Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Febrero de 2001

PonenteARTURO HOYOS
Fecha de Resolución 8 de Febrero de 2001
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El Lcdo. A.M.F., actuando en representación de C.Q., CESAR OLIVERO Y SILVIO MONTENEGRO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución Nº 30-SJ-DRTCH-98 de 12 de agosto de 1998, dictada por el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve:

ARTICULO 1, Conceder a la empresa CHIRIQUI LAND COMPANY-PUERTO ARMUELLES, la prórroga de la suspensión de los Contratos de las empacadoras y fábricas de cajas, que constan en el expediente de inicio de suspensión de Contratos de Trabajos, Empacadoras y Fábricas de Cajas, de foja 6 a 70 haciéndole saber que la misma se concede nuevamente por un término de un mes a partir del 21 de julio del presente año.

ARTICULO II se ordena excluir de la presente autorización de suspensión de labores a los trabajadores que han dado por terminadas su relación laboral con dicha Empresa, que constan a fojas 209, 210, 211, 212, 231, 232, en el expediente.- se excluye además a la trabajadora; G.A.M., en virtud que la empresa la ha reincorporado para hacer trabajos de aseo y limpieza en la Oficina ubicado en FINCA CEIB, según consta a foja 213, del expediente.

  1. La pretensión y su fundamento.

    En la demanda se formula pretensión consistente en una petición para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución Nº 30-SJ-DRTCH-98 de 12 de agosto de 1998, dictada por el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí. Como consecuencia de la declaración anterior, se solicita se ordene a la Dirección Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí que ordene el reintegro con pago de salarios caídos de los trabajadores demandantes.

    Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se señala que la Resolución impugnada fue dictada dentro de un proceso administrativo seguido en la Dirección Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí, en virtud a la solicitud de suspensión de contratos promovida por la Chiriquí Land Company contra los trabajadores de empacadora y fábrica de cajas, como consecuencia de la huelga legal que llevara a cabo el Sindicato contra la empresa. Según el apoderado de la parte actora, la resolución impugnada fue dictada en violación de las más claras garantías procesales a que tiene derecho todo demandado y de los principios rectores del Derecho Laboral que se inspiran en la protección del trabajador, dado que se ha considerado el proceso de solicitud de suspensión de contratos, como un proceso no contencioso, como si la suspensión de contratos de miles de obreros, pueda ser solicitada sin más requerimientos por una empresa sin que el trabajador tenga derecho a oponerse a tal suspensión y solicitar y aportar pruebas que demuestren que es falsa la causal que se alega para justificar la suspensión de contratos. También se alega la ilegalidad del acto, por cuanto que fue dictado en violación a la norma que establece que en cualquier asunto para el cual la ley disponga un trámite abreviado o sumario, se aplicarán disposiciones sobre procesos comunes sujetas a normas especiales del proceso abreviado establecidas en el Código de Trabajo, que señala que debe realizarse audiencia. Según el recurrente la resolución recurrida admitió una causal de caso fortuito inexistente y una pruebas que no fueron sometidas al contradictorio necesario; fundamento de la prórroga de la suspensión de los contratos fue basado en que no existe producción por una razón de una huelga que terminó el 17 de abril de 1998, lo cual no es cierto, pues, la empresa eliminó toda la nueva producción cosa que no verificó el Ministerio de Trabajo; la resolución fue dictada un mes después de haberse solicitado la prórroga, lo que viola normas que establecen que esta solicitud debe resolverse sumarialmente con la audiencia de las partes, tres días después de presentada la solicitud; la resolución acusada de igual modo autorizó la suspensión de trabajadores amparados por el fuero sindical.

    Como disposiciones legales infringidas, se aducen los artículos 202, 203, 599, 940, 776, 781, 979, cuyo texto señala:

    ARTICULO 202: Si la Dirección Regional de Trabajo no encontrare comprobada la fuerza mayor o caso fortuito invocada por el empleador como causa de la suspensión, ordenará el reintegro inmediato de los trabajadores y el pago de los salarios correspondientes a los días de suspensión de labores.

    ARTICULO 203: Si se encontrare justificada la causal alegada, la Dirección General de Trabajo señalará, según las circunstancias, el término de suspensión de los contratos de trabajo, por un mínimo de una semana y hasta por un máximo de un mes.

    El empleador podrá solicitar prórroga de la suspensión de los contratos de trabajo, comprobando ante la Dirección Regional o General de Trabajo con audiencia de los trabajadores que persistan las condiciones que impiden la reanudación de las actividades de la empresa.

    De encontrar, la Dirección Regional o General de Trabajo, justificada la causal alegada podrá prorrogar por períodos sucesivos de treinta (30) días la suspensión de los contratos de trabajo, hasta por un período máximo de cuatro (4) meses.

    ARTICULO 599: El Juez fijará los términos cuando la ley no lo haya fijado, de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia del acto o diligencia, procurando que no excedan de lo necesario para los fines consiguientes. Estos términos son prorrogables, al arbitrio del Juez.

    ARTICULO 940: Una vez que el expediente llegue en apelación o en consulta ante el Tribunal Superior, éste examinará los procedimientos; y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad o trámite, se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes, o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad de las actuaciones u ordenará que se cumpla con la formalidad o trámite pertinente y se reasuma el curso normal del proceso, según el caso. Sólo cuando sea absolutamente indispensable devolverá el expediente al Juez del conocimiento, con indicación precisa de las omisiones que deban subsanarse y se indicará también la corrección disciplinaria que corresponda, si hubiere mérito para ello.

    Se considerarán como formalidades indispensables para fallar, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requieren este trámite; la falta de notificación del auto ejecutivo; la omisión de señalamiento de fecha para audiencia en los casos que esté indicado este requisito, o el no haberse practicado la audiencia sin culpa de las partes.

    ARTICULO 776: Salvo que se disponga otra cosa, los documentos emanados de terceros sólo se estimarán por el Juez:

    1. Los de naturaleza dispositiva, si se han reconocido expresamente por sus autores u ordenado tener por reconocidos;

    2. Los de carácter testimonial, si su contenido se ha ratificado dentro del proceso, mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos.

    ARTICULO 206: Lo dispuesto en los artículos 201, 203, 204 y 205 se aplicará para los casos de suspensión por incapacidad económica pero sujeto a la previa autorización de la suspensión por las autoridades administrativas del trabajo.

    "ARTICULO 979: En los casos de maternidad, de desmejoramiento de personas amparadas por el fuero sindical, o de miembros de sindicatos en formación, o de cualquier trabajador que para su despido requiere trámite jurisdiccional previo, se seguirá el procedimiento señalado en este capítulo."

    Según quien representa a la parte demandante, el artículo 202 del Código Laboral se infringió de manera directa por omisión, porque a través de la Resolución Nº 30-SJ-DRTCH-98 de 12 de agosto de 1998, en vez de ordenarse el reintegro con el pago de los salarios caídos, lo que se dispuso fue la suspensión de los contratos sin haberse aportado "pruebas idóneas" para probar la causal de conformidad con lo que establece el artículo 203 del Código de Trabajo, mismo que también se estima violado de manera directa por comisión. Ello es así, en opinión de quien recurre, en la medida que la resolución que causa "estado" aprobó una prórroga adicional de suspensión de los contratos de trabajo, que incluye a los señores C.Q., C.A.O. y S.M. sin haberse probado la causal para acceder a la prórroga y sin que se le permitiera a los trabajadores probar lo contrario, pues, el documento aportado por la empresa como prueba suscrito por E.D. y J.S. fechado el 14 de julio de 1998, es un documento privado que no ha sido ratificado por quienes lo firmaron y no reconocieron su firma.

    La violación que se alega a los artículos 599 y 940 del Código Laboral, básicamente se sustenta en los mismos cargos, como lo es que la Resolución impugnada fue emitida sin cumplir con los procedimientos y términos establecidos en la Ley, en la medida que el proceso de suspensión de contratos se convirtió en un proceso contencioso una vez que los trabajadores se opusieron a la solicitud de la empresa, lo que implica que el juzgador tenía el deber de llevar a cabo una audiencia para la cual tenía que fijar una fecha y a su vez llevar el proceso a la práctica de pruebas dentro de la audiencia. El no ajustarse la Administración a los procedimientos y términos previstos en la Ley violenta la garantía fundamental del debido proceso.

    En cuanto al artículo 776 del Código Laboral, quien demanda afirma que fue violado por omisión, toda vez que la autoridad de la Dirección Regional de Trabajo estimó como prueba un documento privado suscrito por J.S. y E.D., el 14 de julio de 1998, sin haber sido reconocido por sus autores y sin que su contenido haya sido ratificado en audiencia, tal como lo establece la norma.

    La resolución recurrida según la parte actora, también viola lo previsto en el artículo 781 del Código Laboral de manera directa por omisión, pues, se dejó de admitir sin motivación alguna, el incidente de tacha que se interpuso contra el documento privado denominado informe suscrito por J.A.S. y E.D., fechado 14 de julio de 1998 con el objeto de que se desestimara en el fallo por ser falso su contenido.

    Finalmente, se alega la violación por omisión del artículo 979 del Código de Trabajo, toda vez la suspensión de los contratos de trabajo de dirigentes sindicales, como lo son sus representados, debe ser autorizada por un Juez de Trabajo y no por las autoridades administrativas del Ministerio de Trabajo, como ha ocurrido en el presente caso.

  2. El informe explicativo de conducta rendido por el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

    Mediante nota fechada el 8 de julio de 1999, el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, rindió el respectivo informe explicativo de conducta, que es visible de fojas 68 a 70 del expediente.

    El Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, expone en el informe presentado, que el demandante confunde la autorización de suspensión con los actos sucesivos de solicitud de prórroga. Sostiene que con la presentación de la solicitud de la tercera prórroga, la empresa Chiriquí Land Company presentó evaluación de la plantación de banano en su división de Puerto Armuelles, y destaca que el expediente de solicitud de tercera prórroga debe tener en cuestión las pruebas y documentos presentados, no sólo en la solicitud inicial sino en la prórroga misma, por cuanto se debe dar seguimiento a las causales que ampararon la solicitud inicial y las subsiguientes en el sentido de comprobar y corroborar que las condiciones que amparan la suspensión de los contratos persisten.

    Según el Director Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí, lo anterior se trata de un procedimiento administrativo, mediante el cual el empleador debe comprobar la causa o causas ante las autoridades administrativas de trabajo, sin que ello implique un proceso jurisdiccional que conlleve una audiencia; la determinación y análisis de la existencia de las causales como su evaluación, afirma que compete exclusivamente a la autoridad administrativa. Aclara que este caso se trata de despido por razón económica, y al respecto la Corte ha manifestado que "es materia que se acomoda mejor a los fines propios de las autoridades administrativas ...".

    Finalmente, el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí manifiesta que en providencia de 24 de julio de 1998, esa dirección corrió traslado de la solicitud de tercera prórroga por parte de la Empresa a los trabajadores de la Chiriquí Land Company o a sus representantes, en cuya contestación se niegan los hechos y objeta el informe de los peritos E.D. y J.A.S., mas no aporta prueba en contrario, agregando al incidente de tacha la credibilidad de tales peritos.

    Conforme al trámite procesal se corrió traslado a la Procuradora de la Administración para que contestara la demanda. Mediante la Vista Fiscal Nº 484 de 27 de septiembre de 1999, que es visible de fojas 73 a 93 del expediente, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su criterio, el demandante en sus argumentos no señala la causal o causales que a su juicio ante la Dirección General de Trabajo no fueron probadas para que se accediera a la prórroga de la suspensión de algunos contratos de los trabajadores de la Chiriquí Land Company; en cuanto al documento aportado por la empresa que el demandante estima es un documento privado que no fue ratificado por quienes lo firmaron, la Procuradora de la Administración acoge lo expuesto por el Director Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí, en el sentido de que el demandante confunde la autorización de suspensión con los actos sucesivos de solicitud de prórroga que señala el Código de Trabajo y de la cual se le corrió traslado a la parte actora, que se limitó a negar los hechos y objetar el informe confeccionado por los peritos, mas no aportó prueba en contrario; en cuanto el incidente de tacha incoado por el Lcdo. A.M.F., estima que fue rechazado por la Dirección Regional porque la credibilidad de los peritos E.D. y J.S. se desprende de la vasta experiencia que tienen por su vinculación al rubro de la siembra y cultivo de banano. También señala la Procuradora de la Administración, que la decisión de la entidad laboral no se basó en una apreciación subjetiva y caprichosa, pues, no sólo se fundamentó en los criterios vertidos por los peritos D. y S., sino que también fue apoyada en los informes rendidos por el Ingeniero L.M. y el Lcdo. R.E., que en términos generales son coincidentes con la opinión técnica sobre el estado de las plantaciones de banano a raíz de la huelga bananera cuya duración fue de 57 o 58 días. En cuanto a que la decisión adoptada no se ajustó a la reglas del proceso abreviado en virtud de lo que ordena el artículo 911 del Código Laboral, manifiesta que no es procedente, pues, la norma aplicable es el artículo 206 del mismo cuerpo legal, que concede clara competencia a las autoridades administrativas del Ministerio del Ramo, para decidir las suspensión de los contratos de trabajo, por causas económicas, como sucede en este caso. Finalmente, expone que la parte actora no aportó la prueba preconstituida o documental que acredite que los trabajadores están amparados por el fuero de negociación o fuero sindical en caso de ser realmente "representantes sindicales".

  3. Decisión de la Sala.

    El asunto sometido a la consideración de la Sala, es la Resolución Nº 30-SJ-DRTCH-98 de 12 de agosto de 1998, dictada por el Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, en la que se concede a la empresa Chiriquí Land Company, la prórroga de la suspensión de los contratos de los trabajadores de Empacadoras y Fábricas de Cajas.

    La demanda fue admitida, luego de absolverse recurso de apelación contra el auto de 19 de enero de 1999, que no admitió la demanda presentada al estimar que este tipo de resoluciones obedecen a actuaciones jurisdiccionales y no administrativas, por lo que no pueden ser impugnadas a través de la jurisdicción contencioso administrativa. El resto de los Magistrados de la Sala Tercera, al examinar el recurso de apelación impetrado, sostuvieron en resolución de 27 de mayo de 1999, que "la concesión de prórroga de suspensión de contratos de trabajo por parte de este ente laboral, obedece a una función meramente administrativa, y no jurisdiccional, ya que el trámite tanto para la solicitud de suspensión de los efectos de un contrato de trabajo, como para su prórroga, están contemplados en los artículos 201 y siguientes del Código de Trabajo, que difieren del proceso regulado en la Ley 53 de 1975, que es la que regula las funciones jurisdiccionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

    Una vez admitida la demanda y evacuados los trámites de rigor, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

    La Sala observa que en el expediente administrativo consta que el 16 de julio de 1998, la empresa Chiriquí Land Company presentó ante la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, otra solicitud de prórroga de los contratos de trabajo de los empleados de Empacadora y Fábricas de Cajas, que se incluyeron en la lista aportada con la solicitud original, presentada el 23 de abril de 1998. A dicha solicitud se le adjuntó el informe rendido sobre la Evaluación de la Plantación de Bananos de la Chiriquí Land Company, División de Puerto Armuelles, suscrito por los señores J.S. y Euclides Días (Véase de fojas 1 a 4 del expediente administrativo).

    Este informe recoge los resultados de la evaluación practicada a la plantación de bananos de la Chiriquí Land Company, A. los días 18 y 19 de abril de 1998, luego de finalizado el paro de labores que durante 57 días mantuvo el Sindicato de Trabajadores de esa empresa, y, de la evaluación del estado físico de la plantación, luego de transcurrido 30 y después 60 días de finalizado el paro laboral. De la inspección se concluyó que la situación de menoscabo de la plantación y de la falta de fruta aún persiste, debido a los daños causados a las plantas con más de 1.75 metros por los distintos factores, principalmente por el estrés hídrico y la falta de fertilización sufrida durante el paro laboral.

    En resolución de 24 de julio de 1998 que es visible a foja 200 del expediente administrativo, la Dirección Regional de Trabajo de Chiriquí admitió la solicitud de prórroga por 30 días adicionales de la suspensión de los efectos de los contratos de los trabajadores de Empacadoras y Fábricas, y se ordenó correr traslado a los trabajadores de la Chiriquí Land Company por el términos de 3 días para presentar los descargos correspondientes. La mencionada resolución fue notificada al Lcdo. A.M.F., el 31 de julio de 1998, quien presentó escrito de contestación, legible de fojas 214 a 219, conjuntamente con un incidente de tacha, que reposa de fojas 220 a 224, a fin de que el informe presentado por la Chiriquí Land Company, Puerto Armuelles, con la solicitud de prórroga de suspensión de los contratos, se desestime por ser falso su contenido.

    De fojas 258 a 266 del expediente administrativo, constan dos informes de evaluaciones hechas a las plantaciones de banano de la Chiriquí Land Company, que fueron incorporadas como pruebas mediante resolución de 11 de agosto de 1998. El primero de los informes es de la Dirección Nacional del Banano del Ministerio de Comercio e Industrias, que fue confeccionado por el señor R.E., y, el segundo informe es del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, Centro de Investigación de Chiriquí, donde se detalla una serie de aspectos de la fruta que pudieran limitar su calidad para la exportación, como lo es daños ocasionados por insectos, hojas que debieron ser cortadas y clorosis debido a la falta de fertilización o riego apropiado, y se concluyó, que al considerar las exigencias del mercado bananero, tan competitivo, difícilmente podría aceptar la fruta de la empresa Chiriquí Land Company bajo las condiciones de baja calidad de exportación que presenta después de la huelga de 57 días.

    El proceso ante la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí finalizó, pues, con la emisión de la Resolución Nº 30-SJ-DRTCH-98 de 12 agosto de 1998, acto impugnado a través de la demanda que ocupa a esta S., por el cual se concede la prórroga de la suspensión de los contratos de trabajo de los empleados de Empacadoras y Fábrica de Caja por el término de un mes a partir del 21 de julio de 1998.

    Vale destacar que el Capítulo II del Título V del Libro I del Código Laboral regula la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. En su artículo 201 establece la obligación del empleador de comprobar ante la Dirección General de Trabajo la existencia de caso fortuito o fuerza mayor para suspender los efectos del contrato de trabajo. El artículo 202 prevé que si la causal invocada no fuese comprobada, se ordenará el reintegro inmediato de los trabajadores y el pago de los salarios correspondientes a los días de suspensión, y el artículo 203 señala la posibilidad de suspender estos contratos y prorrogar la suspensión, previa comprobación de que persisten las condiciones que impiden la continuación de labores. Los artículos 202 y 203 del Código Laboral, a criterio del demandante fueron violados con la expedición del acto que se demanda.

    En cuanto a la violación que se aduce al artículo 202 del Código de Trabajo, la Sala advierte que, contrario a lo expuesto por el demandante, en el proceso surtido ante la Dirección Regional de Chiriquí, fueron aportados tres diferente informes de inspecciones de campo practicadas en las plantaciones afectadas, que comprueban la falta de condiciones del banano para su exportación. Dos de ellos de mayo de 1998 y el último de julio de 1998, acompañado de fotos de las plantas. De allí que a raíz de estas evaluaciones, a consideración de la Dirección Regional de Trabajo de la provincia de Chiriquí existían y persistían las condiciones que originaron la suspensión de los contratos de trabajo.

    En lo que respecta al artículo 203 del Código de Trabajo, la parte actora señala que la entidad acusada accedió a prorrogar la suspensión de los contratos con base a una prueba que no es más que un documento privado, que fue objetado y tachado de falso. En el expediente la Sala observa que los demandantes presentaron ante la Dirección Regional incidente de tacha contra el informe fechado el 14 de julio de 1998, suscrito por los señores E.D. y J.A.S. (de fojas 5 a 15). Este incidente de tacha fue decidido en el mismo acto que hoy se impugna, mediante el cual el incidente de tacha fue rechazado de plano.

    La parte actora asegura que no se les permitió contraprobar, no obstante, la Sala observa que la entidad demandada al admitir la solicitud de prórroga, cuya constancia reposa a foja 200 del expediente, le corrió traslado a los trabajadores, para que en el término de tres días presentaran los descargos correspondientes. De fojas 214 a 219 del expediente, se aprecia que vía apoderado judicial, hubo oposición a la solicitud de prórroga de la suspensión.

    Ante las consideraciones esbozadas, no prosperan las violaciones alegadas a los artículos 202 y 203 del Código de Trabajo.

    En cuanto a la infracción del artículo 599 del Código de Laboral, según el cual se deben fijar los términos de manera cónsona con el tipo de proceso, asegura la parte actora que no fue observado, pues, desatendieron los términos de un proceso que se convirtió en contencioso una vez presentada la oposición a la solicitud, irregularidad que genera a su vez, la infracción del artículo 940 del Código Laboral, que sanciona con nulidad por la inobservancia de algún trámite dentro del proceso que haya ocasionado indefensión a las partes. Con relación a lo antes anotado, la Sala estima que es importante anotar que se trata de un procedimiento administrativo sumarísimo, en el cual no se puede señalar un período de práctica de pruebas y celebración de audiencia, pues, ello no se compadece con los límites fijados para que se autorice tanto la suspensión como su prórroga. Ello se desprende claramente de los términos fijados en las normas que regulan este procedimiento. Así se observa que el artículo 201 fija un período de tres días para que el empleador compruebe la causal que motiva la suspensión, e igual término para que la Dirección General de Trabajo se pronuncie sobre la alegada causal. En la misma orientación está el artículo 204 que preceptúa, entre otros, que la resolución dictada será notificada inmediatamente al empleador y que si el empleador no fuere notificado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de la resolución, ésta se hará mediante el envío de copia por telégrafo o por correo certificado, de lo cual se entiende de forma meridiana que la intención es la celebración de un proceso brevísimo.

    Este procedimiento, tanto en la solicitud original de suspensión como su prórroga, se celebra con audiencia de los trabajadores o del sindicato de trabajadores, lo cual significa que el proceso se sigue con el conocimiento y la participación de los trabajadores. Quien recurre manifiesta que este proceso se transformó en contencioso al oponerse los trabajadores, no obstante, al absolverse el recurso de apelación contra el auto que no admitió la demanda que nos ocupa, se expuso que se trata de un procedimiento administrativo y no de un litigio laboral, es decir, de una función jurisdiccional.

    En base a lo anotado, se concluye que el procedimiento que opera para autorizar la suspensión de los contratos de trabajo como la prórroga de dicha suspensión es administrativo y no jurisdiccional, por tanto, la norma que cita como infringida, artículo 599 del Código de Trabajo no es aplicable a este procedimiento, sino los artículos 201 y subsiguientes del Capítulo II del Título V del Libro I del Código Laboral. Como resultado de ello, la Sala es del criterio que el acto acusado de ilegal no infringe los artículos 599 y 940 del Código de Trabajo, pues, no son aplicables al caso que nos ocupa.

    Los artículo 776, 781 del Código Laboral, en opinión del actor han sido desatendidos. La Sala observa que estas normas son aplicables a la tacha de documentos que sirven como prueba dentro de un proceso contencioso administrativo laboral, es decir, de conocimiento de los tribunales laborales, o en su defecto, de la entidad del cargo en ejercicio de esa función jurisdiccional conferida por ley. Estas disposiciones están comprendidas dentro del Título VI, del Libro IV del Código Laboral, sobre las pruebas dentro de los procesos laborales laborales. No debe perderse de vista que, como se expuso en líneas precedentes, el presente negocio no constituye un conflicto de carácter laboral suceptible de ser resuelto por autoridad jurisdiccional, sino que se trata de una actuación netamente administrativa. A ello se une que la entidad demandada se pronunció sobre el fondo de la tacha subrayada y decidió en el mismo acto que hoy se acusa de ilegal. No prosperan estos cargos.

    Finalmente, se aduce la violación al artículo 979 del Código Laboral, que según quien recurre fue vulnerado en la medida que se suspendieron los contratos de trabajo de varios representantes sindicales, lo cual considera una especie de desmejoramiento, situación que al tenor de la norma debió ser dirimida en los juzgados de trabajo, siguiendo el procedimiento señalado en el capítulo sobre el proceso de reintegro. Esta norma está comprendida dentro del Capítulo II del Título X, Libro IV que regula el proceso de reintegro.

    En sentencia de 2 de octubre de 2000, proferida en ocasión de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por los señores R.L.G. y C.A.O., la Sala expuso que la ley contempla presupuestos que se aplican a aquellos casos en que el trabajador esté reclamando su reintegro ya sea porque está amparado por fuero sindical, fuero de maternidad o cualquier otro, en virtud del cual sea necesaria la autorización de las autoridades laborales para su despido. Como en aquella oportunidad, tampoco en el caso que ocupa en esta ocasión a la Sala, puede seguirse un procedimiento ante los tribunales laborales con el objeto de obtener la autorización para la suspensión de los contratos, lo que se contrapone, como ya se dijo, con una actuación meramente administrativa.

    En opinión del L.. Fuentes, sus poderdantes se encuentran entre los casos previstos en la norma, específicamente "desmejoramiento de personas amparadas por el fuero sindical". Sobre este punto la Sala también dejó claro en la mencionada sentencia de 2 de octubre de 2000, que la autorización de la suspensión de los contratos de trabajo de los empleados de la Chiriquí Land Company, específicamente de los trabajadores de Empacadoras y Fábricas de Cajas, afectó a un número plural de ellos, no en particular a los demandantes, o a los trabajadores cubiertos por el fuero sindical. Se trata de una situación que afectó a un número plural de los empleados de esta empresa, en razón de lo cual, la función de la Dirección General o Regional de Trabajo se limita a verificar si existen las condiciones que motiven la suspensión de los contratos de trabajo (caso fortuito o fuerza mayor), o si persisten esas condiciones. En este caso la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí se ha circunscrito a comprobar si la empleadora continua sin fruta para exportar y por lo tanto, continúan completamente paralizadas las operaciones de los centros de trabajo y actividades conocidas como cosecha, empacadora, fábrica y otros procesos. A juicio de la Sala esta operación se lleva a cabo con el fin de que la empresa no sufra daños económicos irreparables y pueda mantenerse la fuente de trabajo para beneficio de los trabajadores, a cambio de la suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo.

    No se trata, pues, de resolver un conflicto laboral mediante el ejercicio de una función jurisdiccional, como pretende quien recurre, sino de actos administrativos para la investigación y comprobación de la existencia o inexistencia de hechos que mantienen paralizada la labor de algunos centros de trabajo. En opinión de la Sala, el desmejoramiento en casos como este se produciría si la empresa suspende los efectos de los contratos de trabajo, sin la previa autorización de las autoridades encargadas. No prospera este último cargo.

    Por todo lo antes anotado, la Sala es del criterio que no se configuran las violaciones alegadas, razón por la que lo procedente es, no acceder a las pretensiones formuladas en la demanda.

    En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución Nº 31 de 1 de septiembre de 1998, dictada por la Dirección Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí, y NIEGA las otras declaraciones formuladas.

    N. y C.

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.A.A. L.

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

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