Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Septiembre de 2020

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución16 de Septiembre de 2020
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 16 de septiembre de 2020

Materia: Casación laboral

Casación laboral

Expediente: 539-19

VISTOS:

A través de la sentencia de ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, procedió a confirmar la sentencia No. 28 del 15 de noviembre de 2018, dictada por el J. Segundo de Trabajo de la Segunda Sección, en el proceso laboral D.L. LADRÓN DE G. -vs- BAGUTA ZONA LIBRE, S.

En la sentencia No. 28 del 15 de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Segundo de Trabajo de la Segunda sección procedió a absolver a la empresa BAGUTA ZONA LIBRE, S., del pago de indemnización por despido indirecto al no acreditarse las pruebas concernientes a los hechos y a las causales invocadas. De igual mente procedió a absolver a la empresa demandada de los cargos impetrados en su contra en cuanto al reclamo de diferencias de décimo tercer mes y vacaciones, ya que no se llegó a probar que el trabajador devengaba el salario de B/.7,000.00 que alegaba que ganaba mensualmente. También se procedió a absolver a la empresa BAGUTA ZONA LIBRE, S., del pago de los derechos adquiridos, ya que dichas sumas de dinero fueron consignadas por la empresa mediante el Certificado de Depósito Judicial Nº 201800038550 del Banco Nacional por la suma de B/.1,343.41. Tampoco se condenó a la empresa en costas.

Ante la decisión adoptada el apoderado judicial del trabajador (DIEGO LADRÓN DE G., presentó formal recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo, el cual a través de la sentencia de ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019), procedió a confirmar la sentencia Nº 28 del 15 de noviembre de 2018, del Juzgado Segundo de Trabajo de la Segunda Sección dentro del proceso laboral promovido por DIEGO LADRÓN DE G., en contra de la empresa BAGUTA ZONA LIBRE, S., y en donde tampoco se condenó en costas a la demandada.

Frente a la decisión confirmatoria de segunda instancia, el apoderado judicial del Sr. DIEGO LADRÓN DE G. procedió a interponer formal recurso de casación a favor del accionante.

I.P. de quien formula el Recurso de Casación - Trabajador:

El Dr. R.W.G., actuando en nombre y representación de DIEGO LADRÓN DE G., interpuso formal recurso de casación laboral, en contra de la Sentencia de ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019), dictado por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, por medio del cual se procedió a confirmar la Sentencia No. 28 del 15 de noviembre de 2018, del Juzgado Segundo de Trabajo de la Segunda Sección dentro del proceso laboral promovido por DIEGO LADRÓN DE G., en contra de la empresa BAGUTA ZONA LIBRE, S., mediante la cual se le absolvió de todos los reclamos efectuados por el demandante o accionante.

El apoderado judicial de la parte actora fundamenta el recurso casación, a fin de que se revoque la sentencia de ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, y en su lugar se case dicha resolución a fin de revocar totalmente la resolución impugnada y que se condene a la empresa demandada al pago de todas las prestaciones y derechos derivados de la relación de trabajo, en especial, la indemnización por renuncia justificada, vacaciones no pagadas, prima de antigüedad, décimo tercer mes no pagados, por una cuantía de ochenta y siete mil cincuenta y ocho balboas con 44/00 (B/.87,058.44) en base a los siguientes hechos medulares.

  1. - La resolución impugnada ha vulnerado lo contemplado en el artículo 68, numeral 7 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente:

    Articulo 68. El contrato escrito de trabajo contendrá:

    (...)

    7.- El salario, forma, día y lugar de pago.

    La violación de la prenombrada disposición se ha efectuado de forma directa por omisión, ya que el Tribunal Superior de Trabajo debió aplicarlo en su justa dimensión e interpretación, ya que debió exigir como contenido obligatorio del contrato de trabajo, la inclusión del salario que realmente percibe el trabajador.

    Que en virtud del principio de primacía de la realidad, debe de reflejarse la suma que efectivamente devenga el trabajador, por sus servicios prestados. Así las cosas, el empleador está obligado a establecer en el contrato de trabajo, las sumas en concepto de salario que recibe el trabajador, por lo cual no puede dividir el salario por planillas y salario en efectivo.

    Que en el expediente (Fojas 110 y 111) reposan sendos comprobantes de los depósitos que efectuaba la señora D.C., empleada de la empresa BAGUTA ZONA LIBRE, S., a la cuenta Nº 4010282312 del señor DIEGO LADRÓN DE G., por la suma de B/.3,150.00 tal como lo indicó la señora NAUAL AJRAM CHARANEK en su testimonio.

    Que de las fojas 75 a la 83 figuran documentos que contienen los recibos que se le descontaban al señor DIEGO LADRÓN DE G. por el préstamo contraído con la empresa y que eran tramitados por la misma persona que elaboraba los depósitos de B/.3,150.00, es decir la señorita D.C., empleada de la empresa demandada.

    Que cuando se descontaban los B/.400.00 la quincena queda en la suma líquida de B/.2,750.00, lo que sumado a los B/.3,150.00 que recibía en la siguiente quincena y a los B/.700.00 que aparecen en el contrato, resulta una suma total de B/.7,000.00, que constituye el verdadero salario que recibe el trabajador.

  2. - La sentencia impugnada ha violado lo dispuesto en el artículo 810 del Código de Trabajo que establece, lo siguiente.

    Articulo 810. Si alguno de los testigos hiciere referencia a otras personas en cuanto al conocimiento de los hechos, el J. podrá a su prudente arbitrio disponer de oficio que sean llamadas a declarar. El J. también puede disponer que sean oídos los testigos que fueron eliminados por excesivos o que se repita el examen de los ya interrogados, o que se cite a cualquier persona cuyo nombre aparezca mencionado en el proceso, a fin de aclarar sus testimonios, rectificar irregularidades o deficiencias en que se hubiere incurrido, para ampliar una declaración ya prestada o para verificar pruebas que obren en el proceso.

    Que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Trabajo y que es recurrida, violó la disposición anteriormente transcrita, ya que a pesar de que la testigo NAUAL AJRAM CHARANEK, mencionó en su deposición (fojas 357-361), a la señor D.C., señalándola como la empleada de la empresa que efectuaba los depósitos por las sumas adicionales (a las que aparecen en el contrato de trabajo) de dinero que, en concepto de salario, realmente percibía el señor DIEGO LADRÓN DE G., no fue citada de oficio como lo establece el artículo, para rendir declaración, siendo un aspecto grave en la presente causa.

    La violación a la norma por el Tribunal Superior de Trabajos se configura, debido a que la discrecionalidad del juez, contemplada en la norma, no puede concebirse de manera absoluta, ya que el juez a-quo debe ordenar, ya sea en la audiencia o en el momento de fallar, la práctica de todas aquellas pruebas que sean procedentes para verificar las afirmaciones de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento público o privado, o de alguna de las deposiciones allegadas al proceso, más aún que se trataba de un aspecto esencial que incide en la parte dispositiva de la causa y que constituye uno de los motivos de la renuncia del mandante.

    La relación de trabajo existente entre nuestro poderdante y la empresa demandada generó el efecto inmediato de pagar el salario de B/.7,000.00, cuyo sustento probatorio esta en los descuentos y depósitos que realizaba la dependiente de la empresa D.C., argumento categórico sostenido por la señora NAUAL AJRAM, de tal manera que lo decidido en la sentencia impugnada viola el contenido de los artículos 62, 54 numeral 2, 225, 226 del Código de Trabajo.

    Que la prestación del servicio brindada por el accionante o demandante, siempre fue remunerada en base al salario de B/.7,000.00, tal como consta en los documentos elaborados precisamente por una dependiente de la empresa, cuyo proceso sumatorio de las cantidades que aparecen en su contenido, incluyendo la establecida en el contrato de trabajo escrito, da como resultado la cantidad total de B/.7,000.00.

    De haber cumplido el juez de primera instancia con la obligación contenida en el artículo 810 del Código de Trabajo, hubiese podido verificar la validez de diversas pruebas que obran en el proceso, en especial las elaboradas por la señorita D.C., que fue mencionada expresamente por la señora NAUAL AJRAM.

    Que en el proceso no se ha demostrado que la señorita D.C. fue la suscribiente de los documentos que reflejan los descuentos y depósitos que la empresa efectuaba a cargo del salario del trabajador, sin embargo, lo importante es que el documento de depósito y el documento de descuento que provenía de la empresa, fueron elaborados y suscritos por la misma persona, detalle confirmado por la misma firma que aparece en ambos documentos.

    El prudente arbitrio que alude el artículo 810 del Código de Trabajo, exige de acuerdo al principio de la sana crítica, acudir a la lógica y a la experiencia, no a la arbitrariedad, y aplicar el sentido común a los hechos objeto de análisis.

    Que dentro del proceso si se aportaron diversas pruebas tendientes a demostrar los innumerables gastos que el trabajador tenía mensualmente, los cuales rebasan con crees la cantidad alegada por la empresa como el supuesto salario del trabajador.

    La errónea operación probatoria desplegada por el juez de primera instancia y validada por la sentencia impugnada, unido a la pretermisión del contenido del artículo 810 del Código de Trabajo, le restaron valor probatorio a tales elementos de convicción. Que tales deficiencias se produjeron porque la valoración individual y asilada de las pruebas, fue el criterio aplicado para resolver la controversia, prescindiendo del principio de la unidad de la prueba, el cual impone una valoración integral de las mismas, esto es, apreciar todas y cada una de ellas de manera conjunta.

    La errónea operación probatoria desplegada por el juez de primera instancia y validada por el Tribunal Superior, al restarle valor a los documentos elaborados por la empresa y advertidos expresamente en el testimonio de la señora NAUAL AJRAM, han incidido indudablemente en la decisión de la presente causa laboral, ya que entrelazada la violación del artículo 810 del Código de Trabajo con las normas sustantivas citadas (artículos 62, 54 numeral 2, 225 y 226 del Código de Trabajo), lo que ocasiona una violación a las mismas y el desconocimiento de expresos derechos del trabajador, contemplados en el ordenamiento laboral.

  3. - La resolución impugnada ha conculcado el artículo 812 del Código de Trabajo, disposición esta que señala lo siguiente:

    Articulo 812. Un testigo no puede formar por sí solo plena prueba; pero si gran presunción cuando es hábil. No obstante se tendrá por prueba suficiente cuando, a juicio del juzgador, declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos, según las circunstancias especiales del caso.

    Que el Tribunal Superior de Trabajo, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, al desconocer el valor probatorio de las declaraciones rendidas, en calidad de testigo, por la señora NAUAL AJRAM CHARANEK, visible de fojas 357 a 361 del proceso, la cual depuso de forma sincera y con pleno conocimiento de los hechos. Sin embargo, al tribunal restarle valor probatorio a dicha prueba, vulnera el artículo 140 del Código de Trabajo, ya que el salario es todo ingreso que el trabajador recibe por razón del trabajo o como consecuencia de éste. Sin embargo, las declaraciones rendidas por la testigo, valoradas en conjunto con otras pruebas existentes (foja 110 y 111) en el proceso, demuestran que lo que recibía el trabajador, en concepto de salario, era la cantidad de SIETE MIL BALBOAS, no los setecientos balboas que aparecen en el contrato de trabajo, con el fin de evadir las prestaciones que tienen como base el salario, como las cantidades que debe aprobar a la Caja de Seguro Social, en concepto de cuotas o cotizaciones respectivas.

    Que el Tribunal Superior de Trabajo, al restarle valor probatorio a las declaraciones de la testigo desatiende las circunstancias especiales que rodean el presente caso, ya que el control casi absoluto de las pruebas lo tiene la empresa, de tal manera que la valoración debe ser integral y, en consecuencia, dicho testimonio debió ser analizado en conjunto con las demás pruebas que obran en el proceso.

    La norma invocada también ha sido violada por el Tribunal Superior de Trabajo, por el hecho que la persona que, sin lugar a dudas, más que ninguna otra, tiene mayor conocimiento de los hechos relacionados con el salario del trabajador es la señora NAUAL AJRAM CHARANEK, esposa del trabajador, la cual administra la distribución de los gastos familiares, y cuando estaba de viaje el demandante, le correspondía recibir la remuneración correspondiente, tal y como se desprende de sus afirmaciones testimoniales. Así las cosas, este testimonio debió valorarse como prueba suficiente, debido a las circunstancias especiales del presente caso, sin embargo, en caso contrario debió ser confrontado con el resto de las pruebas existentes en el proceso que guardan relación directa con sus afirmaciones y, seguramente, la decisión del tribunal hubiera sido otra diametralmente opuesta.

    El Tribunal Superior de Trabajo, a través de su sentencia de 8 de julio de 2019, erró en sus apreciaciones probatorias y ocasionó la vulneración de las normas y de los derechos del demandante, en especial de percibir el salario que realmente recibía (artículo 140 del Código de Trabajo), al pago de una indemnización de acuerdo con el salario realmente percibido, prima de antigüedad, décimo tercer mes, calculadas con base en el salario de B/.7,000.00. Sin embargo, todas las normas sustantivas que guardan relación con estas prestaciones laborales, fueron infringidas al desconocer el valor probatorio de las declaraciones testimoniales de la señora NAUAL AJRAM CHARANEK, en concordancia con las demás pruebas existentes en el proceso.

  4. - La Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo ha violado lo consagrado en el artículo 197 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente:

    Articulo 197. Las condiciones del contrato de trabajo solamente podrán ser modificadas:

    · Por la convención colectiva de trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo en los casos y con las limitaciones previstas en este Código; y

    · Por el mutuo consentimiento.

    En estos casos se permitirá la alteración siempre que no conlleve directa o indirectamente una disminución, renuncia, dejación o adulteración de cualquier derecho reconocido a favor del trabajador.

    La alteración de las condiciones de trabajo que infrinja esta norma será ineficaz y el trabajador podrá pedir, a su opción, el cumplimiento de las condiciones contractuales originales o dar por terminado el contrato, por causa imputable al empleador.

    La sentencia impugnada y proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, infringió la disposición transcrita por falta de aplicación al legitimar la alteración de las condiciones de trabajo vigentes entre el trabajador y la empresa, sin que se cumplieran los presupuestos exigidos en la norma.

    La sentencia confirma la decisión del juzgado de primera instancia, de reconocer el salario de SETECIENTOS BALBOAS (B/.700.00 como el recibido por el trabajador, sin embargo, de las constancias probatorias que emana del proceso se demuestra que en realidad el trabajador recibía la cantidad de SIETE MIL BALBOAS, en concepto de salario.

    La decisión del Tribunal Superior de Trabajo conlleva la alteración de las condiciones de trabajo, con relación al salario ya que la legislación laboral, no permite la alteración unilateral, y en caso de llevarse a cabo bajo los supuestos mencionados en el artículo 197, no debe conllevar disminución del salario, como incorrectamente lo hace la sentencia impugnada.

    Que la relación de trabajo entre el trabajador y la empresa demandada, vigente desde el 1 de agosto de 2013, se sustentaba sobre un salario de B/.7,000.00, tal como lo manifestó la testigo NAUAL AJRAM CHARANEK, y como consta en las constancias de descuento y depósito elaboradas por una dependiente de la empresa, tal y como se observa de fojas 63 a 83 y 110 a 111 del expediente.

  5. - El fallo atacado y a su vez emitido por el Primer Tribunal Superior de Trabajo, ha violado lo consagrado dentro del artículo 223, numeral 11 y el artículo 138, numeral 10 del Código de Trabajo que señala lo siguiente:

    "Articulo 223. Son justas causas que facultan al trabajador para dar por terminada la relación de trabajo con derecho a percibir el importe de la indemnización por despido injustificado, las siguientes:

    (...)

  6. - La violación por parte del empleador de alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 138.

    Artículo 138. Queda prohibido a los empleadores:

    (...)

    10.- Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos del trabajador.

    La sentencia de 8 de julio de 2019, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, infringió las disposiciones citadas, ya que entre las causales que se esgrimieron para fundamentar la renuncia justificada, se alegó que la demandada, previamente al acto de renuncia, y con el fin de concluir la relación de trabajo, le presentó una liquidación del total de sus prestaciones calculadas en base al salario de B/.700.00 y al comprobar que no se ajustaban a su verdadero y real salario percibido durante la vigencia de la relación de trabajo, decide ponerle término justificadamente por esa causa.

    Que según declaración visible a fojas 379 a 385 de la señora K.E.M.S., las prestaciones laborales por la terminación de la relación laboral del trabajador D.L. LADRÓN DE G. VILLARREAL, se encuentran a disposición del trabajador desde enero de dicho año, sin embargo, el trabajador rehusó a aceptarla.

    Que consta en autos, a foja 398 el desglose o detalle de las prestaciones liquidadas por el empleador, documento que expresa salida del 11 de enero de 2018. Lo relevante de este documento, es que la base de cálculo de las prestaciones es el salario de B/.700.00, aspecto que genera morosidad del empleador en el pago de la diferencia de cada uno de los conceptos objeto de la liquidación, que debieron calcularse con base en el salario real recibido por el señor DIEGO LADRÓN DE G.. En consecuencia, se le solicita a la Sala Tercera que revoque la sentencia de 8 de julio de 2019 y condene a la demandada al pago de todas las prestaciones a que tiene derecho el trabajador (indemnización, derechos adquiridos y las diferencias en concepto de décimo tercer mes y vacaciones no pagadas, que asciende a la cuantía de B/.87,034.44, más los intereses, recargos y costas del proceso.

  7. - La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 740 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente:

    Articulo 740. Además de las pruebas pedidas, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de este Código, el J. de primera instancia debe ordenar en la audiencia o en el momento de fallar, sin limitación ni restricción alguna, la práctica de todas aquellas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento público o privado en el proceso; y el de segunda, practicará aquellas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos del proceso.

    No obstante, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

    El J. debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente.

    Los gastos que implique la práctica de estas pruebas serán de cargo de las partes por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

    La violación a la norma por parte de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, del 8 de julio de 2019, se produjo por haber convalidado la valoración dada por el Tribunal A Quo de las pruebas aportadas al proceso, con lo que se viola el artículo 740 del Código de Trabajo, por falta de aplicación, ya que dicho precepto le impone al operado judicial de primera instancia el deber de practicar todas aquellas pruebas que estime procedente para verificar las afirmaciones de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento público o privado en el proceso, sin embargo, soslayó su cumplimiento.

    La Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo violentó el contenido del artículo 740 del Código de Trabajo, ya que la testigo NAUAL AJRAM CHARANEK, al rendir su testimonio, mencionó expresamente a la señorita D.C., empleada de la empresa BAGUTA ZONA LIBRE, S., como la persona que en varias ocasiones le entregaba el documento (depósito) que legitimaba el resto del salario recibido permanentemente por el trabajador DIEGO LADRÓN DE G., por las sumas de TRES MIL CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.3,150.00) en unas quincenas y de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (B/.2,750.00) en otras. Además de ser la misma persona que realizaba descuentos al salario del trabajador, según la declaración de la testigo mencionada.

    Que el operador jurídico de primera instancia, o el Tribunal Superior de Trabajo, debieron y no lo hicieron, citar de oficio a la señorita D.C., con el objeto de verificar la autenticidad o no de lo dicho por la señora AJRAM CHARANEK, siendo este uno de los puntos esenciales de la causa ventilada y cuya práctica, seguramente hubiera incidido en la decisión final del caso, a favor del demandante.

    La lógica y la experiencia (elementos del principio de la Sana Crítica), imponían la obligación de despejar este extremo del proceso, considerando que existían en autos otros medios probatorios que se relacionaban directamente con lo atestado por la señora NAUAL AJRAM CHARANEK, aspectos omitidos, paradójicamente, por el juzgado de primera instancia y convalidado en la sentencia impugnada.

  8. - La sentencia impugnada ha violado el artículo 864 en relación al artículo 128, numeral 2 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente:

    Articulo 864. El dictamen pericial será estimado por el J. teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y la competencia del perito, sus opiniones, y demás pruebas y elementos de convicción que ofrezca el proceso.

    Artículo 128: Son obligaciones de los empleadores, además de las que surjan especialmente del contrato, las siguientes:

    (...)

    2.- Pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones correspondientes, de conformidad con las normas de este Código.

    La sentencia impugnada no aplicó el contenido total del artículo 864 del Código de Trabajo, limitándose a valorar lo que le favorecía a la empresa o parte demandada, ya que la prueba pericial debe valorarse atendiendo a diversos criterios, entre ellos y en virtud del principio de la unidad de la prueba, resultaba imperativo contrastarla con las demás pruebas y demás elementos de convicción que obran en el proceso, tal y como expresamente señala el artículo 864 del Código de Trabajo, lo cual implicaba la valoración integral de todo el caudal probatorio, sobre todo con las pruebas que se relacionaban directamente con el contenido del documento objeto del peritaje.

    El Tribunal Superior de Trabajo, por medio de la Sentencia de 8 de julio de 2019, le otorgó una valoración individual, separada y parcializada prácticamente el valor de plena prueba al resultado del informe pericial, con relación al salario recibido por el trabajador, ignorando la existencia de otros elementos de convicción que se aportaron en el proceso y que demuestran que el señor DIEGO LADRÓN DE G., recibirá permanentemente un salario de SIETE MIL BALBOAS (B/.7,000.00).

    Que la actuación del Tribunal Superior de Trabajo, a través de la sentencia impugnada, no resulta suficiente para establecer la verdad de los hechos y se requería, además de ella, efectuar la confrontación de tal medio de prueba con los otros existentes, para lograr conclusiones fundadas, claras, justas e imparciales sobre la verdad real del proceso.

  9. - La sentencia impugnada dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, ha infringido el contenido del artículo 149 del Código de Trabajo, que establece lo siguiente:

    "Articulo 149. Para la determinación del monto de las indemnizaciones y cualesquiera otras prestaciones que deban pagarse a los trabajadores, se entenderá por salario el promedio percibido durante las jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas durante los seis meses o treinta días anteriores a la fecha de la exigibilidad del derecho, según sea más favorable al trabajador."

    El Tribunal Superior de Trabajo desconoció el salario percibido por el trabajador por el orden de los siete mil balboas (B/.7,000.00), durante jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas, a pesar de las constancias probatorias que así lo demuestran en el proceso, con lo que se infringe el artículo 149 del Código de Trabajo, ya que el empleador ha utilizado y muy convenientemente, solo la suma que aparece en el contrato de trabajo, actuación que se avalaría de mantenerse la decisión contenida en la sentencia impugnada.

    Por las razones anteriormente expuestas, el apoderado judicial de la parte actora solicita que se case la sentencia de 8 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial y por tanto, se revoque en todas su partes y en su lugar se declare justificada la renuncia del trabajador DIEGO LADRÓN DE G. y en consecuencia, se CONDENE a la empresa BAGUTA ZONA LIBRE, S., al pago de todas las prestaciones e indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, en concepto de vacaciones no pagadas, prima de antigüedad, decimotercer mes no pagado, por la suma de B/.87,058.44, más las costas e intereses.

    1. Oposición de la Contraparte - Empleador:

      Por su parte el empleador BAGUTA ZONA LIBRE, S., a través de sus correspondientes apoderados judiciales SERVICIOS LEGALES INTEGRADOS, procedió a formular oposición al recurso de casación, interpuesto por el trabajador D.L. LADRÓN DE G. VILLARREAL, señalando básicamente lo siguiente.

      Que la Sala Tercera ha reiterado que el recurso de casación no constituye una tercera instancia con el objeto de revisar el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le ha dado a las pruebas, sino más bien, tiene el objeto de revisar los errores in iudicando, en la que haya incurrido el juzgador de segundo grado.

      Al presentarse el contrato de trabajo de D.L. LADRÓN DE G., en el cual se estipula el salario de B/.700.00 mensuales, dicha prueba nunca fue objetada, y textualmente el representante del trabajador señaló "que la tomaba como nuestra" (visible foja 218). La declaración de la única testigo del trabajador, su esposa NAUAL AJRAM CHARANECK fue objetada por sospechosa y conforme lo dispuesto en el artículo 812 del Código de Trabajo, no forma por si sola plena prueba.

      Por otra parte, la norma contenida en el artículo 810 del Código de Trabajo, no ha sido vulnerada con la sentencia impugnada, ya que este artículo señala que el J. "podrá". Así las cosas, no existe fundamento jurídico que respalden las apreciaciones subjetivas del contratista. Que dicha norma es de carácter procesal y la jurisprudencia de la Sala cimentada en las claras normas del enunciado Código Laboral, es expresa al indicar que el recurso de casación no procede por errores "in procedendo", o sea aquellos sobre corrección, enmiendas o prácticas de trámites procesales, tal cual prevé el artículo 928 del Código de Trabajo.

      Que el recurrente omite deliberadamente que admitió que el salario de su representado, corresponde a B/.700.00. Así las cosas, no existe vulneración a la norma contenida en el artículo 812. Además la esposa del trabajador que declaró como testigo, fue calificada como testigo sospechosa por la relación con el trabajador, conforme la sana crítica las pruebas admitidas y valoradas en el proceso. El recurrente se sustenta en especulaciones sin sustento jurídico. Que las pruebas documentales aportadas en el proceso por el casacionista son insuficientes para demostrar el salario de B/.7,000.00 como devengado por el trabajador; considerando además que en ninguna de estas pruebas documentales se hace referencia directa a dicho salario, sino a deudas y obligaciones contraídas por el trabajador y pagos realizados con respecto a la misma, los mismos fueron objetados y así determinados por el Tribunal inferior.

      Que no existe vulneración al artículo 197 del Código de Trabajo, además de que el casacionista se presenta a la Sala Tercera como si fuera una tercera instancia, sin fundamento jurídico, simplemente con especulaciones y subjetivismos. El recurrente no cumplió con la carga probatoria de acreditar los hechos señalados en su carta de renuncia, como causa justificada. Simplemente sustenta su renuncia en alegaciones, lo que no procede en este tipo de recursos, tal como lo ha indicado la Sala Tercera en reiterada jurisprudencia, no se aportó los elementos probatorios, gestión que no realizó el trabajador.

      No existen ninguna vulneración al artículo 23, numerales 11 y artículo 138, numeral 10 del Código de Trabajo, ya que el trabajador no ha probado ninguna de las causales de su despido, tal como lo señaló el Tribunal de primera instancia y así lo confirma el tribunal de segundo grado.

      Tampoco se ha vulnerado el artículo 740 del Código de Trabajo, ya que existen términos probatorios para las partes, los cuales fueron cumplidos bajo la dirección del juzgador de primera instancia. El cúmulo de pruebas dio certeza al juzgador de su decisión, la que fue confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo. También en contradicción a la pretensión del trabajador de un salario de B/.7,000.00 quiso acreditar un salario mensual de B/.6,000.00; lo que fue tachado por falso por la empresa y constan en la prueba T-2 y en el incidente de tacha del informe Técnico Pericial, suscrito por la perito MARÍA E. MONTENEGRO del LABORATORIO DE DOCUMENTOLOGÍA FORENSE DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, en donde se determina lo siguiente:

      "la firma cuestionada no fue escrita por la persona que firmo las muestras suministradas como elemento de comparación. Las conclusiones de este reporte son opiniones e interpretaciones formadas utilizando prácticas profesionales y científicas aceptadas"

      Conforme lo señala el artículo 785 del Código de Trabajo, el juez segundo de trabajo de la segunda sección del primer Distrito Judicial, descarta el contenido impreso de la "supuesta" carta de trabajo de fecha 8 de julio de 2015, supuestamente suscrita por GOLÁN MALKA, Gerente General de BAGUTA ZONA LIBRE, S., por su carácter ilícito y da aviso al Ministerio Público para la correspondiente investigación penal.

      Así las cosas, no existe error, vicio ni violación al ser analizadas objetivamente y conforme a la ley, las pruebas por el Tribunal de Segundo Grado, asignándoles de esta forma un valor con base al sistema de la sana crítica, establecida para los procesos laborales, como se aprecia en el artículo 788 del Código de Trabajo, que lo llevó a confirmar la sentencia de primera instancia; por lo que los cargos endilgados por el casacionista deben desestimarse, sin perjuicio que la Sala ha expresado que como regla no puede invocarse el recurso de casación laboral a normas de procedimiento.

    2. Decisión de la Sala Tercera:

      Expuesta la posición de la parte demandante, le corresponde a este Despacho entrar a determinar si en efecto resulta pertinente o no, casar la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, de fecha 8 de julio de 2019, dentro del proceso común propuesto por DIEGO L. LADRÓN DE G. en contra de BAGUTA ZONA LIBRE, S.

      Observa este Despacho, que si bien es cierto, el apoderado judicial de la parte actora dentro del recurso de casación formulado, invocó algunas disposiciones que no son de orden procesal (artículos 68 # 7, 197, 223 # 11, 138 # 10, 149, 128 # 2 del Código de Trabajo), la realidad es que el fundamento o argumento central que utiliza para poder acudir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se circunscribe en el hecho que ha mediado una incorrecta o indebida valoración de las pruebas, por parte del Primer Tribunal Superior de Trabajo, y en algunos casos hasta del tribunal A QUO.

      En tanto que las otras normas invocadas dentro del recurso de casación laboral, y que se estiman vulneradas por la parte actora si guarda estrecha vinculación con disposiciones procesales y probatorias (artículos 810, 812, 740, 864 del Código de Trabajo), en donde el apoderado judicial de la parte actora indica que tanto el Tribunal Superior de Trabajo, así como el juzgado de trabajo no procedieron a valorar correctamente las pruebas y testimonios aportados dentro del proceso.

      En consecuencia, el apoderado judicial de la parte actora indica dentro del recurso de casación que los medios de prueba valorados dentro del proceso fueron mal ponderados por el Tribunal en grado de apelación, circunstancias éstas que no pueden ser objeto de revisión por esta vía, teniendo presente que lo que se pretende a través del recurso de casación no es el examen de la valoración probatoria que, fundada en la sana crítica, realiza el juzgador, sino que se deben plantear problemas sustantivos, es decir, errores in iudicando, confrontando la sentencia con la Ley, revisando la juridicidad de la sentencia impugnada, sin entrar en consideraciones procesales.

      La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en sede de Casación Laboral, ha dicho reiteradamente que, la valoración de los elementos probatorios que adelanta el juzgador, afincados en el sistema de sana crítica, no es susceptible del recurso de casación, porque en materia laboral no procede la casación sobre la evaluación probatoria, excepto que se haya verificado un error palpable en la valoración de pruebas, es decir, cuando el tribunal tenga por probado un hecho con base a una prueba inexistente, o bien que haya dejado de valorar un elemento probatorio existente -error de hecho-, situación que no es el caso, o al menos así no fue planteado por el recurrente y que a simple vista no se vislumbra.

      Todo ello impide que la Sala pueda entrar a valorar el recurso presentado, tomando en cuenta que el recurso de casación laboral requiere del cumplimiento de exigencias mínimas que no pueden ser desatendidas por el Tribunal, sin el riesgo de convertir esta instancia extraordinaria en una instancia ordinaria o tercera instancia, donde se termine discutiendo temas ajenos a la finalidad del recurso, como lo son, el examen de la valoración de pruebas que hiciera el tribunal Ad-quem.

      Por tanto, si el casacionista, en su escrito pretende indebidamente que esta Corporación de Justicia, someta al escrutinio jurídico, el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le concedió al material probatorio, considera la Sala Tercera que su pretensión procesal no podrá ser satisfecha por esta vía del recurso de casación, aun cuando haya invocado normas atendibles en esta vía impugnativa, pues al final terminan siendo superadas por argumentos meramente procesales.

      Reiteramos, solamente en ocasiones excepcionales la Sala puede entrar a juzgar la valoración que el juez les dé a las pruebas y es en los casos en que dicho Tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad, o haya infringido la regla de la sana crítica basado en un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo, o, al contrario.

      Sobre este punto, el jurista nacional J.F.P., al respecto señala que:

      "El J. que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. (COUTURE, EDUARDO. Citado por F.P., J. (1988). Estudios Procesales. Tomo I. Panamá: Editora Jurídica Panameña).

      Ante lo expresado, esta Superioridad procede a negar el curso legal al recurso de casación presentado, conforme lo dispuesto en el artículo 928 del Código de Trabajo.

    3. Parte Resolutiva:

      En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral, interpuesto por el Dr. R.W.G., actuando en nombre y representación de D.L. LADRÓN DE G., contra la Sentencia de 8 de julio de 2019, que emitiera el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral D.L. LADRÓN DE G. -VS- BAGUTA ZONA LIBRE, S.

      Notifíquese,

      CECILIO CEDALISE RIQUELME

      LUIS RAMÓN FÁBREGA S.---- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

      TAMARA COLLADO(SECRETARIA ENCARGADA)

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