.28) adeuda a los demandantes la suma de dieciséis mil ochocientos cincuenta y seis con 17/100 (B/.16,856.17), en concepto de diferencia en costas, por lo cual no podía el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección declarar de oficio probada la excepción total de pago a favor de la Diócesis de D., dentro del proceso común incoado por M.V.R. y otros, ni a su vez el Tribunal Superior confirmar la referida sentencia. Por las anteriores consideraciones de que Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, a través de su sentencia de fecha 16 de abril de 2013, erró en el cálculo de las costas a la que tenían derecho los demandantes, al no considerar que la Resolución sobre la que se basaron fue modificada varias veces, y que el 35% que fue calculado no correspondía al total de la condena impuesta, esta Corporación de Justicia procederá a Casar la referida sentencia, en el sentido de ordenar a la Diócesis de D. el pago de (B/.16,856.17), en concepto de diferencia en costas. Por tanto, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la Sentencia de 16 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral interpuesto por el Lcdo. Tomas M., actuando en nombre y representación de MARÍA DEL CARMEN VEGA Y OTROS, contra la Diócesis de D., y CONDENA a la DIÓCESIS DE D. a pagar a favor de M. delC.V.R., S.M.B.V., D.H.B., M.M.M., I.T.S. de A., I.P. de Castillo y L.J.G.V. la suma de dieciséis mil ochocientos cincuenta y seis con 17/100 (B/.16,856.17), en concepto de diferencia en costas no pagadas. Sin costas. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO VICTOR L. BENAVIDES P. -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ KATIA ROSAS (Secretaria)