Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Abril de 2010

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:27 de Abril de 2010
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

El licenciado A.C.B., actuando en nombre y representación de la señora I.M., interpuso recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 1 de septiembre de 2009, dentro del proceso laboral de impugnación de reintegro promovido por la empresa CARNES DE COCLE, S.A.

El fin perseguido con el presente recurso consiste en que la Sala case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, y en su defecto, se declare la inamovilidad de la trabajadora I.M..

  1. ANTECEDENTES DEL RECURSO.

    El caso bajo estudio se inicia con la solicitud de reintegro por violación al fuero de maternidad interpuesto por la trabajadora I.M. contra la empresa Carnes de Coclé, S.A., a fin de que se ordenara su reintegro inmediato a la posición que ocupaba antes de ser despedida.

    El Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, mediante Auto No.463 del 05 de diciembre de 2008, ordenó el reintegro de la trabajadora.

    Por su parte, la empresa demandada impugnó la referida orden argumentando que la señora I.M. en representación de su propio negocio pactó, de manera verbal, un contrato de Promotora e Impulsadora de Ventas y que la misma no estaba sujeta a horario para prestar el servicio ofrecido a la empresa. Por lo tanto, de dicha relación no se deriva dependencia económica, ni subordinación jurídica por parte de la señora M. con respecto a C. de Coclé, S.A.

    Luego de cumplidas las etapas procesales correspondientes, el juez de instancia mediante Sentencia No.51 de 23 de julio de 2009, resolvió revocar la orden de reintegro, al considerar que se ha demostrado que entre la empresa CARNES DE COCLE, S.A. y la trabajadora I.M. no se dio una relación de trabajo, sino estrictamente de carácter comercial.

    Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la trabajadora, decidió confirmar la Sentencia de primera instancia, pues del criterio que "no se observa prueba alguna que vincule a la señora I.M. en una relación de trabajo con la empresa Carnes de Coclé, S.A., que si bien existió una prestación personal del servicio, ésta no estuvo enmarcada en una relación de trabajo, sino de carácter comercial, a la luz del artículo 39 de la Ley 44 del 14 de agosto de 1995. En el análisis integral de las pruebas del expediente no se deduce ni se infiere que la señora M. tenía un horario específico, así tampoco se observa contrario a los testimonios a los que hicimos referencia, que existiese un registro de existencia que obligase a cumplir con el mismo"(Cfr. (fs. 124).

  2. CARGOS DEL CASACIONISTA

    El apoderado legal de la trabajadora estima que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo vulnera los artículos 62, 64, 65, 242, 735, 737 siguientes normas del Código de Trabajo:

    En primer lugar, el recurrente manifiesta que la sentencia de 1 de septiembre de 2009, infringe de manera directa por comisión el contenido de los artículos 62, 64 y 65 del Código de Trabajo, por cuanto el ad-quem ha fundado su resolución en la supuesta inexistencia de la relación laboral que se dio entre la señora M. y la empresa impugnante, lo cual es un hecho totalmente falso, ya que en atención a dichas normas debió desvirtuar la parte actora en función de lo dispuesto en el artículo 735 del Código de Trabajo, es decir, probar que no existió la relación de trabajo, aspecto que no ocurrió, y que muy por el contrario, ha quedado acreditado en función de lo dispuesto en el ordinal primero del artículo 737 del Código de Trabajo. Que para que no existiese relación de trabajo no debe existir o no debió darse en la relación que existió entre la actora y mi poderdante los dos aspectos que acreditan y certifican la existencia de una relación de trabajo a saber: subordinación jurídica y dependencia económica.

    Sostiene además, que ambos elementos han sido acreditados o por lo menos no han sido desvirtuados como debió ser por la parte actora de conformidad con la deposición de S.D., única testigo que puede y debe ser tomada en consideración, toda vez que el testigo nominado C.M. fue declarado inevacuable a través del acta de audiencia celebrada el día 13 de marzo de 2009, que reposa a foja 90.

    Asimismo, señala el recurrente que la sentencia impugnada vulnera el artículo 242 del Código de Trabajo de manera directa, toda vez que concluye que con el cumplimiento de una de las tres situaciones que se exponen en el primer párrafo del artículo citado, como causal o supuestamente realizada para que no se configure la relación de trabajo, situación que se ha desvirtuado en la explicación de los artículos 62, 64 y 65 del Código de Trabajo.

    Continua indicando el recurrente que la sentencia impugnada vulnera de manera directa el artículo 735 del Código de Trabajo, ya que la actora no ha acreditado dentro del presente proceso, de manera fehaciente, la inexistencia de los hechos en que fundamentan su accionar.

    Por último concluye que el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial vulnera de manera directa el artículo 737 del Código de Trabajo, toda vez que era a la parte actora que le correspondía acreditar con pruebas, la verdad de su accionar; y, por ende, desvirtuar las presunciones contenidas en esta norma, establecidas dentro del ordenamiento laboral como de orden público e interés social, es decir, de forzoso cumplimiento, y que ninguno de los primeros cuatro ordinales que componen dicho artículo ha sido desvirtuado por parte del sujeto activo de la presente causa, puesto que tal y como reconoce el propio Tribunal a foja 4 de la resolución recurrida, concluyó como cierto e inobjetable en que la señora M. prestó el servicio de manera personal, es decir, ejecutó la obra, por ende, la relación de trabajo se presume y su inexistencia no ha sido aquí acreditada.

  3. OPOSICIÓN AL RECURSO

    Del recurso presentado se corrió traslado a la empresa CARNES DE COCLE, S.A., de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 927 del Código de Trabajo, quien a través de su apoderado se oponen al presente recurso de casación laboral considerando, en primer lugar, que se desestimen los artículos 735 y 737 del Código de Trabajo, toda vez que por ser normas de naturaleza procesal, debieron ser ligadas con normas sustantivas las cuales son las que deben ser de especial consideración en los recursos de la naturaleza del que nos ocupa.

    Reitera que la señora I.M. prestó servicios de Demostradora de Productos, lo que en el Código de Trabajo viene definido como Impulsores y Promotores de Ventas (artículo 238 y 242), lo cual no está sujeto a horario de trabajo, ni registro de asistencia. Que las personas que prestan el servicio de Impulsores y Promotores de Ventas en la empresa CARNES DE COCLE, S.A y que suman más de cuarenta (40), suscriben, casi en su totalidad, un Contrato de Promotores de Ventas de naturaleza comercial, lo cual hacen a nombre de su registro comercial, además de estar facultadas para prestar el servicio por interpuesta persona o, igualmente, prestar el servicios a cualquier otra empresa o negocio.

    Señala el oponente, que las Impulsadoras y Promotoras de Ventas no reciben salario alguno que se registre en planilla, no reciben prestación laboral de las que usualmente se les reconoce a los trabajadores comunes (XIII mes, vacaciones, horas extras, etc.) y ninguna de ellas le ha reclamado a la empresa CARNES DE COCLE, S.A. el pago de tales prestaciones laborales, incluyendo a la señora M..

    Por último, señala que más allá de cualquier duda razonable, el expediente contiene los elementos que descartan la existencia de una relación laboral con la señora I.M..

  4. DECISIÓN DE LA SALA

    Una vez estudiados los argumentos estructurados por el proponente del recurso, así como el escrito de oposición, la Sala de Casación Laboral procede a decidir la litis sometida a consideración.

    Como cuestión previa, es preciso resaltar que el recurso extraordinario de casación, de conformidad con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como fin u objeto principal enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito a cosa juzgada y en las que, sin esta última circunstancia, pueden acarrear graves e irreparables perjuicios. Es decir, la casación no es un tercer grado de competencia, sino una pretensión impugnativa en contra de la sentencia que tiene por objeto desagraviar las partes en los supuestos de violación al ordenamiento positivo, así como procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia, de suerte que ha de decidir cuestiones que puedan servir de precedente para otros casos.

    Dentro de este contexto, la Sala procede a efectuar el estudio de los cargos que se le endilgan a la sentencia de primera instancia, toda vez que la casación se contrae sólo a examinar el fallo bajo el prisma de los cargos formulados.

    Toda vez que las violaciones alegadas tienen un fundamento en común, que consiste en que el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial desconoció la relación laboral existente entre la señora I.M. y la empresa Carnes de Coclé, S.A., esta Superioridad analizará de forma conjunta los cargos de infracción a los artículos 62, 64, 65 y 242 del Código de Trabajo.

    El artículo 62 del Código de Trabajo, recoge el concepto de contrato individual de trabajo sea verbal o escrito, además de los elementos constitutivos que identifican la relación de trabajo -subordinación jurídica y dependencia económica-, señala además que acreditada la existencia de la relación de trabajo se determina la obligación de pagar salario. De suerte que negada la relación de trabajo, la carga de la prueba ante este evento recae en el trabajador, quien debe demostrar la prestación del servicio en condiciones personales o personalísimas a favor del demandado, tal y como acontece en el presente caso. Contrario a lo que concluyó el juzgador Ad-quen en su sentencia. De probarse este extremo de la relación de trabajo, que es de vital importancia, se desplazarían de inmediato las presunciones establecidas en la ley laboral a favor del trabajador.

    De las constancias procesales presentes en el expediente, esta Corporación ha podido constatar que la trabajadora I.M., en su demanda de reintegro, alegó haber iniciado labores con la demandada el día 16 de noviembre de 2005, en calidad de Demostradora de Productos American Star.

    Asimismo, observa la Sala que al momento de presentar su escrito de impugnación al mandamiento de reintegro, la empresa impugnante a través de su apoderado, alegó que la señora I.M., en representación de un negocio propio pactó, de manera verbal, un CONTRATO DE PROMOTORA E IMPULSADORA DE VENTAS.

    No obstante lo anterior, de las declaraciones vertidas por C.M.M.L., Gerente de Ventas de la empresa Carnes de Coclé, S.A., en cuanto a la contratación y los servicios que presta la señora M., enunció lo siguiente:

    PREGUNTADO: Diga el testigo si para la prestación de los servicios que presta la señora M. a la empresa media algún acuerdo verbal o por escrito?...CONTESTO: Sr. Juez si media un acuerdo por escrito para la prestación de los servicios...." (f.68) "....PREGUNTADO: Diga el testigo si en la contratación por escrito que usted dice media entre la señora M. y la empresa, la señora M. actúa a nombre propio, en representación de alguna sociedad anónima o con registro comercial? CONTESTO: Sr. Juez actúa en representación de registro comercial. PREGUNTADO: Diga el testigo si sabe si el registro comercial mencionado por usted en respuesta anterior aparece a nombre de la señora M.?....CONTESTO: Sr. Juez exactamente no se el nombre que tiene, pero se que ella tiene licencia comercial. (fojas 70 del expediente laboral).

    En la declaración de S.M.D.U., (foja 92 a 97 del exp. laboral), quien manifestó laborar en Carnes de Coclé, .S.A desempeñando el cargo de Impulsadora-Promotora, indicó lo siguiente:

    PREGUNTADA: Diga la testigo si las Promotoras e Impulsadoras de Ventas para la prestación del servicio constituyen y registran en el Ministerio de Comercio e Industrias un negocio o establecimiento comercia?...CONTESTO: Sr. Juez si...PREGUNTADA: Diga la testigo si en su caso usted registró algún negocio o establecimiento comercial y si sabe si hizo lo mismo la señora I.M...."CONTESTO: Sr. Juez nosotros conversamos primero verbalmente sobre si se hace un contrato en las condiciones de este contrato, si llega hacer y si ambas partes estamos de acuerdo entonces se firma el contrato, si tengo un contrato...PREGUNTADA: Diga la testigo si en su caso usted registró algún negocio o establecimiento comercial y si sabe si hizo lo mismo la señora I.M.? CONTESTO: Sr. Juez bueno yo lo hice y asumo que ella también lo hizo ya que por lo general todas lo hemos hecho...

    Lo antes expuesto, contradice lo señalado por la empresa al momento de impugnar la orden de reintegro, ya que se adujo que el vínculo que se estableció entre la señora I.M. y la empresa Carnes de Coclé, .S.A. fue igual al de otras personas que sí suscribieron un Contrato denominado "CONTRATO DE PROMOTORA E IMPULSADORA DE VENTAS" (Cfr. f. 25). Además, dichos testigos, los cuales fueron aducidos por la propia empresa, aseguran la contratación por escrito de promoción e impulsadora de ventas de la trabajadora M.. Sin embargo, no existe constancia en el expediente de dicho contrato, ni de la razón comercial o negocio que, a nombre de la trabajadora I.M., haya suscrito verbalmente con la empresa Carnes de Coclé, S.A.

    Ahora bien, una de las presunciones que establece la ley laboral es que a falta de contrato escrito se presumirá como ciertos los hechos o circunstancias alegados por el trabajador que debía constar en un contrato (artículo 69 del Código de Trabajo).

    En primer lugar, debemos recordar que esta es una presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario, nace desde el momento en que es acreditada la prestación del servicio en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica, situación esta que logró probarse en la presente encuesta laboral, por lo que cobra vigencia su eficacia y ámbito de aplicación; tiene fuerza, mientras que la parte perjudicada no la enerve con pruebas suficientemente eficaces con relación al punto debatido. Es que esta circunstancia es consecuente del artículo 62 del Código de Trabajo, por lo que al probar la prestación del servicio nace la presunción aludida.

    De ahí, que sobre este punto correspondía a la empresa Carnes de Coclé, S.A. la carga de la prueba en cuanto a las alegaciones de la supuesta contratación de carácter comercial, y no laboral, de la señora M.. Lo que no ocurrió.

    Estima la Sala que, en el presente caso, no basta con las declaraciones de los testigos aportados por la empresa con respecto a la inexistencia de horario y registro de asistencia. En todo caso, pudo la empresa aportar los registros de entrada y salida de su personal de planta, para enervar la pretensión de la trabajadora con respecto al horario. Además, por el lugar y el tipo de actividades que realizan este tipo de trabajadores no están, en la mayoría de los casos, sujeto a registro de asistencia, sin que ello represente un elemento esencial en toda relación de carácter laboral.

    En el caso sub judice, la trabajadora ha acreditado la prestación personal del servicio a favor de la empresa Carnes de Coclé, S.A., sin que ésta haya podido probar la inexistencia de la relación laboral en condiciones de subordinación jurídica, pues ha quedado demostrado en el presente proceso que la señora I.M., prestaba un servicio en forma personal, exclusiva y continua para la empresa demandada.

    Ello es así, puesto que a foja 10 obra nota calendada 17 de octubre de 2006, suscrita por el señor C.M., Gerente de Ventas Embutidos de Carnes de Coclé, S.A., dirigida a la señora D.L. delS. 99, a través de la cual le solicita "su aprobación para que nuestra impulsadora de ventas de los productos de embutidos I.M. con céd. 4-755-720, deguste nuestros productos en el s/m 99 Los Andes." R., incluso, de los posibles daños y perjuicios que la trabajadora pudiera ocasionar durante el desempeño de sus labores dentro del referido supermercado.

    Lo que demuestra, claramente, que los servicios prestados por la trabajadora I.M. los efectuaba de manera personal en beneficio directo de Carnes de Coclé, S.A., y no en calidad de proveedora de servicios, o en nombre y representación de empresa o negocio alguno de su propiedad.

    Colige la Sala pues, que esto evidencia, de forma palmaria, que la empresa Carnes de Coclé, S.A., es quien tiene el poder de dirección, control y organización con respecto a las labores de la citada trabajadora.

    Así tenemos, que la testigo D., al interrogarla sobre la prestación del servicio, manifestó:

    PREGUNTADA: Diga la testigo cual es el trámite que se da para establecer los supermercados para degustar?... CONTESTO: Sr. Juez uno va a reunión y allí se ven los supermercados que hay y se les va diciendo a cada una simplemente a que supermercado va....PREGUNTADA: Quien es la persona que dice a que supermercado va?...CONTESTO: Sr. Juez puede ser el señor C.M., en caso tal si en el momento no está pueden ser los supervisores.

    Lo anterior denota una clara subordinación jurídica por parte de la señora M. para con la empresa Carnes de Coclé, S.A., ya que la misma implica la existencia de un poder de dirección por parte del empleador, al cual ha de sujetarse la trabajadora. Ese poder puede ser actual o potencial, lo ejerce el empleador personalmente o por medio de sus representantes, y está encaminado a la prestación del servicio o la ejecución de la obra.

    El poder de dirección se traduce en el derecho de organización, el derecho de mando, el derecho de supervisión o vigilancia y el derecho de sanción por parte del empleador. Igualmente, en el deber de obediencia por parte del trabajador.

    Por otro lado, la dependencia económica, el cual es un concepto subsidiario, en el caso in examine, resulta de poca trascendencia entrar a analizarlo toda vez que la subordinación jurídica y el poder de dirección del empleador son los que, en este caso, entran a definir la relación de trabajo, en aras de encontrar la verdad material de los hechos.

    Frente a este escenario jurídico, es preciso resaltar que este Tribunal de Casación ha sido y es del criterio que, el juzgador laboral al momento de resolver los procesos que ante ellos se someten a consideración, debe aplicar las normas del Código de Trabajo de manera conjunta con la finalidad de garantizar una tutela judicial efectiva de los derechos consagrados en la Ley laboral a favor de los trabajadores.Los juzgadores en materia laboral no se hallan atados por las informaciones que se desprenden de documentos o actos jurídicos celebrados por las partes de las relaciones de trabajo, aunque éstas hayan actuado de buena fe, de suerte que es dable que desechen esas informaciones si encuentran la evidencia de una realidad diferente, que requiera la aplicación de la ley laboral o su aplicación correcta, según el propósito del legislador.

    Así tenemos, que de conformidad con el artículo 66 del Código de Trabajo, la prestación personal de un servicio o ejecución de una obra, hace presumir la existencia del contrato de trabajo entre quien presta personalmente el servicio o ejecuta la obra y la persona que los recibe. Así como el artículo 737, preceptúa que acreditada la prestación del servicio o la ejecución de la obra se presumirá la relación de trabajo, salvo prueba en contrario.

    De igual forma, reiteramos que el artículo 62 del Código de Trabajo establece que el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta se entenderá como contrato individual de trabajo, "cualquiera que sea su denominación."

    Dentro de este contexto, en un escenario donde apreciamos una deslaboralización de las relaciones jurídicas y un reconocimiento al principio de autonomía contractual de las partes, resulta harto relevante la apreciación del principio de "Primacía de la Realidad". Este principio denota una presunción de laboralidad por encima de la voluntad constitutiva contractual de las partes. Significa que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Así, en virtud de este principio laboral, aun cuando exista un contrato -ya sea verbal o escrito- de naturaleza civil o comercial, lo que determina la naturaleza de una relación contractual entre las partes es la forma cómo, en la práctica, se ejecuta dicho contrato (preeminencia de la realidad sobre lo estipulado en el contrato). Para apreciar la existencia de lo que sucede en la realidad, se suele analizar las manifestaciones y rasgos característicos del contrato de trabajo (prestación personal del servicio, ejercicio del poder de dirección, existencia de una remuneración, asunción de riesgos por la empresa, etc.). Ciertamente, la preferencia apunta a la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado o indefinido.

    Respecto al despido, este Tribunal de Casación difiere de los criterios expuestos por el juez a-quo, toda vez que en la contestación a la impugnación de reintegro (f.51) el apoderado de la trabajadora alegó que el mismo se dio de manera verbal por parte del señor C.M..

    Ahora, si bien a foja 46 del expediente laboral, obra la nota de 11 de octubre de 2008, por medio de la cual el Lic. C.M., informa al señor A.P. delM., que la señora I.M. labora en Carnes de Coclé, S.A. y estaría degustando los productos American Star para la fecha señalada, la misma no logra producir la convicción de certeza en cuanto a la inexistencia del despido, toda vez que carece de las formalidades legales para su validez, ya que fue aportada en copia simple sin el reconocimiento de contenido y firma de quien expidió la respectiva nota; y, aunque es firmada por dos personas, se desconoce su identidad, además de que no se adujo la razón de dichas rúbricas, por lo cual se mantiene vigente la presunción contenida en el numeral 3 del artículo 737 del Código de Trabajo, la cual dispone que "La relación de trabajo termina por despido salvo prueba en contrario."

    Por consiguiente, teniendo como base lo antes expuesto, la Sala estima que le asiste razón al recurrente, pues el Tribunal Superior de Trabajo desconoció la existencia del contrato de trabajo entre la trabajadora I.M. y la empresa Carnes de Coclé, S.A. contraviniendo lo dispuesto en los artículos 62, 66, y 238 del Código de Trabajo, toda vez que a nuestro criterio el empleador no logró acreditar que los servicios que prestara la señora M., los ejecutaba de manera aislada o para varias empresas, por lo que no le es aplicable en las circunstancias del presente caso, las disposiciones del artículo 242 del Código de Trabajo.

    Procede entonces, esta Sala de Casación a casar la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 931 del Código de Trabajo, en donde manifiesta que el Tribunal de Casación Laboral puede enmendar o revocar la resolución en cualquiera de sus puntos, y expedirá la condena o absolución correspondiente, aunque ellas no hayan sido pedidas en el recurso de casación o en la propia demanda.

    En mérito de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 1 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por: CARNES DE COCLE, S.A. -vs- ITZEL MORALES. En consecuencia, mantiene la orden de reintegro contenida en el Auto No.463 del 05 de diciembre de 2008, proferido por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección.

    Las costas de casación se fijan en B/.500.00

    Notifíquese,

    VICTOR L. BENAVIDES P.

    ALEJANDRO MONCADA LUNA -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

    KATIA ROSAS (Secretaria)