Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Mayo de 2003

Ponente:Hipólito Gill Suazo
Fecha de Resolución:21 de Mayo de 2003
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICDO. ANAXIMENES GONZALEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARSENIO PEREZ D' CROSS, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 6 DE ENERO DEL 2003, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARSENIO PEREZ -VS- ISMAEL PEREZ Y/O SIXTO TERESO PEREZ

 
CONTENIDO

VISTOS:

El licenciado A.G., actuando en nombre y representación de A.P.D.'Cross, ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia de 6 de enero de 2003, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso común de trabajo para el reclamo de prestaciones laborales (vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, prima de antigüedad y salarios) por monto de B/.15,563.82, incoado por su mandante contra I.P. y/o S.T.P..

  1. La sentencia recurrida en casación

    Mediante la resolución de segundo grado censurada se dispuso confirmar la sentencia de 22 de octubre de 2002, emitida por el Juzgado de la Séptima Sección, que denegó la excepción de prescripción de la parte demandada y la relación de trabajo entre A.P.D.'Cross e I.P., además de absolver a S.T.P. de las reclamaciones en su contra como empleador sustituto. Esta decisión también levantó la medida cautelar de secuestro sobre la finca No. 15796, rollo 10,551, documento 5, Sección de la Propiedad de la Provincia de Veraguas del Registro Público (Cfr. fojas 107, 108 y 138).

    El extracto medular de la decisión de primera instancia consideró lo siguiente:

    "...luego del examen de las pruebas aportadas la relación existente entre padre e hijo, dista de ser una relación de trabajo. Éste de acuerdo a los testigos recibía parte de la producción de café que se daba en la finca, además había un testamento que lo declaraba como único heredero de la Finca No. 15796, lo que evidentemente demuestra su interés de colaborar con su padre en la mencionada finca.

    Siendo así no procede más que absolver a los demandados de las reclamaciones en su contra, toda vez que si no se demostró que entre el demandante e ISMAEL PEREZ existió una relación de trabajo, mal puede entonces considerarse que S.T.P. es empleador sustituto y por tanto solidario, cuando tampoco demostró el demandante que hubiese laborado para éste después de haber adquirido la finca 15796, a través de contrato de compraventa visible de fojas 87 a 89" (foja 107).

    El Tribunal ad-quem comparte este criterio porque los hechos controvertidos configuran una relación de tipo familiar más que laboral. La actora no probó la dependencia económica y los testigos aportados no dan luces sobre la naturaleza del servicio que prestaba el demandante (fojas 136-137).

  2. Cargos del casacionista

    Según el casacionista, la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 62, 63, 64 y 65 del Código de Trabajo.

    La primera de estas normas establece el concepto de contrato individual de trabajo, cualquiera sea su denominación, como el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta. También incluye el concepto de relación de trabajo, previendo que la prestación de un trabajo personal y el contrato celebrado producen los mismos efectos. La existencia de la relación laboral determina la obligación de pagar el salario.

    Este artículo se afirma violado porque el Tribunal Superior de Trabajo desconoció un poder de administración contenido en una Escritura Pública sobre una finca propiedad del demandado, que es un convenio conforme al que el recurrente se obligó a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia del demandado. El recurrente coincide con que ese documento no es un contrato de trabajo pero es el acto que da origen a la relación de trabajo, porque el demandante no ejercía un poder de administración sino que era un simple trabajador, lo que en su opinión fue probado en autos por los testigos de ambas partes (foja 2).

    Acerca de la segunda norma legal que invoca el recurso (artículo 63) establece los criterios para la determinación de la relación de trabajo, y para esto se prescindirá de actos y contratos simulados, intervención de interpósita persona como empleador, así como de la creación de una persona moral en calidad de empleador.

    Asegura el impugnante que este precepto fue vulnerado al haber sido desconocida la prohibición que consagra y porque de los testimonios acopiados en el proceso se determina la existencia de una relación de trabajo en condiciones de subordinación jurídica y dependencia económica, que se intentó ocultar a través de un poder de administración.

    En cuanto a la infracción del artículo 64 ibídem que establece en qué cosiste la subordinación jurídica, esto es, la dirección ejercida o susceptible de ejercerse por el empleador o sus representantes en lo que se refiere a la ejecución del trabajo, ha sido transgredido por el fallo de segunda instancia al desconocer tres testimonios aportados por el actor, en el sentido que I.P. (Q.E.P.D.) ejercía una dirección en el trabajo prestado por A.P.D.'Cross, al punto que la declaración de T.R., aportado por el demandado, dijo que I.P. atendía toda su finca de manera permanente (foja 3).

    Por último, se dice infringido el artículo 65 del Código Laboral que establece los supuestos jurídicos de dependencia económica del trabajador respecto de empleador.

    El recurrente censura la sentencia porque violó este artículo al dejar de reconocer la dependencia económica del trabajador y estimar que éste no dependía económicamente de los servicios que prestaba a su padre, pues tenía sus propios recursos económicos -una tienda y ganado-, por lo que los hechos de la controversia traslucen una relación familiar más que laboral. A estas consideraciones, el actor repara que no aspira a desmeritar la relación padre-hijo y que A.P.D.'Cross poseía una pequeña tienda, pero que tiene su propia familia y obligaciones, por lo que es lógico pensar que al laborar con su padre su interés era acrecentar el patrimonio familiar, y en autos consta que era un peón más y que su hermano, S.T.P., nunca prestó trabajo. Afirma que su principal esfuerzo estaba orientado a los servicios que prestaba en la finca de su padre y de allí percibía su principal ingreso.

    Cita una sentencia de la Sala de 7 de diciembre de 2002 (M.R. versus Súper Stereo, S.A. y/o H.S., en que se dijo que el hecho que una persona tenga negocios de su propiedad, al mismo tiempo que brinda un servicio o ejecuta una obra para otro, no implica automática y forzosamente que no pueda ser trabajador, pues las condiciones en que presta el servicio son las que van a determinar esta situación laboral.

    Agrega que el padre del recurrente le pagaba mensualmente la suma de B/.100.00 que suspendió después que le diera en concepto de herencia la finca antes mencionada, traspasada posteriormente a su otro hijo, lo que a su juicio denota la real intención de no considerar a A.P.D.'Cross como beneficiario del patrimonio familiar (foja 4).

    En consecuencia, el recurrente pide a la Sala que case la resolución impugnada y condene a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas.

  3. Oposición al recurso

    El licenciado O.O. en calidad de representante judicial de la parte demandada, presentó escrito mediante el cual se opone a los fundamentos del presente recurso. La posición refractaria se apoya en que la Escritura Pública a la que alude el demandante no reúne los requisitos del contrato y de la relación de trabajo. La misma omite designar los servicios que prestaría el señor A.P.D.'Cross y la prueba testimonial recabada no determina tampoco este aspecto.

    Por otra parte, no se establece la remuneración por los presuntos servicios laborales; no se indica horario específico, contrario al fijado a los peones y otros empleados de la finca, por lo que del poder de administración no puede surgir un vínculo de naturaleza laboral. Manifiesta que esta relación se asemeja a un mandato civil, y de conformidad con la jurisprudencia estaría excluido su conocimiento de la jurisdicción del trabajo porque ésta sólo conoce de las controversias que surjan con motivo de las relaciones entre el capital y el trabajo.

    Al refutar los cargos contra los artículos 64 y 65 niega que su patrocinado estuviera en condiciones de dar directrices al mandatario, porque éste tenía libertad para administrar la finca (hipotecar, enajenar, ceder), y no dependía económicamente ya que se dedicaba al comercio y ganadería.

    Argumenta que son las condiciones en que se presta el servicio -como bien ha dicho la Corte- las que determinan la situación laboral. Tampoco fue probada la afirmación del salario de B/. 100.00 pagado a la parte actora como peón; además, el demandante recibía la mitad de la cosecha de café, privilegio que no se compadece con la calidad de un trabajador. Solicita, por ende, que la Sala deniegue las pretensiones del recurrente (foja 11).

  4. Consideraciones de la Sala

    Para resolver en el fondo el asunto planteado, la Sala hace previamente las consideraciones que prosiguen:

    El examen del recurso sometido a decisión comporta el análisis de los cargos de infracción a la Ley laboral endilgados a la sentencia del Ad quem fechada el 6 de enero de 2003, confrontados con las pruebas en que apoya el recurrente sus afirmaciones y los argumentos de la parte opositora a la casación ensayada.

    Del señalado examen aflora que los cargos de injuridicidad alegados no han sido probados por el recurrente, toda vez que el nudo central estriba en la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes del proceso, que en ambas instancias se determinó que no es de naturaleza laboral, por lo que no está regida por las normas jurídico laborales al igual que no puede ser dilucidada ante la jurisdicción del trabajo.

    En efecto, el apoderado judicial del casacionista afirma que la relación que vinculaba a A.P. D'Cross (como trabajador) y S.T.P. e I.P. (como parte empleadora), era de tipo laboral; sin embargo la Sala observa que del proceso aflora un mandato civil que consta en Escritura Publica 10,705, de 6 de enero de 1992, levantada ante la Notaría Décima del Circuito de Panamá, mediante el cual I.P., padre de A.P.D.'Cross y de S.P., discierne en la persona de A.P. un poder de administración con el objeto de que en su nombre y representación administre la finca de propiedad del mandante No. 157090 de generales y registro conocidos, objeto que incluye mantenerla limpia de maleza, pago de impuestos, agua, como un buen padre de familia, celebrar negocios jurídicos incluso convenir hipoteca, y con el producto del inmueble velar por el bienestar de Ida María D'Cross de P. (esposa del mandante) hasta su última morada (Cfr. cláusulas segunda y tercera, foja 4).

    Posteriormente, mediante Escritura Pública No. 327, 7 de marzo de 1997, expedida por el Circuito Notarial de Veraguas, el señor I.P. otorgó testamento abierto y en el que declaraba como herederos de ese bien raíz, en partes iguales, a su esposa y su hijo A.P.D.'Cross (Cfr. foja 5 vlta.). Aunque mediante Escritura Pública No. 1356, de 20 de noviembre de 2001, I.P. vendió por precio simbólico de B/. 1.00 a S.T.P. la finca en mención (Cfr. fojas 18-19).

    Según Escritura Pública No. 1374, de 23 de noviembre de 2001, I.P. otorgó nuevamente testamento abierto revocatorio de cualquier anterior en que traspasa todos sus bienes muebles e inmuebles a su hijo S.T.P. (foja 85).

    Mediante Sentencia No. 70 J.C.D.V., de 19 de septiembre de 2002, la Junta de Conciliación y Decisión No. 19 de la provincia de Veraguas, al decidir una controversia por despido injustificado entre las mismas partes absolvió a los demandados S.P. e I.P. de las reclamaciones pedidas al considerar inexistente la relación de trabajo entre éstos y A.P. D'Cross (fojas 83-84).

    De las declaraciones testimoniales aportadas por la parte actora no se extrae certeza sobre la existencia de relación de trabajo entre A.P.D.'Cross y los demandados, tal es el caso de las deposiciones prestadas por R.O. (fojas 72 a76); D.P. De Los Reyes Ortega (fojas 90 a 92); y E.R. (fojas 92-93).

    El testimonio rendido por T.R. a instancia de la parte demandada no contiene elementos por lo menos indiciarios de una prestación personal en calidad de trabajador por parte de A.P.D.'Cross en beneficio de S.T.P. o I.P.. Incluso, según el testigo R.R., I.P. atendía él directamente su finca (foja 97). El testigo I.G. niega categóricamente que A.P.D.'Cross estuviera en la meritada finca en calidad de trabajador (foja 98).

    A juicio del Tribunal, las instancias inferiores han efectuado una evaluación correcta del caudal probatorio acopiado en el sentido que entre las partes no existió relación de trabajo, y el recuento hecho al inicio de estas consideraciones dan cuenta de la naturaleza familiar (civil) de la controversia o desacuerdos habidos entre éstos, sobre el bien inmueble tantas veces mencionado, que indudablemente durante un período de tiempo estuvo bajo la gerencia del señor A.P.D.'Cross de conformidad con el mandato civil que le confirió en vida su padre I.P.; esta figura jurídica no encuadra dentro de los conceptos de contrato de trabajo ni de relación laboral, tal como vienen definidas por el Código que regula las relaciones obrero patronales, motivo por el cual no le es aplicable dicha legislación y los desacuerdos o conflictos que surjan entre las partes no son de conocimiento de la jurisdicción del trabajo.

    Aunado a lo anterior, no se han cumplido ni demostrado los presupuestos de las normas que precisamente invoca el casacionista en su recurso que determinan la relación de trabajo, esto es, la subordinación jurídica o la dependencia económica. Acerca de estas figuras, precisamente sobre la primera, la Sala ha dicho que la "subordinación jurídica implica la existencia de un poder de dirección por parte del empleador al cual ha de sujetarse el trabajador. Ese poder puede ser actual o potencial, lo ejerce el empleador personalmente o por medio de sus representantes y está encaminado a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra" (Sentencia de 7 de junio de 2000. Caso: T.P. versus Atlantic Tourist Investment, S.A.M.. Ponente: A.H.). En autos consta que el documento que contiene el mandato encargado a A.P. tiene un fin u objeto específico y fue concedido con entera libertad de ejecución al mandatario para que lograse los cometidos ya señalados; esto es ajeno al poder de dirección inmanente al concepto de subordinación jurídica, porque el trabajador ha de prestar el servicio personal conforme a las instrucciones que al respecto le imparta el empleador o quien haga sus veces.

    Por otra parte, acerca de la alegada dependencia económica afirmada por el recurrente, los testigos que prestaron servicios en vida al señor I.P. señalan que el recurrente tenía un negocio o tienda, además de ganado de su pecunio. Esto de por sí no excluye la condición de trabajador económicamente dependiente de su empleador en A.P.; sin embargo, inexisten elementos de juicio apoyados en pruebas que demuestren fehacientemente esta condición, y que el afirmado estipendio recibido de la parte demandada era su principal fuente de ingreso para subsistir. La parte demandada negó que A.P. tenía la calidad de trabajador, por lo que correspondía al demandante la carga de la prueba (Art. 735 del C.T.), carga que no satisfizo.

    Cabe destacar que hay ausencia de elementos de convicción respecto de "jornadas de trabajo" prestados por el demandante, la consistencia o recurrencia de éstas, aspectos de los que no dan luces los testimonios del expediente principal.

    Con fundamento en las consideraciones que preceden, los cargos de ilegalidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo no son procedentes, por lo que deben ser desestimados.

  5. Decisión del Tribunal

    En consecuencia, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 6 de enero de 2003, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro de la controversia para el reclamo de prestaciones laborales incoada por A.P.D.'Cross, mediante apoderado judicial, contra I.P. (Q.E.P.D.) y S.T.P..

    NOTIFÍQUESE,

    HIPÓLITO GILL SUAZO

    ARTURO HOYOS -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

    JANINA SMALL (Secretaria)