Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 16 de Mayo de 2019

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución16 de Mayo de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Segunda de lo Penal

Ponente: Luis Mario Carrasco M.

Fecha: 16 de mayo de 2019

Materia: Casación penal

Expediente: 327-17C

VISTOS:

Realizada la audiencia oral y pública del recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado A.A.E., apoderado judicial de J.G.M.G., contra la Sentencia Nª 035 de 19 de mayo de 2017 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, corresponde a la S. de lo Penal decidir la causa.

  1. HISTORIA CONCISA DEL CASO

    El 31 de julio de 2014, M.O.S. interpuso en el entonces Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público una denuncia contra su esposa J.G.M.G., porque el día anterior lo agredió en el pecho y rostro, además señaló que ella lo había agredido física, psicológica y financieramente en varias ocasiones, que tenían 10 años de matrimonio, cuatro hijos y ella le había sido infiel.

    Luego, el 12 de agosto de 2014 J.G.M.G. fue a la oficina de M.O.S. y sostuvieron una discusión por razones de índole económica, inherente a la manutención de su familia y de sus hijos, evento en el que ella agredió a su esposo porque en medio de la discusión le había quitado un papel en el cual estaba haciendo unas anotaciones.

    El señor M.O.S. fue evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 13 de agosto de 2014 y se dictaminó que presentaba una equimosis irregular violácea en la cara medial del tercio proximal del brazo derecho de 5.0 x 3.0 cm, lesión que no puso en peligro su vida y se le otorga una incapacidad definitiva de siete (7) días a partir del incidente.

    La causa fue asignada a la Fiscalía Cuarta Especializada en Asuntos de Familia y el Menor del Primer Circuito Judicial de Panamá que al concluir el sumario emitió la Vista Fiscal N° 284 de 15 de abril de 2015, por la cual solicitó el llamamiento a juicio de J.G.M.G. como presunta infractora de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título V, Libro II del Código Penal, que tipifica los delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en específico Violencia Doméstica, cometido en perjuicio de M.O.S..

    Por reglas de reparto el negocio fue asignado al Juzgado Cuarto de Circuito, Ramo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá que al momento de calificar el sumario dictó el Auto N° 8 de 19 de enero de 2016, por cual dispuso el Auto de llamamiento a juicio de J.G.M.G. por presunta comisión del delito de Violencia Doméstica cometido en perjuicio de M.O.S.. Realizado el Acto de Audiencia Ordinaria, el juez de la instancia mediante Sentencia N° 110 condenó a la prenombrada a la pena de cuarenta (40) meses de prisión y a la pena accesoria de un (1) año de Tratamiento Terapéutico Multidisciplinario, como autora del delito por el cual se le formuló cargos, decisión que fue apelada por la parte querellante.

    Le correspondió al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial resolver la alzada y dictó la Sentencia N° 035 de 19 de mayo de 2017, por la cual reforma la decisión del juez de primera instancia y condena a J.G.M.G. a la pena de cinco (5) años de prisión, adiciona la pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones pública por un (1) daño, una vez cumplida la pena principal, como autora del delito de violencia doméstica (física y psicológica) cometido en perjuicio de M.O.S., y confirma en lo demás.

  2. LA CAUSAL, LOS MOTIVOS Y LAS DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

    El censor invoca el numeral 9 del artículo 2430 del Código Judicial que da lugar al recurso de casación "Cuando se incurre en una interpretación errada de la ley sustancial al admitir los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal", que viene sustentada en cinco motivos en los que sostiene:

    El Tribunal Ad-quem modificó la sentencia en el sentido de desconocer la circunstancia atenuante contenida en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, que fue reconocida por el Juez de primera instancia, afectando el derecho de su poderdante porque se le había reconocido una disminución de la tercera parte de la pena impuesta, conforme lo establece el artículo 93 del Código Penal (primer motivo).

    Continúa señalando que el Tribunal Superior llega a esa decisión basándose en lo externado por su mandante en la Audiencia Ordinaria en la que admitió los hechos y describió cómo se produjeron las lesiones o cómo le propino las lesiones a su esposo, asi como las circunstancias que rodeaban las discusiones de pareja, puntualizando que estuvo ausente a lo largo del proceso y no aportó ningún tipo de prueba tendiente a esclarecer lo ocurrido, por lo que procedió a dejar sin efecto la rebaja que era de un tercio (1/3) de la pena consistente en veinte (20) meses, aplicando como pena líquida los cinco (5) años de prisión (60 meses) (segundo motivo).

    Luego, indica que J.G.M.G. explicó ante el Juez de Primera instancia cómo causo la lesión física en la anatomía del señor M.O.S. "consistente en un rasguño o magullón en el brazo derecho", que se había "determinado una lesión leve por Medicatura Forense que le otorgó al ofendido una incapacidad definitiva de tal solo siete (7) días (tercer motivo), y pone en conocimiento, sin negar los hechos, que los motivos y circunstancias que rodeaban la relación matrimonial de doce (12) años de convivencia existente con M.O.S., donde procrearon cuatro (4) hijos, "las discusiones escenificadas entre ambos en doble vía venían por años dándose como consecuencias de problemas familiares y de pareja cotidianos cómo los económicos, de relación íntima, afectivos entre otros" que eran "circunstancias positivas" que fueron desconocidas por el Juzgador Ad-Quem" (cuarto motivo).

    Finalmente, expresa que el Tribunal Superior hace referencia en su sentencia a "la ausencia a lo largo del proceso de la procesada y la no aportación de pruebas tendientes a esclarecer lo ocurrido y con ello comprobar su versión de los hechos", razonamiento en el que se basó para declarar la no existencia de la circunstancia atenuante genérica cuya aplicación reclama, lo que estima es un error de interpretación porque fue el Juzgador de primera instancia "quien estuvo presente en el referido acto de audiencia y tuvo la oportunidad o posibilidad de verificar la (sic) intermediación de la procesada cuando externaba su relato" pero "contrariamente esto no fue viable para el Ad-quem, quien decida inadvertir este Principio Básico de Derecho y de Garantías Procesales Fundamentales, como lo es el de Inmediación".

    Seguidamente, el recurrente cita en el apartado de las disposiciones legales infringidas el numeral 7 del artículo 90 y el artículo 93 del Texto Único del Código Penal de 2007, que se refieren a las circunstancias atenuantes comunes y las reglas para su aplicación, e invoca el artículo 9 del Código Civil que es una norma que consagran las reglas de hermenéutica legal, en correlación con las normas sustantivas penales que acompaña, normas que estima infringidas en concepto de violación directa por omisión.(Fs.302-310)

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

    La Procuradora General de la Nación, licenciada KENIA I.P.D., mediante Vista Nº 51 de 25 de abril de 2018, manifiesta que no comparte la opinión del recurrente expuesta en los cinco motivos que sustentan la causal, porque el Segundo Tribunal Superior al realizar el análisis del caso procedió a confrontar los argumentos del apelante con el resto del caudal probatorio, tras lo cual concluyó que aunque debe respetarse la independencia judicial concedida por la Ley al Juez natural al momento de la individualización de la pena, no fue acertada la aplicación que el Ad-quo otorgó al numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, porque la misma no encontraba justificación jurídica.

    En ese sentido, la máxima representante del Ministerio Público considera que aun cuando la aplicación del numeral 7 del artículo 90 del Código Penal es una facultad discrecional del juzgador al individualizar la pena, su aplicación está sujeta a que se presente una circunstancia análoga al resto de las circunstancias modificadoras que enuncia el precitado artículo, lo que señala no ocurre en este caso pues, aun cuando J.G.M.G. en el acto de audiencia ordinaria admitió haber lesionado a su esposo y explicó las circunstancias de modo, tiempo y lugar que giraban en torno al delito, ello no la hace merecedora ni justifica de forma alguna el reconocimiento de la atenuante denominada "cualquiera otras circunstancia no preestablecida por la ley que, a juicio del Tribunal, deba ser apreciada", pues su actuar no se subsume en ninguno de los supuestos por analogía con alguna de las atenuantes previstas en el artículo 90 del Código Penal.

    Por tanto, la Procuradora desestima los vicios de injuridicidad expuestos por el casacionista asi como la trasgresión de las disposiciones legales, y recomienda no casar la sentencia impugnada (Fs. 314-326).

  4. CONSIDERCIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

    La causal invocada por el censor "Cuando se incurre en una interpretación errada de la ley sustancial al admitir los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal" tiene por objeto el reconocimiento por parte del Tribunal de Casación de una circunstancia modificadora atenuante de la responsabilidad penal solicitada al Tribunal Superior o bien se denuncia que éste dejó sin efecto aquella que aplicó el tribunal de la instancia, como consecuencia de una interpretación errónea de la ley.

    Por consiguiente, el debate en nada guarda relación con vicios o defectos sobre la actividad probatoria del juzgador, sino que se centra en el error de interpretación de las disposiciones penales que regulan el caso, que lleva al desconocimiento de un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico punitivo. En el caso que ocupa a la S., se reclama la disminución de la pena de prisión por la concurrencia de una circunstancia atenuante común.

    Ahora bien, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial es del criterio que la sanción de sesenta (60) meses de prisión aplicada como pena base, es ajustable a lo dispuesto en el artículo 200 del Código Penal -que tipifica el delito de violencia doméstica- el cual contempla sanción de cinco a ocho años de prisión, pero no concuerda con la sentencia condenatoria N° 110 de 14 de septiembre de 2016, específicamente en lo relacionado a la aplicación del numeral 7 del artículo 90 del Código Penal con base en los siguientes razonamientos:

    ...a consideración del Tribunal de grado, si bien es cierto la señora procesada J.G.M.G., exteriorizó en la audiencia ordinaria "admitir lo sucedido" (sic), no menos es cierto en el mismo acto, relató "como se dan estas lesiones o como ella le propina o le realiza las lesiones al Sr. S. y cuáles eran las circunstancias que rodeaban todas estas serie de discusiones de pareja y de peleas o los motivos que la misma tenía" (sic).

    2.4.- Referente a éstos aspectos, debemos expresar las siguientes consideraciones:

    2.4.1.- La conducta desarrollada por la señora procesada J.G.M.G., tiene adecuación típica con los presupuestos del delito de violencia doméstica, descrito y sancionado en el artículo 200 del Código Penal.

    2.4.2.- Sobre este particular, la juzgadora de grado manifestó, estaba comprobada la agresión física y psicológica, es decir, una doble afectación cometida en perjuicio del señor M.O.S., según el contenido de la sustentación científica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fs.248)

    2.4.3.- Concerniente a las excepciones de la señora procesada J.G.M.G., llama poderosamente la atención, su ausencia a lo largo del proceso y, tampoco hubo aportación de ningún tipo de pruebas, tendiente a esclarecer lo ocurrido; ello significa, no constan elementos probatorios dirigidos a comprobar su versión de los hechos.

    2.4.4.- De éste modo, la rebaja de una tercera (1/3) parte consistente en veinte (20) meses, no resulta viable, entonces al no concurrir, circunstancias agravantes ni atenuantes por considerar, ésta S. aplica como pena líquida y/o principal, cinco (5) años de prisión (60 meses). (Fs.270-271).

    Como se aprecia, la razón por la cual el Segundo Tribunal Superior desconoce la circunstancia atenuante se basa en que la acusada no concurrió durante todo el proceso sino hasta el acto de audiencia ordinaria en la cual ofreció sus descargos y, en segundo lugar, que la acusada no aportó pruebas para esclarecer los hechos.

    Ahora bien, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación de Justicia ha sentado el criterio que la circunstancia atenuante en cita es una facultad discrecional del juzgador primario al momento de fijar la pena, siempre y cuando lo haga dentro de los límites señalados para cada delito y atendiendo a los factores de fijación previstos en el artículo 79 del Código Penal, en aras de respetar la independencia judicial; siendo excepciones a esta regla la existencia de evidentes desviaciones del juzgador de la causa frente a la gravedad del hecho de que se trata y cuando el juez no sustenta con claridad los criterios valorativos en que fundamenta la pena aplicada.

    Vale aclarar que el texto del derogado Código Penal de 1982 en el que se contemplaba en el catálogo de circunstancias atenuantes comunes "cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del Tribunal deba ser apreciada por su analogía con las anteriores" (numeral 8 del artículo 66) condicionaba la aplicación de la circunstancia atenuante que nos ocupa a que el juzgador analizara y si alguna situación que se presentara en la causal penal guardaba similitud con alguna de las siete circunstancias modificadoras de la responsabilidad que daban lugar a la disminución de la pena para proceder a aplicar la rebaja entre una sexta y una tercera parte.

    Ese criterio ha sido superado porque el legislador suprimió la palabra "analogía" y el marco discrecional dentro del cual el juzgador hace su análisis no puede rebasar la gravedad del hecho de que se trata y deberá sustentar con claridad los criterios valorativos en que fundamenta la pena aplicada, porque de ser objeto la resolución de un control de legalidad vía apelación o casación, el tribunal que hace la revisión está en el deber de respetar la discrecionalidad salvo que se evidencien desviaciones del juzgador de la causa frente al caso concreto o lo que la jurisprudencia reiterada de la Corte ha reconocido como "visos de legalidad" en la adopción de la decisión.

    Tomando en cuenta lo anterior se debe verificar la individualización judicial de la pena realizada por el juzgador de primera instancia para dar por acreditado el delito de violencia doméstica:

    Estanos en un proceso donde las pruebas son contundentes, en donde se puede entrar a debatir pero está probado que sí hubo una agresión que usted le causó lesiones al Sr. M.O. y esto ha sido lo aceptado, está la sustentación científica del INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL donde dice que efectivamente el Señor presentaba lesiones.

    Visibles a foja (54) se le evalúa para fecha de 13 de agosto de 2014 y presentaba equimosis irregular en la cara del tercio proximal del brazo derecho y mide 5.0 x 3.0 cm, se le otorga una incapacidad de siete (07) días a partir del incidente sin embargo a un lado están las fotografías que manifestó los golpes esta la lesión la cual no es una lesión pequeña.

    A juicio de esta juzgadora también está probada la lesión psicológica si bien no se dio un diagnóstico por parte del INSTITUTUO DE MEDICINA LEGAL si podemos ver, a través de las declaración la psicóloga O.A.S.S. que también se ratifica visible a foja 141 y siguientes del expediente donde ella manifiesta toda la sintomatología que presentaba el Sr. ORLIN.(F.248)

    Más adelante, se refiere a los factores de individualización judicial de la pena que tomó en cuenta para la fijación de la pena, explicando lo siguiente:

    Para la imposición de la sanción vamos a tomar en cuenta los parámetros del artículo 79 del Código Penal que dice que si el juez dosificara la pena tomando como fundamento los siguientes aspectos objetivos y subjetivos "primero la magnitud o la lesión o el peligro de la menor o mayor voluntad dañada las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la calidad de motivo determinante". Apreciamos que las lesiones que se le propiciaron al Sr. M.O.S. derivan o provienen de la relación que mantenía el mismo con la Sra. J.M. cuando mantenían en un proceso de separación, discusión que guarda relación con los hijos, por lo cual se daban frecuentes intercambios entre la pareja. Vemos que el Sr. M.O.S. de una manera u otra también propició o fue partícipe de estas discusiones que llegaron al punto de la violencia física y también tuvo una interacción, por la cual nosotros vamos a ser benevolentes con la Sra. J.M. y vamos a aplicar la pena mínima que le podemos aplicar que son 5 años de prisión es decir 60 meses vamos a tomar en cuenta los parámetros que establece el artículo 88 y vemos pues que no existen circunstancias agravantes con relación a la conducta de la misma, pero si vamos a tomar en cuenta el artículo 90 del Código Penal de la República de Panamá que habla sobre las circunstancias atenuantes comunes que específicamente el numeral 7 que indica cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley que a juicio del Tribunal deba ser apreciada.

    Con relación a esta circunstancia nosotros vemos que la Sra. J.G.M. a pesar de que dijo hoy que ella era inocente cuando hace el relato de los hechos ella admite lo sucedido y responsablemente pues indica cómo se dan estas lesiones o como ella le propina o le realiza las lesiones al Sr. SINGLER y cuáles eran las circunstancias que rodeaban toda estas series de discusiones de pareja y de peleas o los motivos que la misma tenía.(Fs.249-250)

    Este Tribunal de Casación estima que la parte motiva de la resolución cuya revisión se demanda da cuenta que la juez de primera instancia sustentó en debida forma los aspectos que tomó en consideración al momento de reconocer la circunstancia atenuante evidenciado que se trata de un delito de violencia doméstica en el que se ha generado una violencia cruzada en la que una de las partes afectadas formalizó una denuncia y la otra parte resultó condenada, siendo incluso sometida a un tratamiento psicoterapéutico.

    La Corte no advierte visos de legalidad en los razonamientos externados por la juez de la instancia y se aparta del criterio del Segundo Tribunal Superior al considerar que la ausencia de la procesada en la causa no da lugar al reconocimiento de esta atenuante así como tampoco comparte la afirmación que la defensa técnica no haya aportado "ningún tipo de pruebas, tendiente a esclarecer lo ocurrido" porque la carga de la prueba es del Ministerio Público y de lo expuesto en el acto de audiencia ordinaria -en la cual se dictó la sentencia de primera instancia- se evidencian los argumentos de descargos que ofreció la señora MONTOYA ante el juez de la causa sobre el cuadro de violencia doméstica cruzada que se vivía dentro de su matrimonio con el señor M.O.S..

    De ahí que el fallo de primera instancia no amerite la reforma en el sentido de incrementar la pena de prisión, por ello la Corte estima que el censor ha logrado probar el vicio de injuridicidad ensayado y en consecuencia la infracción de las normas que se dejaron de aplicar por una interpretación errónea.

    En consecuencia, el fallo impugnado merece ser reformado a lo que se procede.

  5. PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, S. Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la Sentencia Nª 035 de 19 de mayo de 2017 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial y CONDENA a J.G.M.G. a la pena de cuarenta (40) meses de prisión, las penas accesorias de un (1) año de Tratamiento Terapéutico Multidisciplinario e inhabilitación para el ejercicio de funciones pública por un (1) año, una vez cumplida la pena principal, como autora del delito de violencia doméstica (física y psicológica) cometido en perjuicio de M.O.S..

    N..

    LUIS MARIO CARRASCO M.

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

    ELVIA VERGARA DE ORDÓÑEZ

    (Secretaria)

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