Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Noviembre de 2013

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución29 de Noviembre de 2013
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Licenciado L.P.P., actuando en representación del señor C.R. y A.R., interpuso recurso de casación laboral contra la resolución emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de 2 de septiembre de 2010, dentro del proceso laboral arriba descrito.

El fin perseguido con el presente recurso consiste en que la S. case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial y, en su defecto, absuelva a los demandados C. y A.R., de las pretensiones incoadas en su contra.

El presente recurso extraordinario tiene su génesis en la demanda laboral interpuesta por el señor JOSE DEL CARMEN TAPIA contra los señores CARLOS, A.Y.T.R., reclamando el pago de seis mil quinientos treinta y tres con cuarenta y un centésimos (B/.6,533.41) vacaciones, decimos y prima de antigüedad, así como los salarios dejados de percibir desde la detención hasta cuando fue puesto en libertad, lo cual asciende a la suma de B/.5,600.00, a razón de B/.400.00 mensuales, desde el 15 de abril de 2005 hasta junio de 2006.

Fundamenta su pretensión, afirmando que inició labores con los demandados desde el 15 de julio de 1997 hasta el 15 de abril de 2005, devengando un salario mensual de B/.400.00 . Que fue denunciado por los demandados por un caso de robo y estuvo detenido un año, desde el 15 de abril de 2005 a junio de 2006, por lo que considera se le adeudan las prestaciones antes señaladas, toda vez que fue absuelto de los cargos.

Ante la demanda presentada, el apoderado judicial de los señores CARLOS y ABDIEL RUGLIANCICH, así como el apoderado judicial del señor TOMAS RUGLIANCICH, negaron la pretensión de la demanda, toda vez que sostienen que el señor J.D.C.T. nunca fue trabajador de sus representados, por ende, no se le adeuda suma alguna. Igualmente adujeron excepciones de prescripción, de inexistencia de la obligación e inexistencia de relación de trabajo.

El J. Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, mediante Sentencia No.44 de 8 de julio de 2010, decidió reconocer la excepción de inexistencia de la relación de trabajo y, en consecuencia, absolver a los demandados de las reclamaciones formuladas por el señor J.D.C.T., al considerar que "de las pocas pruebas que aparecen en el expediente, no hay ninguna que involucre directamente al actor con los otros demandados, por lo que no le asiste la razón al señor J.D.C.T.V., de lo reclamado en su demanda por no haberse probado la existencia de una relación de trabajo" (f.105)

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, al conocer el recurso de apelación propuesto por el apoderado del trabajador, decide revocar la sentencia del juez primario.

Entre las consideraciones para la expedición del acto en mención, figura lo siguiente:

"Esa resolución que el juzgador primario soslayó, representa materia juzgada que no permite volver a revisar sobre el mismo tema judicialmente; es decir, el A-quo no podía realizar una ponderación de las piezas dirigidas a determinar la naturaleza de la relación existente entre las partes porque ello fue objeto de decisión previa en la instancia correspondiente y su razonamiento debía encaminarse a la búsqueda de los elementos de convicción que le permitieran deducir si le asistía razón a la demandante en cuanto a la exigencia de las prestaciones reclamadas sobre la base de la relación laboral ya establecida.

Como vemos, la realidad procesal da luces a la existencia de una relación laboral entre las partes, no sólo con la sentencia antes citada (fs.60-72), sino además con las declaraciones juradas que rindieran en otra esfera jurisdiccional los demandados (fs.87-88) quien es conteste en afirmar que el actor prestaba servicios como trabajador para la empresa dirigida por los hermanos T., C. y A.R..

Ambos extremos permiten concluir que con respecto a la prueba concerniente al fallo de la Junta de Conciliación y Decisión No.17, que a su vez fue confirmado por este Tribunal Superior, se debía reconocer la aplicación indudable del contenido del artículo 12 de la Ley 7 de 1975, en concordancia con el artículo 993 del Código de Trabajo que regulan la institución procesal conocida como cosa juzgada."

Sostiene el casacionista que la sentencia del juzgador Ad-quem, ha violado los artículos 62, 64, 65, 87, 12, 753, 732 y 993 del Código de Trabajo en concepto de violación directa por omisión.

En primer lugar, sostiene el apoderado judicial de la parte recurrente que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, viola directamente por comisión el artículo 62 del Código de Trabajo, por cuanto reconoce la existencia de una relación de trabajo entre el actor y sus mandantes, cuando se demostró que tanto el demandante, como sus representados prestaban servicios para el establecimiento comercial denominado "SERVICIOS DON TELMO" de propiedad del señor J.H..

Asimismo, sostiene que la decisión recurrida viola, en forma directa por comisión, el artículo 64 del Código de Trabajo, ya que se demostró que la subordinación jurídica como elemento característico de toda relación de trabajo, no se ha dado en este caso.

Igualmente, señala que se ha violado el artículo 65 del Código de Trabajo, ya que el demandante no acreditó la dependencia económica como el otro de los elementos característicos de la relación de trabajo, al cual se hace necesario recurrir ante el hecho de que resulta insuficiente el concepto de la subordinación jurídica. Que ni siquiera se acreditó la existencia de una prestación de servicios entre el actor y los demandados, para de pronto aplicar las presunciones juris tantum que rigen en materia laboral.

Respecto a la violación del artículo 87 del Código de Trabajo, el casacionista considera que esta disposición ha sido violada de manera directa, toda vez que los demandados no eran quienes recibían de parte del actor los supuestos servicios que éste desplegaba, ya que su empleador era el establecimiento comercial denominado SERVICIOS DON TELMO de propiedad del señor J.H..

Continua exponiendo el recurrente que se ha violado por omisión el artículo 12 del Código de Trabajo, ya que el ad-quem no entra a considerar nada respecto a la excepción de prescripción invocada. Que si bien el a quo no entró a considerar la misma, debido a que declaró probada la excepción de inexistencia de la relación de trabajo, debió el Tribunal entonces, al revocar dicha decisión, entrar a dilucidar la excepción de prescripción.

Alega también, que se han violado directamente por comisión los artículos 753 y 732 del Código de Trabajo, por cuanto la sentencia no valoró la certificación emitida por la Caja de Seguro Social que aparece de fojas 97 a 99 del expediente, en la cual se establece que el demandante era trabajador del establecimiento comercial SERVICIOS DON TELMO, al igual que los otros demandados.

Por último, manifiesta que el artículo 993 del Código de Trabajo ha sido violado de forma directa por comisión, ya que los procesos surtidos ante las Juntas de Conciliación y Decisión no son procesos de conocimiento de los que tratan los artículos 956 y siguientes del Código de Trabajo, por el contrario su sustanciación es regulada por la Ley 7 de 1975 que trae su propio procedimiento, por la necesidad que tienen estos tribunales de resolver de inmediato

Por todo lo expuesto, el apoderado judicial de los recurrentes solicita a esta Superioridad, case la resolución recurrida y, en su lugar, se absuelva a sus representados de las pretensiones incoadas en su contra.

  1. OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN.

El Licenciado R.M., quien representa al trabajador demandante, en su escrito de oposición al recurso de casación, solicita que no se case la sentencia recurrida y se condene en costas.

Sostiene el oponente que cuando el casacionista manifiesta que los artículos 62, 64, 65 y 993 han sido infringidos por violación directa por comisión, es cuando dicho texto es aplicado desconociendo un derecho en él consagrado en forma perfectamente clara y, en el caso que nos ocupa, la demanda es sobre el pago de los derechos laborales adquiridos, ya que la materia de que si existe relación laboral, o no, contra los casacionistas, fue resuelto por las Juntas de Conciliación y Decisión y confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo, produciéndose la figura jurídica de cosa juzgada.

Respecto a la alegada violación en forma directa por omisión de los artículos 87, 12, 753 y 732 del Código de Trabajo, el oponente señala que este tipo de infracción se produce cuando se deja de aplicar un texto legal claro que ha debido aplicarse, pero de un análisis de la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, se establece claramente que existen tres sentencias donde se establecen quienes eran sus empleadores. Al igual que la materia de prescripción fue resuelta por la Junta de Conciliación y Decisión.

IV.DECISIÓN DE LA SALA.

Una vez estudiados los argumentos planteados por ambas partes, esta S. de Casación Laboral procede a decidir la litis sometida a consideración, previa las siguientes consideraciones.

La S. procederá a realizar un análisis de manera conjunta de las normas que se invocan infringidas, toda vez que las mismas mantienen un fundamento común, consistente en que entre el demandante y los demandados jamás existió una relación de carácter laboral

La disconformidad del casacionista se centra en el reconocimiento de la relación de trabajo entre el demandante y los demandados por parte del Tribunal Superior de Trabajo, a pesar de haberse negado dicha relación, debido a la inexistencia de los elementos característicos de la misma

En primer lugar, observa la S. que para revocar la resolución proferida por el J. A-quo, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial consideró que éste había soslayado el contenido de la resolución proferida por la Junta de Conciliación y Decisión No.17, en la cual, la existencia de la relación de trabajo había sido objeto de dilucidación, resolviendo jurídicamente la existencia de la misma, entre las mismas partes que militan en el proceso que ahora nos ocupa. Decisión que fue confirmada por el propio Tribunal Superior. Por lo que, a su criterio, representa materia juzgada, impidiéndole al juez primario realizar un nuevo análisis sobre el mismo tema judicialmente, así como de las piezas dirigidas a determinar la naturaleza de la relación existente entre las partes, porque ello había sido objeto de decisión previa en la instancia correspondiente. Además, agregó el Ad-quem que el razonamiento del juez de primera instancia, debió encaminarse en la búsqueda de los elementos de convicción que le permitieran deducir si le asistía razón al demandante, en cuanto a la exigencia de las prestaciones reclamadas sobre la base de la relación laboral ya establecida.

Vemos pues, que el Tribunal Superior de Trabajo concluyó que con la existencia de un pronunciamiento previo ante la Junta de Conciliación y Decisión, confirmada por el propio Tribunal Superior, referente a la existencia de la relación laboral entre el demandante y los demandados, se debía reconocer la aplicación indudable del contenido del artículo 12 de la Ley 7 de 1975, en concordancia con el artículo 993 del Código de Trabajo que regulan la institución procesal conocida como cosa juzgada.

Sobre el particular, esta S. se ha pronunciado con respecto al tema de la cosa juzgada, en los siguientes términos:

"En cuanto la existencia de cosa juzgada que reconoce el Tribunal Superior de Trabajo en la sentencia impugnada y cuestiona el casacionista, pasamos a externar que esta figura jurídica se define en el Diccionario Jurídico Elemental de G.C. como "toda cuestión que ha sido resuelta en juicio contradictorio por sentencia firme de los tribunales de justicia" (Editorial Heliasta, D. edición, págs. 99-100).

En nuestro país, la cosa juzgada en materia laboral está contemplada en el artículo 993 del Código de Trabajo, cuyo texto dice así: "las sentencias ejecutoriadas dictadas en los procesos de conocimiento hacen tránsito a cosa juzgada". Ahora bien, para que opere la cosa juzgada se requiere que entre el nuevo proceso y el anterior hayan mediado los siguientes puntos: 1. identidad legal de personas; 2. identidad de cosa pedida; 3. identidad de causa de pedir. Si falta alguno de ellos, no es posible afirmar que ha operado dicha figura dentro de determinado proceso.

Esto nos lleva a destacar, que en el caso en estudio el señor T.C. demandó ante distintos tribunales de trabajo prestaciones disímiles. Veamos: ante la Junta de Conciliación y Decisión el pago de indemnización y salarios caídos por terminación de la relación de trabajo y ante el Juzgado Seccional de Trabajo pago de horas extras, trabajo en día domingo y fiesta o duelo nacional. Además, a puntualizar que no hay identidad de cosa pedida en las demandas laborales promovidas ante la Junta de Conciliación y Decisión, y el Juzgado Seccional de Trabajo, razón por la cual no es posible aseverar como lo dice la Sentencia impugnada que ha operado la autoridad de cosa juzgada ante la emisión de la Sentencia de 28 de abril de 2005 que sólo se pronuncia sobre el despido justificado, mas no sobre el pago de horas extras o trabajadas en día domingo, fiesta o duelo nacional (Cfr. Sentencia de 7 de abril de 2006: T.C.V. SERVICIOS TRANSCANALEROS, S. A. Ponente: Mag. W.S.F.)

De allí, que los elementos que sirven para establecer los límites de la cosa juzgada, sean de dos especies: elementos objetivos (identidad de cosa y causa de pedir) y elementos subjetivos (identidad de partes o sus causahabientes y carácter con que actúan) y que sea necesario para apreciar la procedencia o improcedencia de la cosa juzgada, la confrontación de la primera sentencia con la pretensión del segundo proceso para determinar la relación que existe entre ellas y la existencia de los elementos mencionados.

Ahora bien, resulta que el proceso laboral instaurado ante la Junta de Conciliación y Decisión No.17 y que sirvió de fundamento para que el Tribunal Superior de Trabajo declarara la existencia de la relación laboral, obedece al reclamo de la indemnización por despido injustificado que el demandante presentó en contra de los demandados T., C. y A.R.. Por otro lado, el reclamo que tiene como génesis el proceso laboral objeto del recurso extraordinario que ahora nos ocupa, tiene como objeto el reclamo de las prestaciones laborales producto de la alegada existencia de la relación obrero patronal entre el demandante J.D.C.T.V. y los citados demandados.

En virtud de ello, se infiere que en el caso bajo estudio, no existe la identidad de cosa pedida, como elemento esencial de la cosa juzgada en materia laboral. Es precisamente esta falta de identidad de cosa pedida, la que obliga al juzgador pronunciarse sobre el fondo del asunto.

De otro modo, existe cosa juzgada con respecto al reclamo de indemnización por el despido injustificado, mas no con respecto a las prestaciones laborales que ahora se reclaman. Es decir, bajo ningún concepto puede emitirse nuevamente una decisión de fondo con respecto al reclamo de despido injustificado.

No obstante lo anterior, ello no impide que la cosa juzgada relacionada con aquel proceso pueda surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate, lo cual impide que se vuelva a instaurar un proceso en el cual se reclame la misma. La segunda, es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades de la cosa juzgada, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación la causa de pedir, es decir a los hechos o actos invocados por las partes, como constitutivo de sus acciones o excepciones.

Debemos acotar que en nuestra jurisdicción laboral la terminación intempestiva de una misma relación de trabajo, puede generar la presentación de dos procesos en instancias distintas, de conformidad con la reglas de competencia; cuyos efectos pueden incidir en la decisión del segundo en aquellos asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa, salvo la concurrencia de razones justificadas que lo impidan, como la no comparecencia de una de las partes al acto de audiencia o la imposibilidad de presentar o aducir, razonable y oportunamente, el material probatorio en que se basa sus excepciones y, en fin, de cualquier otra situación de carácter procesal que, a criterio del J., incida en la decisión de un criterio distinto con respecto al otro proceso, sin que ello contraríe el principio de independencia judicial. Lo que no ocurrió en el caso previamente dilucidado.

Por el contrario, tenemos que de una lectura de la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial con la cual se resuelve el reclamo por despido injustificado y que se encuentra debidamente ejecutoriada, tiene como elemento o presupuesto lógico la existencia de la relación de trabajo. Ello obedece a un criterio preciso, claro e indubitable con relación a las pruebas allegadas en aquél proceso y la conducta procesal de los propios demandados en el mismo, quienes aceptaron que el demandante prestaba servicios para ellos, alegando en su defensa, excepción de prescripción, la cual fue desestimada.

Por consiguiente, para el caso que nos ocupa, la posición que ahora asumen los demandados va en contra de la doctrina o teoría de los actos propios la cual consiste en que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada y jurídicamente ineficaz.

Por tanto, estima la S. que el Tribunal Ad-quem valoró el caudal probatorio de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica, y la experiencia, aplicando las reglas de la sana crítica y las presunciones de ley, arribando en debida forma a la conclusión de que entre J.D.C.T. y los demandados TOMAS, CARLOS y ABDIEL RUGLIANCICH, existió relación de trabajo. Por lo que determinada la existencia de la misma entre las partes en conflicto, consideramos que la Resolución impugnada a través del presente recurso, fue dictada con apego a las disposiciones legales que rigen la materia.

Frente a este escenario jurídico, se estima que los cargos son insuficientes en cuanto a la probanza de la ilegitimidad en la sentencia recurrida, por lo tanto no prosperan; y por ende, desestima los cargos de violación endilgados a los artículos 62, 64, 65, 87, 12, 753, 732 y 993 del Código de Trabajo.

En mérito de las consideraciones expuestas, la S. Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NOCASA la Sentencia de 2 de septiembre de 2010 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral JOSE DEL CARMEN TAPIA VALDEZ -vs- TOMAS RUGLIANCICH, C.R. y ABDIEL RUGLIANCICH.

La costas de casación se fijan en el 5%, más los intereses establecidos en el artículo 169 del Código de Trabajo.

N.,

VICTOR L. BENAVIDES P.

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA

KATIA ROSAS (Secretaria)