Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Enero de 2007

PonenteJosé A. Troyano
Fecha de Resolución30 de Enero de 2007
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Dentro del proceso de pago por consignación propuesto por GLOBAL BRANDS (PANAMÁ), S.A. contra SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, la licenciada M.L.M., en representación de KAROL AMORES y la licenciada E.S.G., en su condición de apoderada judicial de EUDILIA ESTELA TRUJILLO, han interpuesto sendos recursos de casación contra la resolución que decidió en segunda instancia este proceso, la cual fue dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el 23 de septiembre de 2005.

Toda vez que los recursos fueron admitidos por esta corporación judicial, procede la Sala a resolver los méritos de los mismos, previas las siguientes consideraciones.

Las constancias procesales revelan que la sociedad GLOBAL BRANDS (PANAMÁ), S.A., interpuso proceso de pago por consignación contra la SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, que le correspondió al Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, con la siguiente pretensión:

"1. Consignar la

suma de DOCE MIL QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.12,500.00) a fin de cumplir

con la obligación contenida en la cláusula cuarta del contrato celebrado entre

GLOBAL BRANDS (PANAMÁ), S.A. y la

SOCIEDAD CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, toda vez que actualmente existen dos

juntas directivas que pretenden recibir dicho pago en nombre de la mencionada

asociación.

  1. - Que se mantenga la consignación de los fondos hasta tanto se decida mediante sentencia en firme y ejecutoriada, quien (sic) ostenta la representación legal de la asociación, salvo que ha (sic) criterio del Tribunal, dichos fondos se deban entregar en un momento previo, a quien alegue y demuestre un mejor derecho." (Fs. 28-29).

Como consignación, la parte actora presentó el Certificado de Garantía No. 92188 de 29 de octubre de 2004 por la suma de B/12,500.00 y, posteriormente, el Certificado de Garantía No. 93984 de 2 de febrero de 2005 por la suma de B/12,500.00, ambos expedidos por el Banco Nacional de Panamá, los cuales constan a fojas 23 y 238 respectivamente.

Mediante Auto No. 1048 de 18 de noviembre de 2004, el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil admitió el pago por consignación presentado por GLOBAL BRANDS (PANAMÁ), S.A. contra la SOCIEDAD CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS (fs. 40-41), en el cual se le requería al acreedor que en el término de cinco (5) días expresara si aceptaba o no el pago y toda vez que la parte actora juró desconocer el paradero de la sociedad demandada, ordenó su emplazamiento por edicto, el cual fue publicado conforme a la ley, tal como se hace constar a foja 211.

Comparecieron al proceso solicitando la entrega del pago consignado, las siguientes personas:

1) Por intermedio de la firma forense Lambraño, B. & De la Guardia, el señor V.R.B.U., actuando en su condición de presidente y representante legal de SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS (fs. 43-57).

2) El licenciado A.A.V., en representación de KAROL ESTELA AMORES, actuando en su carácter de Soberana de Calle Arriba de Las Tablas para los Carnavales de 2005 (fs. 177-180).

3) El licenciado A.A.V., en su condición de apoderado de EUDILIA ESTELA TRUJILLO, quien actúa en su condición de tesorera de la Junta Directiva de la Sociedad de Calle Arriba de las Tablas (fs. 195-197).

4) El licenciado A.A.V., apoderado de C.A., "quien actúa en su carácter de Presidente de la Junta Directiva Inscrita en el Registro Público a Asiento 31726 del 2004, del Diario, según consta en Escritura 1366, del 16/03/04, de la Notaría Segunda de Circuito, que protocoliza el Acta de Asamblea General de la Sociedad Calle Arriba de las Tablas". (Fs. 213-216).

Mediante Auto No. 77 de 19 de enero de 2005, la Juez Decimosexta ordenó la práctica de prueba de oficio, con el fin de que el Registro Público informara y remitiera lo siguiente: 1) Copia autenticada de los Estatutos vigentes de la Sociedad Calle Arriba de Las Tablas e informe que señale cuándo fueron inscritos dichos estatutos y bajo qué asientos; 2) Certificación del status actual de la Nota Marginal de Advertencia de 27 de diciembre de 2004.

Una vez recibidas las pruebas solicitadas, el Juzgado Decimosexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil dictó el Auto No. 146 de 3 de febrero de 2005, en el que "ORDENA la entrega al Representante Legal de la sociedad CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, sociedad inscrita en la ficha S.C. 3367 Rollo 851, imagen 25 desde el 4 de febrero de 1979, señor V.B. con cédula de identidad personal No. 7-64-377, de las sumas consignadas por la sociedad GLOBAL BRANDS (PANAMA), S.A., sociedad inscrita a la ficha 312745, rollo 48870, imagen 93, a través de los Certificados de Garantía No. 92188 de 29 de octubre de 2004 y No. 93984 de 2 de febrero de 2005; y DECLARA extinguida la obligación." (F. 272).

Contra esta resolución interpusieron sendos recursos de apelación los apoderados judiciales de KAROL ESTELA AMORES, EUDILIA ESTELA TRUJILLO y CÉSAR AMAYA y el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante resolución dictada el 23 de septiembre de 2005, "ADICIONA la parte resolutiva del Auto No. 146 de fecha 3 de febrero de 2005, dictado por la Juez Décimo Sexta (sic) de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de DECLARAR EXTEMPORÁNEO Y SIN VALOR ALGUNO el escrito donde el M.D.R.R., apoderado judicial del señor C.A., anuncia y sustenta el recurso de apelación; CONFIRMANDO el auto apelado en todo lo demás." (F. 316)

Esta última decisión es la que ha sido recurrida en casación por EUDILIA ESTELA TRUJILLO y KAROL ESTELA AMORES, recursos que serán analizados a continuación.

El recurso de casación presentado por EUDILIA ESTELA TRUJILLO es en la forma y en el fondo. La causal de forma que se invoca consiste en haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley y como fundamento de la misma se plantean los siguientes motivos:

"PRIMERO: En la resolución recurrida, al ORDENARSE la

entrega al Representante Legal de la sociedad CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS,

V.B., y DECLARAR extinguida la obligación, el Tribunal Superior

omitió cumplir con la obligación del Despacho Saneador, pues no se percató que

cuando V.B., concurre a aceptar el pago no estaba legitimado para

recibir dicho pago a nombre de la sociedad, ya que para esta fecha había

renunciado a la junta directiva de la sociedad Calle Arriba de Las Tablas, lo

cual consta con los propios señalamientos de la parte demandante en las medidas

conservatorias y en la propia demanda oral, a través de la Escritura Pública

No. 4740 del 22 de marzo donde la Junta Directiva acepta la renuncia de Víctor

Barrios al cargo de Presidente de esa Junta Directiva.

SEGUNDO

En la resolución recurrida, el Primer Tribunal omitió cumplir con la obligación del Despacho Saneador, ya que adiciona en su resolución, a la parte Resolutiva del Auto No. 146 del 3 de febrero de 2005, que fuese dictado por la Juez Décimo Sexta (sic) de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, lo siguiente: "que declara extemporáneo y sin valor alguno el escrito en donde anuncia y sustenta el Recurso de apelación el M.D.R.R. (apoderado de C.A.)", omitiendo H.M., que es esencial po ley el saneamiento mediante la declamatoria (sic) de nulidad del procedimiento realizado; sin embargo, en violación a la normativa, se declara extemporáneo tanto el anuncio como sustentación de la apelación por parte del M.R., cuando dicho anuncio y sustentación de apelación son posteriores al Auto impugnado y no de forma inmediata, por lo que no se podía agregar esto a la resolución impugnada, lo que causa su injuricidad." (F. 442).

Como consecuencia de los cargos expuestos en los motivos anteriormente transcritos, la parte recurrente alega la violación del artículo 1151 del Código Judicial, que consagra el deber de saneamiento que tienen los Tribunales Superiores cuando conoce de los negocios en apelación o consulta y el artículo 1457 ibidem, que señala el procedimiento que debe seguirse en los procesos de pago por consignación, cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, como sucede en el caso que nos ocupa.

El primer cargo que presenta la recurrente consiste en que el Tribunal Superior ordenó el pago al señor V.B., sin tomar en consideración que cuando éste compareció a solicitar el pago a nombre de SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, éste no estaba legitimado para recibir dicho pago a nombre de la sociedad lo que, a su juicio, consta en el proceso y no fue considerado por el juzgador de segunda instancia.

Como puede observarse, lo que plantea el recurrente en el primer motivo no se refiere a ningún trámite o diligencia que el Tribunal Superior haya omitido, faltando así a su deber de saneamiento, sino a la supuesta falta de legitimación del señor V.B. como representante legal de la SOCIEDAD CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, lo cual, por ser asunto del fondo de la controversia que guarda relación con las pruebas y su valoración, no puede configurar la causal invocada que, repetimos, se refiere a una supuesta omisión procesal.

No obstante, se observa también al revisar el concepto de la infracción del artículo 1457 del Código Judicial, que la parte recurrente sostiene que el Tribunal Superior violó dicha norma de forma directa por omisión, al no haber tomado en consideración que el presente proceso de pago por consignación no se abrió a pruebas, razón por la cual no se le permitió presentar sus pruebas, lo que considera un trámite o diligencia esencial.

Para mayor ilustración se transcribe el artículo 1457 del Código Judicial:

"ARTÍCULO 1457. Cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, el deudor, al hacer la consignación, indicará el nombre y dirección de cada uno de los pretendidos acreedores y explicará hasta donde pudiere las pretensiones de cada uno.

Si los acreedores estuvieren de acuerdo en cuanto a la cosa adeudada y al interés de cada uno en ella, el juez admitirá la consignación, declarará extinguida la obligación y pondrá a la orden de cada acreedor lo que le corresponda.

Si los acreedores estuvieren de acuerdo en cuanto a la cosa adeudada, pero no respecto al interés de cada uno de ellos, el juez aceptará la consignación y declarará extinguida la deuda. Si hubiere hechos que justificar, se abrirá la causa a prueba y en los demás se seguirán los trámites del proceso sumario para determinar los derechos de los acreedores entre sí respecto a la cosa adeudada. Cada acreedor respecto de los otros." (Subraya la Sala).

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la controversia nace del hecho de que al momento en que la demandante GLOBAL BRANDS (PANAMÁ), S.A. interpuso el presente proceso, no existía certeza en cuanto a la persona que ejercía la representación legal de la acreedora, SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, razón por la cual la sociedad demandante instauró este proceso de pago por consignación. En otras palabras, no se trata de que existen varios acreedores que se disputan el pago consignado, puesto que, repetimos, no existe discusión en cuanto a que la única acreedora es SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS; lo que debe determinarse es quién tiene la representación legal de esa sociedad y, por tanto, quién es la persona que tiene derecho a recibir el pago consignado en nombre de la misma.

Al respecto y como se señaló anteriormente, cuatro personas distintas presentaron por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales, contestación a la demanda de pago por consignación, solicitando se les adjudicara el mismo por considerar que cada una de ellas es quien representa los intereses de la acreedora, SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS. Dichas personas son las siguientes:

1) V.R.B.U., como presidente y representante legal de SOCIEDAD CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS (fs. 43-56).

2) KAROL ESTELA AMORES, en su carácter de Soberana de Calle Arriba de Las Tablas para los Carnavales 2005 (fs. 177-180).

3) EUDILIA ESTELA TRUJILLO, en su carácter de tesorera de la Junta Directiva de SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS (fs. 195-197)

4) CÉSAR AMAYA, en su condición de "legítimo representante de la Sociedad Calle Arriba de Las Tablas" (fs. 222-226).

Cada una de las citadas personas que concurrieron al proceso alegando representar a SOCIEDAD CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS y solicitando la entrega del pago, acompañaron sus respectivas solicitudes de las pruebas que consideraban fundamentaban su petición. Igualmente, puede observarse de la lectura de cada uno de dichos escritos, que ninguno de ellos adujo pruebas que requirieran su práctica.

Siendo así, no era necesario abrir a pruebas el negocio como alega ahora la parte recurrente, puesto que el citado artículo 1457 del Código Judicial que considera infringido, establece expresamente que "Si no hubiere necesidad de aducir pruebas, se fallará dentro de tres días", que fue lo que hizo la juez de primera instancia, después de dictar una medida para mejor proveer que estimó necesaria para poder resolver la controversia.

En estas circunstancias, debe descartarse este primer cargo, toda vez que la apertura de este proceso a prueba no constituye trámite o diligencia considerado esencial por la ley.

En segundo lugar, la parte recurrente alega que el Tribunal Superior "omitió cumplir con la obligación del Despacho Saneador", al haber declarado en la resolución que ahora se impugna en casación, extemporáneo y sin valor alguno el escrito en el que el M.D.R., en representación del señor C.A., anunció y sustentó recurso de apelación, en lugar de haber declarado la nulidad de lo actuado en este respecto, puesto que se trata de una actuación que tuvo lugar después de haberse dictado la resolución que fue objeto del recurso de apelación.

Al respecto, la Sala observa que el Tribunal Superior consideró que el recurso de apelación del señor C.A., el cual es consultable de fojas 292 a 299, fue concedido erradamente por el juzgador de primera instancia, puesto que no tomó en cuenta que el mismo se había presentado tardíamente, en vista de lo cual procedió a declararlo extemporáneo y sin valor alguno en la resolución recurrida. No obstante, a juicio de la parte recurrente, lo que procedía era declarar la nulidad de lo actuado indebidamente, con fundamento en el artículo 1151 del Código Judicial, que establece el deber de saneamiento que tiene el Tribunal Superior cuando recibe un expediente en virtud de apelación o consulta.

Al revisar las constancias procesales la Sala ha podido determinar que el apoderado judicial del señor C.A. se notificó del Auto No. 146 dictado por el Juzgado Decimosexto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 3 de febrero de 2005 y anunció recurso de apelación contra el mismo, mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2005, visible a foja 273.

Sin embargo, no fue hasta el 5 de abril de 2005 cuando por intermedio de su nuevo apoderado judicial, el M.D.R., que el señor C.A. sustentó el recurso de apelación que había anunciado, razón por la cual el mismo era extemporáneo como consideró el S. delJ.D. quien, en consecuencia, lo recibió a insistencia con fundamento en los artículos 481 y 1137 del Código Judicial, como consta a foja 299.

Igualmente, la Sala advierte que tal como alega la parte recurrente, el Juez Decimosexto, Suplente, por error concedió el recurso de apelación que fue sustentado extemporáneamente, mediante resolución fechada 22 de abril de 2005 (f. 301).

Ahora bien, la recurrente afirma que en estas circunstancias el Tribunal Superior debió declarar la nulidad de dicha concesión y no declarar extemporáneo el recurso en la resolución que resolvió en segunda instancia el presente proceso de consignación. Sin embargo, esta corporación judicial estima que no le asiste razón al recurrente, puesto que el segundo párrafo del artículo 1136 del Código Judicial señala que "La resolución que concede el Recurso de Apelación no admite recurso alguno, pero es susceptible de revocación de oficio"; añadiendo que "El superior deberá, al momento de decidir el recurso, examinar la cuestión", de lo cual se colige que el Tribunal Superior debía proceder conforme lo hizo, es decir, declarar extemporáneo y sin valor alguno el escrito de sustentación de la apelación, puesto que así lo prescribe expresamente el citado artículo 1136 del Código Judicial.

Adicionalmente, es preciso indicar que el artículo 741 del Código Judicial establece que "La nulidad sólo se decretará cuando la parte que la solicite ha sufrido o puede sufrir perjuicio procesal, salvo que se trate de nulidades insubsanables". En el caso que nos ocupa, la parte que solicita la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior no es quien interpuso el recurso de apelación que se declaró extemporáneo, de manera que no tiene legitimación para reclamarla, puesto que no le ha causado ningún perjuicio y no se trata de nulidad insubsanable.

Consecuentemente, la Sala concluye que no existen méritos para casar la sentencia con fundamento en la causal de forma, toda vez que el Tribunal Superior no omitió ningún trámite o diligencia considerado esencial por la ley y, por tanto, no incurrió en la violación de los artículos 1151 y 1457 del Código Judicial.

En el recurso de casación en el fondo se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba y, en los motivos que la fundamentan, se señala lo siguiente:

"PRIMERO: La resolución recurrida concluyó que la Junta

Directiva de la Sociedad de Calle Arriba de Las Tablas, en donde el señor

V.B. ejercía la representación legal era la legítima, dando por hecho

de que este señor tenía legitimidad para concurrir a aceptar un pago a nombre

de dicha sociedad sin la existencia de una prueba que acreditara de que

efectivamente este señor era quien ejercía la representación de dicha Junta

Directiva.

SEGUNDO

La resolución recurrida concluyó que la Junta Directiva de la Sociedad de Calle Arriba de las Tablas, en donde el señor V.B. ejercía la representación legal era la legítima para recibir el pago consignado, sin embargo dicha junta directiva no aparece legitimada en ninguna certificación o prueba allegada dentro del expediente. Es decir que, no existe una sola prueba que acredite la legitimación de la Junta Directiva presidida por V.B.." (F. 445).

Como consecuencia de los cargos expuestos, la parte recurrente alega la violación del artículo 780 del Código Judicial, que señala cuáles son los medios de prueba que reconoce nuestra legislación procesal y el artículo 1457 ibidem, que establece el procedimiento a seguir en los procesos de pago por consignación, cuando existen varios acreedores.

Se advierte que en esta causal la parte recurrente alega que el Tribunal Superior ordenó la entrega al señor V.B. del pago consignado, sin que conste en el expediente ninguna prueba que lo acredite como representante legal de la SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS o que acredite la legitimación de la Junta Directiva de dicha sociedad que éste preside.

Por su parte, el Tribunal Superior consideró que no existían méritos para variar la decisión de fondo dictada en primera instancia por el Juzgado Decimosexto, con base en los siguientes puntos:

"El Tribunal en su decisión debe señalar, en primer

lugar, que, evidentemente y conforme los Estatutos de la SOCIEDAD DE CALLE

ARRIBA DE LAS TABLAS (visibles a fojas 241-259), quien ejerce la Representación

legal de la asociación lo es el P. de dicha persona jurídica, en sus

ausencias lo será el Vice Presidente (sic) y en ausencia de este último, lo será

el miembro que designe la Junta Directiva.

De allí que, son estas las personas legitimadas para exigir o solicitar

el pago consignado por GLOBAL BRANDS (PANAMÁ), S.A. y no ninguna de las

recurrentes, quienes no han acreditado ninguno de los cargos antes mencionados.

Lo anterior es así ya que, aún cuando KAROL ESTELA AMORES

haya sido "escogida por unanimidad como R. de la Tuna de Calle Arriba de Las

Tablas para los Carnavales del año 2005", la misma no está facultada para

recibir pago alguno; y, en segundo lugar, aún cuando EUDILIA ESTELA TRUJILLO,

alega ser la Tesorera de la Junta Directiva presidida por CÉSAR AMAYA, no se

debe perder de vista que, mediante Auto No 1377 CCRJ-ST de fecha 12 de mayo de

2004, dictado por la Juez Décimo Tercera (sic) de Circuito de lo Civil del

Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro de la Medida Conservatoria o de

Protección en General interpuesta por la SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS

y otros, se decidió la suspensión de los efectos de la inscripción del Acta de

Asamblea General Ordinaria contenida en la Escritura Pública No. 1366, así como

el cese de la inscripción y de las actuaciones de la Junta Directiva presidida

por C.A.; y, en su lugar, se restituyó la Junta Directiva presidida por

V.B., razón por la cual tampoco ha demostrado estar facultada para

recibir el pago consignado en el presente proceso, máxime cuando en realidad

actuó en su propio nombre y no como Tesorera y por cuanto que la Junta

Directiva a la cual pertenece fue justamente la que se suspendió, conforme a lo

antes reseñado." 8fs. 314-315).

Resulta evidente que el punto en controversia se reduce a determinar si se ha probado en el proceso que el señor V.B. es el representante legal de la demandada, SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, como concluyeron los tribunales de primera y segunda instancia o si, como alega la parte recurrente, no existe ninguna prueba que así lo demuestre.

Al respecto, es preciso reiterar que no existe discrepancia en cuanto a la existencia del contrato celebrado entre la sociedad GLOBAL BRANDS (PANAMÁ), S.A. y SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, en virtud del cual la primera ha consignado en este proceso la suma de B/25,000.00 a favor de la segunda, que es la única acreedora. El punto en litigio se reduce, entonces, a determinar quién es el representante legal de dicha acreedora y, por tanto, quien debe recibir el pago de la suma consignada en nombre de dicha sociedad.

En vista de que las pruebas presentadas por la parte demandante y por las cuatro personas que contestaron la misma alegando tener derecho a recibir el pago, no fueron suficientes para determinar este punto, la Juez Decimosexta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó el Auto No. 77 de 19 de enero de 2005, por medio del cual ordenó la práctica de prueba de oficio, con el fin de que el Registro Público informara y remitiera lo siguiente: 1) Copia autenticada de los estatutos vigentes de la SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS; cuándo fueron inscritos dichos estatutos y bajo qué asiento; y, 2) Certificación del status de la Nota Marginal de Advertencia de 27 de diciembre de 2004.

El Director General del Registro Público remitió mediante Cert. 662-05 de fecha 29 de enero de 2005 las pruebas solicitadas por la Juez Decimosexta, las cuales son consultables de fojas 240 a 258.

La primera de ellas consiste en copia de la Escritura Pública No. 2287 de 26 de febrero de 2003 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, por la cual se protocolizan dos actas de reuniones de la Asamblea General de la SOCIEDAD CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, ambas celebradas el 2 de noviembre de 2002, con el fin de modificar los estatutos de esa sociedad.

Al revisar los mismos, la Sala observa que tal como concluyó la juez de primera instancia y confirmó el Tribunal Superior en la resolución impugnada en casación, el artículo 31 de dichos Estatutos establece que "El Presidente será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá las facultades de un Apoderado General, salvo las restricciones que establecen estos estatutos o facultades que le atribuyen a ciertos organismos" y que, en su ausencia, "la representación legal recaerá en el Vicepresidente y en ausencia de éste, el miembro que designe la Junta Directiva", con lo cual no existen dudas en cuanto a que la persona que ostente la calidad de Presidente de la Junta Directiva, siempre y cuando no se encuentre ausente, será el representante legal de la misma.

Ahora bien, tal como se indicó anteriormente, surgieron diferencias entre algunos de los miembros que conforman la sociedad demandada, las cuales motivaron una serie de irregularidades en la inscripción de algunos documentos en el Registro Público lo que, a su vez, provocó la falta de certeza en cuanto a cuál es la Junta Directiva que se encuentra vigente y, por tanto, a quién ostenta su representación legal.

Específicamente, se trata de la controversia surgida entre las siguientes Juntas Directivas de SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS:

1) Junta Directiva cuyo P. es el señor V.B., escogida en Asamblea General cuya acta fue protocolizada mediante Escritura Pública No. 5651 de 16 de abril de 2003 de la Notaría Décima del Circuito, la cual se inscribió el 25 de abril de 2003 (fs. 13-14).

2) Junta Directiva cuyo Presidente es el señor C.A., escogida en Asamblea General protocolizada mediante Escritura Pública No. 1366 de 16 de marzo de 2004 de la Notaría Segunda del Circuito, la cual se inscribió el 17 de marzo de 2004 en el Registro Público (f. 14).

Se observa igualmente que SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, J.C., V.R.B.U., B.Á., D.A.D.Á., A.S.D.A. y OTROS, solicitaron medida conservatoria o de protección en general contra T.G., C.A., S.J. y OTROS ante el Juzgado Decimotercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil quien, mediante Auto No. 1377 CCRJ-ST de 12 de mayo de 2004, decretó dicha medida cautelar en los siguientes términos:

"1. ORDENAR el cese de los efectos de la inscripción del Acta de Asamblea General Ordinaria de la SOCIEDAD CALLE ARRIBA contenida en la Escritura Pública Número 1366 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, la cual fue inscrita en el Asiento 31726/2004 del Diario al Documento Número 592850 de la Ficha C-3367 del Registro Público.

  1. ORDENAR el cese de los efectos de la inscripción de la Junta Directiva Protocolizada en la Escritura Pública Número 1366 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, e inscrita en el Documento 592850 de la Ficha 3367 del Registro Público.

  2. ORDENAR a los miembros de la Junta Directiva de la

    Sociedad de Calle Arriba, presidida por el Señor CESAR AMAYA, con cédula de

    identidad personal No 7-84-1247, cuyas demás generales desconocemos, conforme

    se lee en la Escritura Pública No 1366 de la Notaría Segunda del Circuito,

    ABSTENERSE de celebrar cualquier contrato de actividad de recaudación de

    fondos, propaganda, convocatoria, promoción de Reina de Calle Arriba de Las

    Tablas, y cualquier otra actividad utilizando el nombre de la Sociedad de Calle

    Arriba de Las Tablas.

  3. ORDENAR a Registro Público la restitución de los efectos de la Escritura Número 5651 de fecha 16 de abril de 2003, la cual fue adicionada mediante Escritura Pública No 5980 del 23 de abril de 2003, ambas inscritas a la Ficha C-3367, Documento Redi Número 459400, de la Sección Mercantil del Registro Público en las cuales se protocoliza Acta de Asamblea General Ordinaria y se elige Junta Directiva, y que sea esta Junta Directiva de la Sociedad de Calle Arriba de Las Tablas, hasta tanto se resuelva el fondo del proceso que se instaurará de manera que la sociedad no quede en acefalia (sic) y se garantice la continuidad de su funcionamiento.

  4. ORDENAR al Registro Público la SUSPENSIÓN de los asientos pendientes de inscripción correspondientes a Escrituras defectuosas en fila de registro que hayan ingresado al Registro Público después de colocada la marginal de advertencia, específicamente los asientos 44782 y 448000 del Tomo 2004, así como también no se inscriba ninguna Escritura Pública en esta ficha hasta tanto se decida el fondo del proceso." (Fs. 98-100).

    El contenido de la medida cautelar impuesta por el Juzgado Decimotercero pone de manifiesto lo siguiente:

    1) Que se dejó sin efecto la inscripción de la Junta Directiva presidida por el señor C.A. y se le ordenó a sus miembros abstenerse de celebrar cualquier actividad utilizando el nombre de la SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS.

    2) Que se restituyó la Junta Directiva presidida por el señor V.B., para "que quede a cargo de la Dirección de la Sociedad de Calle Arriba de Las Tablas, hasta tanto se resuelva el fondo del proceso que se instaurará, de manera que la sociedad no quede en acefalia (sic) y se garantice la continuidad de su funcionamiento".

    3) Que se le ordenó al Registro Público la suspensión de los asientos pendientes de inscripción que hubieran ingresado después de colocada la marginal de advertencia, específicamente los asientos 44782 y 44800 del Tomo 2004, así como abstenerse de inscribir ninguna Escritura Pública en esta ficha, hasta tanto se decida el fondo del proceso.

    En estas circunstancias, resulta claro que el Tribunal Superior no incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, toda vez que los medios probatorios a los que hemos hecho referencia y en los cuales se fundamentó tanto el juzgador de primera como de segunda instancia, demuestran que el representante legal de SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS es el señor V.B., toda vez que la medida cautelar impuesta por el Juzgado Decimotercero mediante Auto No. 1377 de 12 de mayo de 2004, restituyó la vigencia de la Junta Directiva cuyo Presidente es el mencionado señor.

    En vista de que no existen otros cargos que considerar, se descarta también el recurso de casación en el fondo interpuesto por la representación judicial de la señora EUDILIA ESTELA TRUJILLO.

    En el recurso de casación en la forma presentado por la licenciada M.L.M. en representación de KAROL AMORES, se invoca como única causal "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley" y los motivos que la sustentan señalan lo siguiente:

    "PRIMERO: En la resolución recurrida, el Primer Tribunal omitió cumplir con la obligación del Despacho Saneador, ya que adiciona en su resolución, a la parte Resolutiva del Auto No 146 del 3 de febrero de 2005, que fuese dictado por la Juez Décimo Sexta de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, lo siguiente: "que declara extemporáneo y sin valor alguno el escrito en donde anuncia y sustenta el Recurso de apelación el M.D.R.R. (apoderado de C.A.)", omitiendo H.M., que es esencial por ley el saneamiento mediante la declamatoria (sic) de nulidad del procedimiento realizado; sin embargo, en violación a la normativa, se declara extemporáneo tanto el anuncio como sustentación de la apelación por parte del M.R., cuando dicho anuncio y sustentación de apelación son posteriores al Auto impugnado y de forma inmediata, por lo que no se podía agregar esto a la resolución impugnada, lo que causa su injuricidad.

SEGUNDO

En la resolución recurrida no se subsanó el

hecho de que el proceso no se abrió a pruebas, siendo que esto era lo que

procedía, puesto que se trata de un proceso de pago por consignación en donde

correspondía la apertura del proceso a pruebas, en virtud de que existen hechos

por justificar. De aquí, que no se

permitió la presentación de las pruebas a nuestra patrocinada KAROL AMORES, ni

mucho menos las alegaciones tan esenciales para este caso." (Fs. 449 y 330).

Como consecuencia de lo planteado en los motivos transcritos, la recurrente alega la violación de los artículos 1151 y 1457 del Código Judicial.

Como puede observarse, tanto los cargos que se plantean en esta causal de forma, como las disposiciones legales que se estiman infringidas, son los mismos que ya fueron analizados en el recurso de casación presentado por la señora EUDILIA ESTELA TRUJILLO y respecto a los cuales la Sala concluyó no constituían trámite o diligencia considerado esencial por la ley que había sido omitido, razón por la cual no existían méritos para casar la resolución de segunda instancia.

Siendo así, resulta innecesario que la Sala vuelva a pronunciarse sobre los mismos argumentos, debiendo concluir que no se encuentra justificada la causal de forma invocada en esta oportunidad.

La causal de fondo consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho y se fundamenta en los siguientes motivos:

"PRIMERO: La resolución recurrida concluyó que la Junta Directiva de la Sociedad de Calle Arriba de las Tablas, en donde el señor V.B. ejerce la Representación legal era la legítima, dando por hecho la existencia de una prueba cuando dicha Junta Directiva no aparece legitimada en ninguna certificación o prueba allegada dentro del expediente. Es decir que, no existe una sola prueba que acredite la legitimación de la Junta Directiva presidida por V.B..

SEGUNDO

La resolución recurrida al inobservar la Certificación que el propio Registro Público de Panamá expidió el día 30 de Septiembre del 2004,que se encuentra a fojas 217 y 218 del expediente, y en donde consta que la Nota marginal de Advertencia que se encuentra inscrita en el Registro Público, afecta la inscripción de la Junta Directiva del Señor V.B., omite valorar de que efectivamente no existía ninguna prueba que acreditara la legitimación procesal de la Junta Directiva presidida por V.B., ya que esta Junta Directiva ha sido declarada como ilegal por el Registro Público en esta certificación del 30 de septiembre.

TERCERO

La resolución recurrida no tomó en cuenta, que existe por medio del Auto No. 1377 del 12 de mayo de 2004, una Medida Conservatoria ordenada por el Juzgado Décimo Tercero (sic) de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá inscrita en el Registro público (sic), de aquí que dio por hecho que el Registro Público certificaba la legitimidad de la Junta Directiva presidida por V.B., cuando dicha prueba no existe, pues sólo existe una medida cautelar provisional, hasta tanto se garantice cual es la Junta Directiva legal y vigente para recibir dicho pago, lo cual sólo se sabrá cuando se resuelva el fondo del asunto planteado en el Juzgado Decimotercero de Circuito Civil, lo cual no ha sucedido.

CUARTO

La resolución recurrida no tomó en consideración la existencia de la declaración del Licenciado EDUARDO FERGUSON (fojas 80-86), asesor legal del Registro Público, en donde el mismo claramente manifiesta que consta Nota marginal de Advertencia sobre el asiento que inscribe la Junta Directiva de V.B., la cual se encuentra inscrita en el Registro Público, por lo que se afecta la inscripción de la Junta Directiva del S.V.B., y los derechos de esta Junta Directiva se encuentran restringidos". (Fs. 332 y 450).

La parte recurrente alega que se han violado los artículos 780 y 1457 del Código Judicial.

El primer cargo que se plantea se refiere a que el Tribunal Superior concluyó que la Junta Directiva en la que el señor V.B. ejerce la representación legal era la que se encontraba vigente, a pesar de que no existe ninguna prueba que así lo acredite.

Como puede observarse, este mismo punto fue discutido al analizar la causal de fondo del recurso de casación anterior, concluyendo la Sala, después de revisar los medios de prueba pertinentes, que actualmente el señor V.B. es el P. y, por tanto, representante legal de la SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS.

Ahora bien, la recurrente en este recurso también sustenta su posición en otras pruebas que no fueron analizadas por la Sala en el recurso anterior, razón por la cual se procede a su estudio, con el objeto de determinar si las mismas demuestran que el Tribunal Superior incurrió en error de hecho en cuanto a su existencia.

En primer lugar, la recurrente sostiene que la resolución impugnada no tomó en consideración la certificación expedida por el Registro Público el 30 de septiembre (sic) de 2004, la cual es consultable a fojas 217 y 218, en la que, en su opinión, se certifica la existencia de una nota marginal de advertencia que afecta y hace ilegal la Junta Directiva presidida por el señor V.B..

Al revisar el documento atacado, que consiste en una copia debidamente autenticada de la certificación expedida por el Registro Público, la Sala observa que en ella se hace constar lo siguiente:

1) Que la personería jurídica está vigente y que sus dignatarios son: V.B. - Presidente; J.C. -V.; MINERVA BULTRÓN - Tesorera; A.D.A. -S.; y MARLINA DECEREGA DE CABALLERO - Fiscal.

2) Que mediante Auto No. 1377 de 12 de mayo de 2004, el Juzgado Decimotercero de Circuito del Primer Circuito de Panamá, Ramo Civil dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la Junta Directiva presidida por el señor C.A. y restituyó la que preside el señor V.B..

3) Que el Registro Público impuso la siguiente nota marginal de advertencia:

"NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA: SOBRE LAS INSCRIPCIONES DE LOS ASIENTOS 37204 DEL TOMO 2001, 34320 DEL TOMO 2002, 41002 Y 43241 DEL 2003, Y 31726 DEL TOMO 2004 TODOS DEL DIARIO, QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS A LA FICHA C-3367 ROLLO 851 DE LA SECCION DE PERSONAS COMUN DEL REGISTRO PUBLICO DENOMINADA: SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS. ESTA NOTA MARGINAL NO ANULA LAS INSCRIPCIONES, PERO RESTRINGE LOS DERECHOS DEL DUEÑO DE TAL MANERA QUE MIENTRAS NO SE CANCELE O SE PRACTIQUE EN SU CASO LA RECTIFICACION NO PODRA HACERSE OPERACION ALGUNA POSTERIOR. SI POR ERROR SE INSCRIBIERA ALGUNA OPERACION POSTERIOR SERA NULA." (Énfasis de la Sala).

La Sala observa que el contenido de la citada certificación, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, fundamenta la posición de la resolución impugnada, puesto que certifica la vigencia de la Junta Directiva presidida por el señor V.B. y la suspensión de los efectos de la del señor CÉSAR AMAYA.

Ahora bien, en relación con la nota marginal de advertencia impuesta por el Registro Público, la Sala debe aclarar que si bien la misma afecta tanto la inscripción correspondiente a la Junta Directiva del señor V.B., como la de otros Asientos inscritos o que se encuentran pendientes de inscripción relacionados con la SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS, dicha marginal de advertencia no anula las inscripciones ni las "hace ilegales" como sostiene la recurrente, sino que impide que se haga ninguna otra operación registral respecto de las mismas, hasta tanto se resuelva la controversia que originó la imposición de dicha marginal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1790 del Código Civil que a la letra dice:

"Artículo 1790. Siempre que el registrador notare un error de los que no puede rectificar por sí, ordenará se ponga al asiento una nota marginal de advertencia y la avisará por el periódico oficial y la notificará en los estrados del despacho a los interesados, si no pudiere notificarlos personalmente.

Esta nota marginal no anula la inscripción; pero restringe los derechos del dueño de tal manera que, mientras no se cancele o se practique, en su caso, la rectificación, no podrá hacerse operación posterior, relativa al asiento de que se trata. Si por error se inscribiera alguna operación posterior será nula."

Consecuentemente, las notas marginales de advertencia que impone el Director del Registro Público constituyen una limitación únicamente para los efectos registrales, cuyo objeto es evitar que se hagan nuevas inscripciones hasta tanto se subsanen los errores correspondientes. Siendo así, la marginal a la que se refiere la recurrente en el caso que nos ocupa, no tiene efectos sobre la medida conservatoria y de protección en general que decretó el Juzgado Decimotercero, la cual, repetimos, restituyó la vigencia de la Junta Directiva presidida por el señor V.B. que es quien, en consecuencia, ejerce la representación legal de la sociedad demandada a la fecha y hasta tanto se resuelva el fondo del proceso dentro del cual fue dictada, como lo señala expresamente el auto que decretó dicha medida cautelar.

A continuación, la recurrente alega que la resolución de segunda instancia no tomó en cuenta que la medida conservatoria ordenada por el Juzgado Decimotercero y que se encuentra inscrita en el Registro Público es de carácter provisional, razón por la cual no se puede entregar el pago consignado al señor V.B., hasta tanto se resuelva el fondo del asunto planteado.

En relación con este punto, la Sala debe señalar que la provisionalidad es una característica de todas las medidas cautelares, como lo reconoce tanto la doctrina como nuestro Código Judicial. Al respecto, L.C. REYES y R.S.S. en sus Estudios de Derecho Judicial referentes a "Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil de la República de Panamá", nos explican lo siguiente:

"Destacada por los autores, la provisionalidad de las medidas cautelares, se hace constar su íntima conexión con la de instrumentalidad. Como dice C.C. "adoptar medidas cautelares significa tomar decisiones que permitan garantizar la integridad del derecho cuya tutela se solicita, mientras dura el proceso, es decir, hasta que se obtiene la sentencia".

En el mismo sentido destaca S.B. que "las medidas cautelares se mantendrán en tanto en cuanto cumplan con su función de aseguramiento durante la tramitación del proceso."

...

En el C. Judicial, se encuentra esta característica de provisionalidad específicamente en los arts. 536-A (ahora 547) (al establecer lo que ha de hacerse con la caución prestada como consecuencia de un secuestro, en función de que haya resolución judicial declarando haber o no lugar a la pretensión del demandante) y 538 (ahora 549) (al disponer los que ha de hacerse con el depósito judicial, constituido por el ejercicio de pretensiones reales, al ejecutarse la sentencia definitiva dictada en el proceso principal)." (Págs. 15-16).

Resulta evidente, entonces, que todas las medidas cautelares son provisionales o temporales, puesto que cuando termina el proceso las mismas se extinguen, ya sea que se conceda o se niegue la pretensión a la cual fundamentan. No obstante, mientras no se revoquen, surten sus efectos y deben ser acatadas.

En el caso que nos ocupa se trata de una medida conservatoria o de protección en general, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 569 del Código Judicial en los siguientes términos:

"ARTICULO 569. Además de los casos regulados, a la persona a quien asista un motivo justificado para temer que durante el reconocimiento judicial de su derecho sufrirá un peligro inmediato o irreparable, puede pedir al juez las medidas conservatorias o de protección más apropiadas para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará prueba sumaria y, además, la correspondiente fianza de daños y perjuicios.

La petición se tramitará y decidirá en lo conducente de acuerdo con las reglas de este Título."

La norma transcrita regula las medidas cautelares innominadas, las cuales son decretadas por el juez a "su prudente arbitrio", como señalan los autores citados anteriormente:

No vemos peligro en la aplicación de esta especial medida cautelar, pues la norma de derecho que la autoriza exige la presentación de prueba sumaria al peticionario y además dispone que se tramitará y decidirá de acuerdo con las reglas del Título II, Libro II del Código Judicial, que ofrecen seguridades para evitar los abusos que algunos presagiaban y que aparentemente no se han dado.

Será el Tribunal en todo caso, el que mediante su prudente arbitrio y la previa caución quien decretará o denegará la medida, que puede ser cualquiera conservatoria o de protección. El único límite, un tanto abstracto es que sea la más apropiada para asegurar provisionalmente de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo." (Ibidem, pág.70).

En el presente caso, la medida conservatoria que dictó la Juez suspendió los efectos de la Junta Directiva de la SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS que presidía el señor C.A., que era la que se encontraba vigente al momento en que se interpuso dicha medida cautelar y les ordenó a sus miembros, abstenerse de celebrar cualquier contrato, actividad de recaudación de fondos, propaganda, convocatoria, promoción de Reina de Calle Arriba de Las Tablas, y cualquier otra actividad utilizando el nombre de dicha sociedad.

En vista de ello, es decir, de que se suspendió la Junta Directiva que se encontraba vigente y con ello a su representante legal, la Juez restituyó los efectos de la Junta Directiva presidida por el señor V.B. pues, de lo contrario, la sociedad no hubiera podido seguir operando hasta tanto no se resolviera el fondo del proceso dentro del cual fue decretada, lo cual sería inaceptable.

En estas circunstancias, no le asiste razón a la recurrente, toda vez que mientras no se levante la medida cautelar o se resuelva el fondo de la controversia, el señor V.B. como Presidente de la Junta Directiva cuya vigencia se restituyó, es el representante legal de SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS.

Por último, la recurrente alega que la resolución impugnada no tomó en consideración la declaración del Licenciado EDUARDO FERGUSON, asesor legal del Registro Público, en la cual manifiesta que la nota marginal de advertencia a la que hemos hecho referencia, afecta la inscripción correspondiente a la Junta Directiva presidida por el señor V.B., en vista de lo cual los derechos de la misma se encuentran restringidos.

Se trata de una declaración jurada que rindió el señor E.R.F.C. en la Fiscalía Decimatercera de Circuito del Primer Distrito Judicial el 9 de julio de 2004, en la cual dicho señor declaró que trabaja en el Departamento de Asesoría Legal del Registro Público y en calidad de tal, hace una explicación sobre los efectos de las notas marginales de advertencia que impone dicha institución sobre las inscripciones que se han hecho por error.

En cuanto al caso específico de la marginal impuesta a los asientos de inscripción de la Junta Directiva presidida por el señor V.B., la Sala observa que en ninguna parte de su declaración el testigo manifiesta que los derechos de dicha Junta Directiva se encuentran restringidos; lo que señala es que no se pueden hacer nuevas inscripciones sobre dichos asientos, hasta tanto no se envíe una orden judicial que decida la controversia que provocó la imposición de la nota marginal y que permita que ésta sea revocada.

Por tanto, debe concluirse que el Tribunal Superior no incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de esta prueba.

Toda vez que no existen otros cargos que considerar, se debe descartar el recurso de casación en el fondo que interpuso la representación judicial de KAROL AMORES, toda vez que no se ha incurrido en la causal invocada ni en la violación de los artículos 780 y 1457 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el 23 de septiembre de 2005, dentro de proceso de pago por consignación interpuesto por GLOBAL BRANDS (PANAMÁ), S.A. contra SOCIEDAD DE CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS.

Las costas de casación se fijan en la suma de trescientos balboas (B/300.00) a cargo de cada una de las recurrentes.

  1. y notifíquese.

JOSÉ A. TROYANO

VIRGILIO TRUJILLO L. HARLEY J. MITCHELL D.

MANUEL J. CALVO.- Secretario

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