Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Abril de 2003

PonenteJosé A. Troyano
Fecha de Resolución 9 de Abril de 2003
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Mediante auto de 6 de septiembre de 2002, esta S. admitió el recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por la firma forense V. &V., en nombre y representación de G.E.A. DE BOLÍVAR y N.A.A.O., dentro del proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva de dominio que le sigue D.T.Q. a G.M. DE AYALA Y OTROS.

El recurso se interpuso contra la sentencia de 7 de mayo de 2002, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revocó la sentencia Nº 15 de 26 de marzo de 2001, dictada por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, que no accedió a las declaraciones pedidas en las demandas ordinarias de prescripción adquisitiva de dominio presentada por D.T.Q. contra G.M.D.A., C.G.A.M., N.A.A.M. y otros herederos declarados del causante N.A.A. (q.e.p.d.), y la interpuesta por D.T.Q. contra N.A.A.O., heredero declarado de N.A.A. (q.e.p.d.).

Dicho fallo Circuital también declaró no probado el incidente de nulidad presentado por NÉSTOR ANTONIO AYALA OLMEDO dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva promovido por D.T.Q. contra N.A.A.O.; declaró no probada la excepción de carencia de acción del actor para prescribir, incoada por la parte demandada, y compensó las costas entre las partes.

Por su parte, la sentencia recurrida en casación, además de revocar la sentencia primaria, declaró:

PRIMERO

que D.T.Q. ha poseído de manera pública y pacífica, por más de 20 años ininterrumpidos y con ánimo de dueño, una porción de tierra descrita a continuación, de conformidad con los planos confeccionados por los peritos F.M. y E.A.;

SEGUNDO

Que la posesión ejercida por D.T.Q. sobre la porción la finca pre-descrita, le otorgan el derecho de adquirirla mediante prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio; y,

TERCERO

Ordenó a la Dirección General del Registro Público que segregara el lote descrito en los dos puntos anteriores, para que formara una finca aparte y que una vez inscrito como finca aparte, cancelara la inscripción a nombre de su propietario actual, señor N.A.A.E. (q.e.p.d.) e inscribiera la nueva finca a nombre de D.T.Q., por haberla adquirido por prescripción extraordinaria de dominio, y liberó del pago de costas a los demandados, quedando responsables sólo del pago de los gastos del proceso, a liquidar por la Secretaría del a-quo.

Agotada la fase de admisibilidad, y precluído el término de alegatos, que sólo fue utilizado por el recurrente, procede dictar la sentencia de mérito, previas las siguientes consideraciones.

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

Se trata de un recurso de casación mixto, en la forma y en el fondo, por lo que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1192 (antes 1177) del Código Judicial, la Sala procederá a analizar primeramente la causal en la forma, y después, de ser necesario, resolverá las causales en el fondo.

La causal en la forma consiste en "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley."

Dicha causal se sustenta en dos motivos, a saber:

Primer motivo: D.T.Q. presentó demanda ordinaria declarativa sobre prescripción adquisitiva de dominio en contra de N.A.A.O., visible de fojas 30 a 33 del expediente, en calidad de heredero declarado del causante N.A.A. (Q.E.P.D.). Toda vez que el demandante manifestó, bajo gravedad de juramento por disposición de la ley, que desconocía el paradero del demandado, se procedió a su emplazamiento por medio de edicto. Una vez que el demandado N.A.A. tuvo conocimiento de la existencia del proceso instaurado por D.T.Q. en su contra, compareció en debida forma al proceso, e impugnó a través de una incidencia de nulidad, visible de fojas 209 a 212 del expediente, la afirmación de desconocimiento o ignorancia del paradero efectuada por el demandante, y suministrando prueba documental de esta situación, la cual es visible a fojas 213 del expediente. El juez a-quo procedió a la admisión de la incidencia de nulidad planteada, a través de la resolución de 22 de abril de 1999, visible a fojas 214 del expediente. Pero en vez de decidir la incidencia planteada de conformidad con la ley adjetiva, resolvió el incidente de nulidad planteado al momento de proferir su sentencia de primera instancia, la cual es visible de fojas 226 a 239, declarando la misma no probada; ello en contravención a claras disposiciones procedimentales que establecen el término y el momento procesal dentro del cual deben resolverse las incidencias de este tipo que se le planteen. De haber resuelto el a-quo el incidente de nulidad planteado de conformidad al trámite previsto en la ley, se hubiese decretado la nulidad de la notificación, y el demandado N.A.A.O. hubiese podido oponerse a las pretensiones del demandante y aducir las pruebas pertinentes. Al proceder el a-quo, como lo hizo, incurrió en error in procedendo, omitiendo un trámite que es considerado esencial por la ley, toda vez que afecta el principio de oportunidad y defensa de todo demandado para oponerse a las pretensiones del recurrente.

Segundo motivo: El Primer Tribunal Superior de Justicia, en funciones de ad-quem, adquiere la competencia del presente negocio al impugnarse la sentencia de grado por medio del recurso de apelación, tal como puede apreciarse a fojas 239 (vuelta) y 241 del expediente. De fojas 293 a 302 del expediente obra visible escrito de oposición a la alzada, presentado por los demandados. Y de conformidad con lo dispuesto para este tipo de situaciones, se presentó reclamación oportuna en cuanto a señalar el error in procedendo de la resolución de grado, con el epígrafe 'errores in procedendo de la sentencia recurrida', que era reiterativa de lo expuesto en el escrito de alegato de conclusión, visible de fojas 190 a 199 del expediente, bajo el epígrafe 'petición previa importante'. Con ello el tribunal ad-quem infringe la norma adjetiva que sirve de fundamento a la causal invocada, toda vez que incurre en el mismo error del a-quo, por no ejercer los mecanismos de saneamiento procesal previstos para situaciones en que se haya pretermitido alguna fase procedimental que pueda acarrear la nulidad en la tramitación, como es el supuesto que nos ocupa al convalidar lo actuado por el tribunal de grado en cuanto a resolver un incidente de nulidad en la sentencia de grado, cuando el mismo debió ser resuelto dentro de la tramitación del cuadernillo incidental de nulidad, toda vez que su resultado hubiese podido determinar la variación en una dirección distinta del proceso que nos ocupa, ya que el demandado N.A.A.O. hubiera estado en condiciones de ejercer su defensa mediante las pruebas que hubiese estimado pertinentes.

En otro sentido, el casacionista expuso como normas infringidas, con la explicación de cómo lo han sido, los artículos 704, 697, 703 y 1151 del Código Judicial.

CRITERIO DE ESTA SALA

La Sala advierte que los dos motivos que fundamentan la causal, participan del mismo cargo de injuridicidad; el primer motivo establece el origen del cargo, en primera instancia, y el segundo lo complementa formulando el cargo en sí, pudiendo considerarse como único cargo de ilegalidad de esta causal, que el Tribunal de segundo grado, al no sanear en apelación, la omisión del Juzgado Circuital de resolver el incidente de nulidad dentro de los 3 días de contestado el traslado del incidente de nulidad, sino en el fallo, por influir la decisión de ese incidente en la sentencia, por razón de que el demandante mintió al afirmar bajo juramento que desconocía su paradero, cuando presentó sus demandas.

Aunque no fue invocado como violado en el recurso de casación, la Sala estima necesario para entablar adecuadamente el análisis, contemplar lo normado por la causal de nulidad de los procesos civiles, contenida en el numeral del artículo 733 del Código Judicial.

El numeral 4º del artículo 733 se refiere a la causal de nulidad común a todos los procesos, consistente en no haberse notificado al demandado la providencia que acoge la demanda y ordena su traslado, en los procesos que exigen ese trámite.

Es menester para esta S., dictaminar si le asiste la razón al recurrente al considerar que no se cumplió el trámite de su notificación debidamente, al afirmar el demandante que desconocía su paradero, lo que produciría la nulidad de todo lo actuado a partir del traslado de la demanda.

En este sentido, la lectura del expediente revela (fs. 207-212) que el demandado N.A.A.O. se presentó al proceso el día 20 de abril de 1999, mediante la presentación de poder otorgado a la firma ahora recurrente, y del incidente de nulidad que originó el presente recurso de casación en la forma.

Al momento de la aparición del casacionista en el proceso, ya había transcurrido el término para la contestación de la demanda, se había acumulado su proceso a otro similar interpuesto anteriormente por el demandante, y se habían abierto los tres primeros períodos de pruebas (edicto de la providencia de 2 de febrero de 1999 -f. 58- desfijado el 5 de febrero de 1999 -f. 59 rev.) dos meses y 15 días antes de su comparecencia al proceso.

El cuarto período probatorio fue abierto por treinta (30) días, previo vencimiento de los períodos de pruebas, contrapruebas y objeciones a las mismas, declarado mediante providencia de 28 de febrero de 2000 (f. 101), y cuyo edicto fue desfijado el 3 de marzo de ese año (f. 102 rev).

En fin, a juicio de la Sala, no se produjo la causal de nulidad contenida en el numeral del artículo 733 del Código Judicial, toda vez que consta en el dossier que el casacionista N.A.A.O. fue representado en ausencia por la Licda. A.P. de C., hasta su comparecencia al proceso, luego de iniciado el período probatorio, cuando le revocó el poder tácitamente al otorgárselo a la firma forense V. &V., lo que determina que no estuvo en estado de indefensión, que es la razón de ser del numeral del artículo 733 del Código Judicial.

Ahora bien, el casacionista consideró violado el artículo 703 de la Excerta Procedimental, que a la letra dice:

703. (692) Los incidentes no interrumpen el curso del proceso ni ninguno de sus términos, salvo que su resultado pueda influir en la decisión, caso en el cual el término para dictar sentencia no comenzará a contarse sino desde que el incidente sea resuelto.

Los incidentes cuyos resultados no influyen en la decisión, que no estuvieren fallados al tiempo de dictarse sentencia, serán declarados desiertos.

La violación de esta norma ocurrió, según el recurrente, porque se dictó la sentencia sin haberse resuelto el incidente que motiva este recurso; ya que el incidente se fundaba en un hecho que influiría en la sentencia, y ello fue secundado por el Primer Tribunal Superior en su fallo venido en casación.

Advierte la Sala que, según el artículo 703 ibídem, es necesario que la decisión del incidente influya en la decisión para que interrumpa el proceso, caso en que no se puede dictar la decisión final mientras no se resuelva dicho incidente.

A contrario sensu, los incidentes que no influyan en la decisión, y que no se hayan decidido al dictarse el fallo, deberán ser declarados desiertos en las sentencias.

En el presente caso, el incidente de nulidad por falsedad del demandante al afirmar bajo juramento que ignoraba el paradero del demandado, no influye en la sentencia, porque su concesión tendría como efecto la nulidad de la actuación hasta el traslado de la demanda, reiniciándose el proceso a partir de ese momento procesal, lo que no necesariamente significa que la decisión sería distinta a la alcanzada, es decir, no estamos frente a un incidente cuya solución influye o causa efectos en la decisión de fondo.

En consecuencia, no era imperante para la Juzgadora primaria resolver ese incidente antes de la sentencia.

El otro aspecto señalado por el actor sobre la violación de esta norma es que, de ser el incidente de marras de los que no influye en la sentencia, entonces la Juez primaria debió declararlo desierto, por no influir su decisión en la sentencia.

En este caso, le asiste la razón al recurrente, en el sentido de que lo que procedía era declarar desierto el incidente en cuestión; empero, es el criterio de la Corte que el efecto de lo actuado es el mismo, dado que al negarlo la a-quo (como lo hizo) o al declararlo desierto, no prospera esa pretensión y no tiene influencia alguna en la sentencia, puesto que ello no constituye un vicio que produciría un fallo inhibitorio o la nulidad del proceso.

En consecuencia, no fue violado el artículo 703 (692) del Código Judicial.

El recurrente también denunció la violación del artículo 704 del Código Adjetivo, que dice:

"704. (693) Todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días y si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días.

Contestado el traslado, cuando el punto sea de puro derecho o terminado el término por el cual se abrió a pruebas el incidente, el juez lo decidirá dentro del tercer día.

Cuando se pidan pruebas en un incidente, el actor deberá aducirlas en el mismo escrito en que lo promueva y la contraparte, en la contestación al traslado.

Las notificaciones de incidentes se surtirán mediante edicto." (Subraya de la Corte)

El actor conceptuó la violación de esta norma, en el sentido de que se acreditó en el expediente la presentación en tiempo oportuno del incidente de nulidad que nos ocupa, y que, pese a imprimirle la Juzgadora primaria el trámite correspondiente, no lo decidió en tiempo oportuno sino que postergó dicha decisión hasta la sentencia.

No le asiste la razón al recurrente, porque ya hemos señalado que, por no influir el incidente de nulidad en la sentencia, no le era aplicable el término de tres días que establece la norma para que el juez falle y además, no es causal de nulidad, ni crea estado de indefensión, el no resolver dentro del término que señala la ley.

Por lo tanto, no prospera esta acusación contra la sentencia venida en casación.

También se esgrimió la violación del artículo 697 ibídem, que reza de la siguiente manera:

"697. (686) Son incidentes las controversias o cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y que requieren decisión especial."

La presunta violación de esta norma consiste en que, presentado oportunamente el incidente como cuestión accidental o controversial que debía ser debatida en el transcurso del proceso, no fue resuelto mediante decisión especial revestida en forma de auto.

Que, si la J. lo hubiera decidido a tiempo, habría permitido al actor apelar dicha decisión ante el ad-quem, por lo que se pretermitió un trámite esencial del proceso.

Considera la Sala que esta aseveración del recurrente no es cierta, ya que este sí apeló de la sentencia que a la vez resolvía el incidente, apelación esta que consta a fojas 241 del expediente y que limitó por propia voluntad "a la no imposición de costas en contra de la parte demandante", dejando a un lado el tema de fondo del incidente que le había sido negado por falta de pruebas.

Por otra parte, si aceptásemos en vía de discusión que no se le permitió apelar como afirma el recurrente, que como vimos, no es cierto, tal omisión, después de notificarse de la sentencia su apoderado, no constituiría pretermisión de un trámite indispensable para fallar de los que como por su importancia sin ser limitativo, por supuesto, señala el artículo 1151 del Código Judicial, de la siguiente manera:

"1151. (1136) ....

Se considerarán como formalidades indispensables para fallar, entre otras, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requiere este trámite, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente."

Como ya señalamos, en este caso sí se dio el traslado de la demanda, y con respecto a la falta de notificación del auto que decide el incidente, que no se dictó por haberse incluido su decisión en la sentencia, ello no constituye omisión de una formalidad que cause nulidad ni incide en lo dispositivo del fallo, por lo que la omisión que nos ocupa no puede ser considerada dentro de los trámites indispensables contenidos en esta norma.

Es por ello que la presunta violación del artículo 697 del Código Judicial corre la misma suerte de la denuncia contra la norma anterior, porque ésta define los incidentes de manera genérica, pero como hemos visto, hay normas más específicas que determinan su tramitación, como el artículo 703, que señala un trámite diferente para los incidentes cuya decisión no inciden en las sentencias, de los que sí lo hacen.

La "decisión especial" que requieren los incidentes a que se refiere el artículo en comento, puede ser vertida en un auto antes de que se dicte la sentencia del caso (incidentes que afectan la decisión), pero también pueden ser declarados desiertos en la sentencia (cuando no afectan la decisión y no se han resuelto al momento de sentenciar el juzgador), como en el caso que nos ocupa, en el que la juzgadora de primera instancia resolvió en la sentencia el incidente, declarándolo no probado, acto procesal éste que culminó el proceso en dicha instancia, la cual se desarrolló con la comparecencia de las partes y sus apoderados, por lo que no se produjo ningún estado de indefensión respecto a ellas.

Por ello (como ya hemos expresado) era facultad del juzgador resolver el incidente antes de dictarse la sentencia, razón por la que no le asiste la razón al actor.

Finalmente, la causal bajo estudio también se sustentó en la supuesta violación del artículo 1151 del Código Judicial, sobre saneamiento, al cual nos referimos en líneas anteriores, que sostiene lo siguiente:

"1151. (1136) Una vez que el expediente llegue en apelación o en consulta ante el Tribunal Superior, éste examinará los procedimientos y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad o trámite o se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad de las actuaciones y ordenará que se reasuma el curso normal del proceso. En caso de que sea absolutamente indispensable devolverá el expediente al juez del conocimiento, con indicación precisa de las omisiones que deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que imponga si hubiere mérito.

Se considerarán como formalidades indispensables para fallar, entre otras, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requieren este trámite, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente." (Subraya de la Corte)

Esta norma, que es la que realmente atribuye al fallo de segundo grado el cargo de injuridicidad que nos ocupa, fue presuntamente violada por el ad-quem, porque la omisión de los trámites procesales previstos en la ley y advertido por las partes, constituyen error in procedendo, que fue cometido por los juzgadores de ambas instancias, quienes no los subsanaron pese a haber sido advertidos.

Ya ha indicado la Sala que, por no ser el incidente de nulidad propuesto por el recurrente de los que inciden en la decisión final, y además de que lo alegado no se trata de una formalidad indispensable para fallar que haya causado efectiva indefensión; en opinión de la Sala, no se ha configurado la violación de la disposición alegada.

En consecuencia, no prospera el cargo de injuridicidad ni la causal en la forma del presente recurso de casación, por lo que en base a lo normado por el artículo 1168 del Código Judicial, se procederá a resolver el recurso en el fondo.

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

El recurso de casación en el fondo consta de 2 causales, cuya primera es "Infracción de las normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Dicha causal se sustenta en 6 motivos, a saber:

Primer motivo: El Primer Tribunal Superior de Justicia, al pronunciar el fallo impugnado, visible de fojas 304 a 319, al apreciar la prueba testimonial incorporada por el demandante, consistente en las deposiciones de cuatro testigos, se aparta de la apreciación del a-quo por estimar que solamente dos, de los cuatro testimonios incorporados al proceso, pueden ser considerados sospechosos. Ello por cuanto que considera que con el testimonio de TEMISCOCLES MUÑOZ y CATALINO HERRERA DE LA CRUZ, se configura adecuadamente la prueba testimonial. Al apreciar la prueba testimonial de esta manera, el Tribunal ad-quem incurre en error in judicando, por cuanto a fojas 138 el testigo T.M. afirma que los hechos que le constan es en realidad de ser trabajador del demandante. En su turno, C.H. DE LA CRUZ manifiesta que 'yo mismo he trabajado para él' (fojas 144). Con estas afirmaciones, se configura la situación de sospechoso de estos testimonios, que conjuntamente con los otros dos, le resta fuerza probatoria a la prueba testimonial, produciéndose así, una infracción de normas sustantivas que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia de segunda instancia, toda vez que de haber valorado correctamente la prueba testimonial el fallo hubiera favorecido a los demandados, al no accederse a las pretensiones de la parte demandante.

Segundo motivo: La sentencia impugnada, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, visible de fojas 304 a 319, incurre en error in judicando al establecer que los testimonios de T.M. y CATALINO HERRERA DE LA CRUZ son consecuencia de percepción directa de los hechos por parte del declarente, apartándose de las constancias probatorias existentes en el proceso. Ello por cuanto que a la hora de establecer su lugar de residencia o domicilio, éstos testigos indicaron que es 'residente en Calle Piñalito Barrio Colón, casa 3494 La Chorrera', (fojas 137), el primero; y 'residente en Corregimiento Feullet del Distrito de La Chorrera, casa Nº 16' (fojas 143), el segundo. Es decir ninguno es colindante de la finca 38243, Sección de Propiedad Provincia de Panamá, la cual está ubicada en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de la Chorrera, tal como ha quedado establecido en el proceso (fojas 134, diligencia de inspección judicial). Al incurrir en error in judicando el tribunal ad-quem, en la forma expuesta, se produce una infracción de normas sustantivas que influyó en lo dispositivo de la sentencia de segunda instancia, toda vez que de haber valorado correctamente la prueba indicada no se hubiera accedido a la pretensión de la parte demandante, favoreciendo de esta manera a la parte demandada.

Tercer Motivo: El Primer Tribunal Superior de Justicia, en el fallo impugnado visible de fojas 304 a 319, incurrió en infracción de normas sustantivas al atribuirle a la prueba testimonial, según deposiciones visibles a foja 137-138, 139-140, 141-142 y 143-144, una fuerza superior o extraordinaria en el expediente que ha influido de manera sustancial en lo dispositivo de la sentencia impugnada, sin tomar en consideración, a la hora de su apreciación, que las mismas constituyen diligencias de ratificación de declaraciones notariales rendidas ante el Notario Duodécimo del Circuito de Panamá, visibles a fojas 112, 113, 114 y 115, del expediente, que es un circuito notarial distinto al distrito de residencia de los deponentes. El hecho de que todos estos deponentes hayan comparecido juntos, y el mismo día, 8 de julio de 1998, ante el Despacho del Notario Público Duodécimo del Circuito de Panamá, que implica un desplazamiento del Distrito de La Chorrera hacia la Ciudad Capital, hace que estos testimonios, pierden, al menos, el carácter de espontaneidad y voluntariedad, que se exige para la prueba testimonial. Adicionalmente, el hecho de que estos cuatro testigos, A.T. de la Cruz (fojas 141), A.G.R. (foja 139), T.M.E. (fojas 137), C.H. de la Cruz (fojas 143) sean o hayan sido trabajadores de la parte demandante, aparte de identificarse como amigos de la parte demandante, tal como lo indican A.T. de la Cruz (141) y C.H. de la Cruz (fojas 143), se infringe la norma sustantiva, produciéndose de esta manera una infracción que influye en lo dispositivo de la sentencia, toda vez que de haberla valorado correctamente no hubiera accedido a las declaraciones de la parte demandante, y confirmado la sentencia de la juez a-quo.

Cuarto Motivo: El Primer Tribunal Superior de Justicia incurre en error in judicando en el fallo impugnado, visible de fojas 304 a 319, al apreciar o valorar indebidamente el informe pericial visible de fojas 45 a 189. El primer yerro se produce cuando el tribunal ad-quem establece que el informe pericial 'corre a fojas 145-148' (véase fojas 315). Ello por cuanto que el informe, sus anexos (que en estos casos lo constituyen fotografías) y la diligencia de entrega de informe pericial constituye una unidad. Y en dicha diligencia se establecen los siguientes hallazgos: 1) Que el plano de referencia utilizado, visible a fojas 8 del expediente, fue aprobado el 19 de octubre de 1972, en base a plano preparado por el Agrimensor Oficial, M.V., en marzo de 1961 (fojas 8). 2) Que el plano levantado por los peritos, visible a fojas 173, y que le sirve al tribunal ad-quem para establecer la cabida superficiaria de la porción a prescribir, es inexacto o no fiable por cuanto no ubica en el mismo la colindancia de la finca 38243 con la finca 65565, inscrita al tomo 937, folio 384, desde 1978, segregada de la finca madre 38243, tal como se les pregunta a los peritos a fojas 182. De haber valorado correctamente estas constancias procesales se hubiera fallado de una manera distinta a la que lo hizo el ad-quem, y de manera favorable a los demandados. De esta manera se produce la infracción a las normas sustantivas que ha influido en lo dispositivo de la sentencia impugnada.

Quinto Motivo: El Primer Tribunal Superior de Justicia, en el fallo impugnado, incurre en infracción de normas sustantivas al no valorar adecuadamente la prueba contenida en el informe pericial presentado por los peritos F.M. y E.A., visible de fojas 145 a 185. La infracción a las normas se produce al no valorar correctamente las respuestas que los peritos M. y A. expresaron al a-quo en la diligencia de entrega de su informe pericial toda vez que los mismos, de manera exclusiva, establecieron que: a) Que D.T.Q., parte demandante, no tiene fijada su o(sic) residencia o 'casa' en la finca 38243; b) Que D.T.Q. no habita como residencia, ni como 'casa', ninguna de las casas de zinc, de muy baja calidad y construcción, encontradas en la finca 38243; c) Que no se establecieron la identidad, por vía de nombres o de señas objetivas, de los peones que les asistieron en las diligencias de campo; d) Que no utilizaron información registral actualizada; e) Que no obstante indicar la existencia de árboles frutales y madereros de larga data, los mismos no aparecen en ninguna de las vista fotográficas que adjuntan con su informe; f) Que a pesar de establecer la existencia de trece (13) mangas de potreros, y que las mismas, en cuanto a su vida, oscilan entre 16, 12 y 2 años, no identificaron, con precisión y exactitud, cuáles de las trece (13) mangas son de 16 años, cuáles de doce (12) años y cuáles de dos (2) años; g) Que el plano levantado por los peritos, y la información utilizada, no es fiable, toda vez que en el mismo no se consignan todos los hallazgos físicos y de datos, tanto en el campo como en las oficinas que por ley conservan la información catastral y registral. No obstante estas circunstancias, el tribunal ad-quem establece, como conclusión, que dicho informe pericial es coincidente con la prueba testimonial, salvo en lo relativo a la cabida superficiaria ocupada por la parte demandante, y al valorar de esta manera, no toma en cuenta la contradictio in adjecto en que incurren los peritos M. y A. en cuanto al contenido de su informe y las respuestas ofrecidas en la diligencia de entrega de dicho informe en presencia de la juez a-quo. Con ello, se produce la infracción de normas sustantivas que ha influido en la parte dispositiva de la sentencia de segunda instancia impugnada, toda vez que de haber valorado correctamente dicha prueba pericial no habría accedido a las declaraciones pedidas por la parte demandante, confirmando la sentencia de la juez a-quo.

Sexto Motivo: La resolución impugnada, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en funciones de tribunal ad-quem incurre en error in judicando al establecer que la prueba pericial, visible de fojas 145 a 185 es coincidente, en términos generales, con la prueba testimonial, visible de fojas 137 a 144, con la única excepción de lo relativo a la cabida superficiaria. Y constituye un error in judicando por cuanto que, a diferencia del resultado de la prueba testimonial que establecen la posesión de la finca 38,243 por parte de la parte actora en un período de tiempo que oscila entre 20 y 25 años, llegando a afirmar que la parte demandante tiene edificada o construida 2 casas en dicho predio, la prueba pericial establece la existencia de casas de zinc, de pésima calidad y construcción, cuyo tiempo de vida lo establecen en 12 y 19 años; igualmente se establece en el informe pericial que la parte demandante no ocupa ninguna de dichas casas de zinc, y que la mayoría (sic) las mismas se utilizan como depósito para herramientas; y en cuanto a las mangas de potrero no logran establecer, con precisión, en el informe pericial, el tiempo de las mismas. Esta valoración inapropiada de la prueba pericial es un error in judicando que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, toda vez que le reconoce una fuerza o valor a un medio probatorio que no la tiene en la forma en que ha sido incorporado al expediente, favoreciendo de esta manera a la parte demandante, cuando debió confirmar la sentencia proferida por el a-quo.

El recurrente expuso como normas violadas, y la explicación de como lo fueron, los artículos 909 numeral 3, 917, 922 y 980 del Código Judicial, así como el artículo 1696 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

El primer cargo de injuridicidad de la causal reside en el primer motivo, y estriba en la mala valoración del ad-quem (en la sentencia impugnada) de las declaraciones testimoniales de los señores T.M. (f. 138) y CATALINO HERRERA DE LA CRUZ (f. 144), que a juicio del ad-quem configuran prueba testimonial válida, desvirtuando las otras dos declaraciones, pese a que estos dos declarantes afirmaron haber trabajado para el demandante, lo que los hace testigos sospechosos, configurando la causal.

Este cargo se funda en la violación del artículo 909 del Código Judicial, que dice:

909. (896) Son sospechosos para declarar:

1. ......

2. ......

3. El trabajador, empleado o dependiente de la parte que pidió la prueba, salvo que se trate de una entidad de derecho público;

El sustento de violación de esta norma, coincide con el del cargo de injuridicidad contenido en el motivo.

Sobre el particular, la Sala considera oportuno citar la opinión del procesalista patrio J.F.P., quien sobre el particular afirma lo siguiente:

"El Juez recibe la declaración del testigo sospechoso y la aprecia en la sentencia, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Al efecto ha de aplicar las 'reglas de la sana crítica', la lógica de los hechos. El sistema de la sana crítica que siguen numerosos códigos procesales modernos y recomiendan los autores y los congresos procesales internacionales suprime las 'inhabilidades por falta de imparcialidad' que responde al propósito de abandonar el régimen de prueba tasada. (En el derecho anglosajón se eliminaron las 'disqualifications' y en el derecho francés las 'taches').

La calificación de testigos de 'sospechoso' es una mera orientación, una guía, para el Juez, pero no significa que por el solo hecho de aparecer clasificado así por la Ley no merezca fe o credibilidad. Como hemos señalado, el Juez debe examinar escrupulosamente, detenidamente, en un estado de alerta, con cautela, la declaración" (F.P., J., "1 Medios de Prueba, 2 La prueba en Materia Mercantil", Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1998, pág. 220).

El extracto transcrito revela que la sola existencia de la relación de trabajo entre el declarante y el demandante no desvirtúa la declaración de manera automática, sino que la circunstancia sirve de "orientación" o "guía" para que el juez califique tal deposición, criterio adoptado por esta S..

En consecuencia, es necesario sopesar la aserción con los demás elementos probatorios, en ejecución del principio procesal de la sana crítica, para determinar su valor.

En ese sentido, se advierte que en su declaración jurada, de C.T. DE LA CRUZ (usual) CATALINO HERRERA DE LA CRUZ lo que sostuvo (f. 144) fue que "... porque yo mismo he trabajado para él, contratado por el mismo D. en esa tierra."

La afirmación del declarante fue en tiempo pasado, lo que significa que aunque conoció a D.T. por más de 20 años y el trabajo que hizo en el fundo en disputa, al momento de la declaración no trabajaba para él, por lo que, a juicio de esta S., ni siquiera se configura la causal de testigo sospechoso que aduce el recurrente, ya que ésta dispone que, para que el testigo se considere sospechoso, esté trabajando para la persona de quien declara.

Por consiguiente, no prospera la crítica del casacionista en cuanto a la valoración del ad-quem, de este testigo.

En cuanto a la declaración jurada de T.M.E., la porción extraída por el recurrente para esgrimir de ella la calidad sospechosa de la declaración, dice "Lo aquí expuesto me consta porque conozco al señor D.T.Q. desde hace mucho tiempo, un hombre serio, honrado y trabajador, además porque trabaja para él en esa tierra de Playa Leona y la conozco por muchos años." (f. 138)

De la transcripción emerge un error mecanográfico, ya que la declaración es en primera persona singular, ocurriendo que la porción dice "trabaja para él ..", cuando debió decir "trabajo" (tiempo presente) o "trabajé" (tiempo pasado) para él (actor).

Ese error dificulta determinar si dicha declaración es sospechosa o no, considerando esta Sala que la misma no puede considerarse en esas circunstancias, en dicha categoría.

Y es que, como ya señalamos antes, la sola existencia de la relación de trabajo entre el declarante y el demandante no desvirtúa por sospechosa dicha declaración de manera automática, sino que tal circunstancia debe orientar al juez para calificar tal deposición y valorarla en base a la sana crítica.

Por lo tanto, el fallo impugnado no infringió el artículo 909 del Código Judicial ni el artículo 917 ibídem, cuya violación por parte de la sentencia recurrida tiene el mismo fundamento, es decir, la calidad sospechosa de los testimonios valorados por el ad-quem.

El segundo cargo de ilegalidad yace en el segundo motivo, y estriba en que mediante la sentencia de segundo grado, el ad-quem le concedió valor a los testimonios que fundan el cargo anterior, ya que fueron vertidos por percepción propia de los declarantes, quienes dijeron vivir en lugares no colindantes con la finca en litigio, apartándose de los demás elementos probatorios del proceso.

Esta imputación contra la sentencia de marras se sustenta en la presunta violación del artículo 922 del Código Judicial, que dice:

"922. (909) No hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones, salvo los casos en que la ley admita declaración sobre el conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos de ésta."

La supuesta infracción de la norma consiste en que el ad-quem, al valorar las declaraciones de T.M. y CATALINO HERRERA DE LA CRUZ, no tomó en consideración que ambos viven en lugares distintos de la finca 38,243, Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, ubicada en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de La Chorrera, según lo afirmaron en sus respectivas declaraciones.

Considera el casacionista que, para estos procesos de prescripción adquisitiva de dominio, es menester la percepción directa del testigo que viva en el área donde está ubicada la finca cuya posesión se pretende usucapir, o que su residencia colinde con dicho fundo.

Sostiene el actor que sólo en esas circunstancias se puede dar fe de que se ha presenciado de manera permanente y continuada de la persona que pretende la usucapión.

Discrepa esta S. con el criterio restringido del recurrente, ya que, como bien señaló en el cargo anterior, los declarantes señalaron haber trabajado para él, lo que indica que por ese motivo lo conocían, ya que debieron concurrir periódica o permanentemente a la finca objeto de usucapión, lo que les podía servir como elemento de juicio para saber si el señor D.T.Q. cumplió los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio en debate.

Esto determina que los testigos, pese a no vivir en los alrededores de la finca de marras, hicieron sus declaraciones de sus propias percepciones, razón por la que no existen suficientes elementos de juicio para concluir que el fallo recurrido violó el artículo 922 del Código Judicial.

En otro sentido, el tercer cargo de ilegalidad está contenido en el tercer motivo, y consiste en que el Primer Tribunal Superior de Justicia le concedió "una fuerza superior o extraordinaria" a las cuatro declaraciones testimoniales aportadas por el demandante, obviando que las mismas son diligencias de ratificaciones de declaraciones rendidas ante el Notario Duodécimo de Circuito de Panamá (fs. 112-115), que es un Circuito Notarial distinto al Distrito en que residen los declarantes.

Además, el hecho de que los cuatro declarantes se presentaran juntos el 8 de julio de 1998 al antedicho Despacho Notarial, lo que (a su juicio) implica el desplazamiento del Distrito de La Chorrera hasta Panamá, le resta a dichos testimonios la "espontaneidad y voluntariedad" que exige la prueba testimonial, sin perjuicio de que los 4 deponentes manifestaron haber trabajado para el demandante y ser sus amigos, constituyéndose así, la violación esgrimida.

Aunque el recurrente no brindó asidero legal para este cargo de injuridicidad, la Sala considera oportuno examinar las siguientes normas, involucradas en el análisis del mismo.

El artículo 1716 del Código Civil, dice:

"Artículo 1716. Las funciones del notariado sólo pueden ejercerse por cada notario dentro de la circunscripción del respectivo circuito de notaría; todos los actos y contratos que fuera de tal circunscripción autorizare un notario en su carácter oficial, son nulos. ....." (Subraya de la Corte)

No coincide el criterio de la Sala con el del recurrente, porque, a nuestro juicio, lo que la norma señala es que es el Notario quien no puede salir de su circunscripción notarial para atestar actos o contratos acaecidos o celebrados dentro o fuera de su demarcación notarial.

En consecuencia, sí puede dar fe de actos o contratos que se celebren fuera de su circunscripción notarial, siempre y cuando el N. lo haga dentro la misma, sin que ello engendre la nulidad del acto.

Por lo tanto, las declaraciones aportadas por el actor, gozan de la fe pública atinente a las declaraciones, actos y contratos rendidos ante Notario Público, ya que los cuatro testigos se ratificaron de sus aserciones ante el Notario Duodécimo de Circuito de Panamá (fs. 137-144) según lo norma el cuarto párrafo del artículo 923 del Código Judicial.

Además, la Sala advierte que el recurrente no se acogió a lo normado por el artículo 952 del Código Judicial, que permite a cada parte tachar los testigos citados por la otra parte o por el Juez en base a las circunstancias establecidas en el Código o por otras; es decir, no se opuso a la solicitud (f. 108-109) que hizo el Licdo. P.G.A.J., procurador judicial del demandante D.T.Q., para que se ratificaran en el proceso las declaraciones juradas rendidas ante Notario Público, de los testigos ya conocidos, y que fueron admitidas por la Juez de grado mediante el auto Nº 643 de 28 de febrero de 2000 (f. 121).

Por consiguiente, si el casacionista no tachó en su oportunidad la proposición de los testigos presentados por su contraparte, entonces no tenía base ni justificación para denunciarlos como sospechosos.

Por ello, el ad-quem no incurrió en la causal aducida.

El siguiente cargo de ilegalidad de la sentencia venida en casación se encuentra en el cuarto motivo, y recae sobre la valoración de la prueba pericial a fojas 145-189 del infolio.

Al afirmar el fallo que el informe pericial corre a fojas 145-148 (ver f. 315), excluyó sus anexos (fotografías) y la diligencia de entrega del informe (que estableció que el plano de referencia utilizado -f. 8- fue aprobado el 19 de octubre de 1972 en base al plano preparado por el Agrimensor Oficial M.V., en marzo de 1961; y, que el plano levantado por los peritos -f. 173-, utilizado por el ad-quem para establecer la cabida superficiaria de la porción a prescribir, es inexacto, porque no ubica la finca 38243 con la finca 65565, segregada de la finca madre 38243, como se les preguntó a los peritos -f. 72), los cuales constituyen una unidad, criterio que influyó en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

Este cargo se sustenta en la presunta violación del artículo 980 del Código Judicial, que a la letra dice:

"980. (967) La fuerza del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso."

Según el casacionista, el ad-quem violentó esta norma, al atribuirle al peritaje de marras un valor que no tiene, porque la prueba pericial "constituye una unidad" integrada por el informe que rinden los peritos mediante la diligencia de entrega de dicho informe, en el que se les puede preguntar y repreguntar sobre el mismo.

Continúa manifestando que el Tribunal valoró solo parte del informe pericial, sin contemplar las respuestas contradictorias respecto al mismo, que rindieron esos peritos en la diligencia de entrega del mismo. Dicha prueba no cumplió con los principios técnicos, científicos y de "percepción visual directa" que deben prevalecer en la prueba pericial, razón por la que no obró el juzgador secundario en base a la lógica y la experiencia, fundamentos de la sana crítica como criterio de valoración probatoria.

La sentencia criticada, al referirse a la prueba pericial (f. 315), señaló lo siguiente:

Ahora bien, se debe aclarar del mismo modo que el hecho de que los peritos que intervinieron en la inspección judicial practicada a la finca No. 38,243, es decir, el señor F.M.M. y la señora EUFEMIA ACEVEDO hayan establecido en su informe que corre a fojas 145-148, que 'el demandante sólo utiliza de la finca 38,243: 84 has + 3895.17 m2', no descalifica el valor de la prueba de testigos antes comentada, pues, en el resto de dicho informe, manifiestan coincidencia, en términos generales, con estos últimos, en el sentido, de que la posesión material que ha ejercido el señor D.T.Q. sobre las referidas 84 has. + 3895.17 m2 de la finca NO. 38,243, califica, jurídicamente hablando, para que el demandante adquiera por vía de la prescripción extraordinaria de dominio la propiedad sobre tal porción de tierra.

Lo primero que advierte la Sala, es que el Primer Tribunal Superior de Justicia analizó la prueba pericial de marras en concordancia con las pruebas testimoniales allegadas al expediente, lo que indica que dicho análisis no escapó al método establecido por el principio de la sana crítica.

Además, si lo que señala el casacionista es que el fallo de segundo grado valoró equívocamente la prueba pericial, al ignorar o no tomar en consideración los anexos (fotografías) y el examen de los testigos, dicho cargo no es congruente con la causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, porque lo que en realidad encierra es un cargo congruente con la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, máxime que en el párrafo transcrito del fallo de segundo grado se limita a considerar la prueba pericial de foja 145 a la 148, sin mencionar el resto de los elementos que el actor aduce mal valorados, lo que no permite a esta S. analizar la violación de la norma con el cargo de injuridicidad, conforme a la causal que nos ocupa.

En consecuencia, no prospera el cargo de injuridicidad.

En cuanto al reproche de ilegalidad que encierra el quinto motivo, lo hace consistir en que el ad-quem valoró incorrectamente la prueba pericial expuesta en el cargo anterior, que según el fallo, corre a fs. 145-148, porque no evaluó correctamente las respuestas de los peritos F.M. y E.A., quienes en el examen que se les hizo al entregar su peritaje, dieron respuestas como que el demandante no tenía fijada su residencia en el fundo a usucapir, que éste no habitaba ninguna de las casas de zinc del terreno, que no identificaron los peones que les asistieron en la diligencia de campo, etc.

Que pese a ello, el ad-quem concluyó que dicho informe pericial coincidió con la prueba testimonial, excepto en lo relativo a cabida superficiaria ocupada por el demandante, y que por esa valoración, no consideró la contradicción de los peritos M. y A. en cuanto al contenido de su informe y las respuestas que vertieron en su examen en el juzgado.

Este cargo se fundamentó en la presunta violación del artículo 980 del Código Judicial, que dice:

"980. (967) La fuerza del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso."

La infracción de esta norma consiste en que el ad-quem apreció la prueba pericial otorgándole un valor que no tiene, porque "no consideró" la unidad que integran el informe, y el examen de preguntas y repreguntas que se le hizo a los peritos al entregar el mismo; que por ello, el Primer Tribunal Superior de Justicia "se limitó únicamente a valorar parte del informe pericial, sin entrar a considerar las respuestas contradictorias con su informe que ofrecieron los peritos en la diligencia de entrega de dicho informe."

Esta Corte de casación no puede evaluar el cargo aquí contenido, toda vez que se basa en la "mala valoración" que el Primer Tribunal Superior de Justicia hizo de los demás elementos aportados por el actor junto al informe pericial, cuando en el cargo de injuridicidad anterior dejamos sentado que el ad-quem no tomó en cuenta esos elementos probatorios, lo que le suprime al cargo la congruencia necesaria para determinar o no, la violación de la norma esgrimida.

Ello lo repite el recurrente en este cargo al señalar en la presunta violación del artículo 980 que el juzgador secundario actuó "sin entrar a considerar las respuestas contradictorias con su informe que ofrecieron los peritos en la diligencia de entrega de dicho informe", lo que implica que el ad-quem ignoró el resto de las pruebas adjuntas al informe pericial, lo que constituiría error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, y que no permite a esta S. hacer un análisis lógico de la presunta transgresión, por lo que tampoco prospera este cargo de ilegalidad.

Finalmente, el sexto motivo de esta causal se refiere al error valorativo de la prueba pericial (fs. 145-185) del ad-quem, al considerar que la misma es coincidente, en términos generales, con las pruebas testimoniales que establecen la posesión de la finca 38,243 por el actor (fs. 137-144), por un período que oscila entre 20 y 25 años, afirmando que el actor construyó 2 casas en ese predio, mientras que la prueba pericial señaló que la existencia de 2 casas de zinc, "de pésima calidad y construcción" levantadas entre 9 y 12 años; que el informe pericial señala que el actor no vive en ninguna de esas casas de zinc, y que son usadas como depósito para herramientas; y que el informe pericial no precisa el tiempo de las mangas de potrero.

Es el criterio de esta Corporación de Justicia que tampoco prospera este cargo de injuridicidad, ya que, si bien en esta oportunidad el casacionista se refiere a la valoración que el ad-quem hizo del informe pericial en relación con las pruebas testimoniales incorporadas al expediente, esa mala valoración aducida por el recurrente incluye las pruebas adjuntadas al informe pericial (anexos y examen de los peritos), dentro de los cuales, de acuerdo al fallo, como son las contenidas de fojas 149 a la 185, no fueron consideradas por el Tribunal Superior, lo que lleva a la Sala a concluir que, al igual que los cargos anteriores, no se compadece con la causal que nos ocupa de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, ya que en atención a lo expuesto, ocurrido en el fallo, se trata de pruebas señaladas por el recurrente que ni siquiera fueron consideradas por el ad-quem, situación que imposibilita el análisis de las mismas, por lo que se desecha este cargo de injuridicidad, y la causal invocada.

La otra causal de fondo invocada por el recurrente es la de "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Dicha causal se fundamenta en los siguientes motivos:

"MOTIVO UNICO QUE SUSTENTA LA CAUSAL INVOCADA:

La resolución fulminada, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, en funciones de tribunal ad-quem, visible de fojas 304 a 319, hace caso omiso o ignora la prueba que obra visible a fojas 213 del expediente, consistente en certificación expedida por la Dirección del Registro Público que acredita la propiedad de la finca 65565, inscrita al tomo 1505, folio 290, Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, y cuyo propietario es N.A.A.. Dicha certificación establece, además, que esta finca fue adquirida por su propietario desde el 9 de marzo de 1978, y que fue segregada de su finca madre No. 38,243, inscrita al tomo 937, folio 384, Sección de Propiedad, Provincia de Panamá. Indica, igualmente, que esta finca está ubicada en el Corregimiento de Puerto Caimito, sitio 'Finca los Guabitos', Distrito de La Chorrera. Al ignorar el tribunal ad-quem esta prueba documental, que reviste el carácter de pública, incurre en error de hecho sobre la existencia de la prueba, que lo lleva a proferir una sentencia inexacta o no fiable, por cuanto que al no ubicar la colindancia física de esta finca, la descripción de los linderos que se hacen en la sentencia no es exacta, fiable o cierta, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada. De haber estimado esta prueba, y valorarla, habría fallado en favor de la parte demandada, no accediendo a las pretensiones de la parte demandante."

Este motivo lo sustenta la presunta violación de los artículos 786 y 834 ordinal 2, del Código Judicial, así como del artículo 1690 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

El cargo de injuridicidad contenido en el único motivo de esta causal, consiste en que el fallo de segundo grado ignoró la certificación de Registro Público (f. 213) que hace constar que N.A.A. es el propietario de la finca 65565 desde el 9 de marzo de 1978, fecha en que la adquirió.

También establece el documento que dicho terreno fue segregado de su finca madre No. 38,243, inscrita al tomo 937, folio 384, Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, y que está ubicada en el Corregimiento de Puerto Caimito, sitio "Finca los Guabitos", Distrito de La Chorrera.

El casacionista concretó el cargo al considerar que al ignorar el ad-quem este documento público, incurrió en la causal de error de hecho sobre a la existencia de la prueba, ya que por no ubicar la colindancia física de la finca, la descripción de los linderos que se hizo en la sentencia no fue exacta o cierta.

Este cargo se funda en la violación de varias normas legales, entre ellas el artículo 786 del Código Judicial, que dice:

786. (775) Toda ley, decreto ley, decreto de gabinete, acuerdo, ordenanza, reglamento, resolución, dictamen, informe, fallo, documento o acto de cualquier género, emanado de alguna autoridad o funcionario de cualquier Órgano del Estado o de un municipio de cualquier entidad autónoma, semiautónoma o descentralizada y publicado en los Anales del Órgano Legislativo, en la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, en el Registro de la Propiedad Industrial, en cualquier recopilación o edición de carácter oficial o de la Universidad Nacional, hará plena prueba en cuanto a la existencia y contenido del documento. Se presumirá que los jueces tienen conocimiento de los actos o documentos oficiales así publicados y valdrán en demandas, peticiones, alegatos y otras afirmaciones de las partes, sin necesidad de que consten en el proceso. El juez podrá hacer las averiguaciones que desee para verificar la existencia o contenido de tales actos.

Las partes podrán, no obstante, aportar el respectivo documento o acto si así lo desearen.

Exceptúase el caso en que el acto en cuestión sea objeto de la demanda, en el cual se aportará conforme a las normas comunes.

A juicio del recurrente, esta norma fue violada en la sentencia venida en casación, porque al ignorar el ad-quem la certificación de Registro Público (f. 213), no le reconoció valor alguno y no fue tomada en cuenta al momento de fallar.

Que si el Tribunal hubiera hecho caso de esta norma, que dice que los documentos emanados del Registro Público hacen plena prueba en cuanto a su existencia y contenido, hubiera ubicado el lindero colindante de la finca 65565 con la finca 38243, ambas de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, ya que la primera fue segregada de la segunda; y, que por ser un bien raíz, tienen que ser necesariamente fincas colindantes.

Ello distorsionó (a su juicio) la relación de colindancia que debe haber en el área donde se ubican ambas fincas, lo que incidió en los dispositivo del fallo.

Esta Sala considera que el casacionista no interpretó correctamente la norma porque, lo que de ella se desprende, es que las actuaciones contenidas en la norma (leyes, decretos-leyes, decretos de gabinete, etc. emanados de autoridad pública) que sean publicados en los Anales del Órgano Legislativo, Gaceta Oficial, Registro Judicial, Registro de la Propiedad Industrial, recopilación o edición de carácter oficial o de la Universidad de Panamá, harán plena prueba en cuanto a la existencia y contenido del documento.

Es decir, las publicaciones de carácter oficial en que aparezcan los actos y resoluciones establecidos por la norma in examine, hará plena prueba en los procesos, de dichos actos y resoluciones, por lo que dicha norma no incluye la certificación de Registro Público visible a foja 213 del expediente, que es una certificación emitida directamente por la Directora General del Registro Público, que no consta en ninguna recopilación, edición o publicación oficial y cuyo valor probatorio le viene asignado por la ley en otras disposiciones.

En consecuencia, esta norma no pudo ser violada por el ad-quem, por no ser aplicable en este caso.

El cargo de injuridicidad en que se basa la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, también denuncia como violado el ordinal del artículo 834 del Código Judicial, que a la letra dice:

834. (821) Documento público es el otorgado por los funcionarios que ejercen un cargo por autoridad pública, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.

Cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y es incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Tienen el carácter de documentos públicos:

4. ......

5. Los certificados expedidos por los funcionarios públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, incluyendo actas, constancias, planos, cuadros, fotografías, catastros y registros;

Como ya señaláramos anteriormente, la infracción aducida estriba en que el ad-quem ignoró el documento visible a foja 213 del expediente, consistente en una certificación expedida por el Registro Público, que constituye un documento público, y que en complemento con la norma anteriormente citada (art. 786), hace plena prueba de su contenido, por lo que debió ser considerada por el Tribunal al momento de dictar la sentencia, para establecer las colindancias y linderos de la finca 38243, cuyo propietario fue N.A.A.E. (Q.E.P.D.) en relación con la 65565, cuyo propietario es N.A.A..

Pese a que la lectura del fallo de segundo grado hace constar que el Primer Tribunal Superior de Justicia, en efecto, no mencionó la certificación de marras (f. 213) y que no se sirvió de ella al momento de proferir su sentencia, en opinión de la Sala la valoración de la misma no tenía influencia alguna en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

Ello es así, por cuanto que de dicha certificación, calendada 22 de marzo de 1999, emerge la existencia de la finca Nº 65565, inscrita a Tomo 1505, folio 290 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, cuyo propietario es N.A.A., con una superficie de 8 hectáreas + 2,563 mts.2, que fue segregada de la finca Nº 38,243 (sujeta a usucapión).

Es importante resaltar que la certificación del Registro que se dice no fue considerada por el Tribunal Superior, se refiere es a la información registral de una finca que no es objeto de este litigio (la Nº 65565).

En este sentido observamos que si la segregación de la finca Nº 65565 se realizó el 9 de marzo de 1978, ello significa que la certificación visible a foja 6 del dossier, fechada 23 de junio de 1997, que señala que la finca 38,243 tiene una superficie o resto libre de 108 hectáreas + 9497 mts.2 y 3630 cms.2, esa superficie es la resultante luego de la segregación de las 8 hectáreas de la finca 65565, realizada en marzo de 1978. Siendo medular para el caso, es esta certificación de foja 6, la que en conjunción con el informe pericial, fue la valorada por el ad-quem tal como se aprecia en la sentencia a foja 316 del expediente, por cuanto que razonable y matemáticamente, las 84 hectáreas y tanto que de acuerdo a los peritos fueron usadas por el demandante, tienen cabida en las 108 hectáreas y tanto que señala el certificado de Registro Público que corre a foja 6 del expediente.

Además, de la prueba pericial contenida en el infolio, el ad-quem determinó que la superficie que efectivamente ha poseído el demandante D.T.Q. se extendía a 84 hectáreas + 3895.17 mts.2, que era la extensión a la que tenía derecho a usucapir, criterio que comparte esta S..

De ello se deduce la consideración de que la certificación de Registro Público a foja 213 del expediente, pese a que se trata de un documento público por haber sido expedido por una autoridad pública en uso de sus funciones legales, razón por la que goza de la presunción de plena prueba respecto a su existencia y contenido, su consideración no hubiera influido en lo dispositivo del fallo, por lo que no es reconocida la violación del artículo 834 del Código Judicial.

Por otro lado, la Corte considera necesario aclarar que aunque se probara la causal invocada atinente al desconocimiento de la certificación del Registro Público sobre la segregación de la finca 65565 (omisión de la que se presumía el efecto de inexactitud de los linderos establecidos en la sentencia de segunda instancia), ello no implica el desconocimiento del derecho del demandante a que se le reconozca la prescripción adquisitiva de dominio a su favor, sobre la finca 38,243.

Finalmente, el actor criticó la no aplicación, en el fallo, del artículo 1690 del Código Civil, que dice:

"Artículo 1690. El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido."

La infracción consiste en que en el fallo de segundo grado, el ad-quem utilizó una información "no exacta, precisa o verdadera", ya que no estableció, dentro de las colindancias de la porción del fundo que considera en condiciones de usucapir el demandante, el lindero de colindancia con la finca 65565 de N.A.O..

Que, de ser así, el título utilizado para obtener la prescripción adquisitiva de dominio a favor del demandante, no es verdadera, violándose así, la norma invocada.

R. dicho criterio con el de esta S., porque ya indicamos que no existe tal inexactitud de los linderos en la sentencia, ya que la certificación del Registro Público visible a foja 6 del expediente, estableció la extensión de la finca 38,243 luego de segregada la finca 65565 a favor de N.A.O., y que de esa extensión de terreno, el ad-quem concedió la usucapión en base al dictamen pericial de los Ingenieros Agrónomos Francisco Messan M y Eufemia Acevedo (fs. 145-148), quienes le reconocieron al demandante-usucapiente D.T.Q., derecho a usucapir una extensión de 84 hectáreas + 3895 mts.2, no brindando el recurrente ningún elemento o análisis lógico que lleve a la Sala a concluir que la cabida superficiaria y colindancia de la finca sea distinta a la señalada por los peritos.

Es por ello que esta Sala arriba a la conclusión final de que la sentencia venida en casación se ajustó a derecho.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 7 de mayo de 2002, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Se condena en costas del recurso de casación, en la suma de setenta y cinco (B/.75.00) balboas.

C., N. y D..

JOSÉ A. TROYANO

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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