Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Mayo de 2019

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución28 de Mayo de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Por celebrada la audiencia oral y pública dentro del recurso de casación formalizado por el licenciado J.H.R.A., apoderado judicial de R.G.R.C., contra la Sentencia 2ª Instancia Nº 61 de 13 de julio de 2017 dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, corresponde a la S. de lo Penal decidir la causa.

  1. HISTORIA CONCISA DEL CASO

    El 2 de octubre de 2013, la señora S.Y.A. GUERRERO presentó ante el entonces Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio una denuncia contra su pareja R.G.R.C. por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija menor de edad N.A. en abril de 2013.

    La denunciante indica que el día anterior, aproximadamente a las once de la mañana, recibió una llamada del Juzgado de N. y Adolescencia que le informaban que su hija N.M.S.A., acompañada de su padre, había presentado una denuncia contra su padrastro R.G.R.C., que éste era su pareja sentimental y tenían un hijo en común de siete años. Ella lo contactó para contarle sobre la denuncia de su menor hija y señala que RAFAEL llorando le confesó todo.

    Posteriormente, cuando se apersona al Juzgado de N. y Adolescencia donde se encontraba su hija ésta le manifestó que su padrastro la tocaba desde los siete años y cuando tenía diez años abusó sexualmente de ella, siendo la última vez seis meses atrás, que los hechos se dieron incluso estando ella en la casa, para lo cual la dopaba con pastillas para dormir.

    Correspondió a la Fiscalía Sexta de Circuito, Ramo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá instruir el sumario y una vez concluida la investigación emite la Vista Fiscal N° 94 de 28 de marzo de 2014 por la cual recomendó que se dictara un Auto de llamamiento a juicio contra R.G.R.C. por la presunta comisión de delito Contra la Libertad e Integridad Sexual, tipificado en el Capítulo I, Título III, Libro II del Código Penal, conforme a los artículos 2219 y 2220 del Código Judicial.

    Por reglas de reparto la causa quedó radicada en el Juzgado Décimo Quinto de Circuito Ramo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá que al momento de calificar el sumario dictó en Audiencia Preliminar el Auto de 14 de julio de 2014 por el cual dispuso abrir causa criminal contra R.G.R.C. como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título III, Libro II del Código Penal, es decir, por delito Contra la Libertad e Integridad Sexual.

    Dicho juzgado tras realizar la Audiencia Ordinaria dictó las Sentencia N° 94 de 19 de agosto de 2015 por la cual condena a R.G.R.C. a la pena de ochenta (80) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, como autor del delito de violación agravada cometida en perjuicio de la menor N.M.S.A.

    La decisión fue apelada por la defensa técnica de R.G.R.C. y confirmada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial mediante Sentencia 2ª Instancia Nº 61 de 13 de julio de 2017.

  2. LAS CAUSALES, MOTIVOS Y DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

    El recurrente adujo dos causales de probatorios como sustento legal de su pretensión:

    Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal.

    Esta causal viene sustentada en cuatro motivos en los que el censor cuestiona que el Segundo Tribunal Superior le otorgó a la declaración denuncia presentada por S.Y.A. (Fs.1-5) (primer motivo) y la declaración de la menor N.M.S.A. (Fs.7-10) (segundo motivo) pleno valor probatorio, aun cuando la denunciante no es una testigo presencial y directa del hecho supuestamente acaecido en mayo de 2013, sino que su deposición se basa en la información que recibió de su hija, y la menor tenía controversia familiar con R.C., y no hay nadie que pudiese corroborar la deposición de la menor ni los actos de agresión endilgados a su poderdante, testimonio que califica de sospechoso.

    Por otra parte, el recurrente señala que el Tribunal Superior también yerra al valorar la evaluación psicológica forense realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (FS.133-136) en la cual el psicólogo forense JOSÉ AYBAR expresa que la menor no presenta trastorno mental ni consideraciones traumáticas, peritaje que se basó en las entrevistas realizadas a N.M.S.A. y a su padre H.S., señalando que ambos mantenían interés en afectar a R.C., y el padre de la menor no presenció de manera directa los hechos relatados, por lo cual estima que el dictamen pericial no fue valorado conforme a las reglas de la sana crítica porque el perito no encontró alteración alguna en la psiquis y/o afectación emocional, aun cuando su base de información emanaba de quien tenía interés en la presente causa y el otro no tuvo percepción directa de los hechos endilgados, por consiguiente la prueba no fue valorada de manera correcta, toda vez que la misma es cónsona con excluir de responsabilidad a su mandante (tercer motivo).

    Otro argumento que ensaya el censor es que el Tribunal de alzada valoró erróneamente es el Dictamen de Valoración Médico Legal de Delitos sexuales realizado por el doctor O.I.P., del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (F. 34), en el cual se concluye que al examen físico y ginecológico no se encontró en la menor N.M.S.A. señales de lesiones física ni en sus genitales, resaltando himen complaciente, siendo la experticia un elemento no demostrativo de hecho delictivo y de haber sido valorado conforma a las reglas de la sana crítica y valorado conjuntamente con el resto de las pruebas hubiera concluido el Tribunal que se trata de un elemento probatorio excluyente de la realización del delito (cuarto motivo).

    A renglón seguido, el recurrente cita como disposiciones legales los artículos 909, 918, 920, 922 y 980 del Código Judicial que guardan relación con el valor de la prueba testimonial y pericial, que estiman infringidos en concepto de violación directa por omisión y a consecuencia de la infracción de las normas procesales, señala que se quebrantaron los artículos 174 y 175 del Código Penal que tipifican el delito de violación sexual en sus modalidades simple y agravadas, respectivamente, en concepto de indebida aplicación.

    Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal.

    En el motivo único que sustenta la causal el recurrente sostiene que no se valoró el certificado de nacimiento de N.M.S.A. (F.6) expedido por la Dirección del Registro Civil, mediante el cual se establece que ella nació el 14 de octubre de 1997, por lo que su edad para la fecha de realización del hecho investigado en abril de 2013, ya que fue presuntamente ejecutado seis meses antes de la denuncia ocurrida para octubre de 2013, de 15 años y 6 meses.

    Por lo anterior, estima que de haberse apreciado la prueba el Tribunal A-quem hubiera concluido que al hecho controvertido le era aplicable lo atinente en el artículo 174 del Código penal, que es el tipo penal base del delito de violación sexual, cuya penalidad es de 5 a 10 años, por lo que el numeral 1 del artículo 175 ídem que describe el tipo penal agravado cuya sanción es de 10 a 15 años, fue indebidamente aplicado, ya que la edad de la joven N.M.S.A. no era inferior a 14 años de edad.

    Seguidamente, el recurrente cita como disposiciones legales infringidas el artículo 2046 y el artículo 780 del Código Judicial, que establecen los medios de prueba válidos en la legislación panameña, y los artículos 174 y 175 del Código Penal, que estima infringidos en concepto de violación directa por comisión e indebida aplicación, respectivamente.

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

    El Procurador General de la Nación, encargado, licenciado R.R.C., mediante Vista Nº 86 de 7 de septiembre de 2018, manifiesta que no prosperan las causales invocadas por el recurrente con base en las siguientes argumentaciones:

    Respecto al error de derecho en la apreciación de la prueba explica que en el primer motivo se cuestiona la declaración denuncia presentada por S.M.A.G. cuando pone en conocimiento de las autoridades los hechos sufridos por su hija menor de edad, no se encuentra comprometida a probarlos sino que era su deber como madre informar a las autoridades sobre los hechos y la denuncia es el mecanismo efectivo para activar una investigación criminal ante la posible comisión de un hecho punible. La percepción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar fue abordada en el proceso a través de la participación de la víctima mediante su testimonio, así como la participación en diligencias periciales necesarias para la acreditación del delito y la vinculación de R.G.R.C..

    Luego, detalla que en el segundo motivo hay una inexistencia del error jurídico señalado del testimonio de la menor M.N.S.A., porque estamos ante un proceso donde por sus propias características se cuenta con una sola persona como testigo de los hechos denunciados y la menor ofendida no es un testigo sospechoso en el proceso al no ubicarse en los doce supuestos que enuncia el artículo 909 del Código Judicial, por lo que los argumentos y presunciones del recurrente están ausentes de sustento probatorio, que demuestra únicamente la disconformidad con la sentencia impugnada, pero en modo alguno constituyen la equivocación valorativa reclamada.

    Seguidamente, el Procurador señala que los dictámenes periciales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses consistentes en la evaluación psicológica forense (tercer motivo) y por clínica médico legal (cuarto motivo), cumplen con las formalidades para ser valoradas como pruebas que acreditan la vinculación de R.C..

    Apunta que el dictamen psicológico forense no constituye una entrevista, tal como se pretende aseverar en el cargo de ilegalidad, este tiene un proceso en el que se hace la verificación de los antecedentes familiares, entrevista de la persona a evaluar, en este caso la menor de edad N.M.S.A., el examen mental, las conclusiones y las recomendaciones, y si bien la joven no presentó síntomas conductuales, ni emocionales que arrojan un trastorno mental, se recomendó su tratamiento por salud mental, todo lo cual permite mirar que las constancias periciales analizadas potencian el testimonio de la víctima, quien afirmó haber sido abusada repetitivamente por su padrastro R.R.C..

    Y sobre la evaluación médica forense, expresa que la prueba pericial escrutada no certifica que la víctima no haya sostenido relaciones sexuales, toda vez que la inexistencia de desgarro a nivel himeneal, se desprende es de la constitución de su propia condición física; distinto seria si la forma de su himen no permitiera la introducción viril sin producir desgarros, en esa medida si perdería sustento lo establecido por la ofendida, pero esta no es la realidad probatoria inserta en autos.

    Por lo anterior, concluye que no prosperan los cargos de injuridicidad expuestos por el censor en los cuatro motivos que sustentan la primera causal y en consecuencia tampoco acredita la alegada trasgresión de las normas procesales y sustantivas.

    En otro orden de ideas, el Procurador considera que el motivo único que fundamenta la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba no contiene un vicio de injuridicidad acorde con dicha causal, porque en su opinión “el censor ha errado en la técnica al aseverar que la ignorancia de un certificado de nacimiento en la valoración del juzgador es el medio que advierte una aplicación indebida de la norma al caso en concreto, lo que evidencia sin lugar a dudas que lo pretendido es una discusión de puro derecho y no probatoria, como propuso” por lo que “sin entrar en mayores alcances analíticos” manifiesta que “no corresponde lo alegado a la técnica casacionista, por lo que procede es desatender el requerido”.

    Concluye recomendando que no se case la Sentencia 2ª Instancia Nº 61 de 13 de julio de 2017, por la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

  4. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

    Conocida la posición del recurrente y la opinión del Ministerio Público, se procede al análisis de las dos causales para determinar si concurren los vicios de injuridicidad que se atribuyen a la sentencia de segunda instancia.

    Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal.

    El censor es del criterio que los testimonios de S.Y.A. (Fs.1-5), madre de la menor N.M.S.A. y la declaración jurada que esta última ofrece (Fs.7-10) fueron erróneamente valoradas por el Segundo Tribunal Superior.

    La lectura del fallo impugnado da cuenta que el Tribunal de alzada al pronunciarse sobre la responsabilidad penal de R.G.R.C. dio por probada su vinculación con el hecho por el cual fue acusado con base en lo siguiente:

    Al respecto vemos que pervive un único señalamiento en contra de R.G.R.C. y lo es la propia declaración jurada de la víctima, debido a las características de los delitos de abuso sexual, este señalamiento ha sido firme por parte de la menor N.M.S.A., ya que en su declaración jurada, indica que desde los 7 años de edad su padrastro la tocaba en sus partes íntimas y a partir de los 10 años mantenía relaciones sexuales con ella sin su consentimiento y la mantuvo amenazada con dejar a su mamá y a su hermano menor sin la protección de él, por esa razón no había contado a nadie de lo que su padrastro le hacía. (F.236)

    Ahora bien, la Corte advierte que el Tribunal Superior señala que la menor N.M.S.A. sostuvo la misma versión “de manera clara, concisa y coherente” no solamente en su declaración jurada sino también durante toda la fase de investigación en diversas diligencias, a saber, al momento de interponer la denuncia ante la Dirección Nacional de Servicios de Protección del Ministerio de Desarrollo Social, la entrevista ante el psicólogo forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la entrevista con la psicóloga del Centro de Atención a la Víctima.(F.236)

    Es decir, la valoración conjunta de estas piezas procesales llevaron a la convicción del juzgador que la sentencia de primera instancia debía ser confirmada, lo que a juicio de esta Colegiatura es la valoración que corresponde porque la violación sexual es un delito que ocurre en la clandestinidad por lo que es inusual que haya testigos presenciales de los hechos y el hecho que solo la menor afectada es quien hace el señalamiento directo contra el procesado no les resta valor por ser la única testigo. Recuérdese que nuestra legislación el artículo 918 del Código Judicial establece que “Un testigo no puede formar por sí solo plena prueba; pero sí gran presunción cuando es hábil, según las condiciones del declarante y su exposición”, lo que valorado conforme a la sana crítica llevaron al Tribunal a dar por probado el hecho, posición que comparte la Corte.

    Respecto a la declaración de la señora S.Y.A., en la parte motiva de la resolución no se hace mención a esta declaración y en todo caso se trata de la denuncia presentada por la madre de la menor, que si bien no presenció los hechos no debe perderse de vista que una vez su hija le cuenta sobre el abuso de que era objeto por parte de su padrastro desde que tenía siete años, puso en conocimiento de las autoridades sobre lo ocurrido. Por consiguiente, no prosperan los cargos de injuridicidad ensayados en el primer y segundo motivo.

    Por otra parte, sobre la evaluación psicológica forense realizada por licenciado JOSÉ AYBAR, psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se consigna lo siguiente:

    CONCLUSIONES:

    Por los datos disponibles se observa que:

    La menor no presenta síntomas conductuales ni emocionales que pudieran llenar criterios de algún trastorno mental, sin embargo, la ciencia afirma que un evento traumático tal como el abuso sexual, no suele desencadenar un cuadro patognomónico, específico e invariable en las víctimas de abuso sexual. El hecho que la menor en la actualidad se encuentre asintomática no garantiza que en el futuro próximo o a largo plazo ella no tendrá ningún problema mental o emocional. Cabe recordar que cualquier contacto sexual con una menor de 14 años se considera traumático y la literatura es clara al aseverar que el abuso sexual en esa edad podría producir en la edad adulta una serie de trastornos mentales o conductas patológicas como abuso de sustancias, depresión, conducta antisocial, promiscuidad sexual, entre otros. Esto ocurre, según la literatura, en el 30% de las personas que han sido abusadas en la infancia y/o adolescencia.

    Desde que se denuncia este abuso, la menor vive con su padre. Refiere que no ha querido volver a la casa de su madre, ya que en ese lugar fue violada por más de siete años, lo cual refleja malestar emocional post traumático, por lo que la menor N. no debe participar en las diligencias judiciales por un profundo riesgo de revictimización.

    RECOMENDACIONES

    Que se le brinden medidas de protección adecuadas a la menor ya que el grado de vulnerabilidad es altísimo debido al largo historial de abusos sexuales y de negligencia de la cual ha sido víctima.

    Evaluar las habilidades parentales de los cuidadores.

    Es una menor vulnerable por haber sido violada en innumerables oportunidades por lo que requiere tratamiento por salud mental. (Fs.134-135)

    A diferencia de lo expuesto por el recurrente, la S. estima que las conclusiones a las que llega el perito experto en psicología ilustran al juzgador en cuanto a las secuelas de la comisión del delito de violación sexual y permiten una mejor comprensión de los hechos denunciados por la menor.

    Téngase en cuenta que la razón de ser de la prueba pericial es que el juez cuente con el concepto de peritos para conocer, apreciar o evaluar algún dato o hecho de influencia en el proceso, de carácter científico que no pertenezca a su experiencia común ni a su formación específica (artículo 966 del Código Judicial).

    Según el casacionista la evaluación psicológica se basa en las entrevistas de la menor afectada y de su padre, lo que estima parcializa el criterio del psicólogo forense. A este reparo se debe explicar que es obvio que en una evaluación psicológica se practiquen entrevistas a la afectada y a sus familiares porque es la técnica de esta prueba pericial, pero lo que realmente se valora son las conclusiones y recomendaciones que en este caso al ser valoradas conjuntamente con los demás elementos probatorios permiten concluir que R.C. es responsable del hecho por el cual fue investigado, procesado y sancionado.

    En sentido, es importante indicar que la jurisprudencia de esta S. ha establecido que las experticias médicas practicadas a las víctimas de un delito, en especial, a las que han padecido de un abuso sexual son peritajes de extrema significancia, ya que, generalmente, estos hechos ocurren en la intimidad de un hogar o en lugares apartados y desolados, donde obviamente, no existirán testigos oculares, siendo la declaración de la propia víctima, la única pieza de la que se desprenda un señalamiento incriminatorio, y para imprimirle fuerza vinculante a este testimonio, debe ser coincidente o apoyarse, en los resultados consignados en esos estudios científicos. (Cfr. Sentencia de 23 de marzo de 2005)

    El citado fallo también hace mención que el grado o nivel de afectación psicológica ante un atentado sexual, no es idéntico en todos los sujetos: Por ejemplo, en personas menores de edad, por razón que la personalidad aún está en formación, también pueden darse respuestas psicológicas que no evidencien un trauma emocional, debido a diversas situaciones, como al padecimiento de lo que en psicología se denomina, efecto paralizador o congelamiento de las emociones, a la imposibilidad de narrar su mala experiencia ante extraños, a la negación íntima de la experiencia del daño, o a la disociación como mecanismo de defensa ante el dolor. Un estudio de la UNICEF, titulado "INOCENCIAS MUTILADAS, Explotación Sexual contra Niñas y Adolescentes en Panamá", nos enseña que "la disociación es una herramienta sicológica que facilita a la persona separar su mundo síquico emocional del físico ante situaciones de extrema frustración. Esto se acompaña de fugas disociativas, de pérdidas de memoria temporal o selectiva, herramientas facilitadoras del bloqueo del dolor experimentado y que proporcionan fortaleza para sobrevivir en un medio adverso" (MILLER RAMÍREZ, G.D., D.; P., R.. I.M., Explotación Sexual contra las Niñas y Adolescentes en Panamá. UNICEF. Panamá, 2001-2002, p.19.). (ídem)

    Por otra parte, en el Dictamen de Valoración Médico Legal de Delitos sexuales realizado por el doctor O.I.P., del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se detalla el siguiente hallazgo al examen ginecológico de la menor N.M.S.A.:

    Genitales externos normales y sin lesiones.

    Himen: anular. Elástico, dilatable. Permite la introducción de dos dedos sin ocasionar desgarros. (Complaciente).

    Ano: normal y sin lesiones.

    E. anal con tono normal.

    Sin signos de enfermedades de transmisión sexual.

    CONSIDERACIONES MÉDICO LEGAL:

    El himen complaciente permite la penetración vaginal sin que se produzcan desgarros. (F.34)

    Según el censor la existencia del himen complaciente descarta que la menor N.M.S.A. haya sido abusada sexualmente por R.G.R.C..

    La Corte considera que la narración que ofreció la menor N.M.S.A. sobre cómo ocurrió de manera reiterada los abusos sexuales desde que tenía siete años, es un relato coherente y consistente que sostuvo al momento de denunciar a su agresor, al conversarlo con su madre, en la entrevista con el psicólogo forense, todo lo cual permite conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común inferir que se comprueba la vinculación R.G.R.C.. Por ello, la existencia del himen complaciente no descarta la violación sexual, pues ello no impide la penetración.

    Este Tribunal de Casación es del criterio que no prosperan los vicios de injuridicidad ensayados por el recurrente en el tercer y cuarto motivos. Ello trae como consecuencia la improcedencia de la alegada infracción de las normas procesales y sustantivas aducidas por el recurrente, lo que releva a la Corte de ese análisis.

    Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal.

    En el motivo único que sustenta la causal, el recurrente sostiene que no se valoró el Certificado de Nacimiento de N.M.S.A. (F.6) expedido por la Dirección del Registro Civil, que establece que ella nació el 14 de octubre de 1997 y la fecha en que ocurrió el hecho investigado que sostiene fue en el mes abril de 2013, porque presuntamente fue ejecutado seis meses antes de la denuncia ocurrida para octubre de 2013, de quince años y seis meses, por lo que el numeral 1 del artículo 175 del Código Penal en relación con el artículo 174 ídem fue indebidamente aplicado, ya que la edad de la joven N.M.S.A. no era inferior a 14 años de edad, por lo que estima no está probado el delito por el cual se sanciona a su mandante.

    La Corte observa que el certificado de nacimiento a que se refiere el censor no fue mencionado en la sentencia recurrida.

    El documento es una copia autenticada del Certificado de Nacimiento de N.M.S.A. en el que se consigna que su fecha de nacimiento es el 14 de octubre de 1997. (F.6)

    La valoración de esta prueba conjuntamente con las demás que fueron recabadas por el Ministerio Público permite colegir que la menor N.M.S.A. fue abusada sexualmente desde los siete años y el último acto ocurrió cuando contaba con quince años y seis meses.

    Teniendo en cuenta lo anterior, se debe indicar que el tipo penal descrito en el numeral 1 del artículo 175 en relación con el artículo 174 del Código Penal establece que quien tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo que tenga menos de catorce años de edad, utilizando para la ejecución del hecho sus órganos genitales, aun cuando no medie violencia o intimidación, será sancionado con prisión de diez a quince años.

    La violación sexual es un tipo penal de ejecución instantánea, de resultado y en atención a las circunstancias que rodean del hecho, en la causa que nos ocupa se tiene que la denuncia que la menor hace apunta a que el abuso sexual fue reiterado desde que tenía siete años de edad y el último acto de ejecución se verificó seis meses antes de poner en conocimiento a las autoridades sobre este hecho, cuando ella contaba con quince años y seis meses, como afirma el censor.

    A juicio de la Corte, la violación repetida de la norma en el tiempo –desde que la menor tenía siete años hasta que cumplió quince años y seis meses- hace viable encuadrar el hecho en el tipo penal en su modalidad agravada del delito consumado con una menor que fue objeto de abuso sexual de forma reiterada, no se está ante un supuesto de una única trasgresión de la norma que se dio con posterioridad a la edad que contempla el numeral 1 del artículo 175 del Código Penal.

    Por tanto, se desestima el cargo de injuridicidad expuesto en el motivo único y siendo que el censor no logró comprobar la causal, no tiene sentido incursionar en el análisis de las normas denunciadas como infringidas, ya que éstas, sin motivos comprobados y subsumibles en el supuesto legal, no podrán estimarse como vulneradas.

    En atención a las anteriores consideraciones, no se casa la sentencia recurrida.

  5. PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, S. Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia 2ª Instancia Nº 61 de 13 de julio de 2017 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial por la cual confirma la decisión de primera instancia y condena a R.G.R.C. a la pena de ochenta (80) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, como autor del delito de violación agravada cometida en perjuicio de la menor N.M.S.A.

    Notifíquese.

    LUIS MARIO CARRASCO M.

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

    ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR