Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Marzo de 2019

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución15 de Marzo de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Mediante resolución del 26 de febrero del 2015, la S. admitió el recurso de casación formalizado por el Licenciado J.L.P., contra la Sentencia 2da. No.60 del 16 de abril del 2013, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que confirmó la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Décimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a J.B.A., a cumplir con una MEDIDA DE SEGURIDAD CURATIVA, consistente en acudir a un Tratamiento Psicológico por el término de UN (1) Año, como autor del delito de Violencia Domestica en Grado de Consumación, en perjuicio de G.C..

Verificada la audiencia oral establecida por el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de ser decidido por la S..

ANTECEDENTES

Mediante denuncia realizada el 5 de septiembre de 2007, G.C. de B. denuncia ante el Centro de Recepción de Denuncia haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte del señor J.B. quien es su esposo.

Añadió en su denuncia que su esposo la maltrata física, verbal y psicológicamente la agrede verbalmente le grita palabras obscenas, le bota sus artículos personales y todo esto la tiene afectada emocionalmente. (fs.1-2)

En ampliación de denuncia realizada el 3 de octubre de 2007, señaló que su esposo había cambiado la cerradura del apartamento donde viven y se percató porque cuando quiso entrar; la puerta no abrió, y este no le permite sacar sus objetos personales ni el de sus hijas.

Mediante Evaluación Médico Legal practicada a la señora G.C. de B., se describen los siguientes hallazgos físicos (fs.33):

Examen Físico: C., orientada, deambula sin dificultad. Presenta:

  1. E. de coloración violácea en región occipital derecha que mide 1cm.x0.8cm.

  2. E. de coloración verdosa en cara antero lateral de 1/3 medio del brazo izquierdo que mide 6.5cmx8 cm.

  3. E. de coloración verdosa en cara dorsal del 1/3 distal del brazo izquierdo que mide 3cmx4cm.

  4. E. de coloración verdosa en dorso de la mano izquierda que mide 2cmx2.3cm

  5. E. de coloración violácea localizada en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen que mide 2cmx2.5cm.

Incapacidad Definitiva: Ocho (8) días a partir del día del incidente, salvo complicaciones.

Consta a folio 41 a 43 Nota No.255/07C.B.V, fechada 5 de octubre de 2007, a través de la cual la Corregiduría de Policía de Bella Vista, remite copia del Informe de la Diligencia que se realizó a solicitud de la señora G.C. de B., con el fin de verificar que en el Edificio El rey, Calle No.53, El Cangrejo, Apartamento No.11ª, donde residía se había cambiado la cerradura, situación que fuere debidamente corroborado por dicha autoridad administrativa.

A folio 78 se aprecia certificado de matrimonio entre J.B.A. y G.C..

Se aprecia las declaraciones de M.A.J. (fs. 57-58), Z.S. De Gracia (fs.63-68), E.A.R. (fs.69-70) quienes señalan que conocen la situación de maltrato que sufre la denunciante por parte de su esposo.

Mediante diligencia del 23 de octubre del 2007, se dispuso recibirle declaración indagatoria a J.B.A., como presunto responsable del delito Contra el Orden Jurídico, F. y el Estado Civil, en perjuicio de G.C. de B.. (fs.95-101)

No se le logró la comparecencia del investigado para que rindiera declaración indagatoria.

De igual forma se presentan los testimonios de A.B.R. (fs.163-166) Y.G.S. (fs.168-169), E.G. (fs.177-184) y el doctor A.S. (fs.185-187).

Reposa a folio 192 a 193, resultado de la Evaluación Psiquiátrica practicada a la señora G.C. de B., por la Licenciada D.S. de Á., Psicóloga Forense del Instituto de Medicina Legal, en la que se consignó lo siguiente:

…III. Narración de los Hechos:

Refiere que denuncia al señor J.B. por violencia física y psicológica. Explica que el señor la empujaba, le pegaba en la boca, jamaqueaba.

Además, que le decía bruta, estúpida, que se largara de la casa, que no se merecía nada.

Dice que no sabe porque él se comportaba de esa forma ya que no había otra persona para ella en el mundo.

IV. Conclusiones y recomendaciones

En el momento de la evaluación:

Se encuentra afectación psicoemocional en la señora evaluada.

La afectación que refleja la señora consiste en lo siguiente:

Experimenta sentimientos de timidez y vergüenza, tristeza, desánimo e impotencia; así como rabia y resentimiento.

También tiene miedo de perder su autonomía y refleja baja autoestima.

Amerita atención por salud mental…

Mediante Vista Fiscal No.091-08, del 15 de enero del 2008, la Fiscalía Segunda Especializada en Asunto de Familia y el Menor, recomendó al juez de la causa Auto de Llamamiento a Juicio contra el señor J.B.A., como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V Título V, Libro II del Código Penal, es decir por delito Contra el Orden Jurídico y F. y el Estado Civil en perjuicio de G.C. de B..

De folio 212 a 213 se aprecia vistas fotográficas de la señora G. de B. de las lesiones consignadas por el médico forense las cuales fueron tomadas por la Sección de Fotografía Forense.

Mediante Llamamiento a Juicio No.59-08 del 08 de mayo del 2008, se procedió a abrir causa criminal contra J.B. por infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo V Título V, Libro II del Código Penal, es decir por delito de Violencia Doméstica en perjuicio de G.C. de B.. (fs.230-233)

Mediante Sentencia No.133-11 del 31 de octubre de 2011, el Juzgado Décimo de Circuito Penal, condenó a J.B.A., como Autor del Delito de Violencia Doméstica en Grado de Consumación en perjuicio de G.C. de B. y se le impuso Medida de Seguridad Curativa, consistente en que acuda a Tratamiento Psicológico por el término de Un (1) Año, de lo cual deberá presentar constancia al despacho Judicial. (fs. 680-686)

Dicha sentencia fue apelada por la defensa técnica del sancionado, dictándose la Sentencia 2da Instancia No.60 del 16 de abril del 2013, la cual confirmó la sentencia de primera instancia. (fs.726-733)

CAUSALES INVOCADAS

El recurrente invoca como primera causal de fondo, una de las contempladas en el numeral del artículo 2430 del Código Judicial, es decir, “Cuando se haya incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido (sic) en lo dispositivo del fallo y se constituye en violación de la ley penal sustantiva” (fs. 747).

La S. ha manifestado en múltiples ocasiones que esta causal concurre cuando el medio de prueba existe, está acreditado en el proceso y, por ello, el juzgador lo examina, lo toma en cuenta, lo analiza, pero no le atribuye la eficacia probatoria que la ley le asigna. Se trata de un error producido por la deficiente valoración jurídica sobre la prueba en el proceso y puede ocurrir en los siguientes supuestos:

Cuando a una prueba legalmente producida no se le reconoce el valor que la ley le otorga;

Cuando a una prueba legalmente producida se le da un valor no reconocido por la ley;

Cuando la prueba no fue producida o practicada con apego a los requisitos legales correspondientes, es decir, cuando se le considera sin que se hubiere producido legalmente, y se le confiere una fuerza probatoria establecida sólo para aquellos elementos probatorios que reúnan todas las cualidades exigidas por la ley; y,

Cuando se desconocen las reglas de la sana crítica al analizar el caudal probatorio.

MOTIVOS Y ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

La causal viene sustentada en dos (2) motivos que analizaremos junto a la opinión de la señora Procuradora General de la Nación, luego de lo cual, emitiremos el pronunciamiento jurisdiccional correspondiente.

En el primer motivo el recurrente indica que el Ad Quem valoró contrario a derecho la Nota SNM-JUDI 640-09 del 19 de marzo del 2009, del Servicio Nacional de Migración (fs.260) sobre el movimiento migratorio de C.C. y otros, dando por acreditada la responsabilidad penal y utilizándola como fundamento para la condena impuesta a sus representados.

Sostiene que el Ad Quem cometió error al no aplicar las reglas de la lógica, experiencia y sana critica, pues le otorga plena prueba a un documento que no lo tiene, debió confrontarlo con otros medios probatorios existentes en el proceso lo que hubiera influido en el fallo absolviendo a Z.E. y G.L. por el delito Contra el orden Económico.

Sobre este motivo la señora procuradora señaló que *************los testimonios de E.A., A.B.R. y Y.S., fueron mal apreciados por el Juez A Quo, toda vez que estos testimonios son sospechosos al tenor del artículo 909 numeral 4 del Código Judicial, pues tienen afinidad y familiaridad con la denunciante. (fs.748-749)

Por su parte, la señora Procuradora General de la Nación recomienda desestimar el vicio de ilegalidad endilgado al Ad Quem, endilgado en los tres motivos de la primera causal toda vez que, de la valoración conjunta de estos elementos de convicción, se evidencia que existe coherencia entre las versiones de G.C., A.B., Y.S. y E.V., en el sentido que estos testimonios evidencian actos de violencia doméstica física y psicológica perpetradas por el justiciado, al igual que sus efectos en el cuerpo de la víctima, por lo que al haber ponderado el Tribunal Superior la deposición testimonial de A.B., esta colegiatura se apegó a las reglas de la lógica, al reconocer que este conserva plena credibilidad e imparcialidad como testigo, razón por la que consideró que no queda demostrada la configuración del cargo de injuridicidad.

En tanto, sobre las declaraciones de E.A., A.B.R., y Y.S., el Tribunal de Alzada estableció:

Se cuenta con la declaración de E.A., quien manifestó que en una ocasión G. no sólo le dijo que el esposo la había golpeado, sino que le mostró los golpes en una de las piernas, además relata que en una ocasión presenció la discusión entre J.B. y G.C. en el que el primero jalaba a G. por los brazos…

(fs.70-71)

Igualmente milita el testimonio de A.B., hijo del sindicado quien refiere que visitaba la casa de su papá de cuatro a cinco veces por semana, logrando presenciar en dos ocasiones cuando su papá le gritaba e insultaba a G., le decía que era bruta, que era tonta y le decía palabras obscenas, en un ocasión vio cuando la abofeteaba…”

Además Y.S., sobrina de la denunciante manifiesta que visitaba la casa de su tía dos a tres veces por semana, relatando que en una ocasión entró a la habitación de su tía y vio cuando J.B. la golpeaba, y en otra ocasión salieron a comprar comida y J.B. le había trancado la puerta de la casa…” (fs.731-732)

Aprecia la S. que los testimonio señalados como mal valorados por el recurrente, declaran de sus propias y directas percepciones pues todos en sus deposiciones señalan que en diferentes oportunidades observaron en la calle o en la residencia de la pareja como J.B. maltrata de forma física o mental a su esposa, y el hecho de que alguno de estos testigos tuvieran algún parentesco con la víctima no es óbice para que su testimonio sea catalogado como falso, pues su dicho se compadece con otras pruebas que reposan dentro del dosier penal como las evoluciones físicas y psicológicas realizadas a la víctima por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que acreditan que existe una afectación por violencia doméstica.

Por lo anterior, no se logra acreditar el cargo de injuridicidad pretendido pues contrario a los señalamientos del casacionista, del extracto de la sentencia impugnada arriba transcrito, se evidencia una adecuada valoración del testimonio de E.A., A.B.R., y Y.S., la cual se realiza de manera integral en conjunto con el resto de las piezas probatorios que integran el dossier y que permiten enervar el estado de inocencia del procesado B.A..

Con relación al cuarto motivo referente a la deposición de E.G. y el D.A.S., el recurrente señala que fueron valorados erróneamente por el Tribunal de Segunda Instancia, pues estos testimonios fueron apreciados en parte y no íntegramente faltando a la regla de la sana crítica, pues de dichas declaraciones se deducen quien era la persona agresora, lo que demuestra que no era el procesado el agresor sino la denunciante. (fs.748-749)

Por su parte, la señora Procuradora General de la Nación indica que en relación a este motivo, no se materializa el vicio de valoración alegado, porque la declaración jurada del D.A.S. se limitó a decir que él era el médico tratante de J.B. y que en una ocasión le manifestó que tenía problemas familiares, sin especificar más detalles de aquellos problemas. Con relación a la declaración de E.G. indica que la misma a pesar de que narra actos de violencia doméstica imputables a G.C., esto no demerita algunas manifestaciones que representan actos de violencia contra esta.

En tanto, sobre la declaración del D.A.S. y E.G. el Tribunal de Alzada estableció:

Así mismo se cuenta con lo declarado por E.G. quien refiere que nunca vio a J.B. agredir a su esposa G.C., sí dice que en una ocasión que en una ocasión escuchó que J.B. le decía a G. que ella no servía y también cuando la largaba del apartamento… Además esta testigo corrobora que A.B. y Y.S. visitaban la vivienda del matrimonio B.-. varios días de la semana lo cual les permitió a ambos percatarse de las agresiones de la que era víctima la denunciante.

Igualmente declara el D.A.S., médico de J.B. quien explica que atendió a G.C. en dos ocasiones por cuadros de tipos médicos, pero no por ser víctima del maltrato a su esposo, sin embargo refiere que cuando atendía a J.B. éste le decía que tenía problemas familiares. Además que G. era atendida por especialistas en psiquiatría producto de que en una ocasión intentó suicidarse.

(fs.732)

Aprecia la S. que las declaraciones de A.S. y E.G., son testimonios que evidencian que el estado de la familia B.C. era disfuncional y estaban inmersos en un círculo de violencia doméstica, tal como lo señala el D.S. cuando dice que sabía que su paciente tenía problemas familiares y la esposa de este era tratada por médicos especialistas, sin embargo; no señala cuales eran esos problemas o quiénes eran los agresores, por lo que mal puede este testimonio ser suficiente para desvirtuar el cúmulo de pruebas contra el procesado.

Con relación al testimonio de la colaboradora del hogar la señora E.G., consideramos que fue valorado en su justa medida y en virtud de las máximas de la Sana Crítica al igual que los demás testimonios obrantes en autos, pues a pesar de ser dependiente laboral del señor B. porque trabaja para éste, su testimonio no fue catalogado como sospechoso, sino por el contrario se apreció en conjunto con las demás pruebas, motivo por el cual esta S. no constata, el yerro de apreciación que le endilga el casacionista.

En cuanto al quinto motivo que sustenta la primera causal el recurrente señala que el Segundo Tribunal Superior al conferirle valor probatorio a la declaración de G.C. quien hace imputaciones contra el procesado en su denuncia visible a fojas (fs.1-3) y ampliación de denuncia (fs.23-27) para acreditar la responsabilidad del señor J.B. comete error, dado que se trata de un testimonio unitario, que de acuerdo a la ley no puede por sí solo formar plena prueba de la circunstancia indicada, aunado a que al tenor del artículo 909 numeral 4, se trata de una testigo que tiene un interés directo en el resultado del proceso.

Por su parte, la señora Procuradora General de la Nación indica que en relación a este motivo, tampoco se materializa el vicio de valoración alegado, pues la violencia patrimonial, física y psicológica que padecía la víctima y demostrada en juicio y que ha sido respaldada por pluralidad de testimonios y otros elementos de convicción, descartan la posibilidad de que el Tribunal de Segundo Grado haya apreciado su versión como un testimonio unitario, así como a desaprobar que su versión de los hechos constituya un testimonio con un interés directo en el resultado del proceso, sino que se trata de la víctima del proceso penal, que según la Ley No.31 de 28 de mayo de 1998, se describe como la persona que individual o colectivamente, haya sufrido daños, incluida las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la perdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales.

En tanto, sobre la declaración de la denunciante G.C., el Tribunal de Alzada estableció:

Así las cosas se cuenta con el señalamiento que G.C. realiza contra su ex esposo J.B. como la persona que la agredía física, verbal y psicológicamente, versión que mantiene en ampliación de su denuncia… Agrega la denunciante que el último incidente fue el 1 de septiembre de 2007 cuando la golpeó en la cabeza, en los brazos y en la barriga (fs.1-2)

(fs.729-730)

En cuanto al señalamiento del censor, relacionado a que el testimonio de la víctima es unitario y por sí solo no puede formar plena prueba, considera la S. que este testimonio por su contenido evidencia principalmente la ocurrencia del ilícito, lo que dio inicio a las investigaciones con el fin de corroborar su dicho y el señalamiento contra su esposo, investigaciones que al ir desarrollándose, dan como resultado la vinculación de J.B.A. con el delito de violencia doméstica.

Los señalamientos brindados por la denunciante encontraron respaldo en el Informe de Evaluación Psicológica Mayor (fs.193-194) que le practicó en el Instituto de Medicina Legal el 27 de noviembre de 2007, en el cual G.C. relató cómo su esposo la maltrata física y psicológicamente concluyendo la psicóloga forense D.D.S. que la paciente presentó afectación emocional, consistente en que experimenta sentimientos de timidez y vergüenza, tristeza, desánimo e impotencia, acompañada de miedo de perder su autonomía y refleja baja autoestima.

De igual manera con relación al señalamiento sobre el último incidente de violencia padecido por G.C. el 1 de septiembre de 2007, donde señaló que su esposo la golpeó en la cabeza, en los brazos y en la barriga, los efectos de este relato lo encontramos en el examen de Medicina Legal practicado por el Médico Forense, D.I.B. que en cuanto a los hechos ocurrido, el 2 de septiembre de 2007 certificó que G.C. presentó E. de coloración violácea en región occipital derecha que mide 1cm.x0.8cm, E. de coloración verdosa en cara antero lateral de 1/3 medio del brazo izquierdo que mide 6.5cmx8 cm., E. de coloración verdosa en cara dorsal del 1/3 distal del brazo izquierdo que mide 3cmx4cm, E. de coloración verdosa en dorso de la mano izquierda que mide 2cmx2.3cm, E. de coloración violácea localizada en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen que mide 2cmx2.5cm, y se le concedió una incapacidad definitiva de ocho (8) días a partir del día del incidente, de dichas lesiones se aprecian vistas fotográficas a folio 213.

Se evidencia el maltrato patrimonial denunciado por la víctima, mediante la Nota No.255/07 C.B.V. de 5 de octubre de 2007 (fs.41-43) de la Corregiduría de Bella Vista la cual certifica que al llegar el inspector del despacho con la señora G.C. al apartamento 11-A del Edifico El rey, ubicado en Calle 53, el Cangrejo, la señora utilizó sus llaves y no pudo entrar al apartamento, lo que demostró que le habían cambiado las cerraduras de su casa, además de Acta de compromiso de Entrega de bienes y demás pertenencias de la señora Carrera y sus hijas menores de edad (fs.126) en el cual el abogado de J.B. se compromete a entregar pertenencias retenidas en la casa donde habitaban estas y a la cual no pudieron entrar, pues J.B. cambió las cerraduras con el fin de sacarlas del hogar.

En definitiva este testimonio fue apreciado integradamente, en su justa dimensión, y conforme a las máximas de la sana crítica, y no puede ser considerado un testigo unitario con interés en el proceso pues su dicho fue corroborado por pruebas idóneas practicadas en el transcurso de las investigaciones.

En el sexto y último motivo que sustenta la primera causal el recurrente señaló que el Tribunal otorgó pleno valor probatorio para acreditar la responsabilidad de J.B. al examen médico legal visible a folio 33 efectuado por la Doctora Ditzia Bonilla, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, así como a las vistas fotográficas visibles a folio 213 y al examen médico legal de psicología visible a folio 193-194, a pesar que las mismas carecen de valor probatorio pues no fueron ratificadas ni en la fase de instrucción ni durante el plenario.

Sobre este sexto motivo la señora Procuradora General de la Nación señala que no se materializa el cargo de injuridicidad establecido por cuanto los expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que apoyaron al juez con su conocimiento especializado no se ratificaron durante el proceso penal; no obstante la ley procesal dispone que estos mantienen plena validez en caso de que las partes del proceso no hayan solicitado su examen ante el juez, con la finalidad de repreguntarlos o interrogarlos sobre los contenidos de los dictámenes periciales.

Sobre los peritajes catalogados como mal apreciados el Tribunal de Segunda Instancia señaló:

Las agresiones físicas denunciadas por G.C. encuentran sustento en la evaluación médico legal realizada a ésta… visible a folio 33. Así mismo se cuenta con las vistas fotográficas en las cuales se aprecian los moretones que mantenía G.C. al momento de ser evaluada el 5 de septiembre del 2007. (fs.213)

Sumado a lo anterior consta evaluación psicológica forense realizada a G.C. de B., en donde se observa que la denunciante narra los mismos hechos denunciados y de los cuales refiere ser víctima, además en esta pericia se determina afectación psicoemocional...

Aprecia la S. que se trata del Informe de Evaluación Psicológica Mayor (fs.193-194) que se le practicó en el Instituto de Medicina Legal el 27 de noviembre de 2007, en el cual G.C. relató cómo su esposo la maltrata física y psicológicamente concluyendo la psicóloga forense D.D.S. que la paciente presentó afectación emocional, el examen de Medicina Legal practicado por el Médico Forense, D.I.B., el 2 de septiembre de 2007, quien certificó que G.C. presentó lesiones en varias partes de su cuerpo. (equimosis) y las vistas fotográficas visibles a folio 213, que evidencian dichas lesiones.

Sobre el particular es necesario traer a colación el artículo 980 del Código Judicial que trata sobre la Prueba Pericial y el Valor del Dictamen Pericial, esta norma señala:

Artículo 980. La fuerza del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso.

Este artículo de la norma adjetiva, deja claro que los dictámenes periciales como los que alega el recurrente mal valorados, serán apreciados por el Juez tomando en consideración varios elementos indispensables como son: los principios científicos, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos y los otros elementos de convicción que ofrezca el proceso.

Lo anterior se cumple, pues estos informes fueron elaborados por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, institución que es referencia nacional en materia de medicina legal y ciencias forenses, entidad pública, adscrita al Ministerio Público, cuya misión fundamental es brindar asesoría científica y técnica a la administración de justicia en lo concerniente al análisis, a la evaluación, a la investigación y a la descripción científica o médico-científica de los hallazgos y las evidencias médico-legales (Ley 34 del 8 de mayo 1973) las opiniones de los galenos están basadas en experiencia y son expertos en su campo, y sus comentarios son coherentes y concuerdan con el resto del material probatorio existente en el proceso, motivo por el cual fueron valorados en su justa medida, pues son veraces.

De igual forma el artículo 2244 del Código Judicial señala sobre el examen de los testigos lo siguiente:

Artículo 2244. El testigo, perito o intérprete, debidamente citado, que no concurra al tribunal sin causa justificada, será sancionado con multa de veinticinco balboas (B.25.00) a cien balboas (B.100.00), la cual será impuesta por el presidente de la audiencia.

Las declaraciones dadas en el sumario conservarán su fuerza probatoria en el plenario, sin necesidad de ratificación, salvo que alguna de las partes pida ésta con el objeto de repreguntar al testigo.

Las normas antes transcritas, confirman a la S., que la no ratificación por parte de los Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal que realizan las pruebas médicas a la víctima del delito, no es causal para excluir dichos peritajes y sus conclusiones y catalogarlos como carentes de valor probatorio, ni faltos de eficacia jurídica, pues la norma señala que la fuerza probatoria de dichos peritajes será estimada por el juez en virtud de la ocurrencia de algunos elementos fundamentales que menciona la norma (art.980) los cuales se cumplen a cabalidad en éste caso, tal cual se señaló en párrafos anteriores.

De la misma forma lo consignado por los peritos en sus informes Médicos Legales, conservan fuerza probatoria sin necesidad de ratificación, a menos que alguna de las partes la solicite y como el recurrente no lo pidió en la fase de instrucción ni en el plenario mantiene la fuerza conferida por el juzgador, además que fueron catalogadas como bien apreciadas por el Ad Quem al momento de analizar el anterior motivo, pues confirman la versión de la víctima y acreditan la participación de J.B. en el hecho investigado.

En consecuencia, no se comprueban los cargos de injuridicidad atribuidos al fallo de segunda instancia, mediante los motivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto los cuales sustentan la primera causal.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, considera la S. que, toda vez que reiterada jurisprudencia de esta Corporación de Justicia ha establecido que, tratándose de una causal de naturaleza probatoria, la violación de la ley sustancial penal se produce de manera indirecta, es decir, luego de haberse comprobado la vulneración de reglas de apreciación contenidas en las normas adjetivas que las establecen, el hecho de no haberse evidenciado los vicios de ilegalidad ensayados, no es posible afirmar con toda certeza que se ha producido la infracción de normas adjetivas contentivas de criterios de apreciación probatoria, y por ende, tampoco se acredita la violación indirecta de la ley sustancial penal, razón por la cual, deviene innecesario el análisis correspondiente a la sección del recurso, destinada a la infracción de disposiciones legales y el concepto en que lo han sido.

SEGUNDA CAUSAL:

El recurrente invoca como segunda causal de fondo, error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia e implica infracción de la ley sustancial penal. (fs.755)

Es oportuno destacar que el error de hecho, de acuerdo a la doctora Aura Emérita Guerra de V., tiene lugar cuando: "....el tribunal de segunda instancia ignora y por tanto no considera, no le asigna valor alguno a los elementos probatorios materialmente incorporados al proceso como pieza de convicción." (F.P.J. y Guerra de V.A.E., Casación y Revisión Civil, Penal y Laboral, sistemas Jurídicos, S.A., 2001, página 268)

Teniéndose este marco de referencia, procede la sala a verificar los motivos aducidos por el censor en esta segunda causal. Debe tenerse en mente que el error de hecho debe ser tal que incida sobre el fondo de lo resuelto en el fallo impugnado.

Una lectura de la sentencia impugnada, pone de manifiesto que las diligencias enunciadas por el casacionista, en sus nueve motivos, trae al escenario jurídico algunas piezas que no fueron apreciadas por el Tribunal Ad-Quem; por lo que corresponde a este Tribunal de Casación, analizarlos para comprobar el vicio de injuridicidad endilgado.

Al observarse que los motivos enunciados por el casacionista, en esta segunda causal, guarda relación entre sí, se procederá a realiza su análisis en conjunto.

En el primer motivo el recurrente señala que el cargo de injuridicidad consiste en la no valoración del testimonio en el acto de audiencia del señor J.B.A., cuando el mismo se ratifica de su declaración jurada (fs.345-348) rendida ante la Notaría Segunda de Circuito de Panamá, donde desvirtúa los cargos esgrimidos en su contra por la denunciante. Este motivo guarda relación con el sexto en el cual el recurrente señala que no se estimó como elemento probatorio la Escritura Pública de la Notaria Segunda de Circuito visible de folio 345 a 348, donde consta la declaración jurada del señor J.B..

Sobre estos motivos la señora Procuradora General de la Nación señaló, que no se comprueba el cargo pues la sentencia consideró el testimonio de J.B., en el sentido de que su manifestación de inocencia no encuentra respaldo en los elementos incorporados al proceso.

Aprecia la S. que el A Quo con relación a las pruebas que según el recurrente no fueron apreciadas señaló lo siguiente:

En cuanto a la valoración del testimonio de J.B., se debe señalar que su manifestación de inocencia no encuentra respaldo en los elementos probatorios incorporados al proceso, a más de que si bien su representante señala que éste era quien padecía de violencia física y psicológica por parte de G.C., ello no le resta responsabilidad en la causa penal en cuestión, en donde quedó evidenciado la existencia de agresiones físicas y psicológicas en perjuicio de G.C., las cuales le eran proferidas por su esposo J.B..

Siendo así, la S. no comparte el cargo de injuridicidad esgrimido por la defensa técnica en el primer y sexto motivo que sustenta la segunda causal, pues considera que el fallo impugnado sí ponderó la declaración rendida por J.B.A., al concluir que su declaración de inocencia no es cónsona con las pruebas incorporadas al proceso y que evidencian la existencia de agresiones físicas y psicológicas contra la víctima, ponderación que el juzgador Ad-quem le otorgó a tal testimonio, y considerado por la S. acertado por cuanto fue apreciado en virtud de las máximas de la sana crítica y en conjunto con el resto del caudal probatorio tal cual se señaló en la causal antes analizada que guarda relación con este testimonio, por lo que mal podría hablarse de un error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Por tanto, nos oponemos al cargo que se endilga en el primer motivo.

En el Segundo motivo el recurrente señala que el Ad Quem no tomo en cuanta la declaración de D.C., S.B. y el D.A.S., y de igual forma en el noveno motivo que sustenta esta causal el recurrente vuelve a señalar que no consideró ni estimó la deposición rendida por el D.A.S..

Con relación a estos motivos la señora Procuradora señala que como se ha indicado la declaración del D.A.S. (fs.185-186), lejos de demostrar que J.B. no incurría en acciones de violencia doméstica, sirvieron de apoyo al tribunal para fundamentar su responsabilidad penal, pues sostuvo que al atender a J.B. este le decía que tenía problemas familiares.

El recurrente señala que no se consideró el testimonio de D.C. y S.B., en vista de esto analizaremos dichos testimonios con el fin de determinar si su valoración logra ser de tal transcendencia que incida sobre el fondo de lo resuelto en el fallo impugnado.

Se aprecia que los testimonios que señalo el recurrente como no valorados no logran en su conjunto desvirtuar la decisión acertada del A quo de considerar responsable al justiciable, pues a pesar de que los mismos señalan que J.B. no era el agresor, sino; que era el agredido, situación que muchas veces a su dicho pudieron presenciar, dichos señalamientos no enervan la fuerza de las demás pruebas existentes en autos que demuestran sin lugar a dudas que G.C. era víctima de violencia física y psicológica, como los informes del Médico Forense, Informe de Psicólogo Forense, Informe de Psiquiatría Forense, vistas fotográficas de los golpes que mantenía en el cuerpo la víctima, entre otros, máxime que la presencia de estas personas en el hogar no era diaria con el fin de acreditar que la situación siempre era de la manera que señalan al rendir sus testimonios.

Con relación al testimonio del D.A.S. esta S. ya analizó dicho testimonio al referirse al cuarto motivo de la primera causal, señalando que su valoración es acertada, por lo que no se configura el grado de injuridicidad esgrimido por la defensa técnica.

En el tercer motivo de esta causal el recurrente alega que no se valoró el testimonio de E.G. visible de foja 257 a 258 y el testimonio de Z.B. visible a folio 260, acreditándose en ambas declaraciones que el agresor no lo era el señor J.B. sino la señora G.C..

La señora Procuradora señala que no prosperan los cargos de injuridicidad ensayados por el casacionista en este motivo por cuanto el testimonio de E.G. y el testimonio de Z.B., no logran desvirtuar el cúmulo de pruebas científicas contra el procesado.

Con relación al testimonio de la señora Z.B., hermana del acusado J.B. esta señala en su declaración jurada a pesar que no vive en Panamá, cuando estaba de visita en casa de su hermano en varias ocasiones veía como su esposa G.C. lo maltrataba físicamente, lo cacheteaba, le decía insultos y palabras soeces, y que su hermano jamás arremetió contra ella pues él es un caballero. Este testimonio por sí solo no es desvirtúa las demás pruebas que reposan en autos y no incide sobre el fondo de lo resuelto.

Por su parte E.G., en su testimonio señala de igual forma que J.B. nunca agredió físicamente a G.C., sin embargo, tal como lo señaló el Ad Quem al momento de apreciar dicho testimonio a folio 732 del expediente, esta testigo sí dice que escuchó que J.B. le decía a G. que ella no servía y escuchó también, cuando la largaba del apartamento, lo que evidencia que la testigo no presenció agresiones físicas contra la victima pero sí agresiones verbales y psicológicas.

Siendo entonces que se comprueba que el testimonio controvertido fue dilucidado por el tribunal de segunda instancia, no observamos que se haya acreditado por parte del recurrente, el error argumentado.

El cuarto, quinto, séptimo y octavo motivo, los cuales se relacionan entre si se refieren a documentos aportados por la defensa y relacionados con procesos administrativos, judiciales y de familia sobre hechos de violencia doméstica donde las partes son J.B. y G.C., entre estas Sentencia No.17-11 del 25 de enero de 2011, proferida por el Juzgado Undécimo de Circuito Penal, Sentencia No.828 del Juzgado Primero Seccional de Familia, Copias autenticadas del proceso penal seguido contra R.Á. en el Juzgado Segundo Municipal Penal y Resolución del 3 de enero del 2006, emitida por el Juzgado Nocturno de Policía, señalando el recurrente que no fueron apreciados por el Ad Quem, lo que se deduce en error de hecho.

Por su parte la señora Procuradora con relación a estos motivos indica que estos cargos de injuridicidad se refieren a elementos de prueba que resaltan circunstancias distintas a los hechos de violencia doméstica psicológica y física juzgados, que aunque versen sobre las mismas partes enfrentadas en la presente causa, en nada merman la fuerza de los elementos de prueba que valorados de manera concatenada, en empleo del principio de la unidad de la prueba, evidencian de manera fehaciente que G.C. era víctima de violencia por parte de su esposo.

En efecto, aprecia la S. que los cargos de injuridicidad alegados se refieren a documentos sobre procesos de la jurisdicción de familia, administrativo, y de un Juzgado Municipal Penal llevados a cabo antes de la instrucción de éste sumario, que si bien se refieren a hechos donde son parte J.B. y G.C. para nada deben ser vinculantes a este proceso por cuanto no desvirtúan las pruebas que se practicaron y que dieron como resultado la vinculación de J.B. al delito denunciado, concepto al que acertadamente arribó el Ad Quem pues a pesar de la existencia de estos elementos de prueba que no fueron apreciados en su conjunto, luego de ser analizados por esta S. no son lo suficientemente fuertes para cambiar el sentido del fallo pues no guardan relación con los hechos denunciados e investigados.

Por ende, a nuestro juicio, no se logra desprender el cargo de injuricidad alegado por el recurrente; de modo que, el análisis de las normas infringidas no es necesario, pues, al no desprenderse cargos de injuricidad, mal puede existir vulneración a las normas adjetivas señaladas en el recurso.

Por estas razones, se concluye que no existe posibilidad de que el fallo recurrido sea casado en virtud de ninguna de las dos causales de fondo empleadas por la recurrente, en razón de lo cual, se procede a dictar el pronunciamiento jurisdiccional, en consecuencia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 2da No.60 del 16 de abril del 2013, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que confirmó la sentencia de primera instancia No.133-11 del 31 de octubre de 2011, dictada por el Juzgado Décimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del proceso penal seguido contra J.B.A., por delito de Violencia Doméstica, en perjuicio de G.C..

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 2446 del Código Judicial.

Notifíquese Y DEVUÉLVASE

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

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