Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 21 de Junio de 2000

Ponente:ARTURO HOYOS
Fecha de Resolución:21 de Junio de 2000
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARISA NORIEGA, EN REPRESENTACIÓN DE GLADYS JAEN TUÑON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº3341 DE 26 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DEC... (ver resumen completo)

 

VISTOS:

La Lcda.

M.N., actuando en representación de G.J.T., ha presentado

demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que

se declare nula por ilegal, la Resolución Nº 3341 de 26 de marzo de 1996,

emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, el acto

confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante

el acto demandado se resuelve no acceder a la solicitud formulada por la señora

G.J.T., por no darse en su caso los requisitos establecidos en el

artículo 56-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, para la concesión

de una pensión sobreviviente.

  1. La

    pretensión y su fundamento.

    En la

    demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nula por

    ilegal la Resolución Nº 3341 de 26 de marzo de 1996 emitida por la Comisión de

    Prestaciones de la Caja de Seguro Social, decisión que fue confirma por la

    Resolución Nº 14,099-97-J. D. de 23 de enero de 1997, expedida por la Junta

    Directiva de la Caja de Seguro Social. También se solicita que se reconozca a

    la señora Jaén, el derecho a gozar de una pensión de sobreviviente, ya que de

    conformidad con los preceptos legales establecidos en la Ley Nº 3 de 17 de mayo

    de 1994, el reconocimiento de una unión de hecho le corresponde a un órgano

    especial que dictaminará si la misma reúne o no las condiciones señaladas en la

    Ley como tal. Finalmente, se solicita que se le permita a su representada

    presentar el documento que le reconoce legalmente su unión de hecho ante la

    Caja de Seguro Social, ya que el mismo no le fue solicitado al momento de hacer

    la petición de la pensión.

    Entre los

    hechos u omisiones fundamentales de la acción, la apoderada judicial de la

    parte actora expuso que su representada convivió con el señor M.G. por

    más de 30 años en condiciones de singularidad y estabilidad, de conformidad al

    artículo 53 del Código de la Familia, no obstante, no hubo hijos ni el difunto

    la tenía declarada como beneficiaria tal como lo preceptúa el artículo 56-A de

    la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y el Reglamento de Inscripción de

    Beneficiarios. Destaca la Lcda. Noriega que en ningún momento se le comunicó a

    su representada que no reunía los requisitos para solicitar la pensión de

    sobreviviente conforme al artículo 56-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro

    Social, cuando adjuntó todos los documentos que le pidieron para recibir su

    petición. A su juicio, la Caja de Seguro Social conforme a esa disposición,

    consideró como prueba absoluta para reconocer la unión de hecho, la declaración

    que hubiese realizado el asegurado en vida y, falta de ello, consideró como

    prueba fehaciente de la convivencia si la beneficiaria tuviera hijos en común o

    estuviese en estado de gravidez para lo cual no necesitaría la declaración

    previa del asegurado. En opinión de la recurrente, al establecer la Caja de

    Seguro Social preceptos y procedimientos propios para el reconocimiento de la

    unión de hecho, se aparta del procedimiento establecido en una Ley especial que

    regula y reglamenta el Matrimonio de Hecho.

    Como

    disposiciones legales infringidas invoca los artículos 53, 54, 56, 796, 798 y

    803 del Código de la Familia que en su texto expresan:

    "ARTICULO 53: La unión de hecho entre personas legalmente

    capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco (5) años

    consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los

    efectos del matrimonio civil.

    ARTICULO 54: Las personas legalmente capacitadas son los menores

    adultos, las que no estén ligadas por vínculos matrimoniales y las que no se

    hallen comprendidas en los impedimentos establecidos en el Artículo 34.

    La condición de singularidad consiste en que la unión sea de un sólo

    hombre con una sola mujer. La condición de estabilidad se cumple cuando la

    convivencia sea constante, durable y permanente.

    "ARTICULO 56: El matrimonio de hecho podrá comprobarse

    judicialmente, cuando no se haya efectuado la solicitud a que se refiere el

    artículo anterior, por uno de los convivientes u otro interesado, para los

    efectos de la reclamación de sus derechos, mediante los trámites que determina

    el Libro IV de este Código.

    La sentencia ejecutoriada declarativa de la existencia del matrimonio,

    surtirá efectos civiles desde cuando, según lo probado, se cumplieren las

    condiciones establecidas en el Artículo 53. Para el caso, en la sentencia el

    juzgado determinará la fecha respectiva".

    "ARTICULO 796: La solicitud para la declaratoria judicial del

    matrimonio de hecho podrá presentarse por uno de los cónyuges u otro interesado

    ante el Juez Seccional de Familia del lugar de su domicilio o residencia. Esta

    solicitud se tramitará con la audiencia del Ministerio Público".

    "ARTICULO 798: Para comprobar el matrimonio de hecho, el interesado

    deberá presentar por lo menos tres (3) testigos honorables y vecinos del lugar

    del domicilio conyugal, lo que se comprobará con certificación de una autoridad

    competente del lugar. A los testigos deberá contestarles personalmente que se

    han cumplido los requisitos exigidos en la Ley para esta clase de

    matrimonio".

    ARTICULO 803: En todo lo demás, se aplicarán las normas previstas

    para el procedimiento común u ordinario de este Código, salvo que se trate de

    formalización administrativa del matrimonio de hecho, en cuyo caso se tramitará

    ante el Director del Registro Civil conforme a su procedimiento, de acuerdo con

    el artículo 54 de la Constitución.

    Entre los

    argumentos de las violaciones alegadas, la Lcda. N. sostiene que el

    artículo 56-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, fundamento legal

    para la expedición del acto demandado, discrimina a un sector de beneficiarios

    que no se encuentran en la categoría ya planteada, por lo que pierden

    automáticamente el derecho a la pensión. De igual manera, se excede en su

    potestad, pues, establece requisitos y exige pruebas de la unión de hecho que

    por Constitución y Ley le compete al Registro Civil y los Tribunales de

    Justicia.

    En adición

    a ello, afirma la apoderada judicial de la parte actora que el Código de la

    Familia establece los parámetros para que se reconozca la unión de hecho y el

    artículo 56 señala que su comprobación podrá efectuarse judicialmente. Siendo

    ello así, los trámites se determinan en el Libro IV del Código de la Familia, particularmente

    desde el artículo 796 al 804, por lo que el artículo 56-A y su Reglamento de

    Inscripción de Beneficiarios violan directamente el procedimiento establecido

    en ese cuerpo legal. Por tanto, a su criterio, la Caja de Seguro Social debió

    remitir a su representada a la jurisdicción especial para que su unión de hecho

    fuera de declarada judicialmente, para posteriormente hacer la petición de

    sobreviviente ante la Caja de Seguro Social, porque la unión de hecho

    reconocida surte todos los efectos del matrimonio civil.

  2. El

    informe explicativo de conducta expedido por el Presidente de la Comisión de

    Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la

    Procuradora de la Administración.

    El

    Presidente de la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro

    Social expuso en el informe explicativo de conducta, que la Comisión de

    Prestaciones Económicas, a través de la Resolución Nº 3341 de 26 de marzo de

    1996, resolvió no acceder a la solicitud formulada por la señora G.J.,

    por no haberse dado los requisitos establecidos en el artículo 56-A de la Ley

    Orgánica de la Caja de Seguro Social, para la concesión de la pensión de

    sobreviniente. A su criterio, el artículo 56-A de la Ley Orgánica de la Caja de

    Seguro Social, claramente expresa que solamente se aceptará como prueba de la

    vida en común, la declaración que hubiera hecho el asegurado de acuerdo con las

    normas reglamentarias que dicte al efecto la Caja, específicamente los

    artículos 1º, 4º y 5º.

    Por su

    parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal Nº 476 de

    22 de octubre de 1997, se opone a los criterios expuestos por la recurrente,

    razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su

    criterio, las normas de seguridad social son claras al exigir que sea a través

    de una declaración del propio asegurado que se inscriba al beneficiario, y la

    medida de no aceptar una inscripción posterior a la muerte del asegurado, es

    por la condición de beneficiario que surge de la relación directa con el

    trabajador. El seguro, apunta la Procuradora, es un tipo de contrato aleatorio,

    por la que una de las personas (asegurador) se compromete a indemnizar los

    riesgos que otra persona (asegurado) sufra, o, pagarle determinada suma a él o

    a aun tercero (beneficiario) en caso de siniestro, a cambio del pago de una

    prima.

    III.

    Decisión de la Sala.

    Evacuados

    los trámites legales y analizadas la violaciones alegadas y los argumentos que

    la sustentan, la Sala procede a resolver la presente controversia.

    En el acto

    demandado se resuelve no acceder a la solicitud para la concesión de una

    pensión de sobreviviente formulada por la señora G.J., por no darse en

    su caso los requisitos establecidos en el artículo 56-A de la Ley Orgánica de

    la Caja de Seguro Social, que regula el otorgamiento de la pensión de viudez y

    prevé en caso de convivencia con el causante en unión libre, que se aceptará

    únicamente como prueba de la vida en común, la declaración que hubiere hecho el

    asegurado de acuerdo a las normas reglamentarias que dicte al efecto la Caja,

    salvo que la compañera quedare en estado de gravidez al momento del

    fallecimiento o tuvieren hijos en común. La parte actora por su parte, alega

    que con la aplicación del artículo 56-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro

    Social, el acto demandado deviene en ilegal puesto que dicha disposición

    discrimina a un sector de personas para obtener el derecho a la pensión de

    viudez, como es el caso de su representada, aunado a que se excede en la

    potestad conferida dado que irrumpe en el ámbito de otra jurisdicción.

    El

    artículo 56-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, es claro al

    enunciar los requisitos para accederse al derecho de pensión de viudez, y en

    cuanto el derecho que le asiste a la mujer que convivía con el causante en

    unión libre aun cuando no exista impedimento legal para contraer matrimonio, es

    decir, que se ajuste a las condiciones de estabilidad, singularidad y tiempo,

    sólo se aceptará como prueba de la vida en común, la declaración que hubiere hecho

    el asegurado de acuerdo a las normas reglamentarias que dicte al efecto la Caja

    de Seguro Social, salvo los casos ya enunciados. La Comisión de Prestaciones

    estimó que la solicitud formulada no se ajustó a lo que plantea mencionada

    norma, al comprobar según certificación expedida por el Jefe del Departamento

    de Filiación de la Caja de Seguro Social, que figura a foja 37 del expediente

    administrativo, que la señora G.J. no estaba inscrita como beneficiaria

    de la Institución.

    No

    obstante lo anterior, la Sala advierte que dentro del expediente se incorpora

    como prueba (a foja 32 del expediente principal), copia autenticada de la

    solicitud de pensión de vejez de M.G. efectuada el 7 de diciembre de

    1979, donde señala a G.J. como compañera que vivía en su hogar y

    dependía directamente de él. A criterio de la Sala, este documento debe tomarse

    como una declaración de vida en común, según los términos que plantea el

    artículo 56-A de la Ley Orgánica, más aún si se toma en consideración la fecha

    del mismo (1979) y la fecha de la solicitud de pensión de sobreviviente (marzo

    de 1996) que es visible de fojas 30 a 36 del expediente, que se acompañó con

    declaraciones de testigos, que coincidieron en manifestar el largo período de

    tiempo de convivencia del señor MOIESES GARCIA y G.J..

    También

    obra en el expediente el proceso del matrimonio de hecho post-mortem

    interpuesto por G.J.T., seguido en el Juzgado Primero de Circuito

    Civil de San Miguelito. Según consta en autos, en el evento de que los

    Magistrados del Tribunal Superior de Familia confirmen la Sentencia Nº 445 13

    de noviembre de 1998, expedida por el Juzgado Primero de Circuito Civil de San

    Miguelito que accede a la solicitud de matrimonio de hecho post-mortem

    presentado, y una vez inscrito en el Registro Civil, este pronunciamiento

    conforme a lo previsto en el artículo 56 del Código de Familia, surtirá los

    efectos del matrimonio civil desde cuando, según lo probado, se cumplieran las

    condiciones establecidas en el artículo 53 del mismo Código, es decir, que la

    unión de hecho entre personas capacitadas fuera mantenida durante cinco (5)

    años en condiciones de singularidad y estabilidad.

    Es de

    aplicación en este caso el principio de buena fe. Este significa que el

    administrado, según la estimación habitual de la gente, puede esperar

    determinadas consecuencias de su conducta o que no ha de tener otras distintas

    a las previstas en la Ley; quiere decir que si una persona se comporta de una

    manera confiada en que su conducta tendrá determinadas ventajas previstas en la

    Ley, la Administración no puede comportarse de manera excesivamente formalista

    de suerte que defraude confianza depositada en ella por los administrados (Cfr.

    J.G.P., El Principio de la Buena Fe en el Derecho Administrativo,

    1. edición, Ed. Civitas, Madrid, 1999, págs. 72, 73 y 91). De allí que la

    Corte, en aplicación de este principio, debe dejar de lado el excesivo

    formalismo de la Caja de Seguro Social y evitar que ésta sancione el

    incumplimiento de un trámite con consecuencias contrarias a la naturaleza del

    mismo. La declaración del señor M.G., visible a foja 32 es suficiente

    para dar lugar al nacimiento del derecho subjetivo de la señora G.J. a

    la pensión que reclama, aunque haya sido hecho en un trámite distinto ante la

    misma institución.

    Por lo

    expuesto, la Sala es del criterio que debe accederse a las pretensiones

    formuladas en la demanda, por lo que lo procedente es declarar ilegal el acto

    que se demanda.

    En

    consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema,

    administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

    DECLARA QUE ES ILEGAL, la Resolución Nºº 3341 de 26 de marzo de 1996, emitida

    por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, como también el

    acto confirmatorio contenido en la Resolución Nº 14,099-97-J. D. de 23 de enero

    de 1997, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. SE ORDENA

    a la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, reconocer a la

    señora G.J., el derecho a gozar una pensión de sobreviviente.

    N.

    y C.

    (fdo.)

    A.H.

    (fdo.)

    MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.)

    A.A.A. L.

    (fdo.)

    J.S.

    Secretaria